Por José Carbonell marzo 2, 2015
“La
tortura y los malos tratos durante la detención y antes de la puesta a
disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto
de impunidad”; estas palabras encierran el brutal diagnóstico sobre la
lacerante situación que prevalece en el país.
Son la
conclusión a la que llega el Relator Especial sobre la tortura y malos tratos
de la ONU, quien visitó el país a mitad del año pasado y recién acaba de
publicar su informe.
A
continuación presento otras conclusiones, que reflejan la gravísima crisis de
derechos humanos que se vive en el país, extraídas de dicho documento y que
demuestran que la tortura y los malos tratos no solo se encuentran más vigentes
que nunca, sino que son prácticas generalizadas, realizadas por las autoridades
de todos los niveles de gobierno:
La
CNDH registró un aumento de quejas por tortura y malos tratos desde 2007 y
reportó un máximo de 2.020 quejas en 2011 y 2.113 en 2012, comparadas con un
promedio de 320 en los seis años anteriores a 2007. Entre diciembre de 2012 y
julio de 2014, recibió 1.148 quejas por violaciones atribuibles solo a las
fuerzas armadas.
La
tortura y los malos tratos son generalizados en México. El Relator Especial
recibió numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus
representantes y personas privadas de libertad y conoció varios casos ya
documentados que demuestran la frecuente utilización de torturas y malos tratos
en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y
federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas.
La
mayoría de las víctimas son detenidas por presunta relación con la delincuencia
organizada. Esto se potencia con el régimen de excepción constitucional y legal
que afecta a estos detenidos, que incluye el arraigo, la prisión preventiva
oficiosa y la posibilidad del Ministerio Público de ampliar el plazo de
detención previo a la presentación judicial.
La
tortura se utiliza predominantemente desde la detención y hasta la puesta a
disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, y con motivo de
castigar y extraer confesiones o información incriminatoria.
En
2012, según una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el
57,2% de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la
detención y el 34,6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una
confesión.
Muchos
de los entrevistados declaran haber sido detenidos por personas vestidas de
civil, a veces encapuchadas, que conducen autos no identificados y no cuentan
con una orden judicial ni informan de los motivos de la detención. Cuando se
detiene en un domicilio, el ingreso suele practicarse sin orden judicial y se
producen daños a la propiedad y robos. La detención va acompañada de golpes,
insultos y amenazas.
Las
personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen,
incluyendo bases militares, donde continúan las torturas, que combinan: golpes
con puños, pies y palos; “toques” con dispositivos eléctricos, generalmente en
los genitales; asfixia con bolsa de plástico; introducción de agua con un trapo
en la boca (waterboarding); desnudez forzada; suspensión; amenazas e insultos.
Ante
un diagnóstico tan crudo y brutal, sobran los comentarios. Nuestro sistema de
procuración de justicia es propio de un país bananero. Sería bueno que tomara
nota la nueva procuradora.
El
texto completo del informe se puede consultar en http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Pages/ListReports.aspx
Twitter:
@jose_carbonell
