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| Estudiantes de la Universidad Veracruzana protestan en Xalapa. Foto: Rubén Espinosa |
MÉXICO, D.F. (apro).-
Previo a las elecciones del 7 de junio, la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) de Veracruz elaboró el informe “Avance del proceso electoral 2015”, en el
cual se exhiben las añejas prácticas de espionaje contra sectores contrarios al
sistema.
El reporte, al que tuvo acceso el portal electrónico Animal Político,
identifica a una veintena de estudiantes, maestros de la CNTE y activistas a
los que el gobierno de César Duarte de Ochoa catalogó como potenciales amenazas
para los comicios, e incluso los tildó de “anarquistas”.
El martes 2, el corresponsal de Proceso, Noé
Zavaleta, anticipó en una nota titulada “PRI y Duarte detrás de incendios en
INE y Sedesol, acusa oposición”, detalles sobre este informe “presuntamente
elaborado por la SSP y la Secretaría de Gobierno, el cual contiene un listado
de activistas, ambientalistas, líderes de izquierda y alcaldes de oposición,
quienes son considerados por la administración de Duarte como ‘opositores’ al
gobierno y ‘blancos’ de movilizaciones para inhibir el voto hacia el PRI el
próximo domingo 7” (http://www.proceso.com.mx/?p=406150).
En
esta ocasión, el documento incluye en la mayoría de los casos, nombre y
fotografía de los señalados, el motivo por el que se les considera de interés,
sea por su participación en “actos vandálicos” o por ser promotores del
abstencionismo, a qué grupo o institución pertenecen y su relación con
otras personas o grupos.
En
ella aparecen los logotipos del gobierno de Veracruz y la SSP estatal. En la
primera parte describen las condiciones de seguridad en el marco de los
comicios en el estado y recoge datos de la prensa sobre ataques contra
candidatos en el país.
La
segunda parte es la que incluye el listado de 20 personas que el gobierno creía
que, por distintas razones, podían intentar boicotear la elección en el estado.
Hace énfasis en los líderes estudiantiles a quienes se refiere como
“anarquistas”.
Los primeros en la lista son Julián Fernando Ramírez Olivares, Canek, estudiante
de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana (UV) y Bitari
Genaro Martínez Romero, de la Facultad de Filosofía de la misma casa de
estudios.
Al
primero la SSP le atribuye agresiones con petardos y proyectiles, pintas y
arengas en bloqueos y encabezar un grupo de entre 50 y 100 activistas de
quienes no se aporta mayor información. También se le señala por “tener
vínculos con activistas de izquierda”.
La
lista incluye a seis personas más de las que no se proporcionan fotografías.
Entre ellas personas está Juan González Garrido, consejero local del Instituto
Nacional Electoral de Veracruz (INEV).
Los otros cinco activistas, supuestamente vinculados con Canek, señalados en
el listado son: Guillermo Rodríguez Curiel quien preside una ONG ambientalista
llamada “Lavida”; Guillermo Rodríguez Curiel, excatedrático de la
Facultad de Biología de la UV e integrante de “Lavida”; el investigador
Alejandro José Saldaña Rosas, la defensora de derechos humanos Mayra Ledesma
Arronte, así como René Cancino Burfasson y Arturo Hinojosa Loya.
A Bitari Genaro la SSP le atribuye pintas en edificios públicos
y quema de propaganda política del PRI, así como su cercanía con Canek.
Otros
alumnos señalados son: Andrea Franco López, de la Facultad de Comunicación y
miembro de la asamblea libre estudiantil de la zona conurbada Veracruz-Boca del
Río, e isidro González Valerio, quien preside la Confederación de Estudiantes y
Jóvenes del Estado de Veracruz (CEJEV).
Además
de tildarlos de “anarquistas”, se les señala como participantes activos en
marchas y plantones.
La
Policía estatal también identifica en el informe a presuntos “instigadores del
abstencionismo” y de todos ellos tiene fotografías.
En
ese rubro están Víctor Moreno Bolaños y Sandra Romero Agustín, a quienes señaló
como integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) y organizadores activos de manifestaciones, marchas y plantones.
Sin
proporcionar más detalles, el informe señala que Romero Agustín “se ha hecho
acompañar de profesores de estados como Oaxaca y Michoacán”.
También
se menciona a María Carolina Eugenio Aragón, exdiputada federal por
el Distrito XII de Movimiento Ciudadano, y que según la policía es “activista
del Comité de Lucha Magisterial de Veracruz afiliado al CNTE”, así como
participante en manifestaciones, marchas y plantones.
Por
los mismos motivos aparecen en la lista Ramón Tepole González y su vocero
Zenyazen Roberto Escobar García.
Luego
se menciona a dos ejidatarios: Pascual Lorenzo Ruiz e Inocencio Bautista Luis,
señalados como “incitadores” de bloqueos y toma de instalaciones para presionar
el cumplimiento de sus demandas.
Finalmente,
la lista es completada con cuatro personas que el gobierno de Duarte presume
están vinculadas con “grupos partidistas y organizaciones con móviles
políticos”: Bonifacio Aguilar Linda alcalde de Soledad; Rafael Carvajal Rosado,
representante del PT ante el consejo local del INE en Veracruz; y Gerónimo
Zárate Rodríguez y Carlos Manuel Sosa, integrantes de la Coordinación Nacional
Obrero Popular.
Activistas
denunciaron públicamente la existencia de ese reporte tras el ataque que
sufrieron ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana dos días antes de los
comicios, por un comando de personas encapuchadas y armadas.
Con
bates de beisbol, palos con clavos y bastones retractiles, los encapuchados
destrozaron ventanas de la casa donde los estudiantes festejaban el cumpleaños
de uno de ellos. Luego ingresaron al sitio y los golpearon.
Sin
embargo, para los estudiantes lo más grave fue la actuación de los policías
estatales que tras el ataque llegaron junto con personas que se hicieron pasar
por representantes de Derechos Humanos con la complicidad de los agentes.
Según
su versión, sólo les tomaron fotografías y los interrogaron sobre si eran
estudiantes y nunca llamaron una ambulancia.
Ignacio,
uno de los estudiantes atacados el 5 de junio, tiene 15 heridas en el cuerpo
que requirieron puntos de sutura, y fracturas en su mano izquierda producto de
los golpes que por cinco minutos le dieron con un bate y un palo con clavos.
Para
el estudiante de 22 años no hay duda de que en el ataque que sufrieron él y
siete de sus compañeros existe responsabilidad por acción u omisión del
gobierno de Javier Duarte por el activismo de los grupos con los que colaboran.
“Aquí
en este estado se da eso, cualquier persona que intenta solidarizarse con los
que resisten y una resistencia por demás justa pues empiezan a criminalizarla
(…) se desvirtúan esas luchas para hacer pensar a la sociedad en general que
activistas y ambientalistas y personas en general que no están de acuerdo con
algo son criminales”, dijo en entrevista con Animal Político.
El
pasado jueves 18 los estudiantes atacados sostuvieron una reunión con Luis
Fernando Perera Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Veracruz, quien les confirmó que abrió un expediente de queja por la
agresión que sufrieron y el posible involucramiento de autoridades del estado.
Posteriormente
se reunieron con el fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, quien según
las fuentes consultadas por Animal Político, les aseguró que las indagatorias
están en marcha y que todas las líneas están abiertas, incluida una posible
participación de autoridades en el ataque.
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