Noé Zavaleta
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| Javier Duarte, gobernador de Veracruz. Foto: Rubén Espinosa |
Pasaron ya 25 meses del asesinato de Regina Martínez Pérez y hasta ahora las autoridades sólo han revuelto las piezas para alargar las indagatorias. El caso de la corresponsal de Proceso en Veracruz no se resuelve y algunos de los protagonistas, sobre todo algunos funcionarios de la entidad, han sido removidos de sus cargos en los últimos meses. Peor aún, el gobierno de Javier Duarte ni siquiera ha localizado al principal sospechoso, José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho. De ahí la pregunta del senador Manuel Camacho al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong: ¿Qué impide ir al fondo en ese caso?
XALAPA, VER. (Proceso).- Ya transcurrieron 25 meses del homicidio de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en esta entidad, y la Procuraduría General de Justicia estatal aún no localiza al principal sospechoso, José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, por lo que el caso permanece impune. La dependencia se limita a buscar sólo a Jorge Antonio Hernández, El Silva, uno de los presuntos implicados, para reaprehenderlo y enviarlo a prisión.
“¿Qué impide ir al fondo en ese caso?”, cuestionó el perredista Manuel Camacho Solís a Miguel Ángel Osorio Chong, durante la comparecencia del secretario de Gobernación en el Senado.
El legislador insistió en la urgencia de que las autoridades federales y el gobernador Javier Duarte aclaren un caso como el de Regina para sentar precedente. Y fustigó: Es necesario saber si “hay alguna responsabilidad política”; y si no fue así, que “quede esclarecido” el asunto.
El intenso debate legislativo del pasado 22 de mayo en la Ciudad de México, durante la comparecencia del funcionario federal, contrasta con lo que sucede en la entidad, donde el expediente de Regina Martínez sigue sin resolverse y el gobernador insiste en influir en la justicia federal, que ahora deberá pronunciarse sobre la reaprehensión del Silva.
Ángel Alfonso Martínez Pérez, hermano de Regina, interpuso un amparo directo en contra del toca 673/13-SC, el cual revocó la sentencia de 38 años y dos meses de prisión al Silva, uno de los presuntos asesinos de la corresponsal de Proceso y quien obtuvo su libertad 10 meses después de haber sido aprehendido por elementos de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), hoy llamada Policía Ministerial.
Según el ponente de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, exlíder estatal del PRI, El Silva obtuvo su libertad porque se violaron sus garantías en el proceso penal, pues no contó con una debida defensa; además, no medió orden de aprehensión para la detención del acusado, quien fue detenido seis meses después de los hechos, con lo que se transgredieron los artículos 14 y 16 de la Constitución.
“La sentencia de condena que se revoca se encuentra sostenida únicamente en la confesión del propio inculpado, la cual fue llevada a cabo mediante tortura, por lo cual no debería otorgársele validez”, concluyó el documento 673-13-SC emitido por la séptima sala.
La sentencia fue revocada el 8 de agosto de 2013. Veinte días después Ángel Alfonso Martínez recurrió al amparo directo con el litigante Alberto Islas Reyes, a quien se conoce en los juzgados veracruzanos como especialista en delitos civiles, más no penales. Algunos colegas suyos aseguran que él suele realizar trabajos jurídicos para el aparato estatal. “Cobra muy caro”, dicen al reportero.
Antes de imponer el amparo, Martínez Pérez expresó su repudio contra el resolutivo escrito del Tribunal Superior de Justicia, e incluso redactó un comunicado que hizo llegar vía electrónica a la Dirección General de Comunicación Social del gobierno de Duarte.
En el caso de Proceso, el hermano de Regina le pidió a Miguel Valera, exdirector de prensa de Duarte y actual vocero del alcalde xalapeño Américo Zúñiga, hablar por teléfono con el reportero para corroborar que la carta y el comunicado de Martínez Pérez estuvieran en el correo electrónico “Por casualidad me llegó una carta del hermano de Regina. Espero te sirva”, dijo Valera.
El hecho de que Martínez Pérez pidiera apoyo al gobierno de Veracruz para manifestar su postura causó extrañeza entre los amigos de Regina, sobre todo por la distancia que la corresponsal de Proceso mantuvo siempre ante las autoridades.
Magistrados bajo sospecha
El amparo en contra del toca 673/13-SC recayó en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Distrito; la ponencia del expediente de Regina Martínez quedó en manos del magistrado Agustín Romero Montalvo.
Tres meses después, María Dolores Silva Obando, esposa de Romero Montalvo, excoordinador de los diputados locales del PAN, y Danilo Alvizar Guerrero rindieron protesta como consejeros del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Veracruz. Ambos cargos fueron propuestos e “impuestos”, según consignaron legisladores de oposición, por el propio Duarte de Ochoa.
La semana pasada, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó remover al magistrado Romero Montalvo a un Tribunal Auxiliar Civil y en su lugar puso a Jorge Toss Capistrán. El nombramiento causó inquietud en el Palacio de Justicia Federal del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad y del propio Poder Judicial de Veracruz.
Consultados al respecto, un integrante del Consejo de la Judicatura local y un magistrado, quienes piden el anonimato, consideran esa remoción como un “manotazo” del CJF para evitar que el gobierno de Duarte contamine más el proceso judicial y el expediente del homicidio de Regina Martínez.
“Fue muy obvio el nombramiento de la esposa del magistrado (Romero Montalvo) en el gobierno de Duarte. La factura política quedó evidenciada; mejor se lo hubieran dado en efectivo”, relata uno de los entrevistados.
Ahora la causa penal 358/2012, el toca 673/13-SC y el amparo directo interpuesto por Martínez Pérez –cuya copia tiene el reportero– se encuentran en manos de Toss Capistrán, uno de los magistrados a los que Duarte y su partido, el PRI, han favorecido, al igual que a sus familiares.
Alfredo Toss Capistrán, uno de sus hermanos, por ejemplo, fue regidor y diputado local por el PRI. Durante la gestión de Fidel Herrera Beltrán fue director del hospital Miguel Dorantes Meza y hoy es, por recomendación de Duarte, titular del DIF en Xalapa.
Otro Toss Capistrán, Leopoldo, es proyectista en la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, afín al gobierno de Duarte.
Reacomodos e involuciones
En contraste, Consuelo Lagunas Jiménez, quien se encargaba de atender la coadyuvancia de la revista Proceso y de llevar el expediente de Regina, fue removida del cago de directora de Investigaciones Ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Amadeo Flores Espinoza, quien como titular de la procuraduría llevó el caso, fue sustituido por Luis Ángel Bravo. Flores salió de la fiscalía a finales de febrero, semanas después del secuestro y ejecución del reportero Gregorio Jiménez, de Notisur y Liberal del Sur, el décimo periodista asesinado en lo que va del sexenio de Duarte.
Beatriz Rivera Hernández, del Juzgado Primero de Primera Instancia, quien dictó al Silva la sentencia de 32 años y ocho meses de prisión, también fue removida al Juzgado Cuarto Civil del municipio de Coatepec.
“Vamos a empezar de cero un nuevo proceso penal”, comentó el propio Bravo Contreras, quien llegó a la PGJE el 25 de febrero.
En el amparo interpuesto a finales de agosto de 2013 bajo los artículos 12, 24 y 27 de la Ley de Amparo, Islas Pérez esgrime como principal tesis para echar abajo la “revocación de sentencia” del Silva el voto particular emitido por la magistrada Martha Ramírez Trejo contra la absolución del inculpado; ella declaró que el detenido era asesino confeso del homicidio de la periodista veracruzana.
El litigante también arguyó que jamás se dio vista al procurador para informar que, al resolverse el toca 673/13-SC, se realizaría una “suplencia de los agravios”; es decir, dejar en libertad al presunto asesino de Regina Martínez.
Tampoco se señala en qué se equivocó o desacertó la juez de Primera Instancia, Beatriz Rivera, menos aún que la sentencia condenatoria resultó ilegal y que la tortura al Silva en lugar de “presumirse” debe probarse”, dice el amparo directo.
Además, agrega el documento, resulta irrelevante que cuando El Silva fue capturado no se giró una orden de aprehensión y la vestimenta con la que fue detenido no coincidía con la que fue presentado.
Islas Reyes alegó como “desacertados” los actos de tortura a los que fue sometido el detenido, aunque omitió decir que no se formuló el Protocolo de Estambul, obligatorio en procesos penales por delitos graves.
Los exhortos de Camacho Solís
La presión del senador Camacho Solís a Osorio Chong y la aseveración de que, según la organización Freedom House y su mapa de libertades de prensa, México dejó de ser un país libre, calaron hondo en las altas esferas de Veracruz.
En su intervención, Camacho Solís insistió: Si no hay prensa libre, se puede caer en ingobernabilidad.
“En los últimos 12 años, hasta junio de 2013, de acuerdo con los datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, se han registrado 95 homicidios que en su inmensa mayoría (según la CNDH) permanecen impunes”, expuso el senador perredista.
Asimismo, le pidió a Osorio Chong decirle al presidente Enrique Peña Nieto que exija a todas las autoridades políticas del país dar seguimiento a los casos en curso, proceder en contra de cualquier acción contraria al libre ejercicio de los periodistas y defensores de los derechos humanos y actuar contra quienes den cabida o protección a esas acciones.
Camacho Solís también comentó que las presiones e intimidaciones contra algunos periodistas, entre ellos Carmen Aristegui, deben alertar a las autoridades. Citó asimismo el caso de Regina Martínez Pérez y la negligencia de las autoridades de Veracruz, renuentes a llevar las indagatorias a fondo.
“Si los espacios de libertad y autonomía son clausurados, ¿qué alternativa tendrán los ciudadanos, los medios, la oposición política y social, los obispos, las ONG de derechos humanos y las autoridades honestas para defender las libertades y preservar el orden constitucional?”, expuso el senador perredista.
FUENTE: PROCESO
