5 octubre, 2020
América Latina fue la
región más letal para los líderes ambientales en 2019. No solo se enfrentan a
asesinatos, amenazas, agresiones y criminalización sino que terminan siendo
desplazados de sus territorios. Algunos han sido desplazados varias veces,
otros siguen en el exilio y algunos regresan a luchar por sus comunidades a
pesar de que la muerte sigue rondando.
Texto: Antonio José Paz
Cardona / Mongabay
El número de defensores
del medio ambiente asesinados en el 2019 fue de 212. Un incremento de casi el
30 % comparado con el 2018 cuando mataron a 164 personas. Esas fueron las
cifras del informe ‘Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las
personas defensoras de la tierra y del medio ambiente’, el último reporte anual
de la organización Global Witness.
Una vez más América
Latina fue considerada una de las regiones más peligrosas para estos defensores
de la tierra. Colombia ocupó el primer lugar con 64 asesinatos, pero otros seis
países de la región se ubicaron en el top 10: Brasil con 24 homicidios, México
con 18, Honduras con 14, Guatemala con 12, Venezuela con 8 y Nicaragua con 5.
Sin embargo, los
asesinatos no son la única forma de silenciar a los defensores ambientales. La
organización Front Line Defenders ha identificado 263 casos donde personas que
luchan por el medio ambiente han sido asesinadas, amenazadas, criminalizadas o expuestas
a otras formas de intimidación. De esos 263 casos, 147 han ocurrido en América
Latina (55,9 %).
Si bien este panorama
ya es alarmante para los defensores ambientales, hay otra preocupación que
viene tomando fuerza pero que aún no está bien documentada: el desplazamiento
forzado. Mongabay Latam reúne en el especial Defensores ambientales: la
violencia del desplazamiento seis historias de líderes ambientales en Colombia,
México, Honduras, Guatemala y Venezuela que han tenido que abandonar sus territorios
para proteger sus vidas y a sus familias. Algunos se han desplazado en varias
ocasiones, otros permanecen en el exilio y hay quienes han decidido volver a
pesar del peligro que supone su regreso.
INFORMACIÓN
INSUFICIENTE
Hay pocos datos sobre
desplazamiento forzado en defensores de derechos humanos y el asunto se vuelve
más crítico si se quiere información específica sobre defensores ambientales.
Esta falta de datos, y en muchos casos de ausencia total de información, hace
que sea difícil establecer causas, relaciones y conclusiones de por qué y cómo
ocurre este fenómeno.
Hasta el momento,
organizaciones internacionales como Global Witness y Front Line Defenders no
han incorporado el desplazamiento en sus análisis, aunque coinciden en que es
una variable sumamente importante.
“Nosotros no manejamos
esas cifras, sin embargo, creo que en Colombia, como caso ejemplar, se ve que
hubo desplazamientos forzados como parte del conflicto interno en el país”,
dice Ben Leather de Global Witness y agrega que “me imagino que en otros países
como México, por ejemplo, se podría identificar el mismo fenómeno”.
Front Line Defenders
tampoco tiene datos sistematizados sobre este problema en defensores pero le
aseguraron a Mongabay Latam que “Colombia y Brasil son países donde el
desplazamiento forzado es una consecuencia directa de la violencia que
enfrentan los defensores de los derechos humanos, indígenas y ambientales. En
el caso de Colombia, la mayoría de nuestros subsidios de protección son
solicitados por defensores indígenas, de la tierra y del medio ambiente para
reubicarse dentro del país”.
Carlos Choc no ha
podido regresar a su tierra pues tiene un proceso penal en su contra por
denunciar la contaminación de la minería de níquel en una laguna de Guatemala.
Varios de los expertos
consultados para este artículo aseguran que hay dos premisas importantes en el
tema de desplazamiento de defensores. La primera es que no es fácil tener
cifras pues muchos líderes simplemente huyen y, por temor, no informan. La
segunda es que en muchos países las autoridades y ONG de derechos humanos no
tienen registros específicos para defensores ambientales.
Juan Carlos Garzón de
la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en Colombia tiene una hipótesis sobre por
qué es tan difícil tener datos representativos de este desplazamiento: “creo
que hay una invisibilidad como medida de autoprotección. Mientras que
declararte amenazado, y hacerlo público, puede llamar la atención de las
autoridades y dejar constancia de que algo está pasando, con el desplazamiento
podría ser lo contrario: si lo reportas y tienes visibilidad, hay chance de que
haya un seguimiento y finalmente sepan dónde estás”.
A pesar de todo esto,
de lo que sí saben algunas organizaciones de derechos humanos es de los
impactos que genera el desplazamiento en un defensor. Front Line Defenders le
dijo a Mongabay Latam que cuando un líder huye de su territorio es común
observar ataques o amenazas contra sus hijos, familias y comunidades; empiezan
a asediarlos con interrogatorios y violencia, en un intento para que revelen
las nuevas ubicaciones.
A esto se suman los
reproches abiertos y la estigmatización social por parte de algunos integrantes
de sus propias comunidades debido al abandono del territorio; la inestabilidad
económica por la pérdida de sus fuentes de ingresos y alimentos, y la
afectación de su seguridad física, ya que no es raro que quienes los amenazan
establezcan conexiones para detenerlos en sus rutas de escape.
COLOMBIA: MASACRES Y
VIOLENCIA EN AUMENTO
Colombia fue el país
más letal para los defensores ambientales en 2019 y aunque no se tienen datos
consolidados de cuántos líderes ambientales han sido desplazados, la cifra
puede ser enorme dado que, debido a la violencia interna, muchas personas han
abandonado forzosamente sus hogares durante décadas.
En 2019, el informe
Todo queda atrás: desplazamiento interno en Colombia de Amnistía Internacional
indicaba que “la cifra de desplazamientos en Colombia es una de las más
elevadas del mundo: entre 3 y 4 millones de personas se han visto obligadas a
huir de sus casas y buscar refugio en otros puntos del país, y se cree que
otras 500 000 han huido a los países vecinos”.
Por su parte, Front
Line Defenders asegura que “Colombia continúa siendo uno de los países más
mortíferos del mundo para los defensores de los derechos humanos. Los
defensores campesinos, ambientales e indígenas, que participan activamente en
la implementación del proceso de paz
—particularmente aquellos que participan o promueven iniciativas de
erradicación voluntaria de cultivos de coca— y / o se oponen a la extracción
agresiva de recursos naturales, continúan siendo amenazados, atacados y
asesinados con impunidad. Además de enfrentar riesgos inminentes, están viendo
cómo sus esquemas de protección se reducen gradualmente o reciben medidas de
seguridad deficientes”.
La violencia en el país
está recrudeciendo. Desde que empezó la cuarentena por el COVID-19
organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron una fuerte arremetida
en las amenazas y asesinatos de líderes sociales e indígenas. A esto se suma
una ola de masacres que se intensificó en agosto de este año.
El Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha registrado, entre el 1 de
enero y el 11 de septiembre de 2020, 213 líderes sociales y de derechos humanos
asesinados, el asesinato de 10 familiares de esos líderes y el homicidio de 43
firmantes del Acuerdo de Paz. Además, Indepaz registra 55 masacres entre el 1
de enero y el 8 de septiembre de 2020, en las que han muerto 218 personas.
¿Quiénes son los
principales agresores de los defensores en Colombia? El tema es más complejo de
lo que suele presentarse. Juan Carlos Garzón de la Fundación Ideas para la Paz
(FIP) asegura que, al analizar la información de los casos que las autoridades
definen como “esclarecidos”, se observa que la mayoría de agresiones a líderes
no siempre son hechas por las organizaciones criminales más grandes o
conocidas. “Al mirar el dossier de la Fiscalía vemos que en el 39 % de
agresiones se denomina al agresor como particular y el resto se atribuye a
organizaciones criminales. Pero lo que llama mucho la atención es que, en ese
grupo de organizaciones criminales, la mayoría son locales y después de eso ya
aparecen las más conocidas: FARC, ELN, Clan del Golfo, Caparros, etc”.
Adicional a eso, Garzón
comenta que es difícil establecer si un asesinato, amenaza o cualquier otra
forma de intimidación, está relacionada exclusivamente con la lucha ambiental.
“Los líderes tienen varias agendas en su territorio. Hay un término que es muy
útil y es la interseccionalidad. Por ejemplo, una líder es mujer, integrante de
la junta de acción comunal, defensora del territorio y además denuncia
corrupción. En otras palabras, en la mayoría de los casos es difícil relacionar
la agresión con una agenda particular”.
Sin embargo, comenta que
al mirar todos los casos sí se logra identificar cuáles han sido las agendas
más afectadas por las agresiones y los homicidios en Colombia. “Ahí se
destacan: personas involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz; la
sustitución de cultivos; la agenda ambiental donde prima la defensa de recursos
en los territorios, ya sea el agua o el rechazo de megaproyectos; la
restitución de tierras en algunas regiones y, finalmente, la corrupción local”,
comenta Garzón.
MÉXICO: AGRESIONES EN
MANOS DEL ESTADO Y GRUPOS CRIMINALES
México es otro de los
países latinoamericanos más letales para los defensores ambientales. Alejandra
Leyva Hernández, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda),
asegura que “antes veíamos en los primeros lugares a las amenazas, agresiones
físicas y la criminalización. Desde 2017 han aumentado los homicidios en
liderazgos ambientales, sociales e indígenas”.
Leyva resalta que en un
gran número de ataques los agresores han sido autoridades del estado mexicano,
y no tanto las autoridades federales sino las locales y municipales. También
están los grupos del crimen organizado y personal de empresas que tienen
interés en la explotación de recursos naturales en ciertos territorios.
“Además, hemos identificado un gran porcentaje donde no se identifica al
agresor de los ataques”, destaca.
De acuerdo con un
análisis que Cemda hizo con la información que ha recolectado entre 2012 y
2018, a partir de 2015 aumentaron las agresiones a defensores ambientales,
justo después de la aprobación de la reforma del sector energético en México.
Uno de los fenómenos
que ha azotado en los últimos años al país es el desplazamiento interno forzado
pero este se relaciona no solo a luchas ambientales sino sociales, indígenas,
de derechos humanos, entre otras. Según datos de la Comisión Mexicana para la
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), 8664 personas fueron
desplazadas durante 2019 en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán,
Chiapas, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Tamaulipas. Las causas de los
desplazamientos se asocian principalmente con violencia generada por grupos
armados organizados; violencia política, conflictividad social y conflictos
territoriales y, finalmente, con violaciones a derechos humanos.
A Samir Flores lo asesinaron
el 20 de febrero de 2019. Se oponía a la construcción de la termoeléctrica de
Huesca, en Morelos. Foto: Cartel que realizaron artistas aliados a la defensa
de la tierra y el agua en Morelos.
Tal como sucede en
Colombia, en México no hay cifras consolidadas sobre defensores ambientales
desplazados. Sin embargo, Leyva asegura que en el Estado de Chihuahua está el
mejor ejemplo de que el desplazamiento de defensores ambientales está
ocurriendo. Allí, los indígenas rarámuri defienden los bosques de la Sierra
Madre, enfrentándose al crimen organizado y a los ganaderos. Esto ha llevado a
la muerte de líderes como Julián Carrillo y al desplazamiento de cientos de
personas.
LOS ROSTROS DEL
DESPLAZAMIENTO
Sin duda, el
desplazamiento de defensores —entre los que se encuentran quienes luchan por el
medio ambiente y los recursos naturales— es un tema en el que hay enormes
vacíos de información. Es por eso que Mongabay Latam en su especial Defensores
ambientales: la violencia del desplazamiento reúne seis impactantes historias
en Latinoamérica.
Los desplazamientos de
Irma Lemus en Honduras, Rossana Mejía en Colombia, Carlos Choc en Guatemala y
Juvencio López en Venezuela ocurrieron por su oposición a la minería, una de
las actividades que más conflictos genera con las comunidades. Así lo reveló
también, en el caso de los asesinatos, el informe de 2019 de Global Witness:
‘Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras
de la tierra y del medio ambiente’. La organización encontró que el principal
sector relacionado con los 224 homicidios del año pasado fue el de la minería y
las industrias extractivas. 50 de los asesinatos se dieron en medio de
conflictos con estas actividades.
Rossana abandonó su
territorio por sus constantes denuncias por la contaminación de las aguas que
causa la minería y unas enormes granjas de cerdos y pollos en un complejo
industrial cerca de su comunidad. Irma está exiliada en Estados Unidos debido a
su oposición a la minería en el parque nacional Carlos Escaleras. Juvencio se
opuso al proyecto del Arco Minero del Orinoco y huyó a una comunidad indígena
pemón en Brasil y Carlos Choc no ha podido regresar a su tierra pues tiene un
proceso penal en su contra por denunciar la contaminación de la minería de
níquel en una laguna.
Los proyectos
energéticos también suelen estar presentes en algunas amenazas a defensores
ambientales. Milena Flórez, en Colombia, tuvo que desplazarse en varias
ocasiones debido a las denuncias que hacía en contra del proyecto
hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) por la afectación a la pesca y la vida en
el río Cauca.
Las consecuencias del
desplazamiento son desastrosas para los defensores ambientales y sus
comunidades. Algunos siguen en el exilio porque tienen procesos judiciales en
sus países, otros se han tenido que desplazar en más de una ocasión y otros
regresan “clandestinamente”, visitando a su gente pero con un miedo latente de
perder la vida y sin posibilidad de asentarse definitivamente en su tierra.
“El desplazamiento
implica que un defensor o defensora simplemente no esté en la comunidad que
está defendiendo y, por supuesto, eso hace que su trabajo sea más complicado”,
asegura Ben Leather de Global Witness y agrega que el efecto de todas las
tácticas contra los defensores, desde el desplazamiento, pasando por la
criminalización y hasta las amenazas “es el congelamiento de su trabajo y la
desviación de sus recursos hacia la protección o autoprotección en lugar de que
sean dirigidos a la defensa de sus derechos”.
Portal periodístico independiente, conformado por una red
de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de
derechos humanos.
https://piedepagina.mx/huir-para-vivir-la-otra-tragedia-de-los-defensores-ambientales-en-latinoamerica/?fbclid=IwAR3ZhGZjHKyt9PacvAveC6UzsOZ1tch5iqdp2ud3mr9xHNp7_ZOWDn9IKSs
