Con excepción de los
diputados federales del PRI, el PVEM y el Panal, que se afanan en decir que el
gobierno de Javier Duarte demuestra que en Veracruz “no hay espacio para la
impunidad”, lo cierto es que en la entidad ya nadie se salva, comentan a
Proceso legisladores veracruzanos del PT, PRD y PAN. Hoy, dicen, las
extorsiones, levantones, ejecuciones y asesinatos de periodistas –con el de
Gregorio Jiménez ya suman 10– están a la orden del día. Para ellos, el de
Duarte es un gobierno represor, descompuesto.
Los
secuestros, las ejecuciones de líderes sociales, las fosas clandestinas y los
recientes asesinatos del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz y de los
políticos locales José Luis Cervantes Cruz y Fernando Huerta evidencian que el
de Javier Duarte de Ochoa es un “gobierno represor, descompuesto”, sostuvieron
los legisladores federales del PT y del PRD en San Lázaro la semana pasada.
En contraposición, sus
pares del PRI y sus aliados del PVEM y del Panal “maniobraron” para diluir el
tema en tribuna y evitar daños mayores a la imagen del gobernador de Veracruz,
pues, dijeron, el estado tiene en puerta los Juegos Centroamericanos.
Seis días después de la
desaparición del reportero y ante la falta de noticias, el martes 11 los
diputados federales por Veracruz Manuel Huerta, del PT, y Uriel Flores Aguayo,
del PRD, exigieron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) un
pronunciamiento al respecto.
Pedían la intervención
del gobierno federal para que se “publiquen” los resultados de las
investigaciones en torno a los casos de reporteros asesinados durante la
administración de Javier Duarte –hasta ese día eran nueve– y la participación
de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la
Libertad de Expresión (Feadle) para “garantizar” la indagatoria en el caso de
Jiménez de la Cruz con el objeto, dijeron, “de su presentación con vida a la
brevedad posible”.
El PRI maniobró
políticamente. Guardó silencio, pero ante el descubrimiento de una fosa
clandestina en Las Choapas, Veracruz, con tres cuerpos, entre ellos el del
periodista, todos con huellas de tortura, el Poder Legislativo se vio obligado
a fijar “una tímida” posición.
El diputado petista
exigió durante la reunión de la Jucopo del martes 11 que se abordara “como de
urgente y obvia resolución” un punto de acuerdo para obligar al gobierno de
Duarte a dar cuenta de las indagaciones de los periodistas asesinados durante
su administración:
“Se exhorta al titular
del Poder Ejecutivo para que, a través de la Procuraduría General de la
República y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en
contra de la Libertad de Expresión, publique los resultados de las
investigaciones de los crímenes contra periodistas en Veracruz, así como de los
resultados de las acciones concurrentes que han realizado con el gobierno de la
entidad en la investigación individual de las víctimas.”
También pidió que en las
indagatorias sobre el paradero de Jiménez de la Cruz participara la Feadle,
para evitar sesgos por parte del gobierno veracruzano.
“Los priistas se
molestaron. (Manlio Fabio) Beltrones ordenó al coordinador del PVEM, Arturo
Escobar, parar el punto de acuerdo, y –orientado por los priistas– el
legislador argumentó que no se puede dar información sobre investigaciones en
curso, por lo que desecharon el punto”, relata Huerta. Según él, los partidos
tienen voto “ponderado” en la Jucopo, por lo que el PRI, el PVEM y el Panal
suman 251 votos.
El perredista Uriel
Flores insistió y presentó otro punto de acuerdo, lo que orilló a la dupla
PRI-PVEM a “estudiar el tema y asumir una decisión para el miércoles 12”. Ese
día Huerta reclamó al vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI, Manuel
Añorve, que el asunto no estuviera agendado. La respuesta fue: “¡sí, sí estamos
viendo el tema, estamos trabajando en un punto de acuerdo!”.
El mismo miércoles, ante
la noticia en todos los diarios sobre el hallazgo del cuerpo de Goyo y otros dos hombres en una
fosa clandestina en Las Choapas, Veracruz, el PRI ya no pudo soslayar el asunto.
Áspero debate
Panistas, perredistas,
petistas e integrantes del partido Movimiento Ciudadano exigieron desde sus
curules que se abordara el caso por ser de interés nacional. Hablaron de la presencia del
crimen organizado, del hallazgo de fosas clandestinas, de la inseguridad y la
impunidad con la que el crimen organizado actúa “coludido con el partido en el
gobierno”, según expuso la panista Mariana Dunyaska García, también de Veracruz.
Durante tres horas, el
coordinador de la fracción del PRI, Manlio Fabio Beltrones, “operó” para cuidar
la imagen del gobernador Duarte de Ochoa y del estado de Veracruz, pues la
orden que llegó a San Lázaro en ese momento fue impedir que se evidenciara la
descomposición política y de inseguridad que se vive en la entidad.
Las razones para
proteger al mandatario de Veracruz fueron dos: “Las bajas preferencias
electorales que tiene el PRI en el estado, pero sobre todo los XXII Juegos
Centroamericanos”, que se realizarán del 14 al 30 de noviembre próximo en
Xalapa, Córdoba, Tuxpan y el puerto jarocho.
El encargado de dar la
cara por Duarte fue el diputado Alejandro Montano Guzmán –secretario de
Seguridad Pública de Veracruz en el sexenio de Miguel Alemán–, quien en el
punto de acuerdo del PRI intentó deslindar “al gobierno de Veracruz” del
asesinato de los periodistas –en ese momento ya eran 10–.
En lugar de “crímenes
contra periodistas”, Montano propuso que se hablara de “presuntamente
desaparecidos”. Y para atenuar la responsabilidad del gobernador Duarte, pidió
un “informe”, en lugar de “publicar” las acciones concurrentes que realiza el
gobierno, y sugirió “en cada entidad federativa” en vez de “el gobierno de
Veracruz”, con lo cual pretendía eliminar todo foco de atención en la sureña entidad.
En el caso específico de
Jiménez de la Cruz, la oposición demandaba que la Feadle “interviniera” en la
indagación para evitar que el gobierno del estado “sesgara o desvirtuara” los
verdaderos motivos de la desaparición y asesinato del periodista veracruzano,
cuyo cadáver fue localizado horas después.
Sin embargo, el
“operador” del PRI para el caso Veracruz propuso impedir cualquier
participación de la fiscalía y evitar así toda referencia al “décimo periodista
asesinado en Veracruz”, considera el diputado petista Huerta.
Finalmente, el PRI logró su cometido: la aprobación de un punto de acuerdo
“tibio” y “absurdo” en el caso de Jiménez de la Cruz y el problema de la
inseguridad en Veracruz, pues no sólo no pidió la intervención de la fiscalía
nacional para investigar la desaparición o asesinato de periodistas, sino que
también especuló acerca de una probable participación del crimen organizado en
el caso, eliminando así la referencia a una probable ejecución motivada por el
ejercicio periodístico.
Y
por si aún faltara aligerar el pronunciamiento de la Cámara de Diputados, ésta
dio por válida la versión del gobierno de Duarte, quien dijo que el asesinato
se debió a un “pleito personal” del periodista con su vecina.
“Se
exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Veracruz a continuar con
las investigaciones y se castigue a los responsables. Se solicita a la
Procuraduría General de la República su coadyuvancia en la investigación (para
que) determine si hay indicios de participación de la delincuencia organizada
en el crimen perpetrado por las razones consignadas en la averiguación previa.”
Nadie
se salva
“Lo
que hoy nos ofrece la Junta (de Coordinación Política) no satisface estas
peticiones de los veracruzanos”, dijo en tribuna el diputado petista, quien
alertó sobre la posibilidad de que el gobierno de Javier Duarte intente
“sesgar” las investigaciones y quiera “convertirlos en crímenes pasionales, en
rencillas familiares”.
Y
en entrevista con la reportera, reitera: la exclusión de la Feadle tiene como
finalidad evitar que se llegue a fondo en el crimen, “como lo hicieron con la
periodista Regina Martínez Pérez de Proceso –asesinada a finales de abril de
2012–.
La
panista Marina Dunyaska, una de las legisladoras que manifestó su indignación
con mayor contundencia, insiste ante la reportera: Lo que se vive en Veracruz
es “impunidad y un abandono de la seguridad”.
“Hay
investigaciones truncas, no sólidas”, sobre desapariciones, ejecuciones o
hallazgos de fosas, dice. Habla también del “alto riesgo de vivir en Veracruz”,
lo que, asegura, no afecta sólo a quienes ejercen el periodismo, sino a todos,
“desde los políticos hasta los niños y jóvenes que están desapareciendo”.
La
diputada por Veracruz señala la participación directa de autoridades estatales
cuando se trata de acosar e inventar delitos contra dirigentes partidistas. En
las elecciones locales de 2013, recuerda, los representantes del PAN en los
municipios de Tlalixcoyan y Chicontepec fueron sacados de sus casas por
autoridades. Después, éstas dieron la versión de que los persiguieron en sus
vehículos, donde les encontraron armas de alto poder.
Lo
cierto, dice, es que “la Policía Estatal los sacó de sus casas con motivos
puramente políticos”. Y hay muchos casos de quienes fueron diputados federales
por el PAN y que cuando contendieron por presidencias municipales en 2010
ganaron pero no concluyeron sus encargos porque fueron asesinados: Marisol Mora
Cuervas (de Tlacojalpan) y Gregorio Barradas Miravete (del municipio de Juan
Rodríguez Clara)”, comenta.
Aclara
que la inacción del gobierno de Duarte ante la inseguridad que se vive en
Veracruz no sólo afecta a panistas. Recuerda que al diputado del PRI Juan René
Chiunti le secuestraron el 2 de abril de 2013 a su hermano Jorge, quien
apareció en una fosa clandestina en Cosamaloapan.
“El
caso de Goyo (Jiménez de la Cruz) lo lamentamos todos. En Veracruz es inseguridad
para todos y hay muchos expedientes abiertos sin respuesta, así como ciudadanos
desaparecidos. Es altamente peligroso vivir en el estado”, comenta Marina
Dunyaska, quien exige la renuncia de Duarte.
La
diputada del PRD Yazmín Copete Zapot, originaria de la zona norte de Veracruz,
acusa al mandatario de haber instaurado un gobierno “represor”, pues, dice, no
sólo asesinan a periodistas o desaparecen niños o ejecutan a jóvenes; también a
líderes sociales que molestan al gobierno.
Y
menciona los casos de los expresidentes de la Coordinadora Nacional de
Organizaciones Cañeras Independientes: “A Abel Valdivia lo ejecutaron en
noviembre de 2012; a su sucesor, Faustino Aguilar, en enero de 2013, y al
dirigente nacional actual lo han amenazado, por lo que tuvo que sacar a su
familia de la zona para mantenerla segura”.
Tenemos
un gobierno represor que, insiste, “ante los líderes incómodos opta por
callarnos”.
Su
correligionaria Guadalupe Moctezuma Oviedo ha sido perseguida por camionetas
sin placas a altas horas de la noche en Pánuco y recientemente la amenazaron
con que iban a levantar a su hijo por hacer denuncias públicas. La inseguridad
persigue a todos, advierte la legisladora.
El
jueves 13 por la tarde habló del asesinato de José Luis Cervantes Cruz, alcalde
suplente de Pueblo Viejo, municipio vecino a Pánuco. Él era hermano de Luis
Fernando, quien fue secuestrado por un comando el 25 de septiembre de 2013
cuando estaba al frente del ayuntamiento. En la refriega murió su jefe de
seguridad. Fue liberado el 10 de octubre siguiente. Hoy, según la diputada
Oviedo, sus secuestradores se desempeñan como policías municipales de Pueblo
Viejo.
El
mismo jueves 13 fue emboscado y asesinado en la carretera Las Vigas-Tatatila el
exsíndico Fernando Huerta.
El
diputado federal Uriel Flores Aguayo comenta que en enero de 2013 fue amenazado
de muerte. Y aunque hace seis meses el procurador del estado le dijo que ya
había detectado de dónde venían las amenazas, hasta la fecha no se ha hecho
nada.
“Desde
hace tres meses hay un desajuste en la seguridad; regresaron los secuestros,
levantones, extorsiones. En las elecciones hay problemas de seguridad y hoy lo
que ocurre es que hay áreas de descomposición y una mezcla de interesespolíticos.
No tenemos certeza de dónde vienen las agresiones. El gobierno de Duarte no es
democrático, tenemos rasgos de totalitarismo. Él es el responsable de lo que
ocurre en el estado”, dice Flores Aguayo.
Para
Montano Guzmán, defensor del gobierno de Duarte en San Lázaro, lo que ocurre en
Veracruz “está demostrando que allá no hay espacio para la impunidad. Con
hechos y no con discursos y retóricas se trabaja y se dan resultados contra la
delincuencia”.
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