Por
primera vez, el gobierno federal reveló una radiografía oficial de las
desapariciones en México basada en investigaciones en curso, que confirma
que Veracruz y Tamaulipas son los estados con el mayor número de casos
ocurridos, mientras que las fuerzas federales son las que encabezan las
denuncias por desaparición forzada.
El mapa fue elaborado por la Unidad Especializada
en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República
(que ya se convirtió en Fiscalía tras el acuerdo
publicado el 9 de octubre) y está sustentado en los expedientes abiertos
para el rastreo de poco más de 600 personas desaparecidas en un lapso de
dos años.
A diferencia del Registro Nacional de Personas
Extraviadas o Desaparecidas que no está depurado, este diagnóstico parte
de averiguaciones previas en donde está confirmada la desaparición
de la persona y la posible intervención del crimen organizado. La información
fue publicada en el Tercer Informe de Labores que la PGR entregó al Congreso.
En el tema específico del delito de desaparición
forzada, la Unidad sustentó su análisis en 17 averiguaciones previas ya en
integración por casos ocurridos en un lapso de veinte años.
Cabe destacar que entre esos casos no figura el
de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, debido a que
la averiguación se mantuvo más de un año a cargo de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), sin que se
diera acceso a los especialistas de la referida Unidad que depende de la
Subprocuraduría de Derechos Humanos.
En octubre, el subprocurador de derechos Humanos de
PGR, Omar Betanzos, confirmó que el expediente pasará de la SEIDO a su oficina,
lo que permitirá a la fiscalía especializada intervenir también en esta
investigación.
Cuatro
grupos de desaparecidos
Para mostrar el nivel de incidencia de las
desapariciones la PGR determinó dividir en cuatro grupos los casos que
tiene bajo investigación a partir del sitio en el que se registraron los
hechos.
Se trata, según la explicación que da la
Unidad especializada, de las zonas con mayor o menor incidencia y también
se incluye a Estados Unidos, Honduras y Guatemala por la cercanía con
México. Yucatán y Campeche no aparecen en ningún grupo, ya que no
se tienen averiguaciones registradas en esas entidades.
El Grupo 1 está conformado, de acuerdo con
el informe oficial, por los estados de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y
Coahuila. Solo estos cuatro estados acumulan 46% de todas las
investigaciones por desaparición que ha iniciado en dos años la unidad
especializada, es decir, prácticamente la mitad de todos los casos.
En su informe, la PGR no detalló cantidades
específicas por estado; sin embargo, una revisión hecha por Animal Político
a través de solicitudes de transparencia a la base de datos de la Unidad,
arroja que Veracruz es la entidad con la mayor proporción de desapariciones con
un 24%. Esto significa que prácticamente 1 de cada 4 desapariciones en
México ocurre en el estado gobernado por Javier Duarte.
Tamaulipas y Coahuila, que también forman parte del
grupo 1, concentran el 18 y 16% de los casos bajo investigación
respectivamente.
El Grupo 2 definido por la Unidad
Especializada lo conforman los estados de Michoacán, Jalisco, Estado de
México y el Distrito Federal con una incidencia de 20% del total de las
desapariciones en el país, o lo que es lo mismo una quinta parte del total de
las averiguaciones.
El Grupo 3 concentra un porcentaje más
bajo, con 12% de casos, ocurridos en Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, Morelos
y Durango.
Finalmente el Grupo 4 tiene una incidencia más
elevada con 22 por ciento de las averiguaciones abiertas pero aquí se
contemplan quince entidades federativas en total además de Honduras,
Guatemala y Estados Unidos.
La PGR destacó que a través de esta organización se
han conformado equipos de trabajo especializados lo que ha permitido obtener
mejores resultados. Destacó que en el último año se consiguió la localización
de 48 personas, 36 con vida y 12 sin vida. Las personas fueron ubicadas
principalmente en el estado de México, Distrito Federal, Guerrero y Veracruz.
Por otra parte la Unidad Especializada de la PGR
reportó que en los últimos doce meses se tiene registro de la desaparición
de 39 personas de nacionalidad extranjera, principalmente franceses,
ecuatorianos, peruanos y argentinos.
Federales lideran desaparición forzada
La Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR también reveló que en sus dos años de existencia inició 17 averiguaciones previas por caso específicos de presunta desaparición forzada, es decir, desapariciones en donde presuntamente estuvieron involucradas autoridades facultadas para realizar detenciones.
La
mayoría de los expedientes corresponden a casos ocurridos entre los
años 2013 y 2014, con un total de doce. No obstante, hay dos
averiguaciones relacionadas con desaparición forzada que habrían
acontecido en 2012 y tres más por hechos de 1994, es decir, hace más de
veinte años.
El reporte de la PGR reveló que no son las
autoridades locales sino las federales las que encabezan las denuncias
por desaparición forzada que están bajo investigación. Acumulan 76% de los casos.
La
Policía Federal es la institución involucrada en el mayor número de
casos con siete denuncias seguida del Ejército Mexicano con seis. En cambio, apenas tres casos corresponden a la Policía Municipal y uno a la Policía Estatal.
“Las
entidades federativas donde se denuncia un mayor número de personas
desaparecidas con presunta responsabilidad de autoridades federales o
locales son Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán,
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz” señala el informe
entregado al congreso.
La Unidad Especializada no detalló los
casos que se encuentran bajo investigación con excepción del de la joven
Nitza Paola Alvarado, la cual presuntamente fue detenida ilegalmente por elementos del Ejército mexicano en diciembre del 2009 en Chihuahua, sin que hasta ahora se conozca su paradero.
En este caso la PGR subrayó que existe “un plan de búsqueda” de esta joven
al que ya se comprometió el estado mexicano con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, y subrayó que se trata de una
averiguación previa que sigue en integración.
Otro caso de
desaparición forzada que será asumido en breve por la Unidad
Especializada ya como Fiscalía es el de los 43 normalistas de
Ayotzinapa. Siguiendo la recomendación de organizaciones civiles y de
expertos independientes la SEIDO declinó su competencia en el asunto
para ser remitido a la Subprocuraduría de Derechos Humanos donde está
radicada la Fiscalía especializada.
Cabe señalar que en poco más de un año, y aunque la investigación oficial apunta a que policías municipales intervinieron en la detención ilegal de los normalistas, la SEIDO no pudo reunir los elementos suficientes para realizar las consignaciones por el delito de desaparición forzada.
Solo cinco estados con bases homologadas
El pasado 26 de octubre la PGR anunció la puesta en marcha
de un nuevo protocolo denominado AM/PM (Ante Mortem – Post Mortem)
diseñado por la Cruz Roja Internacional, con el objetivo de acelerar la
búsqueda de personas desaparecidas.
Fundamentalmente, explicó la
PGR, se trata de un software alimentado por dos bases de datos, que
cruza información genética de personas muertas sin identificar con datos
de familiares de desaparecidos.
“La PGR trabaja en la
capacitación del personal encargado de operar la base de datos AM/PM y
se realizan las actualizaciones necesarias para atender los
requerimientos técnicos de la plataforma digital para que el software
opere en todas las Delegaciones de la PGR de las entidades federativas”
dijo la dependencia.
La Procuraduría no especificó en su
comunicado cuantos y cuales estados ya estaría funcionando este nuevo
sistema pero el informe presentado al Congreso revela que son apenas
cinco entidades, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, el estado de México y el
Distrito Federal, los que ya estandarizaron sus bases de datos.
En
abril de 2015, agrega el reporte se recibió un versión mejorada del
software AM/PM por parte de la Cruz Roja, pero aún no se completa al
cien por ciento su implementación pues continúan las capacitaciones y
adecuaciones técnicas.
Fuente: http://www.animalpolitico.com/
