RICARDO ROJO
Obispos
mexicanos, organismos civiles y diputados de partidos políticos de derechas
agrupados en el Frente Nacional por la Familia, al apoyar las marchas del 10 y
24 de septiembre, declararon la “guerra santa” al Estado y a la educación
pública laicos; situación que obliga a recordarles que la resistencia (incluso
armada) del oscurantismo contra la ciencia y el progreso en México, costó
muchas vidas humanas.
Las opiniones
del clero no son palabras divinas, están obligadas –por ley- a no promover, con
afirmaciones de falsa moral, el odio que derive en acciones de violencia contra
otros sectores de la sociedad. Los ataques del clero a la escuela pública y a
los maestros por trabajar la educación laica y sexual (1935) y el linchamiento
cometido sobre un grupo de trabajadores universitarios, acusados de comunistas
por el cura de San Miguel Canoa (14/septiembre/1968), ejemplifican la “guerra
santa” del clero.
Decir que
“el futuro de la humanidad se fragua en el matrimonio y la familia natural” y
que los que no piensan como ellos “perjudican la maduración de las personas, el
cultivo de valores comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y de los
pueblos” (Conferencia del Episcopado Mexicano, 16/agosto/2016), es un desatino,
por decirlo suavemente y no ofender su pobre argumentación conceptual.
El pueblo
de México presencia la ofensiva ideológica política que el poder fáctico
clerical sostiene con fines electorales contra el Estado laico, sin que exista
una corriente de opinión progresista capaz de detener su avance y recobrar la
memoria de siglos de combate a la opresión e intolerancia sostenida por los
mexicanos desde la conquista española, la independencia, la reforma y la
revolución. El oscurantismo clerical cuenta con aliados en el aparato de
Estado, sobre todo a partir de 1982 cuando el PRI le concede estatus jurídico y
bajo la docena trágica del gobierno del PAN tales concesiones se amplían junto
a las adhesiones silenciosas y cómplices del PRD.
Separar
el Estado de la Iglesia, constituyó un avance radical de la ley para frenar los
abusos económicos y políticos cometidos por el clero sobre la población
embrutecida por fanatismos religiosos. Lo proclamaron abiertamente Benito
Juárez, Melchor Ocampo, Manuel Ruiz y Miguel Lerdo de Tejada en el Manifiesto a
la Nación del 7 de julio de 1859: “La nación se encuentra hoy en un momento
solemne, porque el resultado de la encarnizada lucha que los partidarios del
oscurantismo y de los abusos han provocado esta vez contra los más claros
principios de la libertad y del progreso social. Depende todo de su porvenir”;
y, para su tiempo, publicaron las revolucionarias Leyes de Reforma.
Fueron
las Leyes de Reforma las que dieron rostro y vigor a la débil laicidad que se
practica en México, siendo desde entonces objeto de feroces ataques del poder
fáctico clerical, en la medida que aquellas declararon la igualdad formal y la
libertad de culto de todos los ciudadanos, el término de sus negocios en bienes
raíces, la conversión del matrimonio, nacimientos y defunciones en actos
civiles de Estado y la obligación del gobierno de hacerse cargo de la educación
elemental.
Los
rectores de las universidades públicas del país han alzado su voz para alertar
sobre las nuevas acechanzas del buró político de la iglesia. Hacen bien cuando
defienden lo poco que nos queda de Estado laico declarándolo “una condición
necesaria de las sociedades modernas en la medida que garantiza la pluralidad
de las ideas y hace posible el respeto a la diversidad étnica, religiosa,
moral, ideológica y filosófica a partir de una ética que se sustenta en los
derechos humanos”. (La Jornada, 22/septiembre/2016). La universidad pública es
hija de la lucha social por el derecho a la educación, la libertad de cátedra y
la enseñanza laica, pero hace muy poco para defender el legado histórico de los
constituyentes republicanos.
La
iglesia ha desatado una confrontación abierta no contra Enrique Peña Nieto por
su iniciativa de ley para oficializar los matrimonios igualitarios, no, la
iglesia tiene en sus planes una nueva ofensiva contra todo lo laico en la vida
nacional y lo expresa abiertamente: “El llamado matrimonio
igualitario -dice- es solo una parte de una serie de propuestas legislativas
con amplio espectro, unas ya aprobadas y otras en proceso y con consecuencias
de un profundo cambio antropológico” (CEM).
La patria
de los neoliberales es el dinero y los negocios, por eso, al reformar la
Constitución, liquidan todos los logros sociales producto de las revoluciones
armadas. La Constitución de 1917, que recogía el espíritu histórico de la de
1857, ya no existe. A 99 años de su aprobación, la han mutilado 697 veces, la
mayoría de las modificaciones -429- fueron realizadas entre 1982 a 2015, los
años del neoliberalismo, atacando principalmente el artículo tercero de la
educación, 24 de la libertad de cultos, 27 de las tierras y aguas, 123 del
trabajo y 130 de la separación Iglesia Estado. (Revista sinembargo.mx,
“La Constitución ya no es la de 1917: sus símbolos se quebraron”,
5/febrero/2016).
Un pueblo
laico se caracteriza por defender los conocimientos universales, sin dogmas,
con una visión democrática, inteligente, científica y tolerante. Los que se
oponen a esta forma de ver el mundo y la vida lo hacen porque ven amenazados
sus privilegios, sus negocios y sus fueros.
Los
mexicanos de hoy estamos obligados a defender y a restaurar los principios del
laicismo que nos legaron los revolucionarios liberales que votaron las
constituciones de 1857 y 1917. Juárez escribió: “suplico a usted no ponga a mis
hijos bajo la dirección de ningún jesuita ni de ningún sectario de alguna
religión; que aprendan a filosofar, esto es, que aprendan a investigar el por
qué o la razón de las cosas, para que en su tránsito por este mundo tengan por
guía la verdad y no los errores y preocupaciones que hacen infelices y
degradados a los hombres y a los pueblos”. ¡Una nueva constitución republicana
y democrática para México!
