El caso de las agresiones
contra estudiantes y activistas en la ciudad de Xalapa es muestra de la
colusión que existe entre fuerzas policiales y grupos parapoliciacos, denunció
la activista de la asociación Estrategias Integrales para el Desarrollo (Decide),
Giovanna Mazzoti.
Durante
la conferencia de prensa que ofrecieron tres de los ocho agredidos el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijeron que la agresión contra
estudiantes del 5 de junio es un hecho paradigmático que no debe pasarse por
alto, pues es muestra de que en el estado de Veracruz, suceden crímenes sin
perseguirse.
“Debe
verse este caso como uno de los muchos que ocurren en el estado de Veracruz un
estado en donde la delincuencia y crimen es altísimo, un contexto donde se
anuncia la policía mejor armada del país y que están ocurriendo crímenes cada
día de lesa humanidad que quedan sin perseguir, atender, sin nombre, sin
rostro, que se quedan en una nota periodística, en una movilización”.
Advirtió
que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en este caso,
pues buscan romper con el silencio obligado de la población, que son víctimas
de la colusión entre grupos policiacos y parapoliciacos que han creado un
estado de sitio en la práctica.
“Queremos
hacer una llamada muy enfática a las instituciones que deberían estar ahí para
proteger a la población, específicamente a la Universidad Veracruzana” para
“exigir justicia y apoyarlos en sus demandas, estamos aquí porque en el esto de
Veracruz no tenemos el apoyo”.
“Lista
negra”, denuncian alumnos
“Vivimos
en un clima de persecución, detenciones arbitrarias, acusaciones a los
estudiantes de Humanidades de ser responsables de ataques al INE en Xalapa. Hay
una lista negra donde hay activistas y estudiantes que luchamos en contra de
megaproyectos”, dijo Ignacio Córdova, uno de los estudiantes de la Universidad
Veracruzana atacado el 5 de junio.
El
estudiante señaló que en la entidad veracruzana hay acoso sistemático a
estudiantes, activistas y periodistas y expuso que en el caso de estudiantes ha
habido detenciones arbitrarias el 20 de noviembre de 2012, o el 14 de
septiembre de 2013.
En una
conferencia de prensa llevada a cabo en el Distrito Federal, Ignacio Córdoba
recordó que después de la agresión, policías estatales sólo llegaron a
intimidarlos y a tomarles fotografías. Los agentes de seguridad se retiraron
luego que presuntos integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH), que no se identificaron, hablaran con ellos.
Araceli
Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Prodh, responsabilizó al
gobierno estatal, quien a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP),
también sumó a la criminalización de los estudiantes y activistas, a la policía
estatal que no los auxilió y que los abandonó en franco incumplimiento de sus
obligaciones constitucionales.
Alberto
Solís, director de Serapaz, señaló que el Frente por la Libertad de Expresión y
la Protesta Social respalda absolutamente a los jóvenes agredidos en una
entidad como Veracruz, que tiene uno de los índices más altos de persecución a
activistas.
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