LOS ZÁNGANOS LEGISLATIVOS

FUERA DE FOCO
Por: SILVIA NÚÑEZ HERNÁNDEZ

Los mexicanos, elecciones tras elecciones escuchan como los candidatos de los diferentes partidos políticos, hacen cualquier cosa para convencerlos a que voten por ellos. Como coloquialmente se dice “les bajan el cielo y las estrellas” y hasta han llegado al nivel de registrar sus promesas ante Notario Público -porque saben que la ley no los obliga a cumplirlas– para intentar convencer a los ciudadanos que si les van a cumplir.

Muchas familias –sobre todo las marginadas- acostumbran a tomar todo los que les dejan sin percatarse que con hacerlo, están aceptando un compromiso –que a la larga- se convierte en una deslealtad para el país, estado o municipio. Despensas, láminas, cemento y también productos inservibles de pésima calidad les son entregados, los cuales son regularmente tortilleros, camisetas, sombrillas, abanicos de mano, gorras, etc.

Con relación a candidatos a senadores, diputados federales y locales se aplica el mismo sistema en campaña que se usa para presidentes de la República, gobernadores y alcaldes. El mismo esquema y también similar resultado cuando ganan. Cuando estos logran su cometido y llegan al poder, no vuelven a permitir que el pueblo se les acerque -se sienten dioses- y en el caso de los legisladores, jamás vuelven a sus distritos a cumplir con las necesidades prioritarias del mismo. No hay una sola gestión y su papel se centra en ser el títere de quien gobierna el país o el estado.

Al final ya lograron su más anhelado sueño: vivir del erario público y enriquecerse a manos llenas. Estar en el pleno haciendo “al loco” creando supuestamente leyes, se convierte en un gran “negocio”. Su estadía en el pleno legislativo les permite vender su voto al mejor postor, sea del partido que sea y convertirse en estafadores políticos.

Por ello amable lector, estos malos servidores públicos jamás considerarán la opinión de la ciudadanía para aprobar iniciativas a favor de las masas y máxime, sólo las que están diseñadas para atropellar las garantías constitucionales de los mexicanos. Es pavoroso como ya incrustados en las curules, los representantes del poder legislativo, se preocupan únicamente a cobrar puntualmente su salario y ver qué tipo de amarres hace para obtener más dinero. Vemos actuaciones desastrosas e indignas, que producen el hartazgo de la ciudadanía. También se concentran en auto protegerse y no crear leyes que les impida gozar ampliamente de su paso al pleno.

Los senadores, diputados federales y locales jamás consideran los beneficios del ciudadano en alguna iniciativa, siempre trabajan en pro del quien gobierna el país o el estado y de ellos mismos. Eso sí, las propuestas del gobernante son cabildeadas estratégicamente para que sean votadas casi por unanimidad. El sistema es sencillo, el interesado deberá pagar al número de legisladores que requiere –una exorbitante cantidad de dinero- para que estos levanten el “dedito” y que pueda ser aprobada “su iniciativa” y ésta sea aplicada.

Por ello, no dudamos que la retrograda iniciativa enviada por el gobernador del estado, Javier Duarte y que fue dada a conocer por uno de sus “muchachos” incrustado en el pleno legislativo, el diputado local priísta, Adolfo Jesús Ramírez Arana, quien explicó que ésta nueva modificación a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial pretende regular las marchas, plantones y manifestaciones, las cuales para llevarse a cabo, primero tiene que contar con la aprobación del Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, con la supuesta finalidad de salvaguardar un derecho de los veracruzanos

“En la nueva Ley de Tránsito y Seguridad Vial, estipula un claro apartado donde las manifestaciones serán reguladas por cualquier tipo de manifestación y quien quiera ocupar la vía pública tendrá que solicitar autorización de Seguridad Pública del estado (…) Esto es para cuidar a quienes circulan diariamente en las avenidas y ciudades de las principales calles de nuestro estado. Cuando hay una manifestación, los grupos están en ese derecho, pero no están en el derecho de pasar por encima de los demás que circulan por ahí”.

Es decir, ahora quien pretenda inconformarse con el gobierno, tendrá que programar su problema, luego mediante oficio –claro está tendrá que viajar a Xalapa para ello- presentarlo a Arturo Bermúdez Zurita y posteriormente hacerse “viejito” a esperar que le den permiso.

Es inaudita y absurda la propuesta que envía al pleno el gobernador del estado y sobre todo, retrograda.

Es notoria la preocupación de Javier Duarte de Ochoa, pues sabe que pronto las inconformidades de los ciudadanos a faltas de obras, de oportunidades, serán expuestas. Teme más la forma de cómo los familiares de las personas desaparecidas hagan pública la falta de control en rubro de seguridad en el que se encuentra el estado. Sabe que estos tendrán una hermosa oportunidad de ventanearlas en la gesta deportiva de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, donde la prensa internacional tendrá oportunidad de capturarlas.

El ejecutivo estatal debe de encontrarse realmente preocupado de saber que todos sus “trapitos” derivado de su mala ejecución en el poder se pueden evidenciar en la prensa internacional. No entendemos en verdad que le inquieta y le preocupa, si su reputación, su incapacidad de gobernar y la pésima forma de controlar al crimen organizado en el estado se han expuesto y evidenciado en muchas ocasiones a nivel internacional y nacional. Dicha situación lo ha convertido en uno de los gobernantes “consentidos” del escarnio social en las redes sociales por medio de comentarios hacia su persona, además de la variedad de memes y videos en contra de su mal gobierno.

La Constitución Mexicana se contrapone a esta nueva ley que pretende modificar el gobernador en el estado veracruzano. En el capítulo I de los Derechos Humanos y sus garantías, establece lo siguiente:

ARTICULO 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, la vida privada o de derechos de los terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, el derecho a la información será garantizado por el estado. (Reformado mediante decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2013).

Los veracruzanos sabrán si permiten –en el caso de ser aprobada por los “borreguitos” del gobernador- que dicha iniciativa les arrebate la posibilidad que mantienen de expresar sus inconformidades a través de plantones, manifestaciones y marchas.
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