POR JOSÉ GIL OLMOS
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entregaron
pruebas, sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), informes de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), un disco compacto con los estados de cuenta bancaria del
Fideicomiso del Impuesto a la Nómina, imágenes gráficas, originales de diarios
y notas periodísticas, la propia recomendación de la CNDH sobre casos de
desaparición forzada, las declaraciones del fiscal general que reconoce casos
de desaparición forzada… y nada.
“¿Qué más querían los diputados priistas como pruebas?”,
recriminó el diputado panista Carlos Urrutia ante la aplanadora del PRI en el
congreso legislativo veracruzano que calificó de “electorera” la petición de
desafuero al gobernador Javier Duarte.
Desde hace mucho tiempo, Veracruz ha tenido malos gobernadores a
quienes incluso se les ha acusado de estar involucrados con el narcotráfico o
hacer negocios millonarios con las riquezas de la entidad. Pero como Duarte,
ninguno.
Recientemente, la ASF informó que el gobierno de Javier Duarte
no ha podido justificar en qué se gastó 35 mil millones de pesos.
De 2011 a la fecha han asesinado a 14 comunicadores que tienen
en común el haber sido críticos a su gobierno.
En lo que va de su gestión, la población de pobres pasó de 52.6%
a 58%, colocándose por encima de la media nacional.
Al menos 29 funcionarios o exfuncionarios veracruzanos son
investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por diversos
delitos como desviación de recursos, obras inconclusas y robo de presupuesto
para obra pública.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre de 2010 a agosto del año pasado en
Veracruz hubo 3 mil 136 asesinatos.
El corresponsal de Proceso en Veracruz Noé Zavaleta tiene
registrados 13 cementerios clandestinos. En tanto que la Fiscalía General del
Estado (FGE) recibió 950 denuncias penales por desapariciones y la PGR consideró
que 155 fueron forzadas.
De 2012 a 2015, 186 policías municipales y estatales fueron
puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO) por presuntos vínculos con el crimen
organizado.
En el gobierno de Javier Duarte las denuncias se han
incrementado más de 5000% los casos de mujeres desaparecidas. De acuerdo con
cifras de la fiscalía estatal, de 2006 a 2010 se registraron 32 casos, de 2011
a 2015 incrementaron a mil 647 denuncias. El peor año fue en 2014, cuando se
reportaron 597 mujeres extraviadas.
A pesar de toda esta lista de
irregularidades, desavenencias, asesinatos, corrupciones, muertes,
desapariciones y hechos de violencia, Javier Duarte no fue llevado a juicio
político como los veracruzanos lo piden.
El PRI decidió mantenerlo en su lugar donde, al parecer, será
más útil pues el mismo partido que lo llevó al poder lo usará como blanco de
críticas, como bandera política de lo que no se debe hacer y para prometer que
el próximo mandatario no repetirá la misma película de terror, violencia y
sangre.
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