Defensores de derechos humanos,
alumnos y académicos de la Universidad Veracruzana (UV).
exigieron
justicia luego de la agresión sufrida por ocho estudiantes el viernes 5,
atribuida al clima de represión impuesta por el gobernador priista Javier
Duarte.
Con huellas de golpes sufridos por desconocidos en víspera de la
contienda electoral, tres jóvenes narraron la agresión y responsabilizaron al
gobierno de Duarte de lo ocurrido, al considerar que la violencia en su contra
se atribuye a su participación en movimientos sociales.
Los jóvenes sobrevivieron a un ataque perpetrado el viernes 5 en
el domicilio particular de uno de los ocho que se encontraban reunidos, hechos
por los que organizaciones sociales lanzaron una acción urgente.
En compañía de Julián Ramírez, de la asociación Decide,
denunciaron que el ataque ocurrió días después de que en medios locales se
divulgó una “lista negra” a la que tuvo acceso el diputado local Fidel Robles
Guadarrama, y en la que están unos 30 activistas, defensores de derechos
humanos, estudiantes y consejeros electorales, como el propio Ramírez.
Julián Ramírez recordó que en la “lista negra” están aquellos
considerados por el gobierno de Duarte como “un peligro” en el marco del pasado
proceso electoral, y que las víctimas habían participado en movilizaciones en
contra del fracking, de la reforma energética, la defensa del medio ambiente y
por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Al señalar que en la relación divulgada no están los nombres de
los jóvenes agredidos el viernes 5, Ramírez apuntó que en el contexto previo al
ataque también se enmarca la “criminalización” de los universitarios, a quienes
sin elementos el gobierno de Duarte acusó de ser responsables de causar daños a
edificios del INE en Xalapa.
Con una férula en la mano izquierda y puntos de sutura en la
frente, Ignacio Córdoba recordó que los ataques al sector estudiantil, a los
activistas y periodistas se agudizó a partir de 2011, en tanto que en noviembre
de 2012 y septiembre de 2013 se registraron “detenciones arbitrarias, se sembró
droga y armas” a activistas que participaron en movilizaciones.
Conmocionado aún por los hechos del viernes 5, Córdoba narró
cómo fueron agredidos por unos 10 hombres armados con machetes, tablas con
clavos, armas de fuego y bastones, uno de ellos con una máscara de payaso,
otros con pasamontañas y uno más con el rostro descubierto y corte tipo militar.
El estudiante de ingeniería relató que luego de la incursión del
grupo que denominó “paramilitar”, acudieron policías que, lejos de ayudarlos a
perseguir a los agresores, sacaron fotografías y humillaron a las víctimas, hasta
que arribaron defensores de derechos humanos a los que los jóvenes buscaron.
Fueron los defensores quienes los llevaron al hospital de la
Cruz Roja, donde se levantó una denuncia de oficio que hasta ahora no ha sido
desahogada, apuntó.
Giovana Mazzotti, académica de la UV, acusó que se trató de un
atentado “perfectamente planeado para no matarlos, sino para dejarlos marcados
y diseñado para generar miedo a la población movilizada”.
La profesora agregó que el ataque tiene una dedicatoria para los
estudiantes que apoyan diversos movimientos sociales, que se congregan
usualmente en el campus de la UV, de donde parten hacia marchas.
“Por las señas de las lesiones (contusiones en el cuerpo,
fracturas en brazos, cabeza y machetazos) se trató de una estrategia para
castigar la participación social ante una serie de inconformidades sociales”,
reveló.
Araceli Olivos y Alberto Solís, del Centro de Derechos Humanos
Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y de Servicios y Asesoría para la Paz
(Serapaz), respectivamente, reiteraron que los hechos del 5 de junio, se
enmarcan en un contexto de violencia generalizado contra los movimientos
sociales y la libertad de expresión en esa entidad.
Olivos Portugal resaltó que el ataque a los jóvenes activistas
preocupa aún más cuando “Veracruz es el estado que ocupa el primer lugar en
desapariciones forzadas, según datos de la propia Procuraduría General de la
República”.
Solís destacó que organizaciones sociales agrupadas en el Frente
por la Libertad de Expresión y el Derecho a la Protesta, de la que forma parte
Serapaz, ven con alarma “la brutalidad extrema y la persecución a activistas
sociales”, por lo que hizo un llamado a las autoridades estatales y federales a
esclarecer los hechos”.
Debe reconocerse que en Veracruz detrás de la “grave persecución
a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, hay un alto nivel
de intolerancia”, agregó Solís.
Además del Centro Prodh y Serapaz, en el frente participan
Artículo 19, Fundar, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
(IMDHD), Causa, Propuesta Cívica y Red Todos los Derechos para Todos y Todas
(Red TDT).
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