Por
Mauricio Torres @mau_torres
Agosto 08, 2014
Agosto 08, 2014
Abrir el camino a que
compañías extranjeras exploren y exploten petróleo en México, permitir que
particulares generen y suministren electricidad, poner a competir a Petróleos
Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con otras
empresas, así como cambios en la política de precios de los energéticos, son
algunos de los principales puntos de la reforma en la materia lista para
empezar a implementarse.
Esta
reforma a la Constitución fue impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y
promulgada en diciembre de 2013, luego de largas negociaciones y tensiones
entre los principales partidos políticos. Sin embargo, aún necesitaba de leyes
secundarias que fijaran las reglas para su instrumentación.
La
noche del miércoles pasado, estas normas recibieron el visto bueno definitivo
de ambas cámaras del Congreso, con lo que sólo falta que Peña Nieto las
promulgue para que entren en vigor.
El
propio mandatario dijo que planea publicar la legislación la próxima semana.
Con ello comenzarán todas estas transformaciones, la mayoría polémicas, puesto
que el presidente afirma que son necesarias para impulsar el crecimiento
económico del país y generar empleos y, por otra parte, los partidos de
izquierda las describen como un "despojo" a los recursos de la
nación.
A
continuación, te presentamos 20 puntos que te ayudarán a entender en qué
consisten estos cambios.
1.
Apertura en petróleo y gas
La
reforma y sus leyes secundarias permiten que empresas privadas, nacionales o
extranjeras, inviertan en México en la exploración y explotación de
hidrocarburos: petróleo, gas y sus derivados.
Desde
la expropiación petrolera de 1938, estas actividades eran exclusivas del Estado.
El
gobierno federal y los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción
Nacional (PAN), promotores de estos cambios, afirman que el país mantendrá la
soberanía sobre sus recursos, puesto que la Constitución indica que la
propiedad de todos los hidrocarburos corresponde a la nación de forma
"inalienable e imprescriptible".
Para
la izquierda, por el contrario, estas medidas implicarán que México ceda a
particulares el control de bienes estratégicos para su futuro.
2.
Contratos petroleros
La
manera en la que las empresas privadas podrán participar en la exploración y
explotación de hidrocarburos será la celebración de contratos con el Estado.
Estos
contratos podrán ser de licencia, de servicios y de utilidad o producción
compartida, y serán asignados a través de licitaciones por la Comisión Nacional
de Hidrocarburos (CNH), uno de los dos órganos reguladores del sector.
Los
partidarios de la reforma dicen que uno de los mecanismos que garantizarán la
transparencia de estos contratos será que, cada mes, la CNH deberá publicar
"el número de contratos para la exploración y extracción que se encuentren
vigentes, así como sus términos y condiciones", según la nueva Ley de
Hidrocarburos.
3.
Ocupación de terrenos
La
misma Ley de Hidrocarburos contempla la posibilidad de que el área contractual
otorgada a un particular abarque terrenos en poder de un propietario.
En
ese caso, para poder iniciar sus actividades, el contratista tendrá que llegar
a un acuerdo con el dueño de la tierra, ya sea de compraventa o para permitir
el uso por medio de las figuras de servidumbre legal, ocupación temporal o
afectación superficial.
Dentro
del acuerdo, el particular deberá fijar qué porcentaje de sus ganancias pagará
al propietario por utilizar sus terrenos: de 0.5% a 2% si explota petróleo o
gas natural, y de 0.5% a 3% si explota gas de esquisto o shale.
En
el Congreso, la izquierda se opuso a este punto porque considera que equivale a
una expropiación a favor de empresas privadas, en la que se afectarán
principalmente los derechos de campesinos.
4.
'Fracking'
En
relación con el punto anterior, la ley también abre la puerta a la explotación
de gas de esquisto o shale, que se obtiene mediante una práctica conocida como
fractura hidráulica o fracking. Esto consiste en perforar la tierra e
introducir agua y químicos a presión para sacar el hidrocarburo.
Los
opositores de la reforma consideran que esta práctica es contraria al ambiente,
porque implica un elevado gasto de agua y el riesgo de que se contaminen
depósitos de este líquido. En respuesta, los partidarios de la legislación
argumentan que este método ha sido respaldado por científicos como el mexicano
Mario Molina, ganador del Premio Nobel de Química.
5.
Apertura eléctrica
Así
como la reforma abre a la inversión privada la industria de los hidrocarburos,
también lo hace con el sector eléctrico. Esto significa que empresas privadas
estarán en posibilidades de generar y suministrar este tipo de energía, y
competir con la CFE.
6.
Permisos
La
entrega de permisos para la generación y el suministro de electricidad estará a
cargo del otro regulador del sector, la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Según
la Ley de la Industria Eléctrica, esta institución también estará facultada
para modificarlos, revocarlos o prorrogarlos.
7.
Los 'árbitros'
Tanto
la CNH como la CRE ya existen actualmente. Lo que el Congreso hizo con la
reforma energética y sus leyes secundarias fue darles mayores facultades, así
como modificar la composición de sus cuerpos de dirección.
Hasta
ahora, el pleno de ambas instituciones está integrado por cinco miembros. A
partir de que la nueva legislación entre en vigor, el número se elevará a
siete.
Todos
ellos serán propuestos por el presidente y tendrán que ser ratificados por el
Senado.
8.
Reguladores, ¿independientes?
La
CNH y la CRE serán organismos reguladores "coordinados" con el
gobierno federal. Según el PRI y el PAN, esta figura permitirá que tengan
cierta autonomía y, al mismo tiempo, deban tomar decisiones que sean
congruentes con la política energética definida por la Secretaría de Energía
(Sener).
Por
el contrario, la izquierda considera que con esta medida la CNH y la CRE
quedarán subordinados a las órdenes del presidente y de su gabinete.
9.
Más gasolineras
La
Ley de Hidrocarburos establece que, a partir del 1 de enero de 2016, la CRE
podrá otorgar permisos para el libre expendio de gasolina y diesel, es decir,
para la apertura de más gasolineras.
Hasta
la fecha, las únicas gasolineras que existen en México son las de franquicias
de Pemex.
10.
Multas millonarias
Dentro
de la misma ley, sin embargo, se contemplan multas de entre 1 millón y 20
millones de pesos para aquellas gasolineras que venda litros incompletos de
combustible, una práctica frecuentemente denunciada ante la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco).
11.
Precio de gasolina y gas
La
nueva legislación contempla cambios en la política de precios de los
combustibles.
En
el caso de la gasolina y el diesel, por ejemplo, durante lo que queda de 2014
el precio se mantendrá bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP). De 2015 a 2017, el precio lo fijará el gobierno federal tomando
en cuenta diferencias de costos de transporte entre las regiones del país o
variaciones en los mercados internacionales. Y del 1 de enero de 2018 en
adelante, el precio será determinado por el mercado.
De
forma similar, el precio del gas licuado de petróleo o LP se liberará a partir
del 1 de enero de 2017.
12.
Tarifas eléctricas
En
el caso de las tarifas eléctricas, las nuevas leyes no prevén cambios por el
momento. Esto significa que se mantendrá el subsidio generalizado, aunque las
normas apuntan a que los apoyos se concentren en los sectores de menores
ingresos de zonas rurales y urbanas marginadas.
Priistas
y panistas, además, afirman que conforme crezca la competencia en el sector,
las tarifas empezarán a bajar y esto beneficiará a los consumidores.
13.
Pemex y CFE
La
reforma energética también implica nuevas leyes para ambas instituciones, que
se convertirán en empresas productivas del Estado.
Con
esto, tendrán que modificar su forma de organización y adoptar un gobierno
corporativo similar al de una compañía privada. Por ello, tendrán tanto un
director, encargado de la operación diaria, como un consejo de administración,
responsable de las decisiones de largo plazo.
Pemex
tendrá un consejo de 10 miembros: cinco funcionarios federales y cinco
consejeros independientes. El de la CFE también será de 10 integrantes: cinco
funcionarios federales, cuatro consejeros independientes y uno designado por el
sindicato.
14.
Pasivos laborales
Una
de las últimas medidas incluidas en las leyes energéticas fue abrir la
posibilidad para que el Estado asuma una parte de los pasivos laborales de
Pemex y de la CFE, que ascienden a 1.6 billones de pesos por pensiones y
jubilaciones de sus trabajadores.
A
decir del PRI y el PAN, esto es necesario para "sanear" las finanzas
de ambas instituciones y dejarlas en mejores condiciones de competir con las
compañías privadas que llegarán a México.
15.
La relación con los sindicatos
Sin
embargo, la conversión de esos pasivos en deuda pública está sujeta a algunos
requisitos. El más polémico es que Pemex y la CFE logren cambios en los
contratos colectivos de trabajo con sus sindicatos, de manera que se
establezcan nuevas condiciones de retiro para sus nuevos empleados, con edades
de jubilación más elevadas y un sistema de cuentas de ahorro individuales.
16.
Ingresos petroleros
Con
la apertura del sector energético, los promotores de la reforma esperan que
crezcan los ingresos del país derivados de los hidrocarburos.
Estos
ingresos principalmente serán de tres tipos: derechos, que pagarán Pemex y sus
subsidiarias; contraprestaciones, que pagarán los particulares con contratos de
exploración y explotación, e impuestos, que pagarán los dos.
Las
contraprestaciones quedarán determinadas en cada contrato, dependerán del tipo
de hidrocarburo explotado e irán al nuevo Fondo Mexicano del Petróleo. Los
impuestos corresponderán a la SHCP.
17.
Fondo petrolero
El
fondo se constituirá como un fideicomiso dentro del Banco de México (Banxico),
con la finalidad de administrar los ingresos derivados de los hidrocarburos. En
ese sentido, tendrá que vigilar que cada contratista realice sus pagos y reciba
las ganancias que le corresponden.
También
tendrá que definir una estrategia de ahorro a largo plazo y entregar recursos a
la Federación.
18.
El PEF
La
ley del fondo petrolero establece que, cada año, éste tendrá que entregar
recursos equivalentes al 4.7% del Producto Interno Bruto (PIB) para el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Según
los partidarios de la reforma energética, con esto se garantiza que el Estado
siga obteniendo de los hidrocarburos un monto equivalente al que recibe en la
actualidad.
19.
Las cabezas del fondo
La
nueva legislación señala que el fondo será dirigido por un comité técnico
integrado por siete miembros: el secretario de Hacienda, el secretario de
Energía, el gobernador del Banxico y cuatro independientes. Estos últimos serán
propuestos por el presidente y deberán ser ratificados por dos terceras partes
de los senadores.
20.
Fondo para estados productores
Dentro
del paquete de normas fiscales de la legislación energética, también se
contempla crear un fondo de recursos especial para los estados y municipios
productores de petróleo.
Esta
bolsa se nutrirá del dinero recaudado vía los impuestos por actividades de
exploración y explotación.
La
propuesta, discutida durante los últimos días de sesiones en el Congreso, generó
controversia al interior de la izquierda, puesto que si bien diputados y
senadores de esta tendencia criticaron la reforma energética, algunos de ellos
—originarios de entidades petroleras como Tabasco— votaron a favor de la
creación del nuevo fondo.
