John M. Ackerman
Solamente un ciudadano totalmente
desubicado podría creer que la detención del doctor José Manuel Mireles haya
sido para garantizar el estado de derecho o que las reformas en materia de
telecomunicaciones nos permitirán entrar por la puerta grande a la modernidad.
Las constantes mentiras, engaños y fraudes de las autoridades gubernamentales y
de la clase política han demostrado que siempre es mejor primero desconfiar de
la versión oficial. La natural actitud crítica y contestataria del pueblo
mexicano constituye una gran fortaleza en momentos de ignominia autoritaria
como hoy.
El encarcelamiento de Mireles es
una evidente venganza política. Las mismas autoridades han señalado que la
detención del líder de las autodefensas michoacanas es en respuesta a la
violación a los acuerdos alcanzados el 14 de abril, en que se pactó el desarme
de las autodefensas y su incorporación a las Fuerzas Rurales a partir del 10 de
mayo. Es decir, el principal pecado de Mireles no sería la portación de armas
en sí, sino su supuesto incumplimiento con un acuerdo estrictamente político.
De lo contrario no habría forma
de entender la fecha, el modo y el lugar de la detención. Las actividades en
que participaba Mireles el pasado viernes, 27 de junio eran exactamente las
mismas que venía desarrollando desde hace más de un año, alentadas y toleradas
desde el principio por el mismo gobierno. Si estas acciones eran tan peligrosas
y antisociales, ¿por qué no detenerlo desde febrero de 2013, cuando inició el
movimiento de las autodefensas, o el mismo 10 de mayo de 2014, la supuesta
fecha límite para el desarme? En su caso, quienes realmente tendrían que estar
sujetos a proceso penal serían las autoridades gubernamentales que fomentaron y
durante meses acompañaron directamente a las autodefensas como Óscar Naranjo,
Alfredo Castillo y Miguel Ángel Osorio Chong.
No existe duda de que la
detención de Mireles haya sido una determinación política. Se hizo para
castigarlo por su valentía al denunciar los vínculos de las autoridades con el
crimen organizado y su independencia al insistir que no entregaría las armas
hasta que el gobierno hubiera cumplido con su responsabilidad de traer la paz y
la justicia a Michoacán.
Mireles se suma entonces a la
larga lista de presos políticos del actual gobierno autoritario junto con
Nestora Salgado, Juan Carlos Flores, Enedina Rosas, Abraham Cordero, Arturo
Campos, Gonzalo Molina, Bernardino García, Marco Suástegui y muchos más cuyo
único delito ha sido defender su dignidad y los derechos del pueblo. Es imperdonable
el silencio sobre estos casos de casi todos los medios de comunicación, así
como de sus locutores y sus analistas oficiales.
Y para garantizar que este oscuro
manto de silencio cómplice no se levante jamás, los senadores han aprobado una
contrarreforma en materia de telecomunicaciones que cancela cualquier
posibilidad de lograr una verdadera pluralidad informativa en los medios de
comunicación electrónicos. Durante la discusión de los dictámenes, un grupo de
valientes activistas, encabezado por César Alan Ruiz y Neftalí Granados, fue
forzosamente expulsado del Senado. La mesa directiva del Senado posteriormente
prohibió la entrada a cualquier presencia ciudadana e incluso de asesores
parlamentarios al salón de sesiones.
Mientras, el secretario técnico de
la Consejería Jurídica de la Presidencia, Misha Leonel Granados, paseaba
libremente entre los senadores verificando acuerdos y garantizando la limpieza
del dictamen aprobado. Asimismo, los senadores de la oposición democrática
prefirieron participar en la simulación de debatir las 383 reservas desde la
tribuna en lugar de tomar acciones más contundentes dentro o fuera del recinto
parlamentario que los podrían haber acercado a la creciente indignación del
pueblo excluido y burlado por el proceso legislativo.
Se comprobó la subordinación del
Congreso de la Unión al Presidente de la República, y por medio de la misma a
los poderes fácticos, así como el desapego de toda la clase política hacia los
intereses ciudadanos. Si México fuera un país democrático, el pueblo tendría
una oportunidad de oro para cobrarles su traición a PRI, PAN y PRD en las
próximas elecciones de 2015, tanto federales como en una docena de estados de
la República. Sin embargo, con un Instituto Nacional Electoral totalmente
controlado por el PRI, y que ya ha declarado que no más no vamos a poder con la
responsabilidad de fiscalizar todas las elecciones en el país, será muy difícil
que las elecciones de próximo año cumplan con la autenticidad mandatada por la
Constitución.
El régimen autoritario ha perdido
piso y no conoce límites. En respuesta a quienes han señalado que la detención
de Mireles tendría un trasfondo político, Osorio Chong ha declarado que es
criminal hacerlo, es más, es criminal tan sólo pensarlo. Al parecer, el
encarcelamiento de activistas, la cancelación de la libertad de expresión y la
censura en Internet son apenas el principio. Si hoy el pueblo no se levanta,
mañana hasta nuestros pensamientos más íntimos serán criminalizados como en los
peores estados totalitarios.
Twitter: @JohnMAckerman
