Veracruz está infiltrada por la delincuencia, y lo señala al mencionar
que desde agosto del año pasado la Fiscalía General del Estado, encabezada por
Luis Ángel Bravo Contreras, conocía de la existencia de una red criminal en
Tierra Blanca, pero no hizo absolutamente nada para actuar y detener a los
presuntos responsables, y la denuncia de un vecino de esa ciudad, que ahora es
investigada por autoridades federales, daba cuenta de la estructura criminal
existente en ese municipio.
La nota del periodista Pablo Ferri, indica que
desde agosto del año pasado "la Fiscalía de Veracruz sabía de Conde,
Francisco Navarrete y su banda", refiriéndose al que era delegado de
Seguridad Pública en la región VIII, Marcos Conde Hernández, y al identificado
como "jefe de plaza" de un grupo fuera de la ley. El diario madrileño
señala que "la denuncia de este testigo desvela filtraciones de
información desde la oficina de un alto cargo de la fiscalía estatal", y
agrega que "el pasado 19 de agosto, la fiscal María del Rosario González
Zamora, directora general de investigaciones ministeriales de la fiscalía de
Veracruz, recibió en Xalapa al abogado Daniel Miranda, del Consejo Ciudadano
por la Seguridad, la Justicia y la Paz, con sede en la Ciudad de México.
Miranda acompañaba a un vecino de Tierra Blanca a poner una denuncia. El
vecino, residente en Estados Unidos, recibía amenazas desde hacía meses. Le
llamaban por teléfono y le pedían dinero, le decían que le iban a matar, a él y
a su familia".
Abunda que "primero, en febrero (de 2015), el vecino,
que prefiere ocultar su nombre por seguridad, trató de denunciar las amenazas
en la oficina de la fiscalía en Tierra Blanca, pero nada. El fiscal, Marco
Fabio Zabala, trataba de disuadirle, según explica el testigo. “Evitaba poner
datos, para proteger, supongo”, cuenta por teléfono. Consultado al respecto, el
fiscal Zabala niega que sucediera así y defiende que el testigo “firmó la
declaración que quiso”, pero el testigo "Cuando dice proteger, el testigo
se refiere a los presuntos integrantes del grupo fuera de la ley que
controlaban Tierra Blanca en aquel momento. Pocos fuera de allí conocían
entonces a su presunto líder, Francisco Navarrete, o al delegado de la policía
estatal en la región, Marcos Conde. Luego sus nombres saltarían a la prensa
nacional por sus presuntos vínculos con la desaparición de un grupo de 5
jóvenes en la localidad. El testigo habló de ambos al fiscal Zabala. Contó que
Navarrete, entre otros, les había amenazado por teléfono.
Contó, incluso, que
Navarrete y los suyos andaban “en la patrulla vestidos de civil, sin
importarles”. La información indica que "ante la desidia de la fiscalía,
el testigo contactó con los abogados de Seguridad, Justicia y Paz. Les contó lo
sucedido, les dio los nombres de los integrantes del grupo fuera de la ley en
Tierra Blanca, empezando por Navarrete. Aún faltaban meses para que la sociedad
mexicana supiera de este lugar. Nadie imaginaba que en enero (de 2016) un grupo
de policías estatales secuestraria a 5 jóvenes a su paso por allí; que se los
entregarían al grupo de criminales que encabeza Navarrete y que estos acabarían
con su vida".
La información que aparece este martes en la edición América
de El País, consigna que "hasta el momento, las autoridades han detenido a
8 agentes, entre ellos Marcos Conde, el delegado. El último detenido, Edgar
Reyes Heredia, declaraba hace unos días que los jóvenes habían sido asesinados,
quemados y triturados en un molino de caña de azúcar. Antes, en enero, la
gendarmería había aprehendido a Navarrete, a su hijo y a otro presunto
integrante de la organización", y añade que "el presidente de Seguridad,
Justicia y Paz, José Antonio Ortega, se comunicó en abril (de 2015) con Renato
Sales, comisionado nacional de seguridad. Sales puso en el caso a varios
agentes de la Comisión Nacional Antisecuestro, la Conase.
El secretario
particular del fiscal de Veracruz, Benito Carpinteiro, atendió el asunto desde
Xalapa. En julio, Carpinteiro llamó a Tierra Blanca para pedir el expediente
del caso. En agosto aún no se lo habían mandado", y también precisa que
"el 19 de agosto, el testigo, Miranda y 3 agentes de la Conase acudieron a
la fiscalía en Xalapa a rendir declaración. La fiscal María del Rosario Zamora
les atendió personalmente. Dejaron sus datos. Miranda dejó su número de
teléfono.
El testigo declaró, dio nombres, habló de Marcos Conde, explicó dónde
se reunía el grupo delictivo en Tierra Blanca, dónde acudían a robar
combustible del ducto de Pemex que pasa por allí. Tres días más tarde, el 22 de
agosto, Miranda recibió una llamada en su celular. “Me dijeron “Ya matamos a
uno, ¿qué van a hacer ahora?”, luego colgué. Me espanté”, cuenta el abogado.
Con el muerto se referían a uno de los informantes del testigo, una de las
personas que les pasaba información sobre el grupo delictivo en Tierra Blanca.
Miranda asegura que solo dejo su número a la fiscal Zamora. José Antonio Ortega
no tiene duda alguna: “La fiscal Zamora o alguien de su oficina filtró la
información que estamos investigando”.
Consultada al respecto, Zamora dijo que
no sabía que eso hubiera ocurrido: “No tengo referencia de ello, tendríamos que
checar, porque no es correcto que eso suceda”. Luego de eso, el testigo
"seguía recibiendo amenazas por teléfono. Decían que le bajáramos a la
denuncia, nos pedían 500.000 dólares, que iban a matar a mi familia en Tierra
Blanca”. Luego, un día, se llevó un susto mayor y decidió acudir a la fiscalía
federal. “Mi hija trabaja en un restaurante de mesera”, explica, “un
restaurante mexicano.
Un día había una gente comiendo y cuando acabaron, le
dijeron: ya dile a tus papás que quiten la denuncia”. El periódico español asienta
en la nota de su corresponsal en México que "en octubre, el testigo acudió
a la Ciudad de México a declarar. Se presentó ante la Seido, la Subprocuraduría
Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada. Contó su caso,
llegó enero y policías del estado de Veracruz levantaron a los 5 jóvenes en
Tierra Blanca. La declaración de este testigo había motivado la apertura de una
investigación por parte de la Seido. La información que había aportado ayudaría
a la gendarmería a ubicar el rancho donde supuestamente llevaron a los jóvenes
secuestrados.
Fuentes de la institución, que investiga el caso de los jóvenes,
explican que hasta la fecha la Seido maneja 3 averiguaciones previas que
vinculan a Navarrete y demás integrantes del grupo fuera de la ley con
actividades delictivas. De acuerdo a la investigación de las autoridades,
Navarrete estaría involucrado en la desaparición de los muchachos. Tras la
detención de Navarrete el pasado enero, la fiscalía mexicana trata ahora de
armar un caso por delincuencia organizada. Para ello cuenta con las
declaraciones de este testigo.
Las mismas fuentes explican que tendría que
viajar a México para señalar directamente a Navarrete. Cuando declaró ante la
Seido, Navarrete aún estaba en libertad". Y finalmente detalla que
"la filtración del número de teléfono de Miranda y la desidia de la
fiscalía de Veracruz en este caso abren cantidad de interrogantes. ¿Quién y por
qué filtró información? ¿Por qué las autoridades de Veracruz no actuaron antes,
si conocían la estructura criminal de Tierra Blanca? ¿Por qué un criminal como
Navarrete, actualmente en prisión preventiva, campó a sus anchas por las calles
del municipio?
Hay muchas interrogantes que, seguramente, el Fiscal General
Luis Ángel Bravo Contreras tendrá que explicar, pero no lo hará, al menos con
la verdad, y tratará de inventar uno de sus inverosímiles escenarios que tantas
sospechan han despertado sobre él desde hace tiempo...
