POR NOÉ ZAVALETA ,
XALAPA, Ver. (apro).- El priista Javier
Duarte de Ochoa no será enjuiciado políticamente en el Congreso local, pues
cuatro diputados del PRI dieron “sobreseimiento” al dictamen en donde
legisladores del PAN pedían un juicio de procedencia en contra del gobernador
por malversación de recursos públicos, violación sistemática de los derechos
humanos por el cúmulo de desapariciones forzadas y fosas clandestinas, así como
por el elevado número de asesinatos de periodistas en la entidad.
En reunión previa a la próxima sesión extraordinaria, las
comisiones de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales decidieron votar
en contra del dictamen que permitiría que el pleno decidiera si a Duarte de
Ochoa se le comenzaba un proceso para desaforarlo o no.
Los legisladores priistas Ciro Félix
Porras, Juan Manuel Velázquez Yunes y Marco del Ángel Arroyo, así como Eduardo
Sánchez Macías, del Verde, consideraron que la solicitud para el juicio de
procedencia era meramente “política y electorera”.
En una férrea defensa de Duarte, los cuatro legisladores que
votaron un dictamen para dar “sobreseimiento” a la solicitud de juicio político
reviraron que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), en donde el gobierno priista ha sido incapaz de justificar en qué se
gastaron 35 mil millones de pesos en lo que va de este sexenio, son procesos
fiscales que aún están en “proceso de solventación”.
En entrevista el diputado panista Carlos Urrutia lamentó que el
“mayoriteo priista” haya “frenado” el intento por llevar al mandatario a juicio
político, pues expuso que basta con observar todos los escándalos en que se ha
metido la administración veracruzana para llevarlo a juicio político.
“Es lamentable que la mayoría de los diputados integrantes de
estas Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales
hayan actuado por consigna y se hayan limitado a externar en comisiones, como
único argumento, que la denuncia de juicio político obedeció a los tiempos
electorales, sin enfocase en estudiar con profesionalismo e imparcialidad los
tres aspectos que por ley les correspondía analizar”, se expresa en el
documento del voto particular de los panistas Carlos Urrutia y Domingo Bahena.
Urrutia señaló que la denuncia presentada en contra de Javier
Duarte cumple a cabalidad los requisitos de procedencia que exige la ley, pues
hay actos u omisiones que conforme a la ley afectan los intereses públicos
fundamentales, aparte de agravios que han costado la vida de veracruzanos y
otras vejaciones claras a los derechos humanos, todo ello sumado al gran
desfalco del erario.
“Entregamos pruebas, sentencias de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, diversos informes de la
Auditoría Superior de la Federación, un disco compacto que contiene los estados
de cuenta bancaria del Fideicomiso del Impuesto a la Nómina, imágenes gráficas,
originales de diarios y notas periodísticas, la propia recomendación de la CNDH
sobre casos de desaparición forzada, las declaraciones del fiscal general que
reconoce casos de desaparición forzada. ¿Qué más querían los diputados priistas
como pruebas?”, recriminó Urrutia.
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