11 de septiembre de 2018

NUEVA COYUNTURA Y LA TÁCTICA REVOLUCIONARIA


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Año 22 Nº 187 Julio de 2018 Pág. 5

¡Por nuestros camaradas proletarios! ¡Resueltos a vencer! 

Proceso electoral y la violencia de clase

el proceso electoral transcurrió en medio de la violencia que emana del Estado, es la violencia de clase que expresa el reacomodo de los diferentes grupos de poder económico y político que pugnan por una mejor posición dentro del Estado burgués porque desde éste se garantizan sus intereses y privilegios.

La violencia que engendra el régimen alcanzó a sus propios hombres que lo personifican, sólo que ésta se dirigió a los eslabones más débiles de la cadena de opresión política, son las piezas desechables que hoy resultan prescindibles en el reacomodo, en su liquidación se garantiza los secretos de Estado y los acuerdos inconfesables.

Más de 150 políticos de oficio fueron sacrificados para que la democracia burguesa siga existiendo, son parte del tributo para que ésta se remoce; constituyen el argumento perfecto para fortalecer la militarización y el Estado policíaco militar; a la vez, expresa el alto grado de descomposición del régimen neoliberal y su crisis política.

En dichos actos de barbarie política se expresaron las contradicciones no antagónicas, unas se resolvieron violentamente eliminando los eslabones débiles y otras bajo el acuerdo político que lleva implícito la conciliación de clases, ambas tienen el mismo objetivo, garantizar la continuidad del régimen.

La violencia de Estado durante el proceso electoral nunca se dejó de ejercer contra el pueblo, mientras los diferentes candidatos a puestos públicos o de supuesta representación popular vendían parafernalia y se deshacían en promesas que rayan en el absurdo, nuevas víctimas de la violencia de clase engrosaban la larga lista del terror de Estado.

Es el pueblo no organizado al que se le impone más cuota en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, presos inocentes y desplazamiento forzado; la violencia de Estado se ha cebado en los ciudadanos que no están organizados o en aquellos que empiezan su proceso de organización.

El objetivo contrainsurgente es claro, se busca disminuir tanto la base social como la base política del proceso revolucionario; se intenta evitar a toda costa la organización y movilización popular; la pretensión es ejercer el terror para desmovilizar también a los organizados, es la esencia contrainsurgente.

La violencia de clase a través del Estado se hizo presente también en el mismo día de las elecciones, una jornada electoral vigilada por todo el aparato represivo, militares, marinos y policías de diferentes corporaciones en los hechos impusieron un latente estado de sitio bajo la bandera de la “protección a los ciudadanos”, lo que refleja la esencia de todos los procesos electorales y la democracia burguesa, ambos tienen un carácter coercitivo, las medidas en torno a ellos tienen un corte profascista, el ejemplo más claro es la credencial de elector, ésta en sí es una cédula de identidad para el control de la población.

Muchas fueron las expresiones de violencia de clase contra el pueblo durante el proceso electoral, incluido el día 1 de julio, la sangre no dejó de fluir por todo el país, diferentes modalidades de violencia de Estado se hicieron presentes, pero la dictadura de opinión se hizo patente, cada hecho fue ocultado y los pocos casos que rompen la censura son minimizados. Como botón de muestra, es el caso de la acción directa del ejército para obligar a votar por el PAN a comunidades del Mpio. de Tantoyuca, Ver., es así como se sostienen cacicazgos políticos. Ahí donde hay terrorismo de Estado como política de gobierno transexenal no hay democracia para el pueblo, lo que existe es la dictadura burguesa que ejerce su violencia para sostener la explotación del hombre por el hombre.

Gobierno, oligarquía y voluntad popular

El combatiente por el ideal comunista debe plantearse las debidas preguntas para poder orientar su acción en una condición diferente a como se desarrolla la lucha de clases. El 1 de julio es electo, donde participa según cifras oficiales el 70% del padrón electoral, un gobierno que su bandera política plantea que ante todo primero los pobres y la renovación moral, al definir la corrupción como el mal principal a extirpar para que el país supere todas las limitaciones y contradicciones socioeconómicas.

El arribo de MORENA y AMLO a la administración federal nos plantea diferentes interrogantes, ¿qué papel tiene la lucha electoral para la transformación de la sociedad?, ¿será en realidad la coronación de todas las “luchas sociales” y en consecuencia un gobierno de izquierda?, ¿qué papel y lugar tiene la lucha armada revolucionaria?, ¿qué táctica debemos desarrollar ante el cambio de la correlación de fuerzas?, ¿será más difícil organizar al pueblo bajo la nueva correlación de fuerzas?

Lo fundamental de la reflexión está en torno a la discusión sobre las vías de la transformación revolucionaria de la sociedad lo que contempla la estrategia y la táctica, para ello debemos ser claros políticamente para definir qué tipo de cambios se tendrán a partir del programa de gobierno que se expusieron con mucha anticipación al proceso electoral.

En aras de la claridad política y para evitar discusiones estériles, desde la perspectiva de los intereses populares debemos señalar que, no hay ningún planteamiento de transformación revolucionaria de la sociedad que troque radicalmente la condición de explotación y opresión que viven las masas trabajadoras. No se trata de ir a la cola de los acontecimientos y en consecuencia plegarse a la “hola política” del triunfo de la “izquierda electoral” para elevarlo como hecho histórico, para nada, en ello no hay nada de peculiar porque en esencia el programa de gobierno, que se enarboló y que fue sufriendo modificaciones al paso de la evolución del proceso electoral, es liberal burgués, en él están expresadas las demandas, necesidades e intereses de la clase que detenta el poder.

Nuestro planteamiento es desde la concepción revolucionaria, en este sentido somos claros al señalar que el triunfo de AMLO no es el triunfo de las fuerzas populares, tampoco la coronación de todas las “luchas sociales”; MORENA sostiene una posición política reformista sustentada en la concepción liberal, que para llegar a la silla presidencial tiene que hacer infinidad de alianzas y concesiones a la oligarquía para que ésta se sienta segura en intereses y privilegios, de otra manera el resultado electoral sería otro.

Esto no significa que se ponga a dicho partido político en la misma condición que al resto que han dado vida al sistema político mexicano. El hecho que el 70% del padrón participe en la jornada electoral de manera temporal fortalece políticamente a la democracia burguesa y al régimen neoliberal. A la primera, porque la presentan como la panacea y la elevan a paradigma político; al segundo, se le presenta como el destino infalible para los mexicanos donde no hay lugar para “caprichos ideológicos”.

A pesar de la participación de más del 60 por ciento del padrón electoral hay un hecho inocultable que todas las plumas del régimen tratan de minimizar, hay por lo menos un 30% de dicho padrón que no convalida la farsa electoral; hay que sumar un porcentaje también muy importante que no está empadronado que expresa una voluntad popular de combatir al régimen de opresión y explotación capitalista; y en esa voluntad política contra el sistema están aquellos que acuden a las urnas y anulan el voto, en correspondencia, los índices de rechazo al régimen son altos, son más millones de mexicanos los que expresan su rechazo al régimen que los que lo legitiman por medio de las urnas.

El abstencionismo como expresión política de rechazo al gobierno antipopular, al régimen neoliberal y contra las políticas antipopulares es importante, abarca un porcentaje muy alto, en esencia es el abstencionismo político militante, muy a pesar de la campaña triunfalista dicha voluntad de combatir no se extingue con el sólo hecho de cruzar la papeleta.

Es lo que tratan de ocultar analistas, comentaristas y toda una nube de plumas que ayer servían al gobierno priista, pero hoy rinden pleitesía al candidato electo, se trata de magnificar a la democracia burguesa y minimizar la voluntad popular de combatir, es fácil advertir el mensaje y pretensión política de que ya no hay motivos para luchar contra el “mal gobierno”, sin embargo, muchas son las causas que dan origen a la crítica política de las masas y en la medida que no se resuelvan motivos para la lucha sobran.

Los planteamientos del “cambio” que enarbola MORENA los encontramos en su programa, donde la concepción liberal burgués no se oculta y en ese sentido se actúa con la verdad en la mano y la boca, error sería que las fuerzas populares hagan otra lectura, que las fuerzas de la revolución finquen esperanzas en el planteamiento liberal, eso sería la pérdida de brújula ideológica.

El combatiente por el ideal comunista ve la esencia del fenómeno ahí donde otros no lo hacen o tratan de ocultar, los diferentes “votos” es el argumento desde los cuales artificialmente pretenden encuadrar todo a la concepción burguesa de la geometría política para diluir el hartazgo popular contra el régimen. La campaña mediática desde los monopolios de comunicación contra el candidato de MORENA enfiló ataques de toda índole con fines de linchamiento político; y la acción de los organismos políticos de la burguesía que lo consideraban en un primer momento como un peligro para México y posteriormente, dado el acuerdo político al que se llega, en conjunto son parte de las formas burguesas de hacer política.

Desde la perspectiva revolucionaria, desde la concepción del combatiente por el ideal comunista, desde el análisis del militante y combatiente del PDPR-EPR, es claro que el triunfo de AMLO de ninguna manera constituye una transformación revolucionaria de la sociedad en tanto que no se trastoca el régimen neoliberal en esencia, cierto, llega por el amplio descontento que existe en las masas trabajadoras que por diferentes medios expresan voluntad de combatir, es a lo que realmente se le teme desde el poder burgués.

Por los objetivos y toda la parafernalia durante el proceso electoral, el triunfo de MORENA constituye un fortalecimiento para la democracia burguesa, oxigenación pura para el régimen neoliberal, se constata desde el momento que todo lo mediático se vuelca a festejar, destacar que la democracia volvía a tener credibilidad, legitimidad por ser uno de los procesos más concurridos y todo tipo de argumentación para nublar la conciencia política de las masas oprimidas.

Ese hecho ejemplifica de qué manera se fortalece la democracia burguesa, ésta se remoza de legitimidad y se le trata de presentar como un triunfo popular. El resultado nos plantea el cómo abordar la nueva coyuntura, en lo inmediato las fuerzas populares enfrentamos un proceso mediático que busca la mediatización a corto plazo de toda expresión que cuestione la democracia burguesa y el régimen económico político; el pueblo organizado fuera de los marcos del corporativismo burgués enfrenta una vez más una ofensiva política del oportunismo y reformismo que hoy se fortalece, por todos los medios se trata de ahogar en la grietas de la democracia burguesa la voluntad popular de combatir.

A través de la campaña mediática de los monopolios de comunicación el resultado electoral constituye una válvula de escape que busca amortiguar la lucha de clases, sin embargo, ésta continúa, sólo adquiere matices distintos, porque las causas materiales que dan origen a la desigualdad económica, política y social no están resueltas; porque el cambio que se pregona no es radical y mucho menos revolucionario; y, porque la reforma moderada es el fondo teórico del programa de gobierno y no la transformación en función de los intereses populares.

Como revolucionarios definimos que el gobierno que emana del proceso electoral, en esencia es una junta administrativa de los intereses de la clase que detenta el poder, se advierte que pretende resolver ciertas contradicciones, pero la esencia que da origen a la explotación y la opresión capitalista persiste, no se trastoca. Será un gobierno de tendencia liberal burgués que en su programa plantea “limar las aristas más filosas del neoliberalismo”, en consecuencia, no hay que esperar una transformación revolucionaria de la sociedad, para el revolucionario no debe haber lugar para la especulación y mucho menos sembrar en las masas falsas esperanzas, en todo caso para las fuerzas de la revolución encaramos un problema táctico que nos plantea cómo organizar la voluntad popular de combatir en las nuevas condiciones y superar el proceso de desmovilización de las masas al que empujan las posiciones no proletarias y conciliadoras.

En la democracia burguesa nunca se respeta la voluntad popular, si bien es cierto que el ganador tiene como diferencia de otros procesos electorales un alto porcentaje del padrón electoral, eso no significa que tenga el respaldo popular absoluto; el pueblo por sus demandas y exigencia plantea el término no sólo del régimen neoliberal, sino de la explotación y opresión capitalista, en ese sentido afirmamos que no se respetó la voluntad popular en tanto que no se plantea la muerte del régimen capitalista, en consecuencia, no hay motivo para echar a vuelo las campanas, porque por muy progresista que sea el gobierno éste no supera la lógica capitalista.

El acuerdo al que se llegó con la oligarquía y las diferentes agrupaciones burguesas marcó la ruta final del proceso electoral, como se señaló en el comunicado del 14 de junio el camino quedó allanado para “elegir” al representante de los intereses de la oligarquía en nombre de las banderas populares, es en el proceso electoral y su culminación como se oculta y diluye su forma a la vez que se presenta como el resultado de la voluntad popular, he ahí el fraude político para que prevalezca voluntad e interés oligarca.

El arribo a la junta administrativa de MORENA representa un intento por superar la crisis del capitalismo con una salida moderada que no afecte intereses y dominio de clase, fortalece al interés burgués, a corto plazo les da margen de tiempo para la maniobra y superar la crisis tanto económica como política. Cada tiempo en el desarrollo capitalista demanda determinado gobierno, pero siempre sujeto a las leyes del Estado burgués.

En el proceso electoral en la medida que avanzaba, en un marco de violencia de Estado en todo el territorio nacional, hubo muchas señales que indicaban que la oligarquía podría ser “susceptible al cambio”, sobre todo en la recta final, en específico después de la reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, ahí se acordó la ruta a seguir para el régimen y en consecuencia para todos los hombres del sistema. La oligarquía siempre apostará a quien garantice la defensa de sus intereses y la continuidad del régimen económico y político.

Las declaraciones de diferentes políticos de oficio, integrantes de la cúpula policíaco militar y de diferentes oligarcas que estaban listos para “un cambio de régimen”, expresaban que había que pactar para articular un gobierno que pueda salvar al régimen. Por la experiencia histórica y los resultados de la táctica electoral, los procesos electorales son más redituables para la oligarquía para superar sus contradicciones, las cuales las solucionan bajo las formas burguesas de hacer política que comprenden desde el acuerdo político, la coerción de grupo, la coorporativización política, el hostigamiento policíaco, el linchamiento mediático, hasta la violencia para eliminar los “cabos sueltos”.

Dada la magnitud de la crisis económica y política del régimen nos permite observar que las contradicciones de clase se resuelven a partir del papel que México juega en la división internacional del trabajo, para el imperialismo es vital que su traspatio esté en santa paz que convulsionado por la lucha de clases antagónica.

De las posibles cartas sobre la mesa para resolver la crisis del régimen neoliberal lo importante es garantizar la continuidad de la ruta neoliberal. El fenómeno al que nos enfrentamos no deja de ser la expresión de la lucha de clases nacional e internacional, en esencia nos expresa la manifestación de las contradicciones interimperialistas exacerbadas que empujan a una tercera conflagración mundial para superar la crisis estructural del capitalismo, es la salida fascista por medio de la guerra.

Vientos de guerra imperialista soplan en el mundo y son muy fuertes, en la Segunda Guerra Mundial (SGM) el argumento fue la amenaza comunista y el objetivo imperialista fue frenar el avance de las fuerzas comunistas en el plano internacional, hoy es por la sobrevivencia del régimen capitalista que se encuentra en una profunda crisis estructural.

Tomando como experiencia de la SGM, no hay nada de espontáneo o improvisación en el arribo de administraciones que enarbolan el programa liberal burgués, si en un tiempo las dictaduras fue la exigencia imperialista, en otro momento lo es también los gobiernos policíaco militares, no es de extrañar que las banderas liberales se desplieguen como una manera de liberar las presiones políticas y económicas para fortalecer el régimen neoliberal. 

Sobre la táctica 

Lo concreto de la situación a la que nos enfrentamos es un cambio en la correlación de fuerzas producto del cambio de coyuntura que consiste en la existencia de un gobierno que se le presenta cuasi revolucionario, en todo caso es un gobierno progresista que en nombre de los pobres pretende realizar modificaciones a las expresiones más radicales del régimen neoliberal sin atentar contra los intereses de la oligarquía porque se parte de que el problema de la crisis económica y política que vivimos en México es de factor moral y no económico.

Políticamente el pueblo enfrenta una campaña mediática de todas las posiciones reaccionarias, a la vez, la ofensiva ideológica del oportunismo y reformismo que presentan al proceso electoral pasado como una victoria histórica de la izquierda en conjunto, lo cual falta a la verdad porque en realidad quienes arriban a la administración no son las fuerzas populares sino una parte del reformismo electoral, porque la otra se diluyó en el PAN.

Un argumento desde el oportunismo y las plumas mercenarias sostiene que “al pueblo le toca poner de su parte”, en este contexto, proponen que el pueblo debe frenar la lucha por la exigencia del cumplimiento de sus demandas históricas y actuales, es la conciliación de clases la esencia de dicho planteamiento que niega la necesidad de la lucha armada revolucionaria.

Dicho argumento expresa una política oportunista que pretende diluir la lucha de clases, la realidad es muy concreta, el pueblo lo conforman masas trabajadoras las cuales son explotadas y oprimidas. En ese contexto desde la política revolucionaria sería un error dar el privilegio de la duda a la democracia burguesa y sus mecanismos.

El otro argumento que se esgrime es que el triunfo de AMLO equivale a la revolución sin los muertos, no obstante, se falta a la verdad porque el arribo de MORENA a la administración federal se da en el cometido de más de 300 mil detenidos desaparecidos, más de 300 mil ejecuciones extrajudiciales, más de 300 mil presos de los cuales la mayoría es de manera injusta y más de 1 millón 200 mil desplazados de manera forzada por violencia, ¿aún se quería más cuota de sangre del pueblo?

Sobre estas víctimas del terrorismo de Estado es que se tiene una victoria electoral, eso no debe omitirse, mucho menos olvidar en el análisis político porque sería diluir la política de violencia contra el pueblo y la tendencia es muy clara a la conciliación de clases, la cual se presenta bajo la bandera de la reconciliación y pacificación.

A partir del primero de julio todo el esfuerzo político y mediático está para legitimar el proceso electoral y la democracia burguesa, en correspondencia el régimen neoliberal, el pasado proceso electoral estuvo bajo el escrutinio del mayor número de observadores internacionales proimperialistas y organismos de la misma índole, lo cual expresa el grado de la falta de legitimidad y credibilidad del régimen político mexicano que requiere del aval imperialista. Irregularidades hubo muchas, la violencia de Estado estuvo presente en diferentes puntos de la geografía nacional y las expresiones antielectorales también fueron bastantes, las cuales tratan de ocultar y minimizar.

Manifestaciones contra el régimen político se dieron en todo el país, expresan voluntad de combatir independientemente que no sean nota mediática, por ejemplo, en Michoacán pueblos de más de 40 mil habitantes decidieron no votar; en Jalisco y Chiapas comunidades indígenas no permiten la instalación de casillas; expresiones de esa naturaleza también se dieron en Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz y Puebla en conjunto son la expresión del abstencionismo político, el rechazo claro al régimen y a la democracia burguesa.

La labor del luchador social y en específico de los revolucionarios es el desenmascaramiento respecto al significado y objetivo de la democracia burguesa, a la vez del objetivo estratégico y la vía táctica para la transformación revolucionaria de la sociedad.

La tarea del revolucionario es construir conciencia de clase para que se comprenda la necesidad histórica de la revolución socialista. Para elaborar la táctica hay que analizar el resultado del proceso electoral y el futuro inmediato para las masas trabajadoras, el análisis debe ser hecho bajo el prisma de la lucha de clases, en esa perspectiva, ¿quién se beneficia del triunfo de MORENA y AMLO? Es obvio que el pueblo trabajador tiene expectativas, pero éstas no están dentro de la solución que plantea la nueva administración, el postergar por el nuevo gobierno cambios y promesas electorales en función del acuerdo político con quienes personifican el capital no beneficia a las masas trabajadoras, aquellos son quienes salen ganando una vez más, es la esencia de la democracia burguesa.

Para el nuevo gobierno están claras las prioridades, si bien es cierto que la bandera es en nombre “de los pobres” por el acuerdo con la oligarquía, son las demandas y exigencias de ésta que están por delante, se expresa en el cambio de cómo solucionar las exigencias populares y encarar las contradicciones sociales, el lenguaje expresa posición ideológica, si antes era la mafia del poder, hoy son empresarios que pueden ayudar al cambio; si antes se planteó la derogación de la reforma educativa, hoy sólo se pretende revisar sus aspectos más negativos; si al principio se insistió en la inviabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México hoy se considera viable.

Desde la alternativa revolucionaria y los intereses populares, a las masas corresponde seguir en la ruta de mantener la organización y la lucha popular, no dejar por ningún momento la exigencia de solución a las demandas populares. Si en estos años de los gobiernos panistas-priista la táctica era organizar la lucha contra el Terrorismo de Estado, esta bandera no se diluye, por lo contrario, adquiera mayor dimensión política.

La bandera de lucha de la presentación con vida de los detenidos desaparecidos no desaparece, por lo contrario, adquiere mayor connotación; las banderas de la lucha contra el terrorismo de Estado son tan vigentes como cuando los gobiernos panistas-priista organizaron la guerra contra el pueblo.

No se puede aceptar pasivamente un “borrón y cuenta nueva”, las víctimas del terrorismo de Estado durante el régimen neoliberal son parte de la memoria histórica, no se pueden olvidar, son producto de la violencia sistemática y generalizada de la política de gobierno y por tanto la exigencia de juicio y castigo a los responsables no es moneda de cambio.

Por tanto, no se puede asumir una táctica defensiva pasiva, ésta significa la derrota de las fuerzas populares y su sujeción a la dictadura del capital sin resistencia. Es fácil advertir que algunos organismos políticos se inclinen tácitamente al perdón para dar paso a la reconciliación, ésta es imposible en tanto que existen profundas causas económicas, políticas y sociales de la confrontación antagónica de los intereses de las clases fundamentales de la sociedad mexicana, NUNCA PODRÁ EXISTIR IGUALDAD Y RECONCILIACIÓN ENTRE EXPLOTADORES Y EXPLOTADOS, ENTRE OPRESORES Y OPRIMIDOS.

Los crímenes de lesa humanidad no se diluyen en buenas intenciones, mucho menos en las posiciones judeocristianas, éstos deben ser sancionados sobre la perspectiva de que el único que los comete es el Estado mexicano y sus agentes, sobre el juicio y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Tampoco es correcto aspirar sólo a conocer la verdad, clarificar “qué les pasó” a las víctimas y pugnar por una indemnización económica, la lucha contra el terrorismo de Estado va más allá de esa pretensión económica.

Las banderas para el conjunto del movimiento popular son organizar la lucha contra el terrorismo de Estado, organizar la voluntad popular de luchar para desencadenar la lucha revolucionaria de las masas. La exigencia inmediata del pueblo es la desmilitarización del país; desmontaje inmediato del Estado policíaco militar; derogación de las reformas burguesas de carácter neoliberal; abrogación de la Ley de Seguridad Interior; presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy; juicio y castigo a los criminales de Estado; la desarticulación de todos los cuerpos policíaco militares especiales y paramilitares que ejercen la represión y el terrorismo de Estado contra el pueblo.

La transición de gobierno a gobierno ya empezó, desde la política burguesa se levantan grandes expectativas y la ofensiva política persigue mediatizar el descontento popular, pero para quienes luchan bajo las banderas de la revolución socialista una de las tareas es educar políticamente para que las masas trabajadoras comprendan en los hechos las limitaciones de la democracia burguesa.

La táctica para las fuerzas populares consiste en mantener la ofensiva política en el desenmascaramiento del carácter antipopular, represivo y proimperialista del régimen neoliberal; en organizar y estructurar la voluntad popular de combatir bajo las banderas de la revolución socialista.

De la revista : El insurgente 


¡Por nuestros camaradas proletarios! ¡Resueltos a vencer!

ERRORES, OMISIONES O COMPLICIDAD DE PGR DEJAN A LA PANDILLA PRIISTA CON PROCESOS FOFOS, VACILANTES.

El órgano del Poder Ejecutivo que se encarga de investigar y perseguir los delitos del orden federal, la Procuraduría General de la República (PGR), tuvo más errores y omisiones que aciertos en este sexenio en casos emblemáticos de corrupción y delincuencia organizada que involucraron a funcionarios públicos del partido del Presidente de la República, el Revolucionario Institucional (PRI).
Martes 11 de Septiembre de 2018
Por: sinembargo.mx


Ciudad de México.- La PGR cometió errores y omisiones a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto que alargaron los procesos penales en contra de cinco ex gobernadores priistas –los Duarte, Yárrington, Hernández, Borge– acusados por corrupción, enriquecimiento ilícito, e inclusive crimen organizado.


Estos cinco casos, antes de ser atraídos por las autoridades federales, iniciaron como procesos de investigación por parte de gobiernos estatales –algunos de ellos en el marco de una alternancia política cuya presión impulsó el desahogo del proceso legal– y/o de gobiernos extranjeros debido a que lograron evadir a las autoridades mexicanas.


El desatino e ineficiencia de la PGR se debe a la debilidad institucional, que en el caso del organismo dependiente del Ejecutivo federal, incluye falta de autonomía, de profesionalización de sus investigadores y peritos, además de un problema de politización de la justicia en nuestro país, explicó a SinEmbargo Marco Fernández, coordinador del Programa de Anticorrupción de México Evalúa.

El órgano del Poder Ejecutivo que se encarga de investigar y perseguir los delitos del orden federal, la Procuraduría General de la República (PGR), tuvo más errores y omisiones que aciertos en este sexenio en casos emblemáticos de corrupción y delincuencia organizada que involucraron a funcionarios públicos del partido del Presidente de la República, el Revolucionario Institucional (PRI). De ese modo, la administración de Enrique Peña Nieto cerrará con una gran deuda: “Combatir la impunidad y hacer que prevalezca la justicia”, según prometió cuando inició funciones en 2012.

En los últimos seis años, los errores procesales y la apatía de la PGR han sido cada vez más notorios. Y en la actualidad, casos como el de los ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez, Tomás Yárrington Ruvalcaba, Eugenio Hernández Flores y Roberto Borge Angulo, no reflejan la estrategia o la coordinación entre órdenes de gobierno que prometió Peña Nieto, hace casi seis años.

Inclusive, las investigaciones en contra de estos cinco funcionarios no fueron originadas por el Gobierno federal, sino que partieron de denuncias de los gobiernos locales de oposición y fueron detenidos por autoridades extranjeras (como en los casos de Javier Duarte, Borge y Yárrington).

Toda esta situación “ejemplifica la debilidad de las instituciones de procuración de justicia en nuestro país”, dijo a SinEmbargo Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y de México Evalúa. Según Fernández, el problema generalizado de impunidad en México y en materia de investigación de los diferentes crímenes no resueltos, entre ellos los de corrupción, tienen en común la debilidad de la PGR y de todas las procuradurías en el país.

Esta situación no sólo se debe a la falta de autonomía de las procuradurías y de las policías de investigación, sino a problemas estructurales de fondo, como la falta de personal capacitado para investigar de manera adecuada los casos a su cargo; malos salarios y falta de de lineamientos para el desarrollo profesional de los investigadores y peritos; la falta de protección por parte del Estado mexicano para conducir investigaciones de manera correcta y ante amenazas de políticos involucrados o del crimen organizado; la carencia de nociones suficientes para preparar y litigar los casos con base en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, además de problemas en los criterios de selección de personal que no responden al mérito.

“Por supuesto que hay un problema de la politización de la justicia en nuestro país”, explicó Marco Fernández. Pero la función de la PGR como brazo politizado del Ejecutivo federal, dijo, no será resuelto sólo con autonomía y con un cambio de nombre de la PGR –que pasará a ser la Fiscalía General– “porque el problema fundamental tiene que ver con la debilidad del personal que labora en esa institución, que ha sido seleccionada, la mayor parte de ella, con criterios políticos y no con criterios técnicos”.

El conjunto de debilidades mencionadas, es lo que termina provocando un “problema mayúsculo de impunidad” y un “precario” Estado de derecho y de impartición de justicia, advirtió el integrante de México Evalúa. Por eso tenemos, en la actualidad, “una impunidad centralizada” sin importar el tipo de delito, en el que “lamentablemente los delincuentes reciben el mensaje de que la probabilidad de que ellos enfrenten a la justicia, derivado de su violación a la ley, es muy poca”.

Además de la urgencia de garantizar la independencia y la profesionalización de las procuradurías, Fernández destacó que a México le hace falta “consolidar una reforma adecuada a la Fiscalía”, que requiere cambios a los artículos constitucionales 21, 73, 76, 102, 116 y 123. Cambios sin los cuales, será “muy difícil que logremos tener una Fiscalía que realmente funcione y sea garante del Estado de derecho en nuestro país”.

Este lunes, la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado presentó su propuesta de Ley Orgánica para la Fiscalía General de la República realizada en conjunto con los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás.

El proyecto fue realizado en más de 15 mesas de diálogo con los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En caso de aprobarse, la ley pondría en marcha la autonomía de la Fiscalía General de la República e iniciaría un nuevo proceso para elegir a su titular. Santiago Nieto, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que la Fiscalía contará con un Consejo Técnico Ciudadano, cuyos integrantes tendrán una duración de cinco años; comisiones especiales para casos graves y cuatro causales de remoción del Fiscal.

LAS PIFIAS DE LA PGR

En enero de 2012, la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR atrajo una investigación en contra de tres ex gobernadores de Tamaulipas –Manuel Cavazos Lerma (1993-1999), Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999-2005) y Eugenio Hernández Flores (2005-2010)– como parte de sus indagatorias luego del asesinato de Rodolfo Torre Cantú, otrora candidato tricolor al gobierno estatal, ejecutado en junio de 2010.

La SIEDO, además del asesinato, levantó averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, no hubo acción penal en contra de Cavazos (que hasta este año figuró como Senador del PRI).

En el caso de Yarrington, las autoridades mexicanas determinaron que el ex mandatario recibió 8.5 millones de pesos para financiar su campaña política rumbo a la gubernatura de 1998. Dinero que fue vinculado a los cárteles del Golfo y de Juárez a cambio de protección policial. Para 2012, el ex Gobernador contaba con una orden de aprehensión federal, por narcotráfico y presuntos delitos contra la salud.

Yarrington permaneció profugo hasta entonces. Y poco más de un año después, el ex Gobernador de Tamaulipas también era investigado por el Gobierno de Estados Unidos por delitos ligados al narcotráfico, fraude y lavado de dinero. Además, la Interpol contaba con una ficha roja para su detención. No obstante, sería detenido hasta abril de 2017, tiempo en que pesaban sobre él tres órdenes de captura de la PGR por haber lavado 12.7 millones de pesos, además de la adquisición ilegal de inmuebles en México y Estados Unidos, por un monto de 405 mil dólares.

Al momento de su detención en la ciudad de Florencia, en Italia, la PGR comunicó que se había logrado “gracias a la colaboración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Agencia de Investigación Criminal, así como de las autoridades del gobierno de Italia”, tras la emisión de la ficha roja emitida, luego de la orden de aprehensión librada por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas (y no del Gobierno federal).

Yarrington fue extraditado a Estados Unidos en abril de este año, donde ya se ha ordenado que le sean decomisados 132 millones de dólares, una aeronave y varias propiedades. Sobre él pesan 11 cargos, entre ellos crimen organizado, importación de drogas y declaraciones falsas a los bancos estadunidenses. El ex Gobernador se declaró “no culpable” de los cargos que se le imputan.

Por su parte, el ex Gobernador Eugenio Hernández permanece preso en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria desde octubre de 2017, cuando fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia Estatal, acusado de los cargos de peculado y lavado de dinero. Pese a que era investigado desde 2012 por la SEIDO y desde 2015 por el Gobierno estadounidense, no fue hasta el cambio de administración, con la alternancia en 2016 del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que el Gobierno local abrió los procesos en su contra.

El también ex coordinador de la zona sureste de la campaña del candidato presidencial Enrique Peña Nieto, es acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas de comprar un terreno de 1 mil 600 hectáreas por 16 millones de pesos en el Puerto Industrial de Altamira, a través de un prestanombres (Alberto Berlanga Bolado) y una empresa fantasma (GMC S.A de C.V). Dicho terreno, que era propiedad del estado, tenía un precio real de 1 mil 054 millones de pesos. En la fecha de su detención, el valor del terreno ascendió a mil 584 millones.

En la actualidad, Hernández mantiene una lucha legal para evitar ser extraditado a Estados Unidos, donde una corte del estado de Texas lo acusa de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero y fraude bancario, así como realizar movimientos financieros sin autorización legal. Al igual que Yarrington, Hernández ha sido asociado por las autoridades estadounidenses con el crimen organizado (Los Zetas) y le ha confiscado bienes inmuebles.

LOS DUARTES

El caso del ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), comparte cierto paralelismo con la reciente liberación de Elba Esther Gordillo.

Al igual que sucedió con la ex lidereza sindical del sector educativo mexicano, las primeras acusaciones por lavado de dinero y desvío de recursos sufrieron un revés a inicios de 2018, ya que los fiscales obtuvieron información sin una autorización judicial previa. Además, en agosto de este año, la PGR anunció que “por falta de pruebas” cambiaría la acusación en su contra por delincuencia organizada, a asociación delictuosa.

La reconfiguración del delito implicaría una condena más corta. Mientras que la pena por el primer ilícito era de 20 a 40 años de prisión, la del segundo fue de 5 a 10 años. Como la nueva imputación no está tipificada en la ley como un delito grave, existe la posibilidad de que Duarte cumpla su condena en libertad condicional.

Pese a que el ex político priista (fue expulsado del PRI en 2016) fue denunciado en 2014 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos e incumplimiento del deber legal, fue hasta octubre de 2016 que un Juez de Distrito en la Ciudad de México liberó la orden de aprehensión en su contra “por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, como refirió la PGR en un comunicado de prensa.

Ese mismo año, el entonces candidato a Gobernador por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Yunes Linares, interpuso una denuncia contra Duarte. Con la presión en escalada por las acusaciones y denuncias en su contra, en octubre de 2016, Duarte pidió licencia y se dio a la fuga hasta ser capturado en Guatemala, el 15 de abril de 2017.

A pesar de que el Gobierno federal se ufanó con la detención del ex Gobernador de Veracruz, el arresto fue posible después de que las autoridades mexicanas solicitaran una ficha roja a la Interpol, y después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitara su aprehensión al Ministerio Público de Guatemala. Para esto y a pesar de que meses antes ya se había localizado a Duarte, el Gobierno mexicano no hizo la solicitud, vía la Cancillería mexicana, hasta el mismo día de la aprehensión.

Lo anterior refiere que, pese a que las autoridades mexicanas solicitaron la colaboración de la Fiscalía General de la República de Guatemala, y a pesar de que el Gobierno federal realizó un operativo para la captura de Duarte de Ochoa en conjunto con la Policía Nacional Civil guatemalteca -por conducto de su división de policía internacional: la Interpol en Guatemala-, la detención no pudo realizarse antes ya que la PGR, a través de la SRE, no había solicitado la detención provisional con fines de extradición del ex mandatario veracruzano.

En el caso del ex Gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez (2010-2016), la PGR determinó este año no ejercer acción penal en su contra, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación bancaria y fiscal.

Las acusaciones en contra del ex mandatario derivaron de una denuncia penal presentada en 2016, por parte de la Auditoría Superior de Chihuahua en contra de Duarte y 42 ex funcionarios públicos, todos ellos implicados en el presunto desvío de 6 mil millones de pesos del erario público estatal.

Ese mismo año, el Gobernador electo Javier Corral Jurado anunció que su administración realizaría investigaciones en contra de Duarte y su equipo de trabajo. Sin embargo, fue hasta el 27 de marzo de 2017 que tres funcionarios públicos de la administración de Duarte fueron detenidos.

En los próximos dos días, Corral Jurado anunció que ya había una orden de aprehensión en contra de Duarte –que había escapado a El Paso, Texas– y que se había girado una tarjeta roja para su detención, a través de la Interpol.

Hasta la fecha, en la Fiscalía de Chihuahua perviven 15 órdenes de aprehensión en contra de César Duarte por peculado agravado, por un quebranto de 1.2 mil millones de pesos a las arcas estatales, además del presunto desvío de 250 millones de pesos para supuestamente financiar las campañas del PRI en 2016 (que implica procesos penales en contra de 39 personas, 15 de ellas detenidas hasta el momento).

El ex secretario de PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, es el detenido con mayor peso por los hechos y la Fiscalía de Chihuahua busca juzgarlo ante la desconfianza que tiene hacia la PGR. Abiertamente el Gobernador Corral mantiene un enfrentamiento con el Gobierno de Peña Nieto, a quien acusa de pretender dejar en la impunidad el caso contra César Duarte.

Hoy, por ejemplo, se dio a conocer que un juez federal dio un amparo para que Gutiérrez Gutiérrez, detenido en diciembre de 2017, pudiera llevar en libertad su proceso legal, hecho que fue impugnado por las autoridades del estado norteño.

BORGE EN Q. ROO

El priista y ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo (2011-2016), fue denunciado en 2016 por la organización civil Somos tus Ojos, por la adquisición irregular de 44 predios del Gobierno estatal. Un mes después, en septiembre, el Congreso local solicitó una auditoría al Ejecutivo estatal por el mal uso de al menos 51.2 millones de dólares del erario público.

Fue hasta junio del año pasado, bajo la administración del abanderado perredista Carlos Manuel Joaquín González, que la Fiscalía estatal giró una orden de aprehensión en contra de Borge y 14 de sus allegados por el presunto delito de lavado de dinero. Hasta entonces, el Gobierno federal no atrajo el caso.

Por su parte, el PRI, suspendió sus derechos en el partido, mismos que no le regresaría hasta que no se resolvieran las investigaciones en su contra. Sin embargo, no llegó a expulsarlo como sí sucedió con los ex mandatarios Tomás Yarrington Ruvalcaba y posteriormente con Javier Duarte de Ochoa.

A pesar de las múltiples acusaciones en su contra, fue hasta junio de 2017 que Borge Angulo fue detenido en Panamá en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando se disponía a tomar un vuelo a París. Para enero de este año, el ex Gobernador fue extraditado a México.

En la actualidad, la federación lo acusa sólo de lavado de dinero, mientras que la Fiscalía de Quintana Roo lo señala de aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública.
Por: sinembargo.mx


POLICÍA MUNICIPAL DE ORIZABA, VERACRUZ, VIOLA LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, TAMBIÉN ES ACUSADA DE ESTAR INVOLUCRADOS EN LA DESAPARICIÓN FORZADA


ESTA ES LA POLICÍA MUNICIPAL DE ORIZABA, VERACRUZ, QUE VIOLA LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, LA CORPORACIÓN TAMBIÉN ES ACUSADA DE ESTAR INVOLUCRADOS EN LA DESAPARICIÓN FORZADA.

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