DENUNCIAS DE LA AUDITORÍA CONTRA MI GOBIERNO NO TIENEN SUSTENTO: JAVIER DUARTE

Javier Duarte, gobernador de Veracruz. Foto: Yahir Ceballos

NOÉ ZAVALETA

XALAPA, Ver. (apro).- El gobernador Javier Duarte presumió que las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la PGR, por presunta malversación de fondos, sustracción indebida de recursos públicos, peculado y demás han quedado sin efecto.

Está mañana, Duarte de Ochoa convocó a la prensa para asegurar que nunca existieron órdenes de aprehensión en contra de sus colaboradores por este concepto.

“Por las evidencias obtenidas, y derivado de la información que se ha puesto al alcance de la Fiscalía General, el titular de este órgano autónomo del Estado hizo de mi conocimiento que las denuncias de hechos han quedado sin materia al comprobarse la correcta aplicación de los fondos federales señalados”, justificó.

El 12 de mayo, Apro tuvo acceso a seis denuncias que la dirección jurídica de la ASF interpuso ante la PGR en contra de colaboradores y exfuncionarios de las administraciones de Javier Duarte y Fidel Herrera por presunto desvío de recursos.

Las querellas orillaron a que el Senado emitiera un punto de acuerdo, elaborado por el panista Fernando Yunes, para “exhortar” a la PGR a deslindar responsabilidades y, de ser necesario, promover órdenes de aprehensión en contra de los involucrados.

Las denuncias incriminaban a los hoy diputados federales electos Edgar Spinoso (PVEM), Adolfo Mota (PRI) y Tareck Abdala (PRI), quienes según la ASF simularon el “resarcimiento de recursos” a la Federación para después “sacarlos de las cuentas bancarias” y darles otro destino.

“Simulaban regresar el recurso para obtener los documentos comprobatorios de la ASF de que resarcieron el daño y solventaron la irregularidad determinada; posteriormente volvían a retirar el dinero en dos transferencias”, exponían las denuncias en poder de Apro.

Este lunes, en la sala de banderas de Palacio de Gobierno y acompañando del fiscal general Luis Ángel Bravo, Duarte aseguró que en este caso se “tergiversó la realidad”.

“Se hicieron públicas denuncias de hechos que la Auditoría Superior de la Federación habría presentado ante la PGR, se habló de supuesto peculado, impunidad, desvío y sustracción indebida de recursos públicos federales para financiar campañas políticas, lo que resultó falso”, sentenció el gobernador.

No sólo eso, pues Duarte aseguró que se “dio puntual cumplimiento” en la prestación de los servicios de educación y la formación de maestros, conforme a lo previsto en las leyes de Coordinación Fiscal y General de Educación, así como en el caso de las otras denuncias que involucran al Seguro Popular y a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

“Los recursos fueron programados, calendarizados y distribuidos conforme a un presupuesto original, más las ampliaciones al mismo, por lo que fueron ejercidos, quiero subrayarlo, en estricto apego a la normatividad”, argumentó.

Respecto del Seguro Popular, el gobernador explicó que “los recursos correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, que ascienden a la cantidad de 2 mil 104 millones de pesos, fueron aplicados y comprobados satisfactoriamente en los términos de la normatividad correspondiente, como lo confirmó en su oportunidad el director general de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud”.

No obstante, Duarte eludió comentar sobre las demandas que interpuso Intermercado en contra de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y la Sefiplan por un supuesto fraude de 10 millones de pesos, luego de que maestros del SNTE contrataron créditos y, aunque el gobierno estatal hacía descuentos vía nómina a los docentes, este recurso nunca fue reingresado a aquella empresa, razón por la que hay un estimado de 10 mil mentores boletinados en el Buró de Crédito.

http://www.proceso.com.mx/?p=408427

EN VERACRUZ LA DELINCUENCIA TIENE UN NOMBRE Y SE LLAMA GOBIERNO!!!,

Revista Trayecto

Y QUE MÁS NOS ESPERA EN NUESTRO ESTADO VERACRUZ, cuando el gobierno desaparece a su antojo a los ciudadanos????.....han encontrado a nuestro amigo JORGE RAMÓN CORONADO JUÁREZ, lo han encontrado MUERTO, con huellas de haber sido torturado...un CRIMEN de lo más CRUEL, y de lo más sospechoso que al salir precisamente del CUARTEL DE SAN JOSÉ en Xalapa, Ver., al haber estado en una reunión con el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermudez Zurita, DESAPARECE SALIENDO de la REUNIÓN...en VERACRUZ la delincuencia organizada tiene un nombre y se llama GOBIERNO!!!, esos asesinos y ladrones de cuello blanco que están haciendo lo que se les antoje con ciudadanos, periodistas, estudiantes...GRACIAS A JAVIER DUARTE Y SUS COMPINCHES nuestro VERACRUZ se ha convertido en una OLLA EXPRESS a punto de explotar, porque ya estamos HARTOS de que se sigan pasando de listos con el PUEBLO.....

En estos momentos tengo SENTIMIENTOS ENCONTRADOS me duele con todo el corazón lo que le paso a mi amigo, me duele lo que esta pasando mi amiga Miriam ( su esposa), sus hijos, su mamá que todos teníamos la FE de que lo entregaran con vida..desde mi trinchera hice todo lo que pude por dar con el paradero de JORGE, con la ilusión de encontrarlo con vida, pero desafotunadamente NO fue así.....ME UNO AL DOLOR Y A LA PENA QUE ESTA VIVIENDO LA FAMILIA DE NUESTRO QUERIDO AMIGO JORGE, que Dios te tenga entre sus brazos y que los que te asesinaron pronto lleguen al infierno DÓNDE SUFRIRÁN LA TORTURA ETERNA...ahhh pero ahora que NO vaya a salir el FAMOSO E INEPTO FISCAL DE VERACRUZ con una TARANOVELA porque ya sabe el camino que deberá seguir para irse directo a CHINGAR A SU #$%$%$#, mejor que se quede callado como lo hicieron desde que desapareció Jorge...ya lo que digan USTEDES GOBIERNO saben que NI LES VAMOS A CREER Y SOBRE TODO QUE SABEMOS QUE LO QUE DICEN ES PURAS MENTIRAS.

Revista Trayecto

ORGANIZACIONES DE OAXACA ANUNCIAN MOVILIZACIÓN EL 25 DE JUNIO POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS DEL 7 DE JUNIO

A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES:
A TODOS LOS SINDICATOS:
A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS:
A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS:

A TODOS LOS COLECTIVOS:
AL PUEBLO DE MEXICO:

El 7 de junio pasado, durante el proceso electoral ha quedado demostrado el papel que jugaron diferentes actores para mantener posicionado al Priismo en la cámara de diputados federal, en la ruta para mantener imponiendo reformas que: laceran los derechos de los trabajadores de México, entregan al extranjero nuestros recursos naturales y criminalizan la protesta social.

En ese mismo sentido diversas organizaciones del movimiento social el día 7 de junio mostraron su descontento ante la falta de democracia durante el proceso electoral, producto de ello se tuvo como resultado el encarcelamiento de más de 180 manifestantes.

Ante la criminalización de la protesta social, se encuentran en las cárceles, los presos de la CNTE (Leonel Manzano, Damián Gallardo, Mario Olivera, Lauro Grijalva, Sara Altamirano), el profesor Oscar Hernández Neri, el indígena zapoteca ecologista Pablo López Alavés, Nestora Salgado, José Manuel Mireles, Fernando Cruz, Marino Cruz, Cornelio Canseco, exiliado el Profesor Raúl Gatica Bautista y desaparecido Carlos René Román Salazar y muchos más; a los que ahora se suman los 25 compañeros que fueron aprehendidos el 7 de junio.

En el caso de nuestros 25 compañeros, se les ha acusado de terrorismo y portación de armas, lo cual es totalmente falso, a todas luces podemos observar como el Estado mexicano pretende mantenerlos en las cárceles de Nayarit y Veracruz como medida de escarmiento a todo aquel que pretenda organizarse.

Este escenario nos debe replantear las cosas, el Estado mexicano trata de persuadir, intimidar y golpear al movimiento que se ha opuesto a sus reformas estructurales y, por consiguiente, al hambre del pueblo.

Por lo tanto, desde cada uno de los lugares en donde nos encontramos, repudiamos la criminalización de la protesta social y todos los firmantes exigimos:

– Alto a la política de criminalización de la protesta social. No más ejecuciones extrajudiciales, no más desapariciones forzadas, no mas exiliados, no más presos por motivos políticos.

– Libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos y, en especial, de los 25 presos del 7 de junio, por el regreso de los exiliados y presentación con vida de los desaparecidos.

– Solución a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, alto a la evaluación punitiva y la ley de excepción hacia los trabajadores de la educación.

ATENTAMENTE

¡LIBERTAD A LOS 25 PRESOS POLÍTICOS DEL 7 DE JUNIO!

COMITÉ DE FAMILIARES Y AMIGOS “7 DE JUNIO”, ASARO, CIPO RFM, CNPA MN, COORDINADORA INTERSINDICAL, COMUNA OAXACA, CLIP-ONPP, FACMEO, FALP, FPR, MMCRE- CNTE, MULT, RIIO, SECCIÓN XXII DEL SNTE-CNTE, UACOL, UCIO-EZ, UCIPEZ, UNIVERSIDAD REVOLUCIÓN, UPO, CARTERA ACCIÓN CAMPESINA DE LA ESCUELA NORMAL RURAL “VANGUARDIA” DE TAMAZULPAN.

https://frentepopular.wordpress.com

¿QUÉ SUCEDE EN VERACRUZ?

Por Claudio Lomnitz/ La Jornada*

Siempre me ha irritado aquella mezcla de facilidad irónica y resabio de gusto sabiondo con que mucha gente que se considera crítica ­–den­tro y fuera del país– habla de México como un Estado fallido.

Que el actual sea un régimen corrupto, no cabe duda (pensaba yo, serio y ponderoso). Que haya niveles altos de ineficiencia y falta de profesionalismo en los cuadros de la burocracia, también.

Pero, ¿Estado fallido? ¿Cómo se podía calificar así a un Estado que es capaz de cerrar la ciudad de México entera por una alerta de salud pública, como se hizo hace unos años cuando lo de la fiebre porcina? ¿Cómo llamar fallido a un Estado capaz de organizar elecciones a lo largo del territorio? ¿Cómo a un Estado que, a fin de cuentas, gobierna a una de las economías más grandes del mundo?

En otras palabras, me irritaba la pregunta de si México era o no un Estado fallido. Pero últimamente me entra la duda de si en realidad no se trate de una caracterización que sea, en sentido estricto, verdadera, al menos en franjas importantes de la República. Porque, a fin de cuentas, cuando un gobierno no utiliza los instrumentos técnicos que tiene a su disposición para rastrear, responder y dar cuenta de los hechos, se puede decir que, en el sentido más estricto, se está ante un Estado fallido. O cuando menos se está ante una democracia fallida. Y eso es, exactamente, lo que está sucediendo en Veracruz hoy.

Para empezar, Veracruz es el estado con más periodistas asesinados del país. A inicios de mayo, Animal Político informó que iban ya 12 periodistas asesinados durante el gobierno de Javier Duarte. Ningún asesinato se ha resuelto.

Un elemento frecuente en estos casos es que las autoridades se deslindan con cualquier pretexto. Así, el procurador de Justicia del estado se deslindó de investigar el asesinato del periodista Armando Saldaña, declarando que porque “el hallazgo lamentable fue en Oaxaca… son hechos que acontecen a Oaxaca y a los que el estado de Veracruz es totalmente ajeno (http://goo.gl/pDXFyD)”.

Bastó con que los asesinos de un periodista netamente veracruzano tiraran su cuerpo a 10 kilómetros de su pueblo, del lado oaxaqueño de la frontera, para que el gobierno aprovechara para deslindarse del hecho.

En el caso del periodista Moisés Sánchez, que financiaba su trabajo periodístico manejando un taxi, el gobierno del estado tampoco pudo esclarecer hechos, pero el gobernador Duarte sí se preocupó por aclarar que Sánchez no es reportero. Es condutor de taxi y activista social. ¡O sea! Por favor, ¡no vayan cometer la imprecisión e injusticia de agregar el asesinato a la lista de reporteros asesinados! En eso, el gobierno quiere ser muy preciso (http://goo.gl/4pqhr7).

El abril de 2015, cuando iban sólo 11 periodistas asesinados y tres desaparecidos durante el gobierno de Duarte, Noticieros Televisa publicó los datos de cada periodista asesinado y desaparecido, y remató diciendo que el Departamento de Estado de EU había lanzado una alerta de seguridad en Veracruz, pero que El gobierno estatal minimizó la alerta(http://goo.gl/K6Ytnm). La estrategia de minimizar, señalada por Televisa, va de la mano de una serie de acciones que parecen orientarse por lo general a una sola cosa: no resolver los asesinatos, o si no, a minimizar su importancia. O de perdida a echar la culpa de todo a las víctimas, acusándolas de tener asociaciones turbias, o lo que sea.

Ayer, en declaración al periódico El Financiero, Javier Duarte galantementeasume su responsabilidad para atender el reclamo de la sociedad ante la ola de violencia en el estado, pero a renglón seguido matiza diciendo que Veracruz está funcionando; mientras por otro lado le echa la culpa de todo a las convulsiones de un cambio en los valores que nos unían como sociedad(http://goo.gl/E3KlQM).

Puede ser, pero ¿y el funcionamiento del gobierno? ¿Y el trabajo de la procuración de justicia? ¿Sufren de la misma crisis de valores? Caso afirmativo, ¿con qué cara gobiernan? Por otra parte, tampoco es ésta la primera vez que Duarte deslinda a su gobierno de toda verdadera responsabilidad: hace un año, ante reclamos parecidos, Duarte se lamentó de que le tocó bailar con la más fea, es decir, que como gobernador le tocó recibir el estado en un muy mal momento (http://goo.gl/p3bcRq). Pues sí, sin duda es un mal momento, pero a Duarte no le tocó ser gobernador de Veracruz: luchó por llegar a ser gobernador. Es decir, que él sacó a bailar a la fea. Y por otra parte, en justicia a las feas, hay que reconocer que la fealdad de una pareja no ha afectado la habilidad del compañero de baile.

El 5 de junio pasado, la revista Sinembargo publica un reportaje escalofriante sobre una golpiza espantosa dada a un grupo de jóvenes activos en el movimiento estudiantil de la Universidad Veracruzana. Diez sujetos, armados de bates, palos, machetes, con chalecos tácticos policiales, irrumpieron en una casa particular de Jalapa y golpearon, apalearon y machetearon a ocho estudianteshasta dejarlos medio muertos.

Sinembargo informa: El ataque y la denuncia pública del mismo sufrieron respuestas contradictorias del gobierno del estado y la Secretaría de Seguridad Pública, que fueron acusados de ser responsables de las agresiones. Como siempre, la palabrería gubernamental salió más rápido que las acciones que legalmente correspondían hacer. En 10 horas la policía ministerial no se acercó a investigar o acordonar el área donde ocurrió la agresión (http://goo.gl/9i8yDJ).

Peor: varias patrullas llegaron a la escena del crimen poco después de la paliza –que según los estudiantes fue propinada como advertencia intimidatoria para el movimiento estudiantil–, pero se retiraron en cuanto recibieron una extraña instrucción de los ocupantes de un vehículo Pontiac blanco. Las patrullas se fueron sin auxiliar a los heridos ni dar parte a otros elementos policiacos o a un hospital. Mientras, estudiantes y vecinos le rogaban a los patrulleros que, por favor, se quedaran, por si regresaban los golpeadores a rematarlos. Pero las patrullas se fueron, sin dar parte a nadie. Y los hechos siguen sin esclarecerse.

¿Estado fallido? Quizá. La otra alternativa es todavía peor: Estado cómplice.

http://regeneracion.mx/opinion/que-sucede-en-veracruz/

VERACRUZ FICHA A 20 ACTIVISTAS COMO “PERSONAS PELIGROSAS” DURANTE LAS ELECCIONES

Por: Arturo Ángel (@arturoangel20)

Antes de las elecciones del domingo  7 de junio la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Veracruzelaboró un informe en el que varias personas fueron identificadas y señaladas -entre ellas estudiantes, maestros de la CNTE y líderes sociales y políticos- como potenciales amenazas a los comicios y estabilidad del estado.

La existencia de ese informe fue denunciada públicamente por activistas, luego del ataque que 48 horas antes de la votación sufrió un grupo de estudiantes de la Universidad Veracruzana por un comando de personas encapuchadas y armadas, caso que sigue bajo investigación y cuyo móvil no se ha esclarecido.

Animal Político tuvo acceso al documento de la Secretaría de Seguridad estatal denunciado por los activistas. Se trata de una presentación titulada “Avance del proceso electoral federal 2015” en donde aparecen, entre otros datos relativos al proceso electoral, una lista de 20 personas la mayoría de ellos con nombre completo y fotografía. 

En los distintos casos se hace referencia al grupo o institución con la que está ligada la persona y se incluye el motivo por el cual se les considera de interés, desde ser protagonistas de actos vandálicos hasta promotores de abstencionismo. En algunos perfiles se mencionan relaciones con otras personas o grupos.El gobierno de Duarte ha evitado hasta ahora hacer referencia a los señalamientos públicos hechos por los activistas.

Lo que sí ocurrió el fin de semana, confirmado por este medio, es un encuentro entre Fiscal general del estado Luis Ángel Bravo Contreras con defensores de derechos humanos y víctimas del ataque a los estudiantes, a quienes les dijo que todas las líneas están abiertas y que el motivo del ataque, incluida una posible participación de autoridades, es investigado.

Ignacio, uno de los estudiantes de la Universidad veracruzana víctima del ataque del 5 de junio, sostuvo en entrevista con Animal Político que las condiciones para aquellos que tienen una postura crítica en cuanto a las políticas públicas en el estado no es sencilla.

“Aquí en este estado cualquiera que se solidariza con una causa es visto con un criminal… No estar de acuerdo con algo parecer ser un delito” dijo.

Los estudiantes

La presentación, en la que aparecen los logotipos del Gobierno de Veracruz, de la secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Estatal, describe  en la primera parte las condiciones de seguridad en torno a los comicios en el estado y recoge de la prensa datos sobre ataques en contra de candidatos en el país.

Pero en la segunda parte enumera a 20 personas en total que por distintas razones podrían incurrir en un intento de boicot en contra de los comicios o de las instituciones. Los casos más detalles son los de líderes estudiantiles a los que incluso se titula como “anarquistas”.

En primera instancia se menciona a Julián Fernando Ramírez Olivares alias “Canek” estudiante de la  Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana (UV) y Bitari Genaro Martínez Romero, perteneciente a la Facultad de Filosofía de la misma casa de estudios.

A Ramírez la SSP le atribuye entre otras cosas agresiones con petardos y proyectiles, pintas y arengas en bloqueos y estar al frente de un grupo de 50 a 100 activistas de quienes no se aporta mayor información.

Además a “Canek” se le señala por “tener vínculos con activistas de izquierda” como literalmente dice el documento  y se nombran a seis personas más de los que no se difunden fotografías. Entre esas personas están Juan González Garrido quien es consejero local del Instituto Nacional Electoral de Veracruz.

Los otros activistas supuestamente vinculados con el estudiante son Guillermo Rodríguez Curiel quien preside una ONG ambientalista de nombre Lavida;  Guillermo Rodríguez Curiel quien es ex catedrático de la Facultad de Biología de la UV e integrante también de Lavida; el investigador Alejandro José Saldaña Rosas: la defensora de derechos humanos Mayra Ledesma Arronte, así como René Cancino Burfasson y Arturo Hinojosa Loya.

En cuanto a Bitari Genaro, además de identificar su facultad de estudios la SSP le atribuye pintas en edificios públicos y quema de propaganda política del PRI, así como su cercanía con “Canek”.

Los otros estudiantes señalados son Andrea Franco López, estudiante de la Facultad de Comunicación y miembro de la asamblea libre estudiantil de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, e isidro González Valerio quien preside la confederación de Estudiantes y Jóvenes del estado de Veracruz (CEJEV).

Además de calificarlos de “anarquistas” el informe identifica a ambos como participantes activos en marchas y plantones.

Maestros y opositores

Además de los estudiantes y activistas mencionados, la Policía estatal también colocó en el informe a otros personajes a los que señala como instigadores del abstencionismo, todos con fotografía. Entre ellos están Víctor Moreno Bolaños y Sandra Romero Agustín, a quienes señaló como maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizadores activos de manifestaciones, marchas y plantones,

En el caso de Romero Agustín, el informe hace hincapié en que “se ha hecho acompañar de profesores de estados como Oaxaca y Michoacán” sin otros detalles.

También es mencionada María Carolina Eugenio Aragón, ahora ex diputada  federal  por el Distrito XII de Movimiento Ciudadano, y que según la policía es “activista del Comité de Lucha Magisterial de Veracruz  afiliado al CNTE” y participante en manifestaciones, marchas y plantones.

Otros dos integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (cercano a la CNTE) e incluidos en el documento por su supuesto vínculo con “manifestaciones y plantones” son su dirigente Ramón Tepole González y su vocero Zenyazen Roberto Escobar García.

A continuación se mencionan a dos ejidatarios Pascual Lorenzo Ruiz e Inocencio Bautista Luis, a quienes se señala como incitadores de bloqueos y toma de instalaciones debido a la desatención de sus demandas.

La lista la completan cuatro personas que según el informe están vinculadas con “grupos partidistas y organizaciones con móviles políticos”: Bonifacio Aguilar Linda alcalde de Soledad; Rafael Carvajal Rosado, representante del PT ante el consejo local del INE en Veracruz; y finalmente Gerónimo  Zárate Rodríguez y Carlos Manuel Sosa, integrantes de la Coordinación Nacional Obrero Popular.

“Nos pasaron factura”

Ignacio tiene quince heridas en el cuerpo que requirieron puntos de sutura, pero lo más grave son las múltiples fracturas en su mano izquierda producto de los golpes que por cinco minutos le dieron con un bate y con un palo con clavos,  la madrugada del 5 de junio.

Para el estudiante de 22 años de edad no existe duda de que en la agresión que sufrieron él y otros siete de sus compañeros de la Universidad Veracruzana,  que les dejaron heridas que incluso aun requieren cirugías, existe una responsabilidad por acción u omisión del gobierno de Javier Duarte. ¿El motivo? El activismo de los grupos con los que colaboran.

– ¿Crees que defensa les pasó factura?- se le pregunta.

– Si indudablemente nos pasaron factura. Aquí en este estado se da eso, cualquier persona que intenta solidarizarse con los que resisten y una resistencia por demás justa pues empiezan a criminalizarla (…) se desvirtúan esas luchas para hacer pensar a la sociedad en general que activistas y ambientalistas y personas en general que no están de acuerdo con algo son criminales.

En entrevista con Animal Político tras una reunión en el Consejo Estatal de Derechos Humanos, Ignacio recuerda las circunstancias del ataque y subraya que no hay forma de que lo ocurrido hubiera sido “una confusión”. Dice que él y sus compañeros estaban reunidos para festejar el cumpleaños de uno de ellos, pero no había ni música ni otra cosa llamativa que hiciera notar que estaban ahí.

Fueron una decena de personas encapuchadas quienes utilizaron bates de beisbol, palos con clavos salidos y bastones retractiles para destrozar las ventanas de la casa e ingresar al sitio donde estaban los estudiantes. Lo que siguió, fue el ataque en contra de los estudiantes.

Pero además de la agresión, para los estudiantes es clave la intervención que tuvieron los policías estatales que llegaron junto con personas que se hicieron pasar por representantes de Derechos Humanos con la complicidad de los agentes. “Solo nos tomaron fotografías y nos interrogaron sobre si éramos estudiantes, nunca llamaron ni una ambulancia” dijo.

Ignacio reconoció que él y sus compañeros participan  en movimientos sociales en contra de políticas públicas y privadas como minería a cielo abierto, la privatización del agua, pero no solo a través de marchas sino de expresiones culturales y de protesta como la música o la poesía.

“Pero aun con los riesgos vamos a seguir alzando la voz porque este es en estado en el que se está secuestrando, asesinando, y no podemos callarnos” añadió Ignacio.

El jueves 18 de junio los estudiantes sostuvieron una reunión de dos horas con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Luis Fernando Perera Escamilla, quien confirmó que el organismo tiene abierto un expediente de queja por la agresión que sufrieron y el posible involucramiento de autoridades del estado.

Posteriormente se realizó un encuentro con el fiscal del Estado, quien según las fuentes consultadas por Animal Político, les dijo que las indagatorias se encuentran en marcha y que no se descarta ninguna posibilidad en el ataque aunque no existe una fecha probable en que se darán a conocer los resultados.

Artículo tomado de: www.animalpolitico.com

http://oneamexico.org/veracruz-ficha-a-20-activistas-como-personas-peligrosas-durante-las-elecciones/

GOBIERNO DE JAVIER DUARTE ESPIÓ A ACTIVISTAS QUE ERAN “AMENAZAS” PARA ELECCIONES

Estudiantes de la Universidad Veracruzana protestan en Xalapa. Foto: Rubén Espinosa

MÉXICO, D.F. (apro).- Previo a las elecciones del 7 de junio, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz elaboró el informe “Avance del proceso electoral 2015”, en el cual se exhiben las añejas prácticas de espionaje contra sectores contrarios al sistema.

El reporte, al que tuvo acceso el portal electrónico Animal Político, identifica a una veintena de estudiantes, maestros de la CNTE y activistas a los que el gobierno de César Duarte de Ochoa catalogó como potenciales amenazas para los comicios, e incluso los tildó de “anarquistas”.

El martes 2, el corresponsal de Proceso, Noé Zavaleta, anticipó en una nota titulada “PRI y Duarte detrás de incendios en INE y Sedesol, acusa oposición”, detalles sobre este informe “presuntamente elaborado por la SSP y la Secretaría de Gobierno, el cual contiene un listado de activistas, ambientalistas, líderes de izquierda y alcaldes de oposición, quienes son considerados por la administración de Duarte como ‘opositores’ al gobierno y ‘blancos’ de movilizaciones para inhibir el voto hacia el PRI el próximo domingo 7” (http://www.proceso.com.mx/?p=406150).

En esta ocasión, el documento incluye en la mayoría de los casos, nombre y fotografía de los señalados, el motivo por el que se les considera de interés, sea por su participación en “actos vandálicos” o por ser promotores del abstencionismo, a qué grupo o institución pertenecen  y su relación con otras personas o grupos.

En ella aparecen los logotipos del gobierno de Veracruz y la SSP estatal. En la primera parte describen las condiciones de seguridad en el marco de los comicios en el estado y recoge datos de la prensa sobre ataques contra candidatos en el país.

La segunda parte es la que incluye el listado de 20 personas que el gobierno creía que, por distintas razones, podían intentar boicotear la elección en el estado. Hace énfasis en los líderes estudiantiles a quienes se refiere como “anarquistas”.

Los primeros en la lista son Julián Fernando Ramírez Olivares, Canek, estudiante de la  Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana (UV) y Bitari Genaro Martínez Romero, de la Facultad de Filosofía de la misma casa de estudios.

Al primero la SSP le atribuye agresiones con petardos y proyectiles, pintas y arengas en bloqueos y encabezar un grupo de entre 50 y 100 activistas de quienes no se aporta mayor información. También se le señala por “tener vínculos con activistas de izquierda”.

La lista incluye a seis personas más de las que no se proporcionan fotografías. Entre ellas personas está Juan González Garrido, consejero local del Instituto Nacional Electoral de Veracruz (INEV).

Los otros cinco activistas, supuestamente vinculados con Canek, señalados en el listado son: Guillermo Rodríguez Curiel quien preside una ONG ambientalista llamada “Lavida”;  Guillermo Rodríguez Curiel, excatedrático de la Facultad de Biología de la UV e integrante de “Lavida”; el investigador Alejandro José Saldaña Rosas, la defensora de derechos humanos Mayra Ledesma Arronte, así como René Cancino Burfasson y Arturo Hinojosa Loya.

A Bitari Genaro la SSP le atribuye pintas en edificios públicos y quema de propaganda política del PRI, así como su cercanía con Canek.

Otros alumnos señalados son: Andrea Franco López, de la Facultad de Comunicación y miembro de la asamblea libre estudiantil de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, e isidro González Valerio, quien preside la Confederación de Estudiantes y Jóvenes del Estado de Veracruz (CEJEV).

Además de tildarlos de “anarquistas”, se les señala como participantes activos en marchas y plantones.

La Policía estatal también identifica en el informe a presuntos “instigadores del abstencionismo” y de todos ellos tiene fotografías.

En ese rubro están Víctor Moreno Bolaños y Sandra Romero Agustín, a quienes señaló como integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizadores activos de manifestaciones, marchas y plantones.

Sin proporcionar más detalles, el informe señala que Romero Agustín “se ha hecho acompañar de profesores de estados como Oaxaca y Michoacán”.

También se menciona a María Carolina Eugenio Aragón, exdiputada  federal por el Distrito XII de Movimiento Ciudadano, y que según la policía es “activista del Comité de Lucha Magisterial de Veracruz  afiliado al CNTE”, así como participante en manifestaciones, marchas y plantones.

Por los mismos motivos aparecen en la lista Ramón Tepole González y su vocero Zenyazen Roberto Escobar García.

Luego se menciona a dos ejidatarios: Pascual Lorenzo Ruiz e Inocencio Bautista Luis, señalados como “incitadores” de bloqueos y toma de instalaciones para presionar el cumplimiento de sus demandas.

Finalmente, la lista es completada con cuatro personas que el gobierno de Duarte presume están vinculadas con “grupos partidistas y organizaciones con móviles políticos”: Bonifacio Aguilar Linda alcalde de Soledad; Rafael Carvajal Rosado, representante del PT ante el consejo local del INE en Veracruz; y Gerónimo  Zárate Rodríguez y Carlos Manuel Sosa, integrantes de la Coordinación Nacional Obrero Popular.

Activistas denunciaron públicamente la existencia de ese reporte tras el ataque que sufrieron ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana dos días antes de los comicios, por un comando de personas encapuchadas y armadas.

Con bates de beisbol, palos con clavos y bastones retractiles, los encapuchados destrozaron ventanas de la casa donde los estudiantes festejaban el cumpleaños de uno de ellos. Luego ingresaron al sitio y los golpearon.

Sin embargo, para los estudiantes lo más grave fue la actuación de los policías estatales que tras el ataque llegaron junto con personas que se hicieron pasar por representantes de Derechos Humanos con la complicidad de los agentes.

Según su versión, sólo les tomaron fotografías y los interrogaron sobre si eran estudiantes y nunca llamaron una ambulancia.

Ignacio, uno de los estudiantes atacados el 5 de junio, tiene 15 heridas en el cuerpo que requirieron puntos de sutura, y fracturas en su mano izquierda producto de los golpes que por cinco minutos le dieron con un bate y un palo con clavos.

Para el estudiante de 22 años no hay duda de que en el ataque que sufrieron él y siete de sus compañeros existe responsabilidad por acción u omisión del gobierno de Javier Duarte por el activismo de los grupos con los que colaboran.

“Aquí en este estado se da eso, cualquier persona que intenta solidarizarse con los que resisten y una resistencia por demás justa pues empiezan a criminalizarla (…) se desvirtúan esas luchas para hacer pensar a la sociedad en general que activistas y ambientalistas y personas en general que no están de acuerdo con algo son criminales”, dijo en entrevista con Animal Político.

El pasado jueves 18 los estudiantes atacados sostuvieron una reunión con Luis Fernando Perera Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, quien les confirmó que abrió un expediente de queja por la agresión que sufrieron y el posible involucramiento de autoridades del estado.

Posteriormente se reunieron con el fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, quien según las fuentes consultadas por Animal Político, les aseguró que las indagatorias están en marcha y que todas las líneas están abiertas, incluida una posible participación de autoridades en el ataque. 

http://www.proceso.com.mx/?p=408433

ESTUDIANTE AGREDIDO EN XALAPA DEJA EL PAÍS POR MIEDO; ACADÉMICOS CULPAN A DUARTE

Por Redacción / Sin Embargo

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).– Uno de los estudiantes agredidos el pasado 5 de junio por sujetos armados con palos, bates y hasta machetes, en Xalapa, Veracruz dejó el país ante el temor de sufrir otro ataque, informaron esta mañana académicos de la Universidad Veracruzana (UV).

Los profesores que conforman el Movimiento por la Calidad Académica dijeron en conferencia de prensa en esa entidad que se trata de un estudiante de la Facultad de Pedagogía de la UV quien para poner su vida a salvo se dio de baja de esa institución educativa y abandonó el país.

Los académicos de la Facultades de Pedagogía y Humanidades, Juan Pablo Barradas, Ángeles González Hernández, José Cruz Agüero Rodríguez, Julia Tepetla Montes y Zacarías Caicero denunciaron que a 17 días de la agresión el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no ha dado con los responsables.

“Hacemos responsables de la integridad física, del daño psicológico y moral, y de la vida de los estudiantes de la Universidad Veracruzana al Gobernador Javier Duarte de Ochoa, al Secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón y al Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita”, manifestaron.

Asimismo exigieron a la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, hacer una mayor exigencia a las autoridades del estado para que sea resuelto el caso y detenidos los agresores.

“A la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara González, le demandamos mayor exigencia ante las autoridades estatales para impartir justicia en el caso de los estudiantes violentados y un alto a los ataques a esta Universidad Pública, líder en la educación superior de Veracruz”, dijeron los académicos.

Demandaron a  Ladrón de Guevara abrir espacios de diálogo, reflexión y discusión con la comunidad universitaria. “No hacerlo limita la contribución de esta Casa de estudios para detener esta inercia de violencia institucionalizada que obstaculiza el desarrollo de Veracruz”, refirieron.

La demanda del  Movimiento por la Calidad Académica se suma al posicionamiento de 62 académicos de esa Universidad que el pasado 9 de junio dijeron que la magnitud de los hechos requiere una respuesta institucional a la altura de las circunstancias.

“Instamos a la autoridad estatal para que sean dadas a conocer las líneas de investigación que se siguen para el esclarecimiento de estos hechos, que a todas luces resultan ominosos y preocupantes para la sociedad veracruzana en su conjunto”, manifestaron en días pasados.

Los señalamiento que los académicos hicieron este día se suman a los realizados la semana pasada cuando algunos de los estudiantes agredidos en Xalapa, Veracruz, el pasado 5 de junio y organizaciones civiles denunciaron a Javier Duarte de tener una lista negra de 30 personas “peligrosas” para el orden público.

En esa ocasión dijeron que esa lista comprende a estudiantes, artistas, activistas, periodistas, consejeros locales del Instituto Nacional Electoral (INE) y académicos.

“Vivimos en un clima de persecución, detenciones arbitrarias, acusaciones a los estudiantes de Humanidades de ser responsables de ataques al INE en Xalapa. Hay una lista negra donde hay activistas y estudiantes que luchamos en contra de megaproyectos”, dijo Ignacio Córdova, uno de los estudiantes de la Universidad Veracruzana atacado el 5 de junio.

Los estudiantes agredidos han exigido el esclarecimiento del caso. Han denunciado que las agresiones que sufrieron fueron atroces: fractura de cráneo, de mandíbula, machetazos en la cara y cabeza. El ataque, han dicho, fue realizado por la colusión de grupos de parapolicías y policías.

Julián Ramírez, estudiante del área de humanidades de la Universidad, informó en días pasados que los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes 5 de junio. “Era un grupo de personas encapuchados, que portaban chalecos tácticos policiales, con bates , bastones y armas largas”, explicó.

Luego del ataque, maestros, estudiantes y ciudadanos se concentraron en la plaza Regina Martinez cerrando la vialidad de la avenida Enríquez del primer cuadro de la ciudad. En la manifestación hicieron responsable al Gobierno del Estado y a la Secretaria de Seguridad Pública de lo que les sucedió a los jóvenes.

A la denuncia se sumaron académicos de la Universidad Veracruzana (UV) quienes manifestaron su indignación por la agresión.

“La magnitud de los hechos requiere una respuesta institucional a la altura de las circunstancias. Por lo que instamos a la autoridad estatal para que sean dadas a conocer las líneas de investigación que se siguen para el esclarecimiento de estos hechos, que a todas luces resultan ominosos y preocupantes para la sociedad veracruzana en su conjunto”, manifestaron 61 profesores mediante un pronunciamiento.

De acuerdo con el perfil de Facebook del Comité Universitario de Lucha de la Universidad Veracruzana al lugar de los hechos acudieron autoridades que abandonaron a los jóvenes ignorando su llamado de auxilio:

“Cinco minutos después de su huida [de los agresores], llegaron patrullas a fotografiar a los heridos, algunos de gravedad, y con fracturas craneales, para que, al arribar sujetos de civil en un pontiac blanco recibieran la orden de irse del lugar, por lo que dejaron a los estudiantes en las banquetas y otros dentro del domicilio que fue forzado ante los gritos de ‘ayuda’ y ‘no nos dejen, nos van a matar’”.