En noviembre del año pasado, López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que pretende poner nuevas reglas a la subcontratación sin dañar a las empresas, es decir, no pretende eliminar el outsourcing, sólo regularlo. Sin embargo, los intereses del empresariado mexicano, de la mano de Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en el Senado, pretenden mandar a la congeladora esta iniciativa.
Iván Montero, Queremos Trabajo Digno
Viernes 5 de febrero
Ricardo Monreal, refiriéndose a la discusión de la iniciativa para
regular el outsourcing que envió López Obrador en noviembre del año pasado,
dijo para Bloomberg News:
“No creo que tengamos tiempo en esta sesión porque solo tenemos tres
meses” [1]
Las declaraciones tienen un peso específico, pues Monreal es el
coordinador del grupo parlamentario de MORENA en el Senado y no es la primera
vez que se les presenta una iniciativa de regulación en materia de
subcontratación, ni la primera vez que la obstaculiza. Le antecede la propuesta
que el senador, también por Morena, Napoleón Gómez Urrutia presentó a finales
de 2019.
Ante estas iniciativas, la respuesta de los grupos empresariales fue de
reacción inmediata ya que no están dispuestos a permitir ningún tipo de
regulación, por menor que sea, como es el caso de ambas propuestas, las cuales
textualmente no han señalado la prohibición de la subcontratación, sino una
nueva reglamentación.
En particular, la iniciativa de López Obrador dice:
“La iniciativa que hoy presento, busca resolver la problemática
planteada, sin dañar a las empresas que, por necesidades de sus esquemas de
producción y prestación de servicios, deben recurrir a la contratación de
servicios u obras especializadas que no forman parte de su objeto social ni de
sus actividades económicas” [2]
Es decir, las empresas pueden seguir recurriendo al outsourcing siempre
y cuando sean servicios especializados, la restricción –no menor, pero
totalmente insuficiente- sería para empresas (o algunas de sus áreas) que no
ofrezcan ningún servicio y únicamente permitan mantener una doble figura
patronal.
Pongamos un ejemplo, la empresa BHRS, quien se encarga actualmente de la
subcontratación de varios trabajadores de Greenpeace, no ofrece ningún servicio
especializado a la ONG, ni siquiera capacita al personal, solo juega un rol que
facilita la expropiación de derechos laborales, como jubilaciones,
liquidaciones y posibilita la evasión fiscal.
En cambio, JOAD Limpieza Y Servicios SA De CV, que subcontrata a las y
los trabajadores de limpieza del DIF-CDMX, podría seguir existiendo, pues el
objeto social del DIF no es ofrecer servicio de limpieza y este podría recurrir
a la empresa JOAD para el servicio especializado.
La legislación vigente permite ambos tipos de subcontratación, la
propuesta de López Obrador consistiría en hacer ilegal el primer caso, aunque
en realidad es una restricción, no una inhibición absoluta. En el ejemplo, BHRS
no desaparecería, pues sigue ofreciendo otro tipo de servicios especializados
como “Reclutamiento y Selección” (como la empresa destaca en su página web
[3]), es decir, las restricciones no son para dejar de superexplotar trabajo,
sino la facilidad con la que se realiza la mayor expropiación de parte del
fondo de consumo de las y los trabajadores (jubilaciones, PTU, prestaciones,
liquidaciones, montos salariales, etc.).
Sin embargo, las cámaras empresariales no están dispuestas a renunciar a
las masas de valor que expropian mediante la subcontratación. Al respecto, la
misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha señalado que la
subcontratación evadió al fisco más de 21 mil millones de pesos en 2019. ¿Qué
monto está en disputa si agregamos la mayor expropiación de derechos laborales?
Es por ello que ante la posible inhibición de una parte de la
subcontratación (no de toda, como vimos), las cámaras patronales ponen el grito
en el cielo y recurren al chantaje catastrófico:
“La subcontratación es un esquema que otorga flexibilidad a las empresas
y preocupa que, ante el desafío que representa la actual crisis económica, se
priorice su eliminación en lugar de fortalecer los ya existentes mecanismos
legales para sancionar conductas abusivas e irregulares. Se debe extirpar el
tumor, en lugar de extraer todo el órgano vital.” [4]
Quieren hacer pasar una reforma de regulación como prohibición,
reforzando aquella máxima: “después de mí, el diluvio”.
En vista que al poder político del capital no le son inherentes los
vacíos en el aparato de Estado, sus intereses están sistemáticamente mediados
por políticos, partidos y fracciones. Con el cambio de gobierno, una de sus
estafetas recayó en Ricardo Monreal, que siempre ha abogado por los intereses
de las cámaras patronales y nuevamente va a impedir que la iniciativa sea
aprobada sin modificaciones y en su caso congelarla indefinidamente, por lo
pronto dijo que hasta pasadas las elecciones de junio. Aunque incluso el mismo
López Obrador ha señalado que la iniciativa puede ser modificada.
En este escenario de disputas por arriba, entre regulación y la
continuidad del esquema, las y los trabajadores también preparan su respuesta
por abajo, con independencia política de los partidos del régimen y de las
clases empresariales: que la subcontratación sea erradicada en lo real y lo
formal, así como otras figuras legales que no se mencionan, pero sirven para
precarizar el trabajo, tales como las contrataciones por honorarios, eventuales
y toda la gama de esquemas de inestabilidad.
[2] Cfr. “Proyecto de Decreto que reforma, adiciona
y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del
Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto
sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado”, presentada el 12 de
noviembre por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados.
[3] Cfr., https://bhrs.mx/
