CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) presentó un informe sobre la libertad de expresión en el continente, y
alertó que en México continuó la violencia contra periodistas durante 2019, año
en que fueron asesinados 11 comunicadores.
De acuerdo con el organismo, Francisco Romero, asesinado el 16 de mayo
pasado en Playa del Carmen, Yucatán, contaba con medidas de protección, en
tanto que Rogelio Barragán, Jorge Celestino Ruiz –ejecutado el 30 de julio en
Morelos– y Norma Sarabia –asesinada el 11 de junio en Tabasco– habían
denunciado que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas “habría sido negligente al momento de evaluar la situación
cuando los periodistas habían pedido protección”.
Según el informe de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión
(RELE), encabezada por Edison Lanza, México continuó con su tendencia violenta
contra el gremio periodístico durante el primer año de gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador, año distinguido por “el incremento de
declaraciones estigmatizantes de parte de las altas autoridades públicas contra
integrantes de la prensa, lo que promueve la práctica del acoso masivo en redes
sociales, como lo han reportado diferentes organizaciones y medios de
comunicación”.
El reporte anual resalta la persistencia de la impunidad en los ataques
contra periodistas, de manera que, de los 13 asesinatos registrados en 2018,
“hasta la fecha no existe ninguna sentencia condenatoria”, siendo significativo
que tras el asesinato de Miroslava Breach, “otras cinco personas habrían sido
vinculadas al caso, sin embargo, las autoridades de Chihuahua todavía no habían
demostrado que se encuentra investigando el hecho a fondo”.
Sobre el desempeño de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos
contra la Libertad de Expresión (FEADLE), destaca que de las mil 140
investigaciones que ha iniciado desde su creación, sólo ha consignado 186, 163
en el sistema de justicia penal inquisitorio y el resto en el sistema penal
acusatorio que entró en vigor en 2016.
Hasta ahora, de esas investigaciones sólo se han derivado 10 sentencias,
de las cuales “al menos seis de ellas han sido por delitos en los que está
relacionado algún servidor público”, cifra que “representa, al menos en 60% de
las sentencias, que algún funcionario tuvo algún grado de participación en la
comisión de delitos contra periodistas o personal de prensa”.
Para abundar en la impunidad, en su informe sobre México la CIDH se
refiere al desplazamiento forzado de Lydia Cacho, así como la falta de acceso a
la justicia y la revictimización de las familias de los periodistas asesinados
Moisés Sánchez y Francisco Pacheco, casos en los que “a pesar de la
recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
en la mayoría de los casos la FEADLE no ha concretado en tiempo y forma el
acceso a los contenidos de la investigación para las víctimas indirectas, ni la
realización de las diligencias para continuar con la integración de la
averiguación previa, ni tampoco ha tenido comunicación constante con las
familias”.
Para la RELE, la fiscalía especializada, que depende de la Fiscalía
General de la República (FGR), “carece de planes de investigación eficaces, no
agota todas las líneas de investigación, no identifica a todas las personas
responsables de delitos (incluidos autores intelectuales y cómplices) y no
analiza el contexto en cual se produjeron los delitos, particularmente el modo
en el que el poder político y delictivo opera a nivel local y en otras
realidades locales”,
El organismo detectó que la FEADLE no protege a los testigos y persiste
“la negligencia al momento de reunir y preservar de manera eficaz la evidencia
policial y forense”, aunado a que ha recibido reportes “sobre la ineficacia de
investigaciones sobre amenazas y acoso a periodistas, tanto en línea como en
medios tradicionales, que quedan paralizadas a causa de engorrosos requisitos
legales, como evaluaciones psicológicas de las víctimas y falta de una
verdadera coordinación entre los mecanismos de protección”.
En el tema de las investigaciones, lamenta que persistan obstáculos para
la participación de las víctimas, quienes son estigmatizadas, en tanto que la
FEADLE se resiste a ejercer sus facultades legales de atracción en casos de asesinatos,
secuestros o desapariciones de periodistas en las entidades federativas “con
los más altos niveles de violencia e impunidad”.
Sobre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, el informe de la CIDH da cuenta de su poca efectividad
“respecto a la coordinación de todos los niveles de gobierno e instituciones”,
al no ser vinculantes los convenios de cooperación del gobierno federal con las
32 entidades federativas, además de “la falta de participación de fuerzas de
seguridad en los programas, la intervención reactiva y policial, la ausencia de
análisis de riesgo y medidas de protección acorde con las necesidades de las
personas defensoras, y la privatización de las medidas de seguridad”.
Aunado a ello, en 2019 la RELE recibió información de “diversas
organizaciones, medios de comunicación y organismos de derechos humanos que
denunciaron y registraron más de un centenar de agresiones contra periodistas y
organizaciones, demostrando que lejos de desparecer, la violencia en el país se
ha sofisticado, llegando a usar el acoso digital y las campañas de
desinformación como herramienta”.
El organismo resaltó que la violencia contra las mujeres periodistas
“constituye otro patrón preocupante en México”, y enlistó casos ocurridos en
Michoacán y Veracruz, además de otras por amenazas de muerte y el desprestigio
de medios de comunicación a través de redes sociales.
En el informe se cita el caso de las amenazas hacia el director
editorial de Reforma, tras declaraciones del presidente Andrés Manuel López
Obrador en contra del diario en una de las conferencias mañaneras, “que, aunque
han sido calificadas como una señal de apertura para la prensa de parte del
nuevo gobierno, también han sido utilizadas para atacar a diferentes medios de
comunicación y periodistas críticos”.
La RELE “ha documentado decenas de declaraciones estigmatizantes contra
periodistas y miembros de la prensa de parte de autoridades en diferentes
estados, lo que ha llevado a organizaciones de la sociedad civil protectoras
del ejercicio periodístico a la publicación de pronunciamientos solicitando al
gobierno que baje el nivel de confrontación con los medios de comunicación”.
De igual manera, cita en su informe la descalificación que López Obrador
hizo de la revista Proceso, el 22 de julio, porque “no se portó bien con
nosotros”, así como otras cuatro expresiones del mandatario contra la prensa
durante las mañaneras.
El informe aborda también el comportamiento de las corporaciones
policiacas frente al trabajo realizado por periodistas durante la cobertura de
eventos de protesta social; analiza las sentencias por daño moral contra
periodistas como Sergio Aguayo, Humberto Padgett, Pedro Ferriz de Con, el
abogado Roberto Saucedo y el columnista Arnoldo Cuéllar, así como litigios que
se encuentran abiertos en contra de comunicadores de Baja California, y el
recurso judicial contra Proceso de censura previa tramitado por abogados del
magnate cercano a López Obrador, Ricardo Salinas Pliego.
El documento analiza igualmente casos en los que los periodistas fueron
requeridos a presentar sus fuentes de información; la ley que criminaliza la
protesta social en Tabasco; las acciones gubernamentales orientadas a la
censura del material periodístico, la censura previa o la censura directa o
indirecta; el espionaje de periodistas y defensores a través el software
Pegasus, y el recorte presupuestal para la publicidad oficial.
Entre los avances documentados por el organismo en 2019 destaca la
instalación de una Comisión de Atención a Periodistas por el Congreso de la
Unión, cuya primera acción fue exhortar a 125 ayuntamientos para que “emitan
medidas de prevención y protección necesarias para garantizar a los periodistas
un entorno seguro”; la disculpa pública a la periodista Lydia Cacho, el 10 de
enero del año pasado, tras 13 años de haber sido detenida y torturada durante
el gobierno de Mario Marín en Puebla; la ratificación de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de la sentencia a favor de Carmen Aristegui en el litigio
por su despido por parte de ala empresa de comunicación MVS.
Otros avances
fueron la sentencia contra un exalcalde de Yucatán por agresiones contra el
periodista Edwin Canché, quien fue torturado; la atracción, por parte de la
FEADLE, de la investigación por tortura y amenazas contra el periodista Miguel
Ángel Villarino Arnábar, así como la notificación de avances en las
investigaciones de los homicidios de los periodistas Javier Valdez Cárdenas,
Miroslava Breach Velducea y Rubén Espinosa Becerril.
