PRONUNCIAMIENTO.
Denunciamos que de 3.30 a 4.20 hrs del viernes 28 de noviembre policías
ministeriales embozados en pasamontañas y armados con fusiles de asalto y
perros catearon la casa de los hijos de Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”,
Asesor General de ésta organización, y tras someter a los habitantes tirándolos
boca abajo al piso y apuntándoles la cabeza con
los rifles, sembraron bolsitas de droga en una pequeña maleta que contenía la
IPad y el acta de nacimiento de Atl Tonatihu Rubén Sarabia Reyna más 45 mil
pesos para pagar la mercancía que todos los viernes y lunes compra para surtir
sus puestos de ropa. Al final se llevaron detenidas a Irma Reyna Martínez,
Claudia Alejandra López Reyna y Juan Pablo Arroyo Fuentes, madre, hermana y
sobrino político respectivamente de Atl Rubén. En las instalaciones del
ministerio público los agentes pretendían que declararan contra Atl Tonatiuh
Rubén acusándolo de “narcomenudista”, como se negaron amenazaron con dejarlas
detenidas. Logramos liberarlas, pero en el proceso nos enteramos que desde 2013
el gobierno está instruyendo cuatro averiguaciones previas contra Atl Rubén y
su hermano Xihuel Sarabia Reyna: tres por narcomenudeo y otra por homicidio,
dejando abierta la posibilidad de involucrar a cuanta más gente quiera el
gobierno pues añade las leyendas de “y otros” y “más los que resulten
responsables”.
Además, a Simitrio (que es un expreso político que estuvo confinado 12
años en el ce.re.so. de Puebla y en los ce.fe.re.sos de alta seguridad de
Puente Grande, Jalisco, y en el del Altiplano, Edo. de Méx., compurgando una
sentencia acumulada por 121 años y medio de prisión, y al que al dejarlo salir
de la cárcel –11 de abril de 2001- le impusieron condiciones preliberacionales
que terminan en la última semana de enero de 2015) no le permitieron firmar en
septiembre y noviembre, además que desde hace dos años le abrieron un proceso
penal en Tlaxcala como presunto responsable de despojo de tierras. Tanto el no
dejarlo firmar como el proceso penal tienen el propósito de justificar que el
gobierno regrese a la cárcel a Simitrio para terminar de cumplir la sentencia
referida.
Esto es el inicio de la concreción de las amenazas hechas en febrero
pasado por el Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla tras afirmar
que en el mercado Hidalgo se vende más del 80% de la droga que se vende en
Puebla, se venden armas y mercancía robada, y que uno de los hijos de Simitrio
-sin precisar cuál- “está involucrado en la venta de protección a los
narcotraficantes”. Sin decirlo claramente pero dándolo a entender expresamente
dijo que “el gobierno no quiere subordinación ciega, pero sí exige
subordinación total” y advirtió que en un plazo de cien días el gobierno
decidiría qué hacer con la “28”. Por tanto hay que agregar que tras las
afirmaciones de venta de drogas, armas y mercancía robada, se esconde la muy
seria amenaza –y muy real posibilidad- de invadir, ocupar y desalojar con la
policía, y hasta con el ejército, al mercado Hidalgo y otros centros de trabajo
de los integrantes de la UPVA, para despojar a las masas y aterrorizarlas con
la represión oficial y extraoficial (la que suelen hacer con pandilleros y
delincuentes de todo tipo)
Así, por lo descrito, parece es claro que el gobierno de Puebla ha
decidido escalar sus preparativos para DESTRUIR A LA UPVA “28 DE OCTUBRE” CON
LA REPRESIÓN Y LA DIVISIÓN TRAICIÓN debido a que no se ha subordinado, ni lo
hará, en ningún sentido.
Esta pretensión de destruir a la UPVA es parte de la necesidad del
Estado y el gobierno que lo encabeza de impedir que el pueblo se unifique,
organice y luche, de someter y controlar a las organizaciones de lucha ya
existentes, y de destruir a las que no se dejen someter o que su destrucción
sirva de ejemplo a las demás sobre lo que les pasará si no luchan dentro de los
marcos establecidos por el propio gobierno (como los recién establecidos por
EPN: “permitir las marchas de protesta justa, que no desestabilicen al
gobierno, no descarrilen su proyecto de nación, respeten la Ley y las
instituciones, y sean pacifistas, pero no permitir que las ‘secuestren’ los
‘anarquistas, violentos y vándalos’, a los cuales se debe aplicar todo el peso
de la Ley”) Para ello, el gobierno está aplicando su política de guerra y
represión contra el pueblo, reducción y supresión de libertades y derechos,
imposición de todo en todos los niveles y de todas formas, anulación (vía
cooptación y/o eliminación) de todo obstáculo que dificulte o impida la mayor
entrega del país a más dominación y saqueo imperialista.
Por eso y contra eso es que las organizaciones que firmamos nos
PRONUNCIAMOS POR:
1. CONDENAR AL
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA POR EL ALLANAMIENTO Y EL CATEO DE LA CASA DE LOS
HIJOS DE SIMITRIO PARA SEMBRAR DROGA Y OBLIGAR A FAMILIARES A DECLARAR CONTRA
ATL TONATIUH RUBÉN SARABIA REYNA INPLICANDOLO COMO PRESUNTO NARCOMENUDISTA.
2. CONDENAR AL MISMO
GOBIERNO POR LA PERVERSA Y SINIESTRA INTEGRACIÓN DE LAS CUATRO AVERIGUACIONES
PREVIAS CONTRA LOS ACTIVISTAS DIRIGENTES DE LA UPVA ATL RUBÉN Y XIHUEL SARABIA
REYNA, Y OTROS, PARA ENCARCELARLOS COMO PRESUNTOS NARCOMENUDISTAS Y HOMICIDAS.
3. CONDENAR QUE A
SIMITRIO LE ABRIERAN UN PROCESO PENAL EN TLAXCALA COMO RESUNTO RESPONSABLE DE
DESPOJO, Y QUE NO LE PERMITIERON FIRMAR EN SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE CONFORME A
LAS CONDICIONES PRELIBERACIONALES QUE LE IMPUSIERON DESDE 2001, PARA JUSTIFICAR
REGRESARLO A LA CÁRCEL.
4. EXIGIR AL GOBIERNO
QUE CESE TODO ACTO Y TODA PRETENSION DE DESTRUIR A LA UPVA “28 DE OCTUBRE” CON
LA REPRESIÓN Y LA DIVISIÓN TRAICIÓN.
5. EXIGIR AL GOBIERO
DEL ESTADO DE PUEBLA ABANDONAR SU POLÍTICA DE CERRAZÓN, IMPOSICIÓN Y REPRESIÓN
Y CAMBIARLA POR LA DE DIALOGO- NEGOCIACIÓN- SOLUCIÓN EN ARAS DE LA
GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD.
6. LLAMAR AL GOBIERNO
DEL ESTADO A ESTABLECER CON LA UPVA “28 DE OCTUBRE” LAS NEGOCIACIONES
NECESARIAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS Y LAS DEMANDAS EXISTENTES.
7. EXIGIR AL GOBIERNO
LA INMEDIATA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS EN LA ENTIDAD, LA
CANCELACIÓN DE TODAS LAS ORDENES DE APREHENSIÓN EXISTENTES CONTRA ACTIVISTAS Y
LUCHADORES SOCIALES, EL CESE AL HOSTIGAMIENTO CONTRA LA GENTE QUE LUCHA POR SUS
DERECHOS Y LIBERTADES, Y EL CESE INMEDIATO DE LA REPRESIÓN.
8. LLAMAR AL GOBIERNO
FEDERAL A INTERVENIR ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA QUE CESE LA
REPRESIÓN, ATIENDA Y RESUELVA LAS DEMANDAS, Y ESTABLEZCA CONDICIONES DE
GOBERNABILIDAD.
LLAMAR AL GOBIERNO A
ESTABLECER CON LA UPVA “28 DE OCTUBRE” UNA POLÍTICA DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN.
