Juan Omar Fierro
El estudio, coordinado por el doctor Sergio Aguayo, académico de El
Colmex, pide buscar la verdad en estos casos de graves violaciones a los
derechos humanos, para que se entiendan las lecciones dejadas y que no se
vuelvan a repetir este tipo de tragedias
Autoridades bajo el mando de los ‘Zetas’, en San Fernando y Allende.
El reporte “En el desamparo: los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)”, agrega que los alcaldes de ambos ayuntamientos eran figuras prácticamente decorativas o inexistentes, puesto que ninguna autoridad municipal alzó la voz o presentó algún tipo de denuncia para tratar de contrarrestar el control que ejercían “Los Zetas” sobre sus cuerpos policiacos.
El estudio fue coordinado por el académico Sergio Aguayo. A lo largo de un resumen ejecutivo y ocho anexos o reportes complementarios se reconstruye la actuación que tuvieron las diferentes autoridades antes y después de dos tragedias: 72 migrantes asesinados en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, y la desaparición de al menos 42 personas en la localidad de Allende, Coahuila.
El documento exhibe principalmente las complicidades y debilidades de las autoridades municipales, pero también demuestra omisiones e indiferencia de los gobiernos estatales hacías las víctimas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no salen mejor parados, ya sea por la discrecionalidad del anterior ombudsman o por los graves conflictos internos que marcan la operación del segundo organismo autónomo.
El informe es muy claro en cuanto a la complicidad de las policías municipales en el caso de los 72 migrantes que fueron ejecutados en San Fernando por negarse a engrosar las filas de Los Zetas o en el caso de las 34 casas y fincas que fueron arrasadas en Allende por las disputas internas al interior de ese grupo delictivo. El secuestro y desaparición de familias enteras incluyó a mujeres y menores de edad. que llevaban el apellido Garza.
“En 2010 y 2011, los Zetas tenían a su servicio a los 36 policías de San Fernando y a los 20 de Allende. Sin embargo, los agentes de involucraron de diferente manera con los criminales. Algunos se hicieron entusiastas cómplices; otros pusieron distancia sin confrontar o combatir a los delincuentes”, apunta el informe.
En el documento también se advierte que los funcionarios municipales de ambas localidades incumplieron con su obligación de denunciar de forma inmediata los secuestros y desapariciones de decenas de personas dentro de sus territorios, dejando en el desamparo a las víctimas y a sus familias.
Los alcaldes de San Fernando y Allende argumentaron por separado que no contaban con ninguna información de las tragedias ocurridas dentro de los territorios que gobernaban en ese momento.
Foto: ZUMApress/Xinhua
Omisiones e indiferencia de los gobernadores
El reporte elaborado por el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México también hace señalamientos concretos sobre losgobernadores en funciones al momento de la tragedia: Egidio Torre Cantú en Tamaulipas y Jorge Juan Torres López en Coahuila.
Por lo que respecta a San Fernando, Tamaulipas, se indica que el entonces gobernador,Egidio Torre Cantú, se negó a reconocer la gravedad del problema y y evadió cualquier responsabilidad de su gobierno, por lo que dejó la investigación en manos de la Federación y ya no realizó ninguna acción de prevención o de combate a la célula criminal de “Los Zetas” que operaba en ese lugar.
En el caso de Coahuila, el informe señala que el gobernador interino en 2011, Jorge Juan Torres López, actualmente prófugo por acusaciones de lavado de dinero en Estados Unidos de América, ocultó la desaparición masiva de personas ocurrida en Allende entre enero del 2011 y agosto del 2012, lo que ha dificultado la investigación y alimentado la especulación sobre el número total de víctimas.
La Procuraduría General de Justicia de Coahuila solo ha dado por desaparecidas a 42 personas en Allende, pero una cifra extraoficial sobre este evento, proporcionada por un sicario que se convirtió en testigo protegido de la justicia norteamericana, habla de 300 víctimas, cantidad que incluiría a residentes de municipios colindantes como Piedras Negras, Múzquiz, Nava y Zaragoza en Coahuila.
El reporte agrega que la actuación del gobierno de Coahuila se modificó sustancialmente con la llegada a la gubernatura de Rubén Moreira Valdéz, quién se comprometió con las familias de las víctimas a investigar el caso.
La indiferencia de los ex gobernadores Egidio Torre y Jorge López para actuar en ambos eventos lleva al informe a cuestionar sobre la incompetencia o vinculación de sus respectivas administraciones con el crimen organizado, situación que se agrava por la falta de investigación de las procuradurías locales y las instancias federales que han intervenido.
Procuradurías omisas, descuidadas, lentas
El informe sobre el desamparo de las víctimas añade que las Procuradurías de Tamaulipas y Coahuila casi no han desarrollado labores de investigación para llegar a la verdad de los hechos, debido a que los fiscales se limitan a construir imputaciones en contra de los involucrados con el apoyo de pruebas testimoniales y confesiones autoinculpatorias.
Las omisiones de la procuraduría tamaulipeca incluyen un descuido evidente al momento de levantar y resguardar los cuerpos de los 72 migrantes asesinados en un rancho de San Fernando, lo que dificultó la identificación de las víctimas y provocó errores al momento de entregar los restos a sus familiares.
Foto: ZUMAPRESS.com
Por lo que se refiere a la tragedia de Allende, el documento confirma que la Procuraduría de Coahuila no investigó de manera inmediata por la desaparición masiva de personas. En los días y semanas posteriores al hecho ocurrido entre el 18 y 20 de marzo del 2011, cuando se llevaron al mayor número de víctimas, las autoridades solo realizaron una visita ocular y recabaron un testimonio entre la población.
Las primeras declaraciones ministeriales y diligencias formales sobre este evento, se realizaron hasta el año 2014, es decir, tres años después.
La ineficiencia y falta de actuación no se limita sólo a los gobiernos municipales y estatales, puesto que en el caso de San Fernando, Tamaulipas, la comisión local de derechos humanos se negó a investigar los hechos de manera independiente. En el caso de Allende, fue la CNDH quien se negó a intervenir a favor de las víctimas, por lo que nunca ejerció su facultad de atracción para revisar posibles violaciones a los derechos humanos de las víctimas.
Debido a la deficiente actuación de gobernadores, organismos de derechos humanos y procuradurías, el reporte concluye que las víctimas de San Fernando, Tamaulipas, y las de Allende, Coahuila, no han recibido un trato adecuado a nivel municipal y estatal.
La pasividad del gobierno federal en Allende y San Fernando
Las tragedias de San Fernando, Tamaulipas, y Allende, Coahuila, tuvieron lugar en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, cuyo nombre apenas aparece en el reporte del Colegio de México. Sin embargo, el documento sí advierte que la presencia del crimen organizado en ambas regiones fue producto de la omisión y pasividad de dependencias federales.
A pesar de esta primera conclusión, el estudio reconoce que existe un gran vacío sobre el papel que desempeñaron instancias federales como el Instituto Nacional de Migración (INM), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Ejército Mexicano, por lo que el Colegio de México planea una segunda etapa de la investigación para tratar de entender la pasividad del gobierno federal frente al dominio de “Los Zetas” en Coahuila y Tamaulipas.
La CNDH tampoco sale bien librada en el informe, derivado de que si titular al momento de ambas tragedias, Raúl Plascencia, tardó tres años en emitir una recomendación para el caso San Fernando, excluyendo decenas de pruebas y autocensurando el alcance de su señalamientos; mientras que en el caso de las desapariciones forzadas de Allende hasta la fecha no ha iniciado una investigación sobre la violación a los derechos humanos de las víctimas.
“La CNDH no cumplió con su obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos y de investigarlas para contribuir a que hubiera justicia y reparaciones. Es cierto que se involucró inmediatamente en la masacre de San Fernando, pero se tardó casi tres años en presentar la Recomendación 80/2013”, detalla el informe.
Una de las principales debilidades en el trabajo de la CNDH es que no se interesó en los vínculos del crimen organizado con la policía municipal de San Fernando, pese a que existen documentos y declaraciones de que al menos 16 agentes locales participaron en la masacre de los 72 migrantes, señala el reporte.
Por lo que respecta a Allende, se resalta que el organismo ni siquiera inició una investigación de oficio como ocurrió en San Fernando. La responsabilidad principal de las omisiones en que incurrió la CNDH se atribuye a su anterior titular, Raúl Plascencia, quien llegó al cargo muy cuestionado por diversos actores. El análisis añade que su sucesor en el cargo, Luis Raúl Gónzalez Pérez, tampoco ha dado continuidad a estas investigaciones.
Pero más allá de sus titulares, el informe cuestiona que la CNDH no haya ejercido su facultad de calificar como graves las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en San Fernando y Allende, decisión que habría dado a las víctimas y a la sociedad mayores recursos para exigir la verdad y obtener la reparación del daño a las víctimas.
“Nos parece ilógico que ni Raúl Plascencia ni Luis Raúl González hayan calificado como graves a San Fernando y a Allende. Lo hecho por los Zetas elevó el listón de las barbaries. El Estado ni previno ni actuó con la celeridad que se merecían ambos casos”, enfatiza el reporte.
Sobre el trabajo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se concluye que ha sido incapaz de dar buena atención positiva a las víctimas de San Fernando, mientras que a las de Allende ni siquiera las considera, puesto que no tienen ningún expediente sobre el segundo caso. Uno de sus problemas principales es la confrontación y división entre los comisionados, situación que se reconoce al interior del organismo.
Pese a todos los hallazgos negativos, el reporte concluye con tres recomendaciones básicas para mejorar la atención a las víctimas en el país: reestructurar a profundidad los organismos destinados a este fin como la propia CEAV, mejorar los canales de comunicación entre el Estado y la sociedad para que haya mayor empatía entre las partes y favorecer la búsqueda de la verdad en todos lo casos de violaciones a derechos humanos.
Sólo con el cumplimiento de estos enunciados, señala el reporte, se podrán entender las lecciones dejadas por los casos de San Fernando y Allende, desde la penetración del crimen organizado en todos los sectores de la sociedad como ocurrió con Los Zetas, hasta la autonomía aparente de los alcaldes que responden más a los grupos delictivos que a los gobernadores de sus propios estados.
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