Xalapa, Ver..- El sistema político veracruzano históricamente se caracterizó por el autoritarismo, venía de un problema de corrupción impresionante e hizo crisis en el periodo del ex gobernador Javier Duarte, en donde hay rupturas y empiezan a haber protestas y formas de resistencia como la de ambientalistas, familiares de desaparecidos, el movimiento magisterial, la defensa del pago de las pensiones y crímenes contra periodistas, sostuvo el Premio al Decano 2020 de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez.
El investigador dictó la
conferencia “El sistema político veracruzano y la protesta social”, en donde estuvieron como moderadores el docente de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Genaro Aguirre Aguilar y el maestro Eder Contreras Rojas, coordinador de Vinculación Regional de la Vicerrectoría Orizaba –Córdoba; también estuvieron presentes el director del Área Académica de Humanidades, Mtro. José Luis Martínez Suárez; el Vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, Mtro. Alfonso Pérez Morales y el Vicerrector de la región Orizaba-Córdoba Mtro. Eduardo Martínez Canales.
Aguilar Sánchez, destacó que entre los elementos de autoritarismo político en Veracruz, estaba el control del Estado sobre los medios de comunicación, el control y el vínculo histórico del PRI con organizaciones corporativas, la falta de alternancia política a nivel estatal ya que el PRI se mantuvo mucho tiempo en el poder, la subordinación al gobierno estatal de las Instituciones llamadas de la innovación democrática: Comisión Estatal de Derechos Humanos,
Medios de Comunicación, Instituto Electoral Veracruzano, Instituto de Acceso a la Información Pública.
Al hablar de un Veracruz en crisis, el miembro del Sistema Nacional de Investigación, puntualizó que la corrupción se extendió de manera alarmante, el gobierno le dejó el campo libre a la delincuencia organizada y sembró el terror a través de sus cuerpos de seguridad, se vivía una simulación democrática con un Estado de excepción.
El doctor en Ciencia Política e investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales (IIHS) de la UV, destacó la importancia de los movimientos sociales en torno al neo-estractivismo y sobreexplotación de recursos naturales como los organizados contra la 1 hidroeléctrica El Naranjal, en el municipio de Amatlán de los Reyes; contra la mina Caballo Blanco en Actopan y Alto Lucero; y contra la hidroeléctrica en la Cuenca de La Antigua.
También comentó sobre la importancia de las protestas que derivaron de las repercusiones de las llamadas reformas estructurales impulsadas desde el gobierno federal y que afectaron a la industria petrolera en el norte y sur de la entidad, y en municipios del centro como Xalapa, Córdoba y Orizaba. Como parte de las resistencias en Veracruz, ante la inconformidad de las reformas laboral y educativa los maestros impulsores de un movimiento magisterial que fracturó a los sindicatos tradicionales en la entidad como las secciones 32 y 56 del SNTE, e incluso al sistema político estatal. También se manifestaron y plantearon sus demandas a nivel estatal los integrantes del COPIPEV afectados por el problema de las pensiones.
Aparte, el sociólogo por la UV refirió una serie de movilizaciones indígenas registradas entre los años 1997 al 2015, en los que los pueblos originarios de Zongolica plantean la defensa de sus territorios su organización comunitaria, el medio ambiente y denuncias públicas por el alto costo de las tarifas eléctricas. En las regiones del Tatahuicapan y Uxpana incluso, dichos movimientos llevaron a la creación de nuevos municipios.
En otro momento, enlistó el movimiento feminista en la entidad, mismo que, como parte de las grandes olas de movilizaciones feministas en Latinoamérica y el resto del mundo, en México las mujeres se han organizado para demandar mayor seguridad y en rechazo a los feminicidios y ola de violencia que las afecta, lo mismo que en exigencia a cambios estructurales que existen como parte de la visión del patriarcado.
También destacó la labor realizada por los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas integrados por familias víctimas de la violencia en las regiones de Xalapa, la región de Córdoba-Orizaba, Coatzacoalcos y Veracruz. Martín Aguilar recordó que hasta el año 2016 había predominado en el sistema político de Veracruz el vínculo del PRI con las organizaciones corporativas, mismo que había resultado “inquebrantable” durante mucho tiempo; partido cuya influencia sobre las instituciones estatales hacía que en los períodos electorales todo el aparato estatal estuviera a sus órdenes.
El investigador hizo un recorrido por las condiciones que prevalecieron en los gobiernos priistas de Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa. Del primero de ellos destacó el inicio de la liberalización, en donde la oposición PAN y PRD ganaron un buen número de Ayuntamientos y participación en el Congreso.
Del segundo recordó el impulso a los acuerdos de gobernabilidad como estrategia de cooptación de liderazgos políticos, el excesivo gasto en propaganda y presencia de la delincuencia organizada. Del gobierno de Duarte, agregó que se incrementó la presencia de la delincuencia, aumentó la inseguridad y el papel del Estado quedó fuera. 2 Durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) destacó el empuje que se dio para encarcelar a Duarte derivado de los fraudes cometidos durante su gestión, pese a ello, y aunque se da la ruptura con el eje hegemónico del PRI, se mantuvieron dinámicas del viejo régimen al intentar heredar el cargo a su hijo. Ya en 2018, tras el triunfo de Morena, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció que en el estado de Veracruz persiste un grave problema de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad provocado por los problemas heredados de desapariciones, violaciones, secuestros, etc., y comienza una etapa distinta en la forma de gobernar y atender dichos problemas.
En ese marco, Martín Aguilar consideró que, debido a su gravedad y profundidad, los problemas arriba expuestos no se resuelven automáticamente, atenderlos requiere cerrar el ciclo del proceso de democratización para crear y ensanchar los canales de atención a todos los grupos afectados en sus derechos y darles respuesta.
Abogó por impulsar un sistema político que respete, valores y reconozca los derechos de las personas y tenga las instancias para ello. “Se tiene que abrir el sistema político para entender los procesos y atender los movimientos y protestas; uno esperaría que eso vaya sucediendo en un gobierno progresista”.