26 de febrero de 2018

CAMPAÑA DE ANAYA SE DESPLOMA POR EL TEMA DE LAVADO DE DINERO.


Las acusaciones del supuesto lavado de dinero hacen que  se desplome la campaña de Anaya.

por La Verdad

lecciones 2018: Campaña de Anaya se desploma por el tema de lavado de dinero.

Las acusaciones del supuesto lavado de dinero hacen que  se desplome la campaña de Anaya.

En la publicación titulada “Mexico’s elections: corruption confusion”, Jude Webber escribió acerca de cómo la campaña de Anaya se estancó la semana pasada. Webber afirmó que el candidato del PAN podría estar relacionado en el delito de lavado de dinero por la venta de una propiedad por parte de una empresa que pertenece a su familia.



La campaña de Ricardo Anaya, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, se desplomó tras las acusaciones hechas la semana pasada de lavado de dinero y la respuesta de los usuarios de redes sociales al tratar de encender un auto híbrido sin éxito, señaló el Financial Times.
Por su parte Ricardo Anaya y su equipo de campaña han realizado esfuerzos por revertir los efectos negativos de las acusaciones por lavado de dinero y lo atribuyen al uso de la institución de la PGR como instrumento para desprestigiar su campaña. El pasado domingo 25 de febrero, el equipo del candidato a la presidencia de la república hicieron varias acciones para mitigar los efectos del artículo publicado por el Financial Times y las acusaciones por el presunto delito de lavado de dinero.
25 de febrero 2018

En la publicación titulada “Mexico’s elections: corruption confusion”, Jude Webber escribió acerca de cómo la campaña de Anaya se estancó la semana pasada. Webber afirmó que el candidato del PAN podría estar relacionado en el delito de lavado de dinero por la venta de una propiedad por parte de una empresa que pertenece a su familia; la periodista agregó las transacciones dudosas para la construcción de la sede del partido, temas que han influido en su desplome.

INTIMIDA FISCALÍA DE VERACRUZ A ACADÉMICA QUE REALIZA ENCUESTA SOBRE DESAPARICIONES


Agentes del MP entregaron citatorio dentro de la UV; violaron la autonomía universitaria
Rosío Córdova Plaza señala que el problema de las desapariciones forzadas en Veracruz no ha cesado con la administración del panista Miguel Ángel Yunes LinaresFoto Sanjuana Martínez
Sanjuana Marttínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 25 de febrero de 2018, p. 14
La académica Rosío Córdova Plaza, de la Universidad Veracruzana (UV), nunca se imaginó que realizar una investigación sobre levantones, secuestros y desapariciones le valdría un citatorio en calidad de testigo por parte de la Fiscalía General del estado (FGE)
Nunca en la vida me imaginé esto. Me parece un atentado a mi labor y a mi crédito como investigadora, a los 22 años que tengo en la universidad; es un atentado a la libertad de cátedra y de pensamiento y una violación a la autonomía universitaria, dice en entrevista con La Jornada, al salir de su comparecencia judicial.
Sorprendida por las formas utilizadas por la fiscalía de Veracruz, que envió el 22 de febrero a dos agentes del Ministerio Público a la UV para entregarle el citatorio judicial, la multipremiada integrante del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, una de las cuatro mujeres del Sistema Nacional de Investigadores nivel III y doctora en ciencias antropológicas, advierte que tocaron fibras sensibles para Veracruz, donde en los años recientes se han registrado miles de desapariciones forzadas, fenómeno que continúa con el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.
Tocamos una fibra sensible, porque en este momento la violencia no cesa en Veracruz. Más aún, lo que saldrá al final, cuando se alcance a procesar toda la encuesta de la investigación, serán cifras mucho mayores de las que ya tenemos, con lo cual lograremos remontar la cifra negra, indicó.
La encuesta
El citatorio judicial para Córdova Plaza llegó mientras presentaba el informe preliminar de un tercio de los resultados de la investigación sobre levantones, secuestros y desapariciones forzadas.
La investigadora, autora de innumerables artículos e investigaciones académicas, explica que dentro del programa universitario de cultura de paz, impulsó con un equipo interdisciplinario este proyecto cuestionado, titulado El papel de la Universidad Veracruzana como constructora de paz: alternativas a la violencia en Veracruz.
Recuerda que en 2016 la UV lanzó una convocatoria para otorgar seis financiamientos de 100 mil pesos cada uno a los proyectos ganadores, como el de este grupo, y en diciembre de 2016 les entregaron 50 mil pesos con los que empezaron a trabajar.
El proyecto se sometió a un comité y entregamos avances el 30 de junio del año pasado y la segunda parte el 31 de enero. El sondeo se aplicó a 10 por ciento de la comunidad universitaria, es decir, casi 8 mil 500 encuestas, y faltan mil 200, por lo cual con el análisis de 2 mil 500 hicimos el informe preliminar.
Entre las preguntas hechas se incluyen las siguientes: ¿Ha sido víctima de un secuestro? ¿Ha sufrido algún familiar, amigo o compañero de la UV algún plagio?
“En la información que estoy presentando y que causó este escándalo dije en una entrevista que teníamos 27 casos de secuestro, secuestro exprés y levantones, así como nueve desapariciones. Con 29 por ciento de las encuestas capturadas, salieron estas nueve personas desaparecidas, no sabemos en qué contexto, porque apenas estamos en la parte cuantitativa”, dice.
Luego de presentar los resultados durante un acto, recuerda que cuando regresaron de comer a las 4 de la tarde ya había dos personas con un citatorio de la fiscalía.
El problema no es que me hayan citado, sino lo que dice el último párrafo del citatorio, señala.
Efectivamente, el citatorio firmado por David García Galván, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas de la zona centro-Xalapa, la exhortaba a comparecer, y En caso contrario se hará uso de la fuerza pública, conforme a lo establecido en el artículo 364 del Código de Procedimientos Penales.
Cuenta que su asistente firmó el oficio a las dos personas que se pensaba eran notificadores o actuarios, pero resultaron ser agentes del Ministerio Público: No querían irse hasta que yo firmara con mi puño y letra, se pusieron en la puerta como para impedir mi salida, algo que me pareció intimidatorio. Consulté a mi abogado vía telefónica y me dijo que no era necesario que firmara, y se los pasé. Finalmente los dos se fueron.
Añade: Esto fue gravísimo, porque se está violando la autonomía universitaria. Estos dos policías se metieron a la universidad como si fuera su casa.
Rectora en contra
Además de la investigadora Rosío Córdova Plaza, la FGE citó a la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, pero con un citatorio diferente, que no incluye la advertencia de que se utilizaría la fuerza pública en caso de no asistir a la cita.
En conferencia de prensa, la rectora, que fue rival de la investigadora Córdova Plaza en las pasadas elecciones a la rectoría de la UV, descalificó la investigación del equipo interdisciplinario y dijo que desconocía los resultados, además de que corrigió la cifra diciendo que sólo se ha registrado un desaparecido en la UV y no 27.
La rectora está diciendo que la UV no puede avalar esta investigación. Me parece grave y descalificador de mi persona y del equipo de investigación decir que es una opinión personal, como si no fuera un proyecto que ellos avalaron y que además ya tienen los resultados, dice Córdova Plaza.
Añade: La rectora dio una conferencia en la que señala que ella no avala, ni la Universidad Veracruzana, los resultados de la investigación, porque los desconocen y que esas son opiniones personales de una investigadora. Es indignante que a una investigación que ha sido premiada por la propia universidad ahora la rectora se refiera como opiniones personales.
La investigadora Córdova Plaza es esposa de Hipólito Rodríguez Herrero, alcalde de Xalapa por el partido Morena. Un grupo de académicos reprobó el citatorio de la fiscalía, que consideraron como amenazas del gobierno del panista Miguel Ángel Yunes.
–¿A qué atribuye toda esta desproporción del citatorio de la fiscalía y las formas utilizadas? ¿Hay tintes políticos? ¿Una intención del gobernador Yunes Linares?
–Entraron en pánico al escuchar el número de 20 desaparecidos. Estamos en año electoral, pero no puedo afirmar si tiene tintes políticos. No tengo ninguna confrontación personal con la rectora Ladrón de Guevara, aunque las dos competimos por la rectoría. De mi parte no hay rivalidad, yo soy antropóloga, compartimos facultad; ella es nuestra máxima autoridad, pero jerárquicamente en términos académicos yo estoy por encima. Me llamó para decirme que no pensara que existía una rivalidad, y yo le dije que de mi parte no la había.
Añade: Ha sido una desproporción absoluta. Se hizo demasiado alboroto por algo que es un trabajo académico defendido por el artículo 23 de la Ley General de Víctimas y por el 362 del Código de Procedimientos Penales, es decir, aunque me dice el fiscal que estaba obligada por otro artículo, yo podría haberme acogido a estos dos.
Comenta que antes de acudir, dos abogadas de la Red de Feministas Veracruzanas le recomendaron ampararse, luego de la presencia intimatoria de los ministeriales violando la autonomía universitaria.
Acudí amparada, el fiscal me preguntó que como obtuve esa información, le expliqué que a partir de una encuesta que es anónima, que era un trabajo antropológico, que se pudo realizar porque se garantizó a las personas que era anónima. Estuve una hora declarando, el fiscal me dijo que acudía en calidad de testigo y no de imputada.
Lamentó el deslinde de la rectora: La reacción de las autoridades universitarias ha sido verdaderamente desproporcionada también. Lo que ha ocasionado es que otras personas que están investigando seguridad, violencia en el contexto veracruzano, estén muy preocupadas. De las personas encuestadas, 48 por ciento afirman que se sienten inseguras, vulnerables y en riesgo.
La investigación aún no termina, por cual, dice, le ofreció al fiscal entregar los resultados finales, siempre y cuando se garantice el anonimato de sus informantes.
En Veracruz nos cayó la violencia con muy pocas herramientas, y eso es justamente lo que estamos tratando de diseñar y elaborar, herramientas de atención. En lugar de esto, las autoridades deberían apapachar una investigación de este calibre. Vamos a cubrir una basta superficie del estado, no es nada más la comunidad universitaria, porque cada persona está aportando datos de familiares, amigos y conocidos. Va a ser oro puro esta investigación cuando la terminemos.
La académica-investigadora advirtió que seguirá trabajando arduamente en este tema, a pesar de lo que ha sufrido en los días recintes: Estamos tocando con este proyecto fibras muy sensibles, la verdad es que somos académicas, circulamos libremente caminando por estas calles y así vamos a seguir, concluyó.

YUNES LINARES POLITIZA LAS DESPENSAS


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LOS DESVÍOS QUE MEADE NO VIO EN SEDESOL


POR JENARO VILLAMIL  , 24 FEBRERO, 2018

Un documento interno de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) consultado por Procesoindica que los artífices de la triangulación de recursos millonarios de esa dependencia con por lo menos 13 universidades públicas fueron personeros de Emilio Zebadúa, uno de los funcionarios clave durante la gestión de Rosario Robles en esa dependencia federal.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde agosto de 2016 –casi un año después de que Rosario Robles dejó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en medio de señalamientos sobre presuntos desvíos de fondos en esa dependencia–, el equipo de José Antonio Meade respondió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que “se desconocía” la documentación de los quebrantos millonarios al erario federal por la firma de convenios con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM): uno por 2 mil 435 millones de pesos, otro por 77 millones y un tercero por casi 23 millones.

En su respuesta a las observaciones enviadas por Muna Dora Buchahin Abulhosn, directora general de Auditoría Forense de la ASF –según la copia de los oficios consultados por Proceso–, Luis Vives López, director general de Programación y Presupuesto del equipo de Meade en Sedesol, dijo desconocer “los actores, términos y condiciones bajo las cuales se realizaron tales conciliaciones y gestiones”; más aún, dijo, “se desconoce [con]qué documentación soporte se estarían llevando a cabo las mismas”.

Sin embargo, Vives no presentó ninguna demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto delito de sustracción de documentos oficiales contra integrantes del equipo de Rosario Robles.
En uno de esos pliegos de observaciones enviados por la ASF a la Sedesol se señala el presunto desvío por 2 mil 435 millones de pesos al analizar el convenio del 2 de junio de 2014 que la dependencia suscribió con la UAEM “para pagar a 134 coordinadores técnicos sociales”.
“Dichos gastos los debía realizar la universidad para cumplir con el objeto del citado convenio, el cual consistía en desarrollar un Servicio Integral de Orientación y Evaluación de las Actividades encaminadas a fortalecer la operación del Fondo de Aportación por la Infraestructura Social”, anotó la ASF en el documento fechado el 1 de julio de 2016.
Datos sesgados

Mediante ese esquema de desvío de fondos, la Sedesol y la UAEM firmaron otro convenio por 77 millones 847 mil pesos. La ASF destacó que no se contaba con la documentación “que acredite la totalidad de los servicios contratados”; tampoco se tiene la certeza de que “los recursos federales que la Sedesol pagó al amparo del convenio antes mencionado se hayan destinado para realizar el servicio solicitado” a la universidad.
En esta comunicación interna con el director general de Programación y Presupuesto del equipo de Meade la ASF advierte que “los servicios fueron encomendados a una empresa diversa por un importe inferior al pagado por la Sedesol a la UAEM, no obstante, no podía subcontratar más del 49% ni ceder las obligaciones ni derechos contraídos en el convenio de coordinación para realizar los servicios, publicó la licitación pública número LP/DES/07/2014 por 73 millones 159 mil 159 pesos, adjudicada a la empresa Grupo Industrial y Servicios Vafed, a la cual, la universidad, de los recursos recibidos por Sedesol el 16 de diciembre de 2014, transfirió la cantidad mencionada, aunque no se tiene evidencia de la utilidad del servicio contratado por la Sedesol, por lo que no se tiene certeza de que los recursos federales se hayan aplicado para los fines que fueron otorgados”.
La respuesta de Vives López, con copia a Meade, entonces titular de la Sedesol, fue que “tras una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta dependencia” no se encontraron ni se “identificaron elementos distintos” a los ya aportados por la ASF.
Vives López entregó a la ASF una carpeta con 16 anexos que recibió de Francisco Báez Álvarez y Juan Francisco Martínez Lavín –colaboradores de Emilio Zebadúa González, oficial mayor de Sedesol durante la gestión de Rosario Robles–, y aclaró que “no dispone de elemento alguno para convalidar el contenido, pertinencia, dubitabilidad, alcance y/o valor probatorio que se le pretenda otorgar a las documentaciones presentadas”.
Báez Álvarez y Martínez Lavín son señalados como piezas claves en el equipo de Zebadúa en la Sedesol y presuntos artífices del esquema de triangulación de fondos públicos desde esa dependencia con universidades y empresas fantasmas.
Según Vives López, ambos funcionarios le entregaron al equipo de José Antonio Meade “un documento sin firma” en el que advierten que están realizando “las conciliaciones y gestiones necesarias” ante la UAEM para tener la evidencia documental futura que acredite el uso de estos millonarios recursos.
En un tercer oficio enviado a la ASF en octubre de 2016 –cuando el titular de Sedesol era Luis Enrique Miranda Nava–, Vives López respondió al órgano fiscalizador en términos similares por el presunto quebranto a la hacienda pública por 22 millones 944 mil pesos, relacionados con un convenio firmado entre la secretaría y la misma universidad para un servicio de desarrollo, implementación y puesta en operación del sistema de control de gestión con interoperabilidad y uso de firma electrónica avanzada.
Escribió Vives: “El 7 de octubre del año en curso, el C. Francisco Báez Álvarez, servidor público de esta dependencia del Ejecutivo federal, entregó ante la Dirección General de Programación y Presupuesto un documento sin firma de 14 fojas útiles de fecha 10 de octubre de 2016, así como una carpeta que contiene un disco compacto y cinco anexos, mismos que, en copia simple, al presente se adjuntan.”
Meade ante la red de Rosario Robles
Tras conocerse públicamente el informe de la ASF sobre los recursos ejercidos en 2014 y 2015 por el equipo de Rosario Robles en la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Antonio Meade se deslindó de cualquier responsabilidad, pero no mencionó si presentó una denuncia por las irregularidades detectadas.
“A mí me tocó ser secretario de Sedesol y en esa capacidad realizaron una investigación, con cargo a las rendiciones de la cuenta pública, que se hizo mientras yo era secretario. Se realizó una investigación profunda. Esta investigación resultó en el mayor número de suspensiones de servidores públicos que se haya dado en la historia de la función pública”, presumió el funcionario.
Meade, quien ahora es el candidato presidencial del PRI, señaló que más de 460 servidores públicos fueron separados de sus cargos. Se detectó que “un número muy importante” de adultos mayores habían sido dados de alta, pero en realidad no existían, por lo que tocaba a la ASF y a la PGR “deslindar” responsabilidades.
“A mí no me toca hacer un deslinde”, sentenció Meade en declaraciones a la prensa el miércoles 21.
La “investigación profunda” de Meade no llegó a tocar ni siquiera a la cabeza de la red de desvío y triangulación de fondos en Sedesol, que aplicó exactamente el mismo esquema ahora en la Sedatu, tal como acreditó la ASF.
Un documento interno de la Sedesol, al cual tuvo acceso este semanariorelata que existió una “confabulación” del director general de Programación y Presupuesto de Rosario Robles, Francisco Báez Álvarez, así como una red de complicidades con el director de Recursos Materiales, Enrique Prado Ordóñez, el coordinador de Asesores, Humberto Valverde, y el empresario Alejandro Hinojosa, originario de Irapuato y que presuntamente opera las compañías fantasmas desde despachos y domicilios ubicados en Tenysson y Presidente Masaryk, y en Newton y Lope de Vega, ambos en la colonia Polanco de la Ciudad de México.
De acuerdo con el relato de esta fuente interna de Sedesol, tanto Prado como Hinojosa se encargaron de contactar a las universidades y pusieron las empresas “fantasma” que triangularon los fondos, aprovechando la exención de licitar en el caso de entidades públicas como las universidades.
Otra funcionaria involucrada es Martha Montoya, quien fue tesorera en Sedesol y ahora ocupa un cargo similar en la Sedatu. Ella dejó alrededor de 4 mil cuentas por liquidar y sin comprobación en Sedesol. En Sedatu, en menos de tres meses, de octubre a diciembre de 2015, habría desviado más de 213 millones de pesos del fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).
Zebadúa, el “intocable”
Todos estos personajes –Francisco Báez Álvarez, Enrique Prado Ordóñez y Alejandro Hinojosa– dependen directamente del oficial mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa González, quien ha sido el brazo derecho de Robles en ambas dependencias.
Fueron ellos quienes elaboraron y firmaron los contratos con las universidades estatales que originaron los multimillonarios desvíos de dinero documentados por la revista Proceso desde 2015, y en la investigación La estafa maestra, elaborada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Zebadúa González es hermano mayor de Ramón Zebadúa, quien trabajó con Rosario Robles en el área administrativa de la Secretaría de Gobierno y en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, cuando colaboró con Cuauhtémoc Cárdenas.
Las irregularidades administrativas cometidas entonces por Ramón Zebadúa dieron origen a la denuncia periodística del “cochinito” de Rosario Robles, el 28 de mayo de 2001 en el periódico Reforma.
Emilio Zebadúa, quien fue consejero del antiguo Instituto Federal Electoral, secretario de Gobierno de Chiapas durante la administración de Pablo Salazar Mendiguchía y aspirante a gobernador de la Ciudad de México hace varios años, ha sido señalado por columnistas como presunto responsable de una red de tráfico de influencias y de contratos mediante “empresas fantasmas” en por lo menos 13 universidades públicas. Entre ellas están las de Morelos, Estado de México, Zacatecas, Campeche, Chiapas y Tlaxcala, así como la Intercultural del Estado de México, la Politécnica de Texcoco, la Tecnológica del Estado de México, la Tecnológica de Nezahualcóyotl, la de Centla, la Politécnica del Centro y el Instituto Superior de Comalcalco.
Zebadúa González, quien se convirtió en “intocable” durante las gestiones de Meade y Luis Miranda Nava en la Sedesol, es primo de Jaime González Aguadé, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quien se sumó a la campaña de Meade como vínculo entre el candidato presidencial priista y los empresarios.
Según versiones periodísticas, antes de que Raúl Cervantes Andrade dejara la PGR en octubre del año pasado ya tenía avanzada una investigación por presunto peculado en contra de Zebadúa González.