TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe dieron a los funcionarios estatales el pretexto para tratar de esconder la miseria. No solo se buscó esconder lo “malo” en el paisaje: matando perros callejeros de Jalapa y sacando de circulación autobuses chatarra o desalojando a indigentes de las ciudades sedes de las competencias sino también se trata de ocultar las taras en el ejercicio público. Con la excusa de que la atención mediática debe estar en la justa deportiva, el gobernante en turno, Javier Duarte de Ochoa canceló la ceremonia de su cuarto informe de labores.
La ley lo obliga a entregar un reporte escrito de los doce meses de gestión administrativa cada 15 de noviembre ante el Poder Legislativo y la ortodoxia dictaba debía hacerlo con gran pompa pues los actos faraónicos eran la costumbre aunque se tuvieran escasos logros a informar. Desde la fidelidad los escándalos de corrupción superaron las acciones positivas del gobierno y eso se agravó con el duartismo. Más aún, desde hace un año el cordobés tuvo que huir del pueblo. No hay que olvidar que en el 2013 debido a las movilizaciones masivas de maestros por la reforma educativa, Duarte de Ochoa pasó un mes sin lograr entrar a palacio de gobierno pues los mentores coparon el centro histórico de Jalapa
El temor de una revuelta en su contra durante su tercer informe –dos meses antes, el 14 de septiembre mandó a desalojar a golpe de tolete a los maestros del centro jalapeño- decidió alejar el acto protocolario de cualquier centro urbano donde pudieran llegar los inconformes a abuchearlo y se lo llevó al fuerte de San Juan de Ulúa, donde dispuso una flota de helicópteros y barcos para llegar y retirarse sin tocar tierra donde seguramente lo esperaría los educadores. Ahora, en este 2014 de plano canceló el evento. Solo acudirá unos minutos al congreso local para entregar el informe escrito y dirigirá un discurso protegido por los muros del palacio legislativo y los cientos de policías que serán distribuidos en veinte cuadras a la redonda.
En realidad no hay mucho que informar. La entidad va de mal en peor y a cuatro años de gestión, el balance es más que negativo: la obra pública está paralizada, los programas sociales recortados, el financiamiento al campo inexistente y la economía estatal en su peor momento. La deuda pública de más de 80 mil millones de pesos ahoga toda gestión gubernamental y obliga a cancelar proyectos productivos o sociales porque se tienen que pagar los intereses que generan los pasivos –de todo lo que se robó el innombrable y lo que llevan lo de este sexenio- mientras que Veracruz está sumido en una espiral de violencia y muerte. Así, las finanzas y la seguridad pública son los grandes fracasos del sexenio estatal.
El gobernante no ha podido –bueno, en realidad no ha querido-, ordenar y sanear ambos rubros sino que ha hecho lo contrario, ha adquirido más deuda –está en puerta otro préstamo por más de 6 mil millones de pesos- y en seguridad pública se mantiene rodeado de personajes altamente cuestionados, entre ellos el titular de Seguridad Pública, el defeño Arturo Bermúdez Zurita, su secretario de Gobierno, Erick Lagos y su vocero, Alberto Silva. Al iniciar su gobierno en el 2011, varios analistas coincidían que si Duarte de Ochoa lograba abatir la criminalidad y ofrecía a los veracruzanos la tranquilidad que les fue robada desde la nefasta fidelidad eso bastaría para que pasara a la historia como un buen gobernante.
No lo hizo y la situación le estalló en las manos. Hoy, los hechos sangrientos son cosa cotidiana, miles de familias lloran a sus muertos y desaparecidos y otros miles de veracruzanos viven aterrorizados mientas que el mandatario y sus colaboradores se dedican a negar la realidad y recurren a frases insultantes para esconder la tragedia. A estas alturas el desastre es escandaloso.
El cuarto año de gobierno llega también con otro fracaso tremendo en el rubro social. Cuando tomó posesión de la administración estatal, Duarte de Ochoa prometió combatir la pobreza extrema y que al final de su sexenio, es decir en el 2016, el 50 por ciento de los veracruzanos en situación de miseria dejarían ese estatus. Es decir, de los 4. 4 millones de veracruzanos en pobreza extrema, la mitad de ellos, 2.2 millones superarían la necesidad alimentaria, a razón de 350 mil por año. Si lleva cuatro de gobierno, entonces actualmente un millón 400 mil tendrían que haber dejado de ser pobres.
Pura demagogia. La miseria continúa matando gente y expulsando migrantes en las sierras, las comunidades rurales y los cinturones de miseria de las ciudades. Aun cuando las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo (Coneval) emitido en julio del 2013 señalan que, efectivamente, hubo un descenso de 22.6 por ciento en el número de miserables, la cifras solo es de 327 mil personas de los años 2010, 2011 y 2012. Es decir, falta más de un millón de veracruzanos para salir de la pobreza si se atiende la promesa inicial de Duarte de Ochoa.
Algo que también contradice las fanfarrias locales es que el Coneval señala que el abatimiento de esa cifra de miserables es por la aplicación de programas federales, entre ellos Oportunidades que hoy se llama Progresa, durante el sexenio del panista Felipe Calderón, entonces no es un logro de los esquemas estatales. Hoy esa bandera del 22.6 por ciento de reducción del índice de pobreza extrema se intenta pregonar como un acierto del cuarto año de gobierno estatal pero es una cifra reciclada porque hicieron lo mismo en el 2013 y eso demuestra que no hay números positivos que presumir en los últimos doce meses.
Sin contar con el resto de los rubros de gobierno, tan solo en materia de seguridad pública, combate a la pobreza y finanzas, la administración estatal nada en el fracaso. Ese es el contexto en el que Duarte de Ochoa llega a su cuarto informe de actividades y por eso mismo, éste se realizará silenciosamente. Las buenas noticias no abundan. Empero, si sirve de consuelo para los ocho millones de veracruzanos, lo positivo de la fecha es que ya solo faltan dos informes, dos años pues, para que se vayan los duartistas-fidelistas.
Con suerte, esa casta tan nefasta será echada definitivamente del gobierno estatal, y con más suerte aún, o mejor dicho con más coraje de los veracruzanos damnificados por estos políticos, este sexenio será el último del Partido Revolucionario Institucional en el palacio jalapeño. Las mediciones demoscópicas eso pronostican. Así, la otra buena nueva es que si Duarte llega a concluir su mandato –a cómo van las cosas y con los antecedentes de Michoacán y Guerrero, nada tiene seguro- serán los últimos dos años de un gobierno tricolor después de más de ocho décadas en el poder estatal. Como dice Marijose Gamboa: ¡ánimo, ya falta poco!
FUENTE: NOTIVER
