Por la redacción
NOGALES, VER.– Representantes legales de la empresa Grupo Constructo presentaron una denuncia penal en contra del diputado federal Zenyazen Escobar García y del exprocurador estatal del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, a quienes señalan como presuntos responsables de los delitos de fraude y despojo de terrenos que forman parte del Relleno Sanitario Regional de "Las Altas Montañas".
De acuerdo con los denunciantes, la empresa es la legítima propietaria de varias parcelas clave en la zona, incluida la denominada Celda 9, la cual operan desde el año 2021. Los afectados detallaron que el despojo se consumó mediante el uso de la fuerza pública, específicamente con el apoyo de elementos del Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX), quienes les impidieron el acceso a sus propios predios.
RED DE COMPLICIDADES Y CONFLICTO DE INTERÉS
Los agraviados vinculan directamente a Sergio Rodríguez Cortés en la trama, debido a que, durante su gestión al frente de la Procuraduría Estatal de Protección del Medio Ambiente (PMA), se encargó de emitir multas y sanciones reiteradas en contra de Arrendadora Constructo para presionar a la empresa.
Asimismo, señalaron la existencia de un presunto conflicto de interés, ya que el representante que actualmente da la cara por las empresas que operan el relleno sanitario mantiene una relación cercana con la esposa del legislador federal, Zenyazen Escobar García.
Como parte de estas presuntas irregularidades, los afectados denunciaron la aparición de la empresa Desarrolladora de Proyectos Lotto S.A. de C.V., la cual administra actualmente el predio. Esto ocurre luego de que, en febrero de 2022, el Ayuntamiento de Nogales otorgara una concesión por 15 años a la firma Materiales Oconit S.A. de C.V., una compañía dedicada originalmente a la obra civil y que, según los denunciantes, carece de experiencia en el manejo y tratamiento de residuos sólidos.
AFECTACIÓN A MUNICIPIOS Y OMISIÓN GUBERNAMENTAL
Esta disputa legal y administrativa ha impactado directamente la gestión de residuos en la región de las Altas Montañas. Tras el cierre del relleno sanitario de Cuitláhuac por parte de la PMA, un promedio de 50 municipios se han visto obligados a concentrar su basura en un solo sitio, lo que genera un millonario negocio en el pago de derechos de tiro, mientras los verdaderos dueños litigan en tribunales para recuperar su patrimonio.
La denuncia formal quedó asentada bajo la carpeta de investigación C.I. 663/2021. Para sustentar las acusaciones, los propietarios legítimos aportaron actas notariales, escrituras públicas y evidencia fotográfica que acredita la posesión legal de las tierras.
Finalmente, los representantes de Grupo Constructo afirmaron que la gobernadora del estado, Rocío Nahle García, ya tiene pleno conocimiento de este presunto acto de corrupción y de las anomalías que imperan en el sitio; sin embargo, acusaron que hasta la fecha las autoridades estatales no han tomado medidas al respecto.
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