‘En Veracruz estamos haciendo las cosas bien’, dice el eslogan del gobierno de Javier Duarte, pero la realidad es muy distinta, la violencia se ha recrudecido.
VERACRUZ, VER. (Apro).- Transcurrida la mitad del sexenio de
Javier Duarte (PRI), el sello personal del gobernador veracruzano se aprecia en
todos lados: la violencia se ha recrudecido, se han violado los derechos
humanos de maestros y periodistas a manos del nuevo Mando Único de Seguridad
Pública; las obras no tienen el avance proyectado, y la deuda pública y sus
intereses continúan creciendo en espiral. Los secuestros también van a la alza.
En contraste, a través de la Dirección General de Comunicación
Social, Duarte satura las pantallas de televisión, los programas de radio y los
comunicados con el eslogan "En Veracruz estamos haciendo las cosas
bien". La frase es también el lema del tercer informe de gobierno, que se
realizará el viernes 15 de noviembre en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Ahí,
el mandatario dirigirá un mensaje, pues al Congreso local sólo acudirá a dejar
su informe por escrito.
Pero las realidades en la entidad se imponen, tan duras cuales
son:
Por ejemplo, la deuda pública del gobierno de Veracruz
registrada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asciende a 37
mil millones de pesos, una de las más altas del país. Sin embargo, el ex
diputado local Óscar Lara (la legislatura se renovó el martes 5) advierte que
la administración de Duarte tiene otros pasivos que Hacienda no registra y que
rondarían otros 20 mil millones de pesos.
"Ahí está el llamado cupón cero, las últimas dos
bursatilizaciones que algunos diputados de oposición votamos en contra, los
pendientes a proveedores, entre otros, y que al final son deuda."
Tan sólo en este año la Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan) etiquetó 3 mil 695 millones 500 mil pesos para el rubro de
"deuda pública", cifra muy superior a los presupuestos del Poder
Judicial, Legislativo, Instituto Electoral Veracruzano, Comisión del Agua en el
Estado de Veracruz y Comisión Estatal de Derechos Humanos juntos.
El débito fue heredado de los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán
y Miguel Alemán Velasco y se robusteció en el actual, que adquirió varios
empréstitos.
"(La administración de) Veracruz está sobreapalancada; eso
trae más endeudamiento. El estado ha gastado más de lo que ingresa. El
presupuesto lo tendrían que ir ajustando conforme va cayendo la liquidez; si no
cae, se origina un estrangulamiento financiero, eso ha pasado", expone
Lara, diputado saliente del PAN y sobre quien se sigue un proceso de expulsión
en ese partido por haber apoyado al candidato del PRD en la pasada elección municipal
de Veracruz.
‘SÓLO BANDERAZOS’
Los habitantes de Tuxpan de Rodríguez Cano, al norte del estado,
recuerdan el incumplimiento de las promesas de campaña del gobernador.
Taxistas y vecinos de la colonia Vista Hermosa lo ejemplifican
con el libramiento de Tuxpan, cuya primera etapa –de 10 kilómetros– no ha
podido ser concluida, pese a que Duarte dio el banderazo el 1 de diciembre de
2010, cuando señaló: "Comienzo mi administración con el pie derecho".
Dicho libramiento corresponde a la primera etapa de la carretera
Tuxpan-Tampico, que medirá 180 kilómetros y tendrá 12 metros de ancho. La obra
prevé que tenga dos carriles de circulación, acotamientos amplios y señalética
especializada.
Planea construirse en tres etapas: la primera comprende el
libramiento de Tuxpan –que inicia del entronque Los Gil a la intersección con
la carretera federal 180–; la segunda va del entronque Buenos Aires a Ozuluama
y tendrá una longitud de 110 kilómetros; la tercera será la construcción del
tramo Ozuluama-Puente Prieto, con una longitud de 60 kilómetros.
Sin embargo, hasta el momento sólo se aprecian ahí pequeños
tramos de obra, maquinaria parada y quejas ciudadanas.
"Ahí donde pusieron el templete (hace tres años) sólo
avanzaron un tramo de 120 metros; después dejaron la obra tirada. En mayo (de
este año), cuando los periódicos locales La Opinión y El Diario de Tuxpán
empezaron a presionar para que reanudaran la obra, sólo hicieron la pantalla. A
los pocos días dejaron de venir los trabajadores", ilustra otro vecino de
Vista Hermosa.
Tan sólo el libramiento de Tuxpan beneficiaría a más de 200 mil
habitantes de los municipios de Chicontepec, Naranjos de Amatlán, Cazones de
Herrera y Tihuatlán, entre otros. Hoy, a falta de autoridad estatal que reanude
la carretera, son los propios vecinos de las colonias populares de Tuxpan
quienes con piedra, grava suelta y cubeta en mano rellenan los cientos de
baches que presenta la carpeta asfáltica. El trabajo de los jóvenes es
remunerado con unas cuantas monedas de los automovilistas que circulan por la
vía.
LA BOTICARIA
En Cazones de Herrera, la Secretaría de Comunicaciones
(dependencia hoy extinta pues se transformó en Secretaría de Infraestructura y
Obras Públicas) quedó a deber la carretera Los Kilómetros, la cual hoy sólo es
un camino de terracería lleno de baches y socavamiento.
Hace 12 meses, Javier Duarte y el entonces alcalde de Boca del
Río, Salvador Manzur –expulsado del aparato gubernamental tras ser exhibido en
videos manipulando elecciones a favor del PRI con recursos de la Sedesol–, arrancaron
la magna obra distribuidor vial La Boticaria. Presumieron que beneficiaría a 1
millón de habitantes y tendría un costo de 190 millones de pesos. La primera
etapa de esta obra debió haber sido entregada en agosto pasado.
Esa vía para agilizar el tránsito de Veracruz, Boca del Río y
Medellín tiene un avance de apenas 15% en sus pilotes y cimentación. Los
trabajos han tenido que parar en varias ocasiones y enfrentan problemas por el
cambio de adjudicación, toda vez que a medio semestre del año en curso la obra
le fue encargada a Constructora Río Medio, que tampoco ha acelerado la
edificación.
En Coatzacoalcos continúan a la espera del túnel Sumergido, obra
que ya supera los 3 mil 600 millones de inversión federal, estatal y privada, y
que ahora se encuentra detenida debido a que la empresa encargada de su
construcción –Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos S.A. de C.V. (Cotuco)– y la
española FCC Construcción se quedaron sin dinero para concluirla.
"Sólo le faltan unos cuantos metros", declaró el titular
de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Gerardo Buganza,
acerca de esta obra que comunicará la zona portuaria de Coatzacoalcos con la
congregación de Villa Allende.
Dichos trabajos han sido objeto de constantes señalamientos por
parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En la revisión de la
cuenta pública 2010 las observaciones e inconsistencias involucraron 400
millones de pesos. Dicha instancia observó que no se cumplió con los parámetros
mínimos de calidad en materiales y procedimientos constructivos, así como en la
estabilidad, seguridad estructural y vida útil en servicio.
VIOLENCIA MATIZADA
El miércoles 6, durante la reunión regional de seguridad Zona
Sureste, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, habló de
"los grandes resultados" que Veracruz ha tenido al abatir la
delincuencia en el sureste de México, zona –dijo el funcionario federal– que
reporta el menor índice delictivo de todo el país.
Horas antes del anuncio, una balacera en la Reserva 1 en el
puerto de Veracruz entre presuntos pistoleros del crimen organizado dejó como
saldo dos personas muertas y un herido. Apenas el 30 de octubre un comando fue
perseguido por fuerzas estatales y federales en la avenida Ruiz Cortines, lo
que derivó en un tiroteo atrás del inmueble del PRI estatal y de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Veracruzana. El saldo de heridos y muertos no fue
dado a conocer.
En la Cuenca del Papaloapan, Los Tuxtlas y al norte del estado,
periodistas y usuarios de redes sociales siguen dando cuenta de
enfrentamientos, balaceras y ejecutados.
Pese a ello, Osorio Chong aseguró en rueda de prensa realizada
en el hotel Emporio de Veracruz que las estrategias de Duarte han sido ejemplo
nacional: "Ésta es una región que ha avanzado muy bien. Muchas de las
cosas que se han hecho aquí, que han funcionado, se han replicado en muchas
regiones del país".
Apenas el jueves 7, el diputado local de la coalición PRI-Nueva
Alianza por Cosamaloapan, Juan René Chiunti Hernández, admitió que su hermano
había sido secuestrado el pasado 2 de abril, y aun cuando al día siguiente se
pagó un rescate millonario, siete meses después sigue desconociéndose el
paradero de su familiar.
El pasado 2 de octubre, parientes y amigos de la estudiante de
odontología Ámbar Nayeli Suárez Rivera, de 24 años, denunciaron su desaparición
del puerto de Veracruz sin que dejara rastro.
Otro caso: familiares del comandante de Tránsito estatal Damián
Pineda Medina continúan pugnando por su búsqueda. Desapareció desde junio
último en la capital del estado junto con una oficial raso.
Por esos días, el subprocurador de justicia estatal, Antonio
Lezama Moo, especuló así con el grave problema de los desaparecidos: la mayoría
se va "con la amante" o con "el amiguito". Estas
declaraciones ocasionaron el repudio social y de una organización de familiares
de desaparecidos en la región de Córdoba-Orizaba, quienes le exigieron a Lezama
retractarse, disculparse o renunciar. Ninguna de las peticiones fue cumplida
por el funcionario.
UN CASO MÁS
Un caso ilustra lo errado que puede estar el subprocurador: El
conductor de taxi Andrés Aguilar Marín, de 37 años, desapareció a principios de
octubre. Su hermana María del Rosario Aguilar asegura que fue detenido por los
cuerpos de élite de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Andrés Aguilar fue detenido junto con Jacqueline Espejo
Moctezuma, oficial del agrupamiento carretero de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) de Veracruz. Ella apareció cuatro días después para denunciar
maltrato psicológico, golpes y amenazas de muerte por parte de elementos del
cuerpo de reacción inmediata de la Policía Estatal Acreditable, quienes le
quisieron sembrar unos "tabiques" de mariguana.
De la desaparición de ocho policías municipales de Úrsulo
Galván, reportada el 11 de enero pasado, familiares y amigos de los oficiales
responsabilizaron también a los cuerpos de élite de la SSP. Incluso le enviaron
una carta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la que
denuncian el hecho.
Javier Duarte admitió que en lo que va de su sexenio 4 mil
policías han sido dados de baja por no aprobar los exámenes de evaluación y confianza
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Representan 40% del total de
las corporaciones de los 212 municipios de Veracruz.
En entrevista colectiva, Duarte aceptó que Veracruz es la
entidad que más elementos ha dado de baja por no ser "confiables".
Mientras la depuración de la Policía Estatal continúa, el mismo
jueves 7 la Secretaría de Marina declaró que se quedará en el estado "el
tiempo que sea necesario", según dijo su titular, Vidal Francisco Soberón
Sanz.
La reputación de la SSP y de la nueva Policía Estatal
Acreditable se ha derrumbado también por las violaciones a los derechos humanos
de maestros y periodistas a manos del nuevo Mando Único.
El 14 de septiembre pasado, varios comunicadores fueron
golpeados por agentes de la Policía Estatal Acreditable durante el desalojo de
maestros en la plaza Lerdo. Incluso, los fotógrafos Rubén Espinoza, de Proceso;
Roger López, de Imagen, y Óscar Martínez, de Reuters, fueron amenazados por los
cuerpos de seguridad pública para que borraran sus materiales gráficos.
El fotógrafo y activista de Zapateando Juan Alberto Arellano
debió pasar dos días en prisión luego de que la SSP lo acusara por posesión de
enervantes. El supuesto ilícito no se pudo comprobar ante la Procuraduría
General de la República (PGR).
Días después, Martín Serrano, director del Diario Tribuna,
denunció la sustracción de documentos personales de su oficina mientras él
estaba en el puerto de Veracruz. En la primera semana de octubre, seis
elementos de la SSP fueron cesados luego de ser señalados como responsables de
agresión y abuso de autoridad en contra de Alfonso Parra, reportero de Oliva
Radio.
En esa misma semana, la Marina llegó al cuartel de San José en
Xalapa. Durante el pase de lista fueron nombrados 10 elementos, que fueron detenidos
y puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República,
para que se inicie una investigación por presuntos vínculos con el
narcotráfico, confirmó una fuente de la corporación.
NOÉ ZAVALETA
