A Televisa y Televisión Azteca les salió barato transmitir miles de anuncios ilegales del Partido Verde (PVEM)
Por Claudia Herrera Beltrán | La Jornada
La Jornada, 17 de abril de 2015. A Televisa y Televisión Azteca les salió barato transmitir miles de anuncios del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que fueron declarados ilegales: cada una deberá pagar poco más de 400 mil pesos de los 37 millones facturados en promedio por televisora. Aún así, ninguna quiere cubrir estas cantidades al considerar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cometió el error de sancionarlas excesiva e indebidamente.
Ambas empresas impugnaron esta decisión ante la Sala Superior del tribunal.
En los recursos, cuyas copias tiene este diario, Televisa calificó de absurdo jurídico señalar que cometió una ilegalidad, cuando la ley obliga a los concesionarios a ofrecer acceso a publicidad sin discriminar a nadie, mientras Televisión Azteca admitió haber cometido una falta leve.
Mientras, el Partido Verde Ecologista de México fue sancionado con el pago de 76.1 millones de pesos, porque seis legisladores hicieron campaña en favor del partido disfrazada de informes legislativos, 43 concesionarias fueron castigadas con apenas 2 millones de pesos.
La Sala Regional Especializada del tribunal castigó a las cuatro televisoras que firmaron los contratos con el pago de un millón de pesos divididos de la siguiente forma: 414 mil 338 para Televisa, 445 mil 123 para Televisión Azteca, 74 mil 792 para Televisión Puebla y 74 mil 972 para Canal XXI.
En tanto, las otras 39 televisoras locales deberán cubrir el millón restante.
La minimulta se aplicó pese a que el Tribunal calificó de grave la falta cometida por la difusión de 224 mil anuncios entre septiembre y diciembre de 2014, tras considerar que se trastocó el modelo de comunicación política, establecido en la Constitución Política.
El tribunal argumentó que tiene como tope legal multar a las televisoras con 100 mil días de salario mínimo, o sea, 6.7 millones de pesos y por tanto no resulta factible la imposición de una multa equivalente al monto de los contratos involucrados por 87.6 millones de pesos. De esta cantidad, Televisa se benefició con 35.7 millones de pesos y Tv Azteca, con 38.6 millones de pesos y los 13 millones restantes, fueron para las otras dos.
En el escrito presentado por Jorge Vilchis, representante legal de Televisa, se quejó de que el tribunal causa un agravio a mi representada por configurar un atentado a los principios de legalidad y de seguridad y certeza jurídicas.
Insistió, como lo hizo en su momento el PVEM, que los anuncios eran sobre informes legislativos y que la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) ni siquiera los sacó del aire cuando fueron denunciados por otros partidos políticos.
Félix Vidal Mena, representante legal de Tv Azteca, reconoció que se cometió una falta, pero la consideró leve u ordinaria, tal como la calificó primero la llamada telesala, que le impuso una amonestación pública. Posteriormente, corrigió su resolución por orden de la Sala Superior del tribunal.
Para deslindarse del pago señaló: Mis representados sólo participaron en las transmisiones, es decir, no elaboraron la estrategia publicitaria, sólo fueron el medio comisivo, mientras que la contratación fue de buena fe.
En la época electoral, los candidatos a cargos de elección popular (diputados, jefes delegacionales y presidentes municipales), usan el “ingenio” para atraer votos.
Antonio Tarek Abdala candidato del PRI a Diputado Federal por el distrito 17 en Cosamaloapan Veracruz promueve su candidatura con música del estadounidense Pharrell Williams para su campaña
“Ese, apóyeme, soy su candidato de Acción Nacional, mácheme, que voy pa’ diputado federal”, así comienza el video de un panista que tiene una duración de aproximadamente dos minutos y medio
El exceso de propagan del Partido Verde
En Cuajimalpa, el PVEM clavó propaganda en árboles y violó Ley de Publicidad Exterior
Te pintan tu casa los del PRI y Verde
En muchos casos los vemos cantando, bailando tribal, adjudicándose títulos de Harvard o hasta pirateando diseños de los Avengers.
Iván Garza presume en un spot de campaña que gracias a su capacidad pudo llegar a la Universidad de Harvard.
Una nota en el diario derechista español El País reveló que México es el segundo lugar a nivel mundial con mayor impunidad en su sistema de “justicia”, sólo por detrás de Filipinas. ¡Otro compromiso cumplido del usurpador Peña Nieto, uno de los peores criminales que está impune por sus fraudes y genocidios!
La nota se basa en un estudio realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) que midió los índices de impunidad con base en los sistemas de seguridad, justicia y derechos humanos. Según esos termómetros, dicha universidad privada encontró que, de los 59 países que cuentan con estadística suficiente y actualizada al respecto, México registra los mayores índices de impunidad sólo superado por Filipinas.
Según el estudio, el sistema judicial mexicano es ineficiente porque “invierte en aumentar el número de policías” y no en mecanismos que garanticen la efectividad de los procesos judiciales. De hecho, en México el sistema de justicia es uno de los más desprestigiados.
“No se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones”, señala el informe.
Esto significa, evidentemente, que al aumentar la cantidad de policías, el régimen usurpador está invirtiendo en mayor represión para el pueblo, mientras los delincuentes siguen afuera desatados –empezando por los que hacen fraudes electorales para robarse el poder– en colusión con los propios elementos de “seguridad” quienes incluso, como se ha comprobado, han perpetrado directamente las peores masacres de los últimos meses (Tlatlaya, Apatzingán, Iguala, etc.).
Según el estudio citado por El País, México dispone de 355 policías por cada 100,000 habitantes, superando incluso el promedio del resto de países.
La apuesta por aumentar la represión ha redundado en un deterioro del sistema de justicia como nunca se había visto en la historia del país. Esta es otra de las consecuencias de permitir que asesinos se roben el poder. No les interesa el pueblo ni su seguridad. Al contrario.
El estudio señala que en el sistema judicial mexicano los jueces “no se dan abasto” porque se tiene la consigna de que “entre más detenidos, mejores resultados”. En efecto, según el reporte de la UDLAP, casi la mitad de la población encarcelada en México (46%) permanece a la espera de una sentencia que respalde jurídicamente la privación de su libertad. Asimismo, un alto porcentaje de presos mexicanos fue consignado por delitos de robo valuados en menos de 2 mil pesos. Es decir, las cárceles están llenas de raterillos de poca monta mientras los verdaderos delincuentes de cuello blanco, que perpetran los peores saqueos y desfalcos al erario nacional –narco-políticos y empresarios–, siguen libres y delinquiendo a placer.
No obstante, tampoco es aumentando el número de jueces como se resolverá el problema de la impunidad en México, como sugiere el estudio de la UDLAP. Con la corrupción que permea en este país y que igualmente lo ha colocado –para deshonra de los mexicanos– en los primeros lugares a nivel mundial, el aumento en el número de jueces sólo significará mayor gasto en las finanzas públicas por el doble costo de pagar los altos sueldos… y los cañonazos de dinero para corromperlos. Vean si no lo que nos cuesta mantener a los “magistrados” pri(an)istas de la Suprema Corte o del “Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. Verdadera escoria al servicio de los peores criminales de este país. Estos “magistrados” corruptos son incluso peores que los delincuentes a los que deberían encarcelar, porque utilizan sus investiduras de impartidores de justicia para convalidarlos, cuando deberían hacer exactamente lo contrario.
En la foto de esta nota, por ejemplo, tenemos a dos de los peores delincuentes de
México: a la derecha, Enrique Peña Nieto, el asesino que se robó el poder (o lo compró, da exactamente lo mismo) y a la izquierda, Alejandro Luna Ramos, el asqueroso criminal que lo convalidó y cuya obligación como juez era lo contrario. Al hacer el trabajo inverso al que debería realizar desde el poder judicial, Luna Ramos es todavía peor que el asesino al que convalidó.
Así que tampoco es aumentando y engordando a la alta burocracia judicial como se resolverá el problema de la impunidad en nuestro país. En realidad la única manera de acabar con ese flagelo es que el pueblo deje de permitir la injusticia. Mientras sigamos dejando que los peores criminales del mundo nos hagan fraudes, pasen por encima de la voluntad popular y, una vez apoderados de las instituciones, hagan con ellas lo que les venga en gana, las situación va a seguir empeorando en todos los rubros de la vida nacional. Lo estamos viendo: las masacres van en aumento, son cada vez más recurrentes y brutales; el vandalismo a la Constitución ha sido el más grosero y entreguista de la historia. ¿Qué más tiene que pasar para que reaccionemos?
“LA DESOBEDIENCIA CIVIL ES UN HONROSO DEBER CUANDO SE APLICA CONTRA LOS LADRONES DE LA ESPERANZA Y DE LA FELICIDAD DEL PUEBLO”. Es el único camino para abrir la vía de la justicia, acabar con la impunidad y recuperar nuestra dignidad.
Durante la sesión de la Comisión de Quejas, consejeros intercambiaron acusaciones sobre cambio de criterios conforme a qué partido se denuncia.
(Foto: PAN / INE)
Redacción AN
abril 21, 2015 7:16 pm
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La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó suspender la transmisión de un promocional llamado “Honestidad C” del Partido Acción Nacional (PAN), en el que critica a la candidata del PRI al Gobierno de Sonora por apoyar a los dueños de la Guardería ABC, donde murieron calcinados 49 niños.
La resolución se presentó por mayoría (2-1) después de un intercambio de acusaciones entre los consejeros del INE, de favorecer a partidos políticos con la decisión o de cambiar decisiones y criterios confirme al sujeto denunciado.
Las consejeras Beatriz Galindo y Adriana Favela votaron a favor del retiro del spot yRoberto Ruiz votó en contra.
En la sesión de este martes también participaron, con voz pero sin derecho a voto porque no forman parte de la comisión, los consejeros Pamela San Martín, Ciro Murayama y Arturo Sánchez.
La consejera Adriana Favela fue quien hizo estas acusaciones, ante lo que San Martín, Murayama, Sánchez y Roberto Ruiz reaccionaron airadamente.
“Estoy doblemente preocupado no sólo por la no sistematicidad en los criterios, sino por los argumentos no válidos y falaces de parte de una consejera”, afirmó el consejero Ruiz.
Murayama afirmó que le preocupaba el papel censor que estaba asumiendo la comisión.“No me parece coherente que por una frase se retire todo el contenido del spot”, dijo Murayama.
“Ni en los tiempos de RTC bajo las órdenes de Gobernación… en las películas nos quitaban el beso, pero no toda la película”, comentó.
La consejera Favela matizó sus señalamientos y criticó a la vez que a ella se le señale de estar limitando el debate.
“Aquí se afirma que nosotros cambiamos de criterios, que estamos limitando la libertad de expresión y que nosotros limitamos el debate y estas afirmaciones carecen de sustento“, reviró.
Comisión de quejas
Recientemente la Comisión de Quejas ha bajado diversos spots del PAN contra el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto, como el del reloj de 2 millones de pesos del dirigente del PRI, Cesar Camacho y el viaje a Londres con 200 personas de gobierno federal.
En este caso el spot contra Pavlovich, pautado con tiempos para el proceso electoral federal, fue considerado como contrario a la ley electoral y genera –a la vez- una ventaja indebida ante sus oponentes en esa entidad.
El promocional afirma que la trayectoria de Pavlovich “es todo lo contrario” a su lema de “La honestidad es nuestra fortaleza”, al acusarla de que como senadora —cargo del cual cuenta actualmente con licencia— votó a favor de subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera y mantener los aumentos mensuales a la gasolina.
También dice que la candidata “protegió” a los dueños de la Guardería ABC, tras el incendio de 2009 en el que murieron 49 menores de edad, e incluso de que “calla” ante escándalos como la”casa blanca” en las Lomas, de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.
“Responde, Claudia, ¿qué hiciste con las dos maletas de dinero?”, dice una voz en off en el video, mientras muestra un fotomontaje de la priista con dos maletas que desbordan billetes verdes. “¿Tú le crees a Claudia, nosotros tampoco”, remata el spot.
Galindo y Favela determinaron por mayoría que dicho spot difunde elementos calumniosos en perjuicio de la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno del estado, Pavlovich Arellano.
Los integrantes de la Comisión fijaron al PAN un plazo que no podrá exceder las 6 horas, a partir de la notificación correspondiente, para que sustituya estos materiales, se abstenga de solicitar la programación de propaganda con contenido semejante y presente pruebas a la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral del Instituto sobre el cumplimiento de este acuerdo.
De igual forma, establecieron un plazo de 24 horas -contadas a partir de la notificación legal- para que las concesionarias de radio y televisión cancelen dichos spots, y vincularon a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para que coadyuve en el acatamiento de estas medidas cautelares.
En un clima de persecución y criminalización de la
protesta social, el documentar, fotografiar o filmar abusos de las autoridades
se ha convertido en algunos casos en pretexto para someter o encarcelar a
quienes portan una cámara o un celular. Sin embargo, filmar, fotografiar o
grabar dentro de los límites legales forma parte del derecho a la libertad de
expresión y se contempla en los artículos 6º y 7º de la Constitución.
De manera textual, el Artículo 6º plantea: “Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como
a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier
medio de expresión”.
Por su parte, el 7º considera que “es inviolable la
libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier
medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y
comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y
opiniones”.
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la
censura previa ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que
los previstos en el primer párrafo del Artículo 6º de la Constitución. En
ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de
información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.
Expertos consultados por SinEmbargo aseguraron que
en México muchas veces los funcionarios públicos desconocen la ley y, como
consecuencia, la obligación que tienen de rendir cuentas.
Ciudad de México,
22 de abril (SinEmbargo).– En julio de 2013, el director del documentalPresunto
Culpable, Roberto Hernández, filmó la detención de una persona en estado de
ebriedad en la Alameda Central de la Ciudad de México. Mientras documentaba el
acto, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
(SSPDF) también lo detuvo, argumentando que entorpeció el trabajo de los
oficiales.
–Oiga, ¿Cuál es la infracción que
estoy cometiendo yo? –le preguntó el cineasta.
– Estar interrumpiendo las labores de
un oficial –respondió el policía.
– ¿Y en qué lo estoy interrumpiendo a
usted?
– En estas grabaciones que a usted no
le corresponde.
–Oiga, perdón, ¿sabe usted que hay
libertad de expresión en México?
–No, no sabría decirle, mejor ahorita
lo llevamos al Cívico y ahí usted le dice.
Finalmente, Hernández no fue llevado
al Ministerio Público, gracias a que otras personas comenzaron a apoyarlo y
también a grabar los hechos.
Cada día salen a la luz pública situaciones
como la de Roberto. Ciudadanos que intentaban documentar un hecho público
fueron víctimas de abuso de autoridad o de arrestos arbitrarios. Sin embargo,
filmar, fotografiar o grabar dentro de los límites legales forma parte del
derecho a la libertad de expresión y que se contempla en los artículos 6º y 7º
de la Constitución.
Expertos
consultados por SinEmbargo aseguraron que en
México muchas veces los funcionarios públicos desconocen la ley y por tanto la
obligación que tienen al rendir cuentas.
“Esa ignorancia funciona para la
represión social”, aseguró el abogado Jesús Robles Maloof en entrevista con
este medio.
A esto se suman los casos donde
predomina la ira y la violencia ante el escrutinio público y también las
acciones legislativas para criminalizar la publicación de información por medio
de “halconeo” (actos o conductas tendientes a obtener información de las
instituciones de seguridad pública); castigar delitos que atenten contra “el
derecho al honor”, “ataques a la imagen propia”, “ataques a la intimidad” y el
“derecho al olvido”, que especialistas han considerado “artimañas” para
justificar la censura.
Las leyes protegen el derecho a la
libertad de expresión y acceso a la información, siempre y cuando no se genere
un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque
algún delito o perturbe el orden público.
El Artículo 6º constitucional
estipula que: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural
y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda
índole por cualquier medio de expresión”.
Y agrega: “La manifestación de las
ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”.
El Artículo 7º expone: “Es inviolable
la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier
medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares”.
Por eso ningún funcionario público
tiene el derecho de pedir, por ejemplo, el celular o la cámara con que fue
filmado o fotografiado, ni que el material sea borrado.
El investigador Pablo Monzalvo Pérez,
de la Universidad Iberoamericana, explicó que los funcionarios tienen un
trabajo público y por tanto su trabajo está expuesto al escrutinio de los
ciudadanos.
“En el caso de los trabajadores del
Estado –como los policías– tienen una responsabilidad de rendir cuentas ante la
sociedad sobre sus actos, antes, durante y después de su función”, dijo.
Por su parte, el activista y abogado
Jesús Robles Maloof expuso que documentar la función de un trabajador del
gobierno es un derecho a la información que tiene todo ciudadano y nadie debe
ser detenido por filmar o fotografiar la actuación de un policía.
“No sólo no es un delito, documentar
es un derecho que tenemos. Podemos filmar, fotografiar, grabar audio… La
actuación de la autoridad pública es de interés general y están sujetas a
rendición de cuentas. No pueden argumentar la violación de la privacidad cuando
están trabajado, y menos si es en vía pública”, detalló Robles.
Pero no siempre los casos donde se
documenta terminan mal. El pasado 27 de marzo, Ignacio Vizcaino Tapia salió al
balcón de su casa en Bosque Real, Huixquilucan, en el Estado de México, y sin
querer tomó las fotografías que le costaron a David Korenfeld Federman su
puesto como titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), luego que se
descubriera que utilizó un helicóptero del Estado para beneficio propio.
Asimismo, decenas de videos han
servido para hacer justicia a personas detenidas arbitrariamente en las
manifestaciones de la Ciudad de México, por poner ejemplos.
¿QUÉ SÍ Y QUÉ NO?
a documentación tiene reservas que dependen de del tiempo, modo y lugar. Además, hay límites legales o incluso hay normas locales que autoridades pueden usar como escudo y censura.
Por ejemplo, la organización Artículo 19 expuso en su informe “Estado de Censura” que varios códigos penales castigan la búsqueda y difusión de información. Aunque está más enfocado a documentos, también se debe considerar para otro tipo de archivos, como fotografías, videos, audios, entre otros.
El “halconeo” es la actividad de buscar información sobre cuerpos policíacos. Gobiernos locales aseguran que quien hace esta actividad podría interferir en una investigación o que dicha información puede beneficiar a un criminal. Sin embargo, este delito viola los artículos 1º, 6º y 7º constitucionales, y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además del Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por ejemplo, el Artículo 192 del Código Penal de Nuevo León indica que es un delito cometido contra servidores públicos: “A quien aceche, vigile o realice actos tendientes a obtener información sobre la ubicación, actividades operativos o en general las labores de seguridad pública de persecución del delito o la sanción de penas”. Este crimen se sanciona con una pena de dos a 15 años de cárcel y multa de 22 a 4000 “cuotas”.
Actualmente el “halconeo” es considerado un delito en Chiapas, Colima, Nayarit, Nuevo León, Puebla y Veracruz.
Pero también existen los llamados “crímenes contra el derecho al honor”, como injuria, difamación y calumnia. En México al menos 13 estados contemplan estos tipos de delitos en sus códigos penales, se trata de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Jesús Robles Maloof dijo que estos crímenes son anticonstitucionales, debido a que el segundo párrafo del Artículo 7º establece: “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”.
A las reservas de documentación se agregan los espacios privados, los lugares donde por seguridad no se permite filmar o fotografiar sin permiso, o en el caso de edificios o monumentos son protegidos por derechos de autor.
Si se trata de un espacio privado o una propiedad queda a consideración del dueño si permite documentar o no.
En la vía pública es posible, siempre y cuando se respeten reglamentos locales. Por ejemplo, cuando la toma puede afectar la circulación o el paso peatonal se requiere de un permiso.
En el transporte depende si es público o concesionado. En el Metro de la Ciudad de México, por ejemplo, se requiere un permiso para filmar en sus instalaciones y se sustenta en leyes capitalinas de filmación, y en su reglamento interno. Sin embargo, tras las recomendaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el titular de ese sistema colectivo, Joel Ortega Cuevas, informó que se garantizará el derecho a la libertad de expresión y la documentación a de los policías.
En el caso de edificios o monumentos muchas veces se requiere de un permiso, o pago de derechos en caso de imágenes fijas o en movimiento con fines comerciales, puesto que muchos son considerados piezas arquitectónicas protegidas por la Ley Federal de Derechos de Autor; en la misma ley estipula que no se requiere autorización cuando sea con fines culturales, educativos, o de publicaciones sin fines de lucro. No obstante, México no cuenta con una legislación específica en la materia.
El Movimiento de Oposición Veracruzana, criticó el que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública,
Arturo Bermúdez Zurita, \"se haya enviado a hacer un mural\" de su
rostro.
Lo anterior fue
calificado como un acto sin sentido y que, expresaron, sólo deja en claro que imperan el “ego y la
soberbia”, y no el trabajo por la seguridad en la entidad.
Ese Movimiento
circuló un correo electrónico que condena tal acción y describe:
\"El
secretario de seguridadpública del estado de Veracruz,
Arturo Bermúdez Zurita, mandó a producir un mural a su imagen y
semejanza, como si se tratara de un héroe nacional, cuando lo único que ha
hecho este personaje es permitir que se consolide la inseguridad en toda la
entidad veracruzana”.
Y
agrega: “Más allá del culto a la personalidad que lleva implícita esta imagen,
nos preguntamos cómo es que se permitió hacer este gasto cuando hay por delante
un millón de cosas por hacer para mejorar la seguridad de los veracruzanos,
como brindarle unamejor calidad de vida a los buenos policías,
dotarlos de equipo o capacitarlos.
Cuando pensábamos
que con #LadySSP había llegado a la cumbre de la vergüenza, nos regala esta joya. Eso sí, hay que
reconocerle a Bermúdez Zurita que es una persona que siempre trata de
superarse\".
En redes sociales,
el hecho también ha causado la indignación de muchos veracruzanos, quienes
condenaron lo anterior y lo calificaron como un acto fuera de lugar, cuando la
entidad atraviesa por graves problemas de inseguridad.
