El periodista y funcionario de la Comisión Estatal para la Protección de Periodistas (CEAPP) Jorge Morales Velázquez, consideró muy grave la situación actual para el ejercicio periodístico en Veracruz.
La advertencia
La madrugada del pasado
dos de septiembre del año en curso, fue baleada la residencia del
periodista Ignacio Domínguez, a las puertas de su domicilio le dejaron la
cabeza de un cerdo con un mensaje intimidatorio.
El ex reportero del
Diario de Xalapa y director del periódico agrario Tinta Verde narró que al filo
de las cuatro de la madrugada escuchó disparos pero no pensó que esas ráfagas
fueran hacia su domicilio.
Fue hasta la mañana
siguiente cuando uno de sus hijos se percató de la cabeza del animal con un
mensaje, y balazos en la puerta de su casa.
Llamo a las autoridades
y realizaron sus pesquisas en la escena del atentado; hasta el momento el
periodista no tiene idea de quien pudo realizar el funesto acto.
En ese sentido el
periodista del Heraldo y comisionado en la CEAPP Jorge Morales opinó:
“Me parece uno de los
casos más llamativos y preocupantes, en este caso se trata de un periodista que
no cubre información sobre la delincuencia organizada, sobre todo temas
agropecuarios y a veces políticos, el hecho de que se haya presentado
esta situación estamos ya viendo una vertiente inédita”.
Aunque reconoció que no
es la primera vez que periodistas no ligados en fuentes policíacas, eran
hostigados e incluso “levantados”, lo que traza un panorama desolador ya que se
está generalizando las agresiones hacia periodistas por la nula capacidad de
castigo para los culpables.
“Ya se están abriendo
otras líneas donde probablemente haya quienes, en este contexto de impunidad,
de inseguridad y total indefensión de la actividad periodista, ante falta de
condiciones de seguridad tanto para el periodista como para el ciudadano común,
entonces se están aprovechando y están tratando de realizar estas acciones con
una finalidad”.
El periodista considera
que todo esto es reflejo de la descomposición de la seguridad en la entidad y
de la debilidad de las instituciones encargadas de procurar justicia.
“Es evidente que el
mensaje que le emitieron a Ignacio tiene un sentido de inhibir su trabajo, que
la amenaza va por la información que él publica en su semanario, y si no era
así, esto sirvió para que el manifestara que ya va a evitar publicar cierto
tipo de cosas, entonces finalmente esas personas consiguen su objetivo que es
la censura e infundir el miedo”.
Los amparos
En febrero del 2014
cuando Veracruz se volvía a colocar en los reflectores mundiales, por el deceso
del décimo periodista asesinado en los primeros tres años del gobierno de
Javier Duarte, Gregorio Jiménez reportero policíaco de Notisur, la Procuraduría
General de Justicia del Estado a cargo en ese entonces por Amadeo Flores,
realizó una razia policíaca en toda la zona de las Choapas para hallar a los
culpables.
De esta redada se logró
capturar a seis supuestos integrantes de una banda de secuestradores que fueron
“contratados” por Teresa de Jesús Hernández Cruz, dueña del bar El Mamey quien
por 20 mil pesos, mandó a secuestrar al reportero por publicar que en ese
antro servía de casa de seguridad de migrantes secuestrados.
Meses después los
imputados promovieron un amparo en el que su defensa argumentó que las
confesiones fueron hechas bajo tortura, por lo que dichas declaraciones eran
consideradas invalidas, por lo que se teme podría repetirse la historia de José
Antonio Hernández Silva, presunto asesino de Regina Martínez, corresponsal de
Proceso en Veracruz.
Jorge Morales se acercó
al actual Procurador General de Justicia de Veracruz Luis Ángel Bravo Contreras
y del acercamiento le comentó a este reportero lo siguiente:
“Estas personas
con el amparo promovieron que no se les puede dar validez a sus
declaraciones porque fueron hechas bajo tortura, entonces yo diría lo
siguiente: aunque el procurador asegura que va a combatir este amparo, porque
dicen tener pruebas para evitar que los imputados salgan libres, pero pone en
tela de juicio, de duda y credibilidad la justicia en Veracruz”.
Morales Velázquez
considera incorrecta la actuación de las autoridades “porque estamos hablando
de que estas personas fueron torturadas, sabiendo las autoridades que cualquier
declaración obtenida bajo tortura puede ser desechada por un juez, lo llevaron
a cabo, no solo están violando la ley, están violando los derechos de otras
personas”.
Al comisionado del CEAPP
le parece que se comprometió una importante investigación que solo despierta
sospechas en el actuar de los funcionarios:
“Si estas personas que
tienen un caudal de otros hechos delictivos cometidos anteriormente, salen
libres, ya no pensemos en el peligro que representa para un periodistas sino
para toda la sociedad, entonces lo que se pone aquí en evidencia es la
incapacidad palmaria de la justicia veracruzana, para poder procesar cualquier
investigación, de un periodista o de un ciudadano; y abre las puertas a pesar
de asegurar lo contrario, para que estas personas salgan en libertad”.
