La violación sistemática
de los Derechos Humanos en nuestro país, es la concreción de las leyes que el
ejecutivo junto con la cámara de diputados, senadores y los representantes de
los tres principales partidos políticos han implementado en contra del pueblo
trabajador dirigiéndose con mas fuerza y especialidad sobre todo hacia el
movimiento popular, disidentes y periodistas que critican el actual sistema que
rige en el país, con un estado de derecho oligárquico que legitima la
explotación, represión y opresión
política hacia el pueblo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos legitima
al apoyar la ejecución de dichas leyes y que convalidan algunas ONG.
Muestra de ello es, que desde la toma de protesta del actual gobierno
encabezado por Enrique Peña Nieto está marcado por la flagrante violación a los
derechos humanos y constitucionales, mediante la utilización excesiva de la
fuerza pública, cuando el pueblo ejerce el derecho legítimo de
manifestación, organización, petición y el derecho humano a la protesta,
plasmados en la carta universal de los derechos humanos y en la constitución
mexicana, características que demuestran la continuidad de prácticas criminales
del Estado burgués que atentan contra la vida y libertad de quienes de forma
legitima exigen el respeto de sus derechos fundamentales.
Por otro lado, en la aprobación de leyes que regulan de forma
excesiva la vida del pueblo mexicano buscando el control absoluto de la clase
explotada se suman los políticos de oficio y los partidos políticos como
es el PRI-PAN que son lo mismo y en la actualidad el partido que se dice de
izquierda PRD ha tenido una participación fundamental al integrarse al
autodenominado “pacto por México” para no perderse de las partidas económicas
que el ejecutivo repartió a cada uno de los que apoyaron las reformas, hoy
convertidas en leyes neoliberales que solo benefician a la clase explotadora
suprimiendo anteriormente de facto y hoy como ley constitucional la
anulación de derechos que tienen la característica de conquista social porque
se obtuvieron mediante la lucha el pueblo trabajador.
La violencia que se ejerce hacia el pueblo trabajador es una violencia
institucionalizada, porque desde las instituciones gubernamentales se imponen
las leyes que regirán la vida de los explotados, las cuales, no consideran
necesidades reales su forma de vida, de organización, usos y costumbres
de los pueblos. Es violencia el hambre que mata al pueblo, es violencia el
saqueo de sus recursos naturales, es violencia la represión para acallar el
descontento popular, la detención, el encarcelamiento, la desaparición forzada,
la tortura, el asesinato y es violencia la masacre que se ejerce en contra del
movimiento popular. Pero ¿Quién ejerce toda esta violencia?.. el Estado
burgués.
Los casos del estado de Puebla ─ley bala─ y en Chiapas ─uso de armas de
alto poder para reprimir manifestaciones─ descubre la orientación fascista de
sus gobernantes y su pretensión de ser candidatos a la presidencia de la
republica, sin embargo dichas leyes represivas por la protesta popular unas
fueron anuladas y otras fueron aplazadas donde los diputados locales
jugaron el papel de sumisos incondicionales del ejecutivo estatal que buscan
por todos los medios la instauración legal del Estado Policiaco-Militar.
De esta forma, el numero de casos a violaciones de los derechos humanos
son acontecimientos cotidianos que se generalizan en todo el país, que son
alarmantes por la cantidad y frecuencia que se cometen y los ejecutores como
práctica sistemática son los cuerpos castrenses, paramilitares y servidores
públicos, que actualmente con el ensanchamiento del fuero se sienten protegidos
estos supuestos “procuradores del orden y la justicia” por la imposición de
estas nuevas leyes que sólo amplia el infame manto de la impunidad.
Violencia institucional que desangra por décadas al pueblo, ¿y la CNDH?
Actúa como apéndice del Estado sus actuaciones avalan el estado de derecho
oligárquico actuado en consecuencia proteger los intereses de una minoría que
detenta el poder en contra de la voluntad popular. La investigación de crímenes
de lesa humanidad se comporta omisa, complaciente y muy activa para diluir la
responsabilidad del Estado, a pesar de las denuncias documentadas que han
realizado diversas organizaciones populares y organismos de derechos humanos no
gubernamentales las entrampa en una maraña burocrática y perniciosa que apuesta
al desgaste y olvido, por el contrario, en una actitud sínica, felicita
al administrador federal en turno porque según, “en todo momento ha respetado y
buscado los mecanismos para su promoción, protección y cumplimiento de los
derechos humanos.
Esta actitud demuestra la verdadera cara y objetivo de los organismos de
derechos humanos gubernamentales que, por su origen, siempre defenderán y
actuaran de acuerdo a las instrucciones del Estado mexicano, por lo tanto, la
autonomía y la defensa de los derechos humanos seguirán siendo solo discursos
que se repiten para intentar engañar al pueblo.
La CNDH como instrumento del Estado, ha permitido que aumente día con
día los casos de detenciones arbitrarias, encarcelamientos, torturas,
detenciones desapariciones, desplazamientos forzados, asesinatos
extrajudiciales, fabricación de delitos a luchadores sociales, estudiantes,
maestros, obreros, campesinos, periodistas, todo opositor y crítico al sistema
o régimen. De acuerdo a datos periodísticos en lo que va del sexenio Peñista
suman un total de mas de 36 mil asesinados en todo el país, pero ya dejo de ser
noticia por la censura y autocensura para mantener en la impunidad a los
perpetradores intelectuales y materiales de esta barbarie oficial.
El estado de Veracruz no es la excepción ya que de acuerdo a datos de
diversas organizaciones populares y organismos de derechos humanos no
gubernamentales es una de las entidades del país con más casos de violaciones a
derechos humanos. Un gran porcentaje de estos no se denuncian debido a la falta
de credibilidad que los organismos gubernamentales muestran ante la población,
pero también por el temor a represalias que existe en los familiares de las
victimas por lo que puedan enfrentar en carne propia, otros abandonan la
demanda por la política de desgaste que implementa el Estado por los excesivos
trámites burocráticos en la “investigación y esclarecimiento” que
premeditadamente son dilatorios donde familiares y víctimas son criminalizados
al presentar una denuncia.
En materia de derechos humanos, es uno de los estados a nivel
nacional y del mundo con mayor numero de periodistas asesinados, que
hasta la fecha se tienen contabilizados 24 casos documentados, que van
aparejados con el hostigamiento y el soborno de que es objeto la prensa por lo
que se encuentra censurada, comprada y sometida al control del Estado,
coartando con ello al derecho de manifestación pública y la crítica al sistema
de gobierno imperante. Pero Veracruz es unos de los principales estados del país
donde se ejecutan más detenciones desapariciones por motivos sociales y
políticos sobre todo en jóvenes de los sectores populares.
La aplicación de leyes neoliberales, constituye la violación sistemática
de los derechos humanos y constitucionales con la instauración de un Estado
policiaco-militar, pro fascista y pro imperialista. Institucionalización del
paramilitarismo, militarización de las instituciones de seguridad pública con
el mando único, privatización de los recursos naturales, legalización del
despojo de la propiedad social y familiar (régimen ejidal y comunal), la
criminalización de la lucha y la protesta popular concretándose en la
persecución, hostigamiento, encarcelamiento, ejecuciones extra judiciales,
desaparición forzada, la prohibición de la organización popular fuera del marco
corporativo del Estado Burgués.
En Veracruz la violación a los
derechos humanos históricamente ha sido el hostigamiento policiaco y militar de
las comunidades indígenas campesinas principalmente en las regiones de la
sierra y aisladas de los centros urbanos, como es el caso de la Huasteca
veracruzana, donde abraca desde la esterilización forzada, maltrato en la
atención a la salud, entrega de medicamentos caducados en los clínicas de
salud, pública la imposición del programa del seguro popular como un
condicionamiento para poder acceder a un derecho humano como es la salud,
además sirve para control de la población como parte de la política
contrainsurgente, que tiende a seguir avanzando en la privatización de
asistencia a la salud.
Los desalojos violentos en los nuevos centros de población que
recuperamos la tierra también fue una respuesta constante para nuestras
legitimas demandas de tierra y trabajo, como de otros núcleos agrarios y
urbanos en lucha por la tierra que logramos posesionarla, desde esos tiempos la
represalia política contra nuestra comunidades organizadas es el rezago agrario
para desgastarnos económica y políticamente, efectos que logra en comunidades y
colonias populares que no tiene claridad política y consciencia de clase.
El despojo legalizado mediante el PROCEDE hoy FANAR, es intento
antisocial y antihumano de privar al pueblo del derecho humano a la
tierra y el trabajo, programa que busca la privatización de la propiedad
social. Ante la imposición gubernamental organizaciones campesinas-populares
protestaron denunciando y movilizándose contra este nuevo intento de despojo y
atentado contra el régimen ejidal y de bienes comunales este el seguimiento de
integrantes de organizaciones populares por parte de agentes de inteligencia
del Estado, la fabricación de delitos y la criminalización de la lucha popular.
Como caso reciente Actitud
omisa, parcial, negligente, provocadora y prepotente por parte de las
autoridades de la residencia de la PA de Álamo, Ver., hacia los trámites de
resolución agraria de las comunidades del municipio de Ixhuatlán, Benito Juárez
y Chicontepéc en el caso del estado de Veracruz.
Los programas sociales que se crean y desaparecen en cada sexenio
utilizando la misma política, no resuelven la pobreza y miseria en la que se
encuentra sometido el pueblo mexicano.
La migración, desplazamiento forzado y la desintegración familiar como
parte de la descomposición social es un fenómeno que las comunidades de estos
estados aquejan como consecuencia de la agudización de la polarización de la
sociedad, es decir, cada vez son menos los que acumulan y centralizan toda la
riqueza del país pero a la vez son más los que son condenados a vivir en
condiciones lacerantes.
