La
Fiscalía General del Estado de Veracruz ha fracasado en el cumplimiento de la
Ley General de Víctimas y los protocolos de búsqueda de desaparecidos
recomendados por el Comité Internacional de la Cruz Roja para proteger los
derechos humanos de las víctimas directas e indirectas en el caso Tierra
Blanca.
Dichos
protocolos son los que ha suscrito la Fiscalía, así como la Procuraduría
General de la República, de acuerdo a los compromisos establecidos por México
con organismos internacionales.
En junio
de 2015 la PGR publicó el Protocolo Homologado para Búsqueda de Personas
Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada a nivel
federal.
En el
caso Tierra los principios y políticas de actuación no han sido cumplidas en
varias de sus partes por el Gobierno que encabeza el priista Javier
Duarte de Ochoa.
El delito
de desaparición forzada, es decir cuando el responsable es alguna autoridad, es
una violación grave a los derechos humanos y un delito de lesa humanidad,
define la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas
contra Desapariciones Forzadas.
La
Convención establece que se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la
detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que
sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la
negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la
suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección
de la ley.
En ese
sentido y de acuerdo con cifras oficiales, en México hay 27 mil 600
desaparecidos y en Veracruz 675, pero en ninguna de las dos instancias las
autoridades reconocen cuántos casos son de desaparición forzada aunque
frecuentemente se ha denunciado la complicidad del crimen organizado y agentes
de los tres niveles de Gobierno en estos hechos.
Según las
estadísticas en la mayoría de los casos denunciados
en Veracruz no se cumplió en su totalidad con los protocolos de búsqueda ni la
Ley General de Víctimas.
La Ley
General de Víctimas retoma estándares internacionales para definir quiénes son
las víctimas a las que el Estado debe dar asistencia eficaz en estos casos. Las
directas son aquellas personas que hayan sufrido algún daño o menoscabo
económico, físico, mental, emocional. Las indirectas son los familiares o
personas a cargo de las víctimas directas y las víctimas potenciales son las
personas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la
víctima, entre ellos los organismos sociales y periodistas.
El
Gobierno de Veracruz tampoco ha protegido los derechos de las víctimas ni de
las víctimas potenciales en cumplimiento con las medidas establecidas en la
Ley.
Las
víctimas directas no han sido localizadas, tampoco han sido detenidos todos los
participantes del crimen y en el caso Tierra Blanca, al denunciar los hechos y
ante la pasividad de las autoridades locales los padres realizaron su propia
investigación, funcionarios les pidieron comprobar la participación de los
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y recibieron amenazas para no
continuar con la búsqueda.
La
desaparición forzada es un delito continuo porque persiste en el tiempo y sigue
causando dolor a las víctimas, así lo establecen Human Rigth Watch y Aministía
Internacional. En Veracruz muchos casos no son denunciados por miedo o
desconfianza a las autoridades.
Por ello,
el Protocolo establece respeto al dolor de las víctimas, que tampoco se cumplió
en el caso Tierra Blanca cuando las autoridades de la Fiscalía alertaron
a los familiares del hallazgo de restos orgánicos en un tambo y cuando les
informaron que en una barranca localizaron cuerpos.
Los
restos en el tambo eran de animales y los de la barranca no correspondían a
primera vista con las ropas ni demás objetos personales de los jóvenes;
sin embargo, las autoridades provocaron horas de angustia y dolor innecesario a
las familias al darles a conocer información no confirmada.
A casi un
mes de la desaparición de los cinco jóvenes que fueron a celebrar un cumpleaños
a Boca del Río, la Fiscalía no ha podido garantizar el derecho de acceso a la
justicia, a la verdad y a la reparación integral pues el caso involucra a más
autoridades que no han sido investigadas, de acuerdo con las denuncias de los
familiares, aún no se sabe el móvil de los hechos y ni siquiera han recibido
una indemnización
Los padres
de cuatro de los cinco desaparecidos han absorbido todos los gastos desde que
se mudaron de Playa Vicente a Tierra Blanca porque la Fiscalía les exige
factura para comprobar gastos, pero viven afuera de la agencia del MP en espera
de noticias de sus hijos y comen lo que la gente de la comunidad les
regala o lo que les llevan sus otros parientes.
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