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| Duarte se deslinda del multihomicidio de la Narvarte. Foto: Yerania Rolón |
MÉXICO, D.F.
(apro-cimac).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una
queja por el multihomicidio de la colonia Narvarte, bajo la acotación de
que “no hay indicios” de la presunta participación de servidores públicos
en el crimen ocurrido el pasado 31 de julio.
Sergio
Méndez Silva, abogado del colectivo Justicia Pro Persona, informó que, luego de
que grupos civiles solicitaron a la CNDH abrir una indagatoria por las graves
violaciones a los derechos humanos en la investigación de los asesinatos de la
activista Nadia Vera Pérez, Milena Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro,
Olivia Alejandra Negrete Avilés y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, el
organismo nacional decidió “exonerar” a las autoridades sin investigación
previa.
El
pasado 6 de agosto Justicia Pro Persona, junto con otras agrupaciones, solicitó
a la institución encabezada por Luis Raúl González Pérez ejercer su competencia
para investigar casos en los que existan violaciones graves a los derechos
humanos como lo establece el artículo 102 constitucional. La petición quedó
inscrita en el expediente 2015/5821-Q.
Según
la Constitución, la CNDH podrá investigar hechos que constituyan violaciones
graves cuando así lo juzgue conveniente o cuando lo pidan el Ejecutivo federal,
alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el
jefe de gobierno del DF o las legislaturas de las entidades federativas.
La
semana pasada Méndez Silva se reunió con personal de la Quinta Visitaduría
General de la CNDH, encargada del Programa de Agravios a Periodistas y
Defensores Civiles de Derechos Humanos, encabezada por Edgar Corzo Sosa.
En
el encuentro, el funcionario le informó que no se podía abrir una
investigación, ya que “no había indicios de participación de agentes gubernamentales”.
Lo
único que aceptó el organismo nacional fue iniciar una “queja” al respecto, lo
que, a decir del abogado, es una contradicción, toda vez que la CNDH sólo puede
intervenir en los casos donde hay participación de agentes del Estado. Agregó
que su función debe ser indagar y luego concluir si hubo o no graves
violaciones a las garantías humanitarias.
Por lo pronto, Sergio Méndez lamentó que no se inicie una
investigación en forma, como las que en su momento integró la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) por la matanza de campesinos en Aguas Blancas,
Guerrero, en 1995, y la represión policial en San Salvador Atenco, Estado de
México, en 2006.
El
defensor sospechó que la CNDH trata de evitar cualquier línea de investigación
que apunte a la participación del gobierno de Veracruz, encabezado por Javier
Duarte de Ochoa, en la masacre en la que murieron cuatro mujeres -entre ellas
una activista-, y un periodista.
El
integrante del colectivo Justicia Pro Persona afirmó que esperarán a que se
integre la “queja” para ver si esa defensoría está trabajando. De lo contrario,
dijo, tomarán acciones legales para obligar a la CNDH a realizar sus funciones
constitucionales.
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