H.
Puebla de Zaragoza a 17 de febrero de 2015
A los
medios de comunicación nacionales e internacionales:
A los
organismos defensores de los derechos humanos:
A las
organizaciones populares:
Al
pueblo de México :
Hoy, 17
de febrero, de hace 26 años, Mariano Piña Olaya, gobernador del Estado de
Puebla en 1989, mandó asesinar a nuestro compañero Gumaro Amaro Ramírez a las
afueras de su hogar. Con su ejecución el Estado mexicano generó las condiciones
que le permitieron asestar un golpe al desarrollo organizativo en Puebla,
puesto que con esto le apostaba a desmovilizar a la Unión de Amas de Casa
organización que aglutinaba a más de veinticinco mil colonos, principalmente
mujeres, asentados en los cinturones de miseria de la ciudad, así como a
debilitar el movimiento estudiantil-popular al interior de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, ya que la Unión Por la Organización de los
Estudiantes constituía la columna vertebral de este al interior de la
Universidad y daba vida al proyecto de Casas de Estudiantes en el estado,
situación que concluiría ese mismo año con el golpe de estado al último rector
democrático, el Mtro. Samuel Malpica Uribe, asesinado en 2013.
Las
repercusiones no sólo fueron de carácter político-social hacia el movimiento
estudiantil-popular, también la embestida represiva se extendió hacia la
familia. En 1992 nuestra compañera María de Lourdes Ayometzi Rojas, viuda de
Gumaro Amaro, es hostigada e intimidada para obligarla a firmar su renuncia como
trabajadora de la UAP en la Preparatoria Benito Juárez, plaza laboral que por
legítimo derecho le correspondía. Esta renuncia obligada se da al interior de
la Universidad de manera paralela con una ola de represión y despidos masivos
de todos aquellos que por su concepción ideológica y política seguían
manteniendo una posición crítica frente a la institución.
Fue
hasta el año 2001 que nuestra compañera es recontratada sin respetarle su
antigüedad y asignándola con la categoría más baja del tabulador. Condición
laboral en la que aún se encuentra a pesar de llevar más de 14 años como
trabajadora universitaria y que por derecho debió haber sido reasignada en una
categoría superior de acuerdo al tabulador.
Ante
esta situación emprendimos actividades de denuncia como el que se hayan girado
189 oficios a los integrantes del Honorable Consejo Universitario, así como a
diferentes dependencias al interior de la Universidad con la finalidad de que
el Consejo Universitario se pronúnciese por el esclarecimiento del caso y el
reconocimiento de Gumaro como parte de la historia de nuestra Universidad y que
este genere las condiciones para resarcir el daño a la compañera y a su
familia. Esto ocurrió en febrero del 2014, ante dicha actividad la Universidad
ha guardado silencio absoluto.
A esta
represión laboral se une el hostigamiento focalizado contra su hijo Ollin Amaro
Ayometzi, militante de nuestro FNLS, quien desde el año pasado por diferentes
vías, ya sea supuestos robos, violencia directa por parte de porros de la BUAP,
ya sea por los señalamientos del ahora regidor Zeferino Martínez Rodríguez, o
por medios de comunicación en Puebla y Atlixco, ha sido objeto de agresiones
directas y de una campaña de linchamiento mediático por su actividad política
organizativa que realiza tanto en al interior de la BUAP, como en la lucha por
la defensa del derecho humano al agua en Atlixco, Puebla, como también por la
solidaridad por la presentación con vida de los 43 compañeros normalistas
detenidos-desaparecidos desde septiembre del año pasado.
Los
asesinatos extrajudiciales como el de nuestro compañero Gumaro Amaro Ramírez
son tipificados a nivel internacional como crímenes que laceran gravemente a la
humanidad, cuya responsabilidad recae en el Estado mexicano, y en particulares
que por omisión, comisión o aquiescencia del mismo Estado cometen estos actos
inhumanos. Además es una evidencia de la práctica sistemática de violencia que
el Estado mexicano ejerce en contra del pueblo; a través de las ejecuciones,
las desapariciones forzadas y tortura o la imposición de reformas neoliberales
que atentan los derechos de la clase trabajadora, pretendiendo debilitar al
movimiento popular.
Hace 26
años se perpetuó un crimen que nos remonta al momento que estamos viviendo,
recordemos la detención-desaparición y posterior ejecución de nuestro compañero
el luchador social M.C. Fermín Mariano Matías en el estado de Puebla en 2009,
así como la desaparición forzada de los luchadores sociales y defensores de
derechos humanos: Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya; Francisco
Paredes Ruíz, Teódulfo Torres Soriano, Daniela y Virginia Ortíz, que forman
parte de los más de cien mil desaparecidos por motivos políticos y sociales y
los más cien mil ejecutados en lo que va del 2006 a la fecha tanto de la
administración calderonista como la actual encabezada por Enrique Peña Nieto.
En este
contexto tenemos un Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de
43 estudiantes normalistas en guerrero, el asesinato de más de 20 personas en
el Estado de México, desaparecer de manera forzada y posteriormente asesinar a
periodistas, caso reciente el de Moisés Sánchez, la saña para torturar y
asesinar a activistas y defensores de derechos humanos como Gustavo Salgado del
Frente Popular Revolucionario, de igual manera las distintas formas para
reprimir manifestaciones legitimas del pueblo como el caso del zócalo de Puebla
donde fuesen desalojados de manera violenta a más de 20 estudiantes y detener
desaparecer de manera forzada a 8 estudiantes a quienes se les torturara tanto
psicológica como físicamente. Todo ello con el fin de generar miedo, pánico y
terror en la población para evitar que consolide procesos organizativos que
cambien radicalmente las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales
por las que atraviesa el País.
A esta
responsabilidad del Estado mexicano en crímenes de lesa humanidad se suma la
oligarquía nacional y extranjera cuyos voceros Enrique Solana Sentíes, de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco), y de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), han declarado cerrar filas con el gobierno
mexicano, los primeros para evitar que los cuarteles militares sean
abiertos en la investigación por el caso de nuestros 43 compañeros normalistas
desaparecidos y el segundo con sus comentarios que criminalizan la lucha que
emprende el pueblo a través de sus organizaciones.
Hacemos
un llamado al pueblo de México y sus organizaciones a seguir consolidando los
procesos organizativos por medio del intercambio de experiencias, construyendo
la unidad popular basada en principios y objetivos, y por medio de la
coordinación y las alianzas. Como pueblo nos debe quedar claro que nos
enfrentamos a una agudización de la lucha de clases, en la que es importante
tener definido la clase social que representamos: al proletariado; en
consecuencia, debemos saber a qué nos enfrentamos y contra que clase social
luchamos: nos referimos a la oligarquía, porque eso va a ser fundamental para
cerrar filas en torno al terrorismo de Estado.
¡¡Juicio y Castigo a los
Responsables de los Asesinatos de Gumaro Amaro Ramírez y Fermín Mariano Matías!!
¡¡Libertad a Todos los Presos Políticos y
de Conciencia del País!!
¡¡Presentación con Vida de Todos los
Detenidos-Desaparecidos por Motivos Políticos y Sociales!!
¡¡Desmilitarización y
Des-paramilitarización del País!!
Combativamente:
¡Por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena
y Popular!
Frente Nacional de Lucha
por el Socialismo
Firma esta petición