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| Vestidos de blanco los manifestantes exigieron seguridad en Veracruz. Foto: Facebook Maruchi Bravo Pagola |
Ciudad de
México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– Cientos de personas y organizaciones
marcharon este domingo en los municipios de Coatzacoalcos, Xalapa y Minatitlán
para exigir al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, detener lo que
calificaron como “una crisis de inseguridad en la entidad”. Vestidos con ropas
blancas, los manifestantes, quienes fueron convocados a través de redes
sociales, protestaron por el incremento de la inseguridad, secuestros y
asesinatos que se han registrado en las últimas semanas. Medios locales
reportaron que en Minatitlán, familiares de desaparecidos, víctimas de
secuestros y robos se congregaron en el Palacio Municipal en una manifestación
pacífica para pedir que se restablezca la paz en el municipio.
Con pancartas en las manos, los minatitlecos gritaban consignas para exigir a sus gobernantes “cumplir lo que dijeron que iban a hacer pero no están cumpliendo, es momento de unirnos y exigir a las autoridades que trabajen”. Algunos portaban mantas en las que exigían a las autoridades “regresar el Minatitlán de ayer”. Al grito de ¡justicia!, ¡justicia!, pidieron también no ser cómplices de la delincuencia. La sociedad minatitleca se comprometió a trabajar juntos y organizados.
Los manifestantes anunciaron una megamarcha por la paz para el próximo 15 de septiembre. En Xalapa diversas organizaciones, entre las que se encuentra el Colectivo por la Paz, también realizaron una marcha, que de acuerdo con los manifestantes tuvo como objetivo evidenciar los altos índices de inseguridad que Veracruz y la “opacidad de las autoridades incompetentes”. Medios locales informaron que el detonante para que padres de familiares desaparecidos convocaran a esta Marcha Por La Paz fue el asesinato de la niña Karime en la Ciudad de Coatzacoalcos.
Los manifestantes partieron de la Escuela Normal Veracruzana con destino hacia Palacio de Gobierno. A través de consignas como la de “Únete pueblo” y “Paz y justicia”, reclamaron justicia y seguridad en el estado. También exigían la renuncia del Alcalde, Joaquín caballero, asimismo del Gobernador, del Secretario de Seguridad Publica de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita y del Procurador del estado Luis Ángel Bravo Contreras.
LA OMISIÓN DE DUARTE
Desde el inicio de su mandato, Duarte ha mantenido el discurso de que trabaja de manera eficaz para restablecer los índices de seguridad en la entidad. En meses recientes, por ejemplo, ha dicho que “Veracruz está en calma” y que “en Veracruz no hay extorsiones, no hay balaceras y no hay secuestros”. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de su gestión han ocurrido la mayor cantidad de homicidios, extorsiones y secuestros de las últimas tres administraciones. Al respecto, son ilustrativos dos casos en los que se puso en evidencia cómo el gobierno de Duarte intentó ocultar información.
El primero de ellos ocurrió en octubre de 2011, cuando entre la noche del 5 y el mediodía del 6, la policía estatal encontró 31 cadáveres en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. El día 6, la Coordinación de Comunicación Social del gobierno veracruzano, entonces comandada por la polémica Gina Domínguez, emitió un comunicado en el que negaba los hechos y aseguraba que no había ninguna confirmación oficial. Ese mismo día, la Secretaría de Marina (Semar) respondió con otro comunicado, en el que hacía referencia al hallazgo de los cuerpos, con lo que evidenció al gobierno estatal. Para salir al quite, la Coordinación de Comunicación Social intentó justificar el ocultamiento de información asegurando que los responsables de la investigación habían mantenido el operativo en secrecía hasta su conclusión.
El otro caso ocurrió recientemente, cuando el 16 de junio pasado elementos de la Semar encontraron al menos 31 cadáveres en fosas clandestinas localizadas en el rancho “El Diamante”, en el municipio de Tres Valles. Fue hasta dos días después de que se localizaron los entierros que el entonces Subprocurador Regional de Justicia, Arturo Herrera Cantillo, confirmó el hallazgo. Este hecho le valió ser removido de su cargo.
El Gobernador Duarte afirmó que se trataba de un hecho atípico, pero a finales del mes de junio, en paraíso Novillero, en la misma zona del rancho “El Diamante”, fueron encontrados más cuerpos. En respuesta, el Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, rechazó la existencia de la nueva fosa. Además,
Duarte negó que entre los cadáveres localizados hubiera menores de edad, información que fue desmentida por el periodista Ignacio Carvajal, quien ingresó a las fosas del rancho “El Diamante” y documentó que cuando menos tres menores de edad estaban entre los muertos.
El pasado 2 de julio, Carvajal denunció que había sufrido el robo del auto Tsuru blanco con el que trabajaba. El de la violencia no es el único tema que Duarte se ha empeñado en ocultar. La deuda pública es otro problema que ha marcado a su administración y que, de acuerdo con el periodista veracruzano Luis Velázquez, por mucho tiempo se intentó omitir de la agenda.
En una columna publicada el pasado 21 de julio en el sitio blog.expediente.mx, Velázquez refirió que del 15 de diciembre a la fecha, el gobierno de Duarte ha solicitado 21 créditos por un total de 41 mil millones de pesos sin que los diputados locales le hayan exigido hasta ahora un informe al respecto. Según el más reciente informe de la Sefiplan, correspondiente al primer trimestre de 2014, la entidad tiene una deuda total de 41 mil 147 millones de pesos, aunque hay quienes estiman que el monto de la deuda alcanzaría hasta los 80 mil millones de pesos.
Pero incluso la cifra oficial representa un monto casi cinco veces superior al de la deuda pública que heredó de su antecesor, la cual ascendía a 9 mil 307 millones de pesos. Un tema en el que Duarte ha sido omiso, tanto en el discurso como en la acción, es el de la pobreza. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 52.6 por ciento de la población veracruzana vive en pobreza; de ellos, 14.3 por ciento (equivalentes a 1 millón 122 mil personas) sobreviven en pobreza extrema. Aunque proporcionalmente no es la entidad con mayores índices de pobreza, sí es el segundo estado con más personas pobres, con 4 millones 141 mil 800.
El caso más reciente es el de la niña Karime Cruz Reyes, la menor secuestrada en Coatzacoalcos, Veracruz. Los padres de la niña, Nora Reyes Baruch Cruz y Alejandro Cruz Castro acudieron al Ministerio Público para solicitar la activación de la Alerta Ámber pero no hubo ayuda, pues las autoridades argumentaban que se trataba de un secuestro y no desaparición.
El caso lo asumió la Unidad Antisecuestro, quienes realizaron algunas diligencias en el domicilio de la madre de Karime pero después de unos días se desentendieron del tema. Además de presentar su denuncia ante el Ministerio Público, realizaron diversas manifestaciones en la ciudad veracruzana para protestar contra la inseguridad del estado, además de lanzar una campaña en redes sociales y enviarle cartas al Gobernador Javier Duarte Ochoa y al Presidente Enrique Peña Nieto.
Las autoridades de la Procuraduría de Veracruz pidieron a los padres de Karime guardar silencio y no dar a conocer el caso. Sin embargo, el pasado 23 de agosto más de dos mil personas se reunieron para realizar una marcha sobre la avenida principal de Coatzacoalcos.
