Autor: Marcos Chávez
La reforma energética –vista por especialistas como la privatización del petróleo mexicano– fue sólo la culminación de 2 décadas de saqueo y desmantelamiento instrumentado desde mediados de la década de 1990. Entonces la carga fiscal –siempre agresiva para la otrora paraestatal– se hizo cada vez más onerosa. El sexenio pasado y lo que va del actual resultaron los más voraces en la ordeña de Pemex. Hasta junio de 2014, los rendimientos acumulados de la petrolera antes del pago de impuestos, sumaron 1 billón de pesos corrientes; mientras que los impuestos pagados, ascendieron a 1.3 billones de pesos. Así, la pérdida después de impuestos fue de 258 mil millones. Proyectada para todo 2013 y 2014, la cifra de la merma para la ahora “empresa productiva del Estado” será de 346 mil millones. Y si la deuda de Pemex al inicio de la presente administración era de 787 mil millones de pesos, al cierre de la primera mitad de 2014 llegó a 925 mil millones. Con la errática política petrolera, las reservas probadas de petróleo tienen una vida de 10 años.
Tiempo de canallas
Lilian Hellman
Imperturbable en su cruzada contrarreformista neoliberal, el bloque dominante comandado por Enrique Peña Nieto y el salinista Luis Videgaray, su infatigable operador político-financiero –mejor conocido en el argot de los laberintos del poder como el mensajero y el hombre del maletín; el Corre-ve-y-dile que el atlacomulquense emplea para llevar o enviar recados a gobernadores y otros miembros de la elite política, al menos desde 2010, y para recolectar las “cooperaciones” y aceitar la maquinaria de la corrupción institucionalizada con las que premia a los legisladores que aprueban expeditamente sus iniciativas de ley–, aplicó hasta el último minuto de vida la asfixia fiscal, presupuestal y operativa al sector energético.
El bloque fue implacable hasta el último momento. Hasta que los enemigos del pueblo y amigos del dinero y los negocios privados del Congreso de la Unión culminaron el proceso legislativo y cumplieron su tarea asignada, generosamente compensada: doblar a vuelo las campanas por los dos últimos legados que quedaban de la Revolución Mexicana: sepultar a las nacionalizadas industrias petrolera y eléctrica. Hasta que los legisladores inhumaron al cadáver simbólico de ese ciclo histórico que desde hace 31 años les pesaba como una lápida; y, en una parodia del doctor Frankenstein, desenterraron y pusieron a caminar al porfiriano muerto energético reprivatizado y extranjerizado –maquillado de “modernidad” neoliberal– que se creía definitivamente sepultado por el nacionalismo revolucionario.
Así, el hombre del maletín, satisfecho por sus servicios prestados y el éxito alcanzado, ya se siente retribuido con la banda presidencial para diciembre de 2018.
Y, como escribiera el poeta inglés John Donne –citado por Ernest Hemingway–, “nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas: doblan por ti”.
Hasta el 12 de agosto, el día en que Enrique Peña oficializó el giro hacia atrás en las manecillas del reloj de la historia, se mantuvo la sistemática destrucción de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con sus perversas secuelas socioeconómicas, políticas y geoestratégicas. Esa política complementa el asalto y la desaparición de la compañía de Luz y Fuerza del Centro y de su respectivo sindicato –uno de los contados democráticos que habían escapado al corporativismo estatal, ejemplificado por aquellas paraestatales–, llevado a cabo por Felipe Calderón, con un método que rememora al decreto Noche y Niebla, aplicado por hordas hitlerianas en contra de sus enemigos.
Hasta el final se mantuvo inflexible la estrategia empleada que llevó a la ruina al sector petrolero y justificó el salto de la historia al vacío de la “contrahistoria” de “los que no poseen la gloria, o de los que habiéndola perdido se encuentran en la oscuridad y el silencio”, como diría Michel Foucault.
Dentro de poco tiempo, Pemex y la CFE, los hidrocarburos y la electricidad nacionales, como otros sectores estratégicos, no serán más que nebulosos recuerdos, sacrificados como despojos, con sabor a sangre, grasa y carne, que nutrirán la voracidad de ganancia rápida. Por medio de los precios especulativos, la sobreexplotación aún más insensata de los recursos y la mezquina y deficiente oferta de bienes y servicios, frente a un Estado enano, impotente, somnoliento, complaciente, y ante una sociedad agobiada.
Hasta que lleguen otros Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, o los Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa o Cristina Fernández mexicanos, que recuperen nuevamente tales recursos estratégicos y los vuelvan a poner al servicio de un desarrollo nacional incluyente y más autónomo externamente.
Como anécdota queda el hedor del fango de la sospechosa corrupción que envuelve a las contrarreformasneoliberales, tal y como sucedió con las precedentes, o con las de Argentina, Chile o Perú, que cíclicamente arrojan nuevas camadas de oligarcas –gráficamente, en Chile se conoció como las pirañas a los enriquecidosChicago Boys arropados por el pinochetismo– y alguno que otro enjuiciado, como Alberto Fujimori.
La danza de los millones de pesos de las “subvenciones extraordinarias” o “especiales” pagadas injustificadamente a los congresistas de todos los partidos –salvo al Movimiento Ciudadano que fue rechazada y denunciada por su coordinador, Ricardo Monreal, junto con Zuleyma Huidobro, legisladora de ese mismo partido– enturbia aún más el sucio proceso que enmarcó la aprobación de las contrarreformas.
La suspicacia aflora porque, curiosamente, las dádivas adicionales otorgadas a los legisladores por el trabajo que ya se les paga más que generosamente, y que en su mayoría realizan negligentemente, cuando la llevan a cabo, fueron entregadas en fechas que coincidieron con la aprobación de las contrarreformas educativa, de telecomunicaciones, fiscal y energética. Al Partido de la Revolución Democrática (PRD) le correspondieron 30 millones de pesos; al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 67.5 millones de pesos; al Partido Acción Nacional (PAN), 99.6 millones de pesos; al Partido Verde Ecologista de México o los verdes, 20 millones de pesos; al Partido Nueva Alianza, 8 millones de pesos. Lo anterior nutre las sospechas que ese dinero público fue destinado para ablandar resistencias y comprar conciencias legislativas. Los coordinadores de las fracciones de los partidos utilizan esos recursos de manera discrecional, opaca, sin controles, con una fiscalización dudosa. Es el sistema de “mandarinato legislativo” del que hablan Porfirio Muñoz Ledo y Javier Corral, y que en parte sirve para asegurar la servidumbre del Poder Legislativo ante el Ejecutivo.
La bolsa hacendaria es magnánima. Antes del escándalo, los diputados se aprestaban a asignarse en 2015 un “bono de retiro” por 1 millón de pesos para cada uno.
Una vez balconeada su desvergüenza: ¿renunciarán al “bono”? ¿No cobrarán “ni 1 solo peso”, como en su momento lo hicieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando la irritación pública los obligó, “indignados”, a desistir de su socialmente insultante millonario “haber de retiro”, a su pensión vitalicia, pese a que la consideraban “necesaria y justa”? ¿Se mantendrán inflexibles y superarán en su cinismo a los magistrados”?
Ésa es la sustancia que aceita la maquinaria política…que llegó a su excelsa obscenidad con la orgía panista de Puerto Vallarta, en la que participaron ilustres personajes como Luis Alberto Villarreal, Jorge Iván Villalobos o Alejandro Zapata Perogordo. Después de la juerga, los dos primeros perdieron sus puestos de coordinador y vicecoordinador de los diputados de su partido. El otro quizá se despida de su sueño como candidato al gobierno de San Luis Potosí. Algunos han criticado la “doble moral” de la derecha clerical. Pero como dijera Juan Ignacio Zavala, hermano de la esposa de Calderón: “No sé de dónde sacan que en el PAN hay doble moral. En ese partido hace tiempo que dejamos de ser referente de alguna clase de moral”.
Como escribiera el maestro Álvaro Cepeda: “Salvo excepciones, ya no hay políticos, funcionarios ni servidores públicos; tampoco empresarios, patrones ni banqueros… Únicamente tenemos rateros y ladrones enmascarados con esos nombres que abusan del poder gubernamental y del poder económico. Funcionarios y empresarios no se diferencian. Son lo mismo: roban, estafan, timan y saquean con toda impunidad para enriquecerse a costa de la pobreza, el hambre y la miseria de los mexicanos que acumulan desesperación para levantarse –con armas o sin ellas– contra el mal gobierno y los capitalistas” (http://contralinea. info/archivorevista/index.php/2014/08/10/marcelo-ebrard-donde-estan-los-489-millones-de-pesos/).
