EL PAÍS visita el campamento paramilitar desmantelado por el Ejército de uno los carteles mexicanos más violentos
VERÓNICA CALDERÓN Acultzingo
En las primeras horas del domingo 31 de agosto, Gregorio de Jesús Garay,
de 84 años, escuchó dos o tres ráfagas de disparos que lo hicieron saltar de su
cama. Es de los pocos testigos de lo que ocurrió ese día en Sierra de Agua, una
localidad en Acultzingo (Veracruz, a unos 270 kilómetros de la capital de
México).
A los visitantes que habían ido a su comunidad los había recibido con
gritos y amenazas. Hoy sí quiere hablar. “Aquí llegaron, y los vi. Hubo muchos
tiros, pero los hombres no se espantan”. Es el velador. Dice que cuando comenzó
el tiroteo, salió por la puerta de atrás y se puso a silbar. Por la entrada
principal hay marcas de disparos y una mancha de sangre de unos tres metros.
Ese día llegaron el Ejército, la Marina de México y la policía de Veracruz con
el objetivo de desmantelar un “campamento de entrenamiento” del crimen
organizado. El saldo: 33 detenidos y tres presuntos sicarios muertos.
El rancho San Pedro, el supuesto campamento, tiene más de casa abandonada
que de sofisticado campo paramilitar. Una nota publicada enEl Universal dice que se
confiscaron unos rifles y una pistola: nada que ver con los poderosos arsenales
que manejan los carteles mexicanos. Hay un alambre de espino, catres y poco
más.
Entre frases cortadas, don Gregorio explica que ahí antes había
“chavitos”: jovencitos que no rebasarían los 20 años y que, según las
autoridades, eran entrenados para ejercer como futuros guardaespaldas del grupo
criminal que domina la zona. Pocos entran por voluntad propia, explica un
funcionario que pide no ser identificado. "Ellos se los llevan, los
secuestran. Son chicos que no tienen otra opción. Tienen que venir aquí para
ver la situación. Hay mucho abandono". Y a ellos casi
nadie se atreve a llamarlos por su nombre. Solo un chico, en Acultzingo, y tras
cerciorarse que “no lo están grabando”, explica: “Es que allá [en Sierra de
Agua] están los de La Letra”. Los Zetas, uno de las bandas más sanguinarias de México.
La deslumbrante belleza de Sierra de Agua, de unos mil habitantes,
contrasta con el inquietante silencio que rodea a la comunidad. Hay poquísimas
personas en sus veredas y, entre los que hay, nadie vio nada, nadie supo nada y
nadie sospechaba nada. “Aquí es mejor no enterarse de lo que ocurre”, dice un
habitante. Solo cuenta que ese 31 de agosto “se puso bien feo”.
En el comunicado oficial, difundido por el Gobierno de Veracruz, no hay nombres
ni de los muertos ni de los detenidos, salvo la aclaración de que fueron
entregados al Ministerio Público. También indica que al día
siguiente de la operación, la policía municipal de Acultzingo no había acudido
a trabajar. “Eso no es verdad, aquí está nuestra policía”, dice un funcionario
municipal.
El hecho es que sí hubo una policía municipal que no acudió a trabajar
al día siguiente, pero no fue la de Acultzingo, sino la de Maltrata, un pueblo
vecino de unos 14.000 habitantes. Tal y como dice el comunicado, al día
siguiente de la operación, todos sus policías municipales huyeron. Pero no los
de Acultzingo: los de Maltrata. Dicen que de ahí era el hombre encargado del
supuesto campamento: un hombre al que apodaban El Bucanas, un hombre rubio
señalado como exjefe de la policía de ahí.
Los encargados de la seguridad de Maltrata son ahora una decena de
policías estatales que permanecen encapuchados todo el tiempo, incluso cuando
el alcalde del pueblo, Miguel Ángel Barreda, recibe, altanero, a los
visitantes. Se le pregunta por El Bucanas: “Yo, por apodos, no conozco a nadie”
es su única respuesta.
Los habitantes afirman que se sienten mucho más seguros con los policías
encapuchados que con los que huyeron. “Ahora sí se puede pasear por las noches,
estamos mucho mejor”, dice Aurelia Bartolo, de 49 años, a las puertas de la
iglesia del pueblo. La mujer cuenta que hasta dejó de ir a “la hora santa” que
oficiaba todos los días el párroco de Maltrata debido al miedo. “Yo sé que Diosito me
cuida, pero también debo cuidarme de los humanos”.
Hablan de que los asesinatos, las violaciones y los desaparecidos eran
comunes en el pueblo. “Pregunte a don Epifanio, a él le secuestraron a una
hija”. Epifanio Huerta es un hombre de unos 50 años que, de muy mala gana,
acepta hablar a través de la ventana de su casa. “Mire, se llevaron a mi hija y
yo me he cansado de denunciarlo. Nadie hace nada. No hicieron nada. Aquí no nos
ayuda nadie. Estoy harto”, dice, indignado, antes de cerrar la ventana.
Acultzingo y Maltrata son dos comunidades enclavadas en la Sierra Madre
Mexicana y rodeadas de espectaculares cumbres, entre ellas el Pico de Orizaba,
la más alta del país con 5.600 metros de altitud. El acceso a los pueblos no es
asunto sencillo. Tras la visita al rancho San Pedro, Eduardo Contreras, enlace
de la Policía Municipal de este municipio con la Secretaria de Seguridad
Pública (SSP), insiste en que no se puede ir del lugar sin probar sus truchas.
“Para que vean que no todo es feo”. Apenas sentados en el comedor situado junto
a la carretera que conduce a Sierra de Agua, aparece un coche del Ejército y se
mete a la comunidad. Solo tarda unos minutos en volver a salir.
Al regresar, hay dos mujeres llorosas en una de las casas vecinas al
rancho San Pedro. “Se llevaron a mi marido”, dice una. Apenas cuenta “que se
dedicaba al campo”. Que ella no estaba ahí cuando lo detuvieron. No han pasado
ni 10 minutos de lo ocurrido. Ella y la otra mujer, de nuevo, se niegan a dar
más detalles. No vieron nada. Nadie vio nada.
Mire, se llevaron a mi hija y yo me he cansado de
denunciarlo. Nadie hace nada", dice un vecino de Maltrata
Los 33 capturados tras el operativo fueron trasladados a cárceles en el
norte de México, a casi 2.000 kilómetros de Veracruz. Permanecieron 48 horas
custodiados por el Ejército, según un informe oficial. Los tres muertos eran
dos chicos menores de edad y uno de 27 años. Luis tenía 17 años y “apenas había
ingresado a la banda”, explica su propia madre. Pascual, también de 17, vivía
en Acultzingo. Sus padres fueron a identificar su cuerpo. El tercero tenía 27
años, se llamaba Juan Manuel Piedras Morales, y fue el primer identificado. Sus
funerales también fueron vigilados por las Fuerzas Armadas. La policía que
patrulla Maltrata, los que no se quitan la capucha ni con el alcalde enfrente,
reconoce en voz baja: “Nosotros vamos a morir acá. Pero vamos a morir con
nuestro honor intacto, porque nunca hemos sido corruptos”.
