Por Regina López Puerta
24 de junio, 2021
La pregunta de la
boleta no gira en torno a casos puntuales, ni se enfoca en señalar a personas
en específico, pues la Constitución no lo permite.
El próximo 1 de agosto
el país tendrá por primera vez una consulta popular producto de la reforma de
2014. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que con este ejercicio
se busca llevar a juicio a expresidentes, aunque la realidad es que, según
confirman expertos, el resultado de ninguna forma obligará a instancias de
procuración de justicia a procesar, enjuiciar o encarcelar en automático a
exmandatarios.
“La justicia no se
consulta”, es la frase que han repetido abogados y activistas en distintos
espacios, insistiendo en que el gobierno engaña prometiendo que un “sí” pondría
a un paso de la cárcel a expresidentes, dejando de lado todo el proceso
judicial que se requeriría para ello y que, además, sin una consulta de por
medio ya se podría denunciar a los expresidentes y presentar pruebas en su
contra.
Lo que sí mencionan
especialistas es que la consulta, con el enfoque y el impulso ciudadano
adecuado, podría dar pie a un esfuerzo de crear mecanismos como las comisiones
de la verdad, que indaguen en el pasado de impunidad en el país para tratar de
reparar el daño a víctimas y, en un momento dado, incluso lleven a que
expresidentes sí sean investigados.
Sin embargo, también
refieren que no han observado en el gobierno federal un interés real de que se
haga justicia por hechos del pasado. Al contrario, señalan, López Obrador ha
mostrado desdén por las víctimas, olvidando su compromiso de justicia
transicional y, a fin de cuentas, utilizando la consulta hasta ahora solo como
una forma de propaganda.
La pregunta que validó
la Suprema Corte es: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las
acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender
un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años
pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los
derechos de las posibles víctimas?
La respuesta parece muy
sencilla, consiste simplemente en un sí o un no. Pero el camino que llevó a
ella, y cómo interpretar su posible resultado, han generado discusiones y
confrontación política.
Entre los puntos de
debate, está el hecho de que se utilizará dinero público, al menos 500 millones
de pesos, para un ejercicio con una pregunta ambigua y de resultado incierto,
que quizá ni siquiera alcance el nivel de participación necesario para que se
le considere válida, y su resultado se considere “vinculante”.
Para ello se requiere
que participe y vote el 40% del listado nominal (37 millones de personas),
según marca la Constitución; esto, mientras el INE ha señalado falta de
recursos para darle difusión, y organizarla.
El propio gobierno
recordó que, para alcanzar esa cifra, requeriría 7 millones de votos más que
los que obtuvo López Obrador cuando ganó la presidencia, en 2018.
Lo que dice López
Obrador y lo que en verdad aparecerá en la boleta
“¿Quieres que se
investigue, y de conformidad con la ley que se juzgue a los expresidentes
Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto?”
Así resumió el
presidente López Obrador su visión de cuál es el sentido de la consulta en la
mañanera del 22 de junio, pero esta interpretación, según explicaron a Animal
Político tres expertos en el tema, está lejos de lo que se estará votando.
Si bien, en la petición
de consulta que envió al Senado, López Obrador sí se mencionaba tal cual los
nombres de los expresidentes, luego la Suprema Corte discutió esa propuesta de
pregunta y la modificó, hecho que también fue blanco de críticas, con
especialistas señalando que el resultado fue una pregunta ambigua, buscando más
complacer de algún modo al Ejecutivo.
En la pregunta que
validó la Corte no se incluye en ninguna parte la palabra “expresidentes” ni
los nombres de aquellos a los que se pretende llevar a juicio, según el
gobierno.
La pregunta de la
boleta no gira en torno a casos puntuales, ni se enfoca en señalar a personas
en específico, pues la Constitución no lo permite.
El artículo 13
establece que no se puede juzgar a nadie a través de leyes privativas, que son
leyes que refieren a personas de manera nominal, y esto aplica también en el
caso de una consulta popular. Es decir, la ley indica que no se puede preguntar
de manera específica si queremos juzgar a alguna persona, en este caso los
expresidentes.
Lo que sí se pregunta,
como lo explicó Tito Garza Onofre, especialista en Derecho Constitucional, es
si estamos de acuerdo en iniciar distintos procesos de investigación con
respecto a los actos y decisiones que tomaron los actores políticos en el
pasado. La cuestión es amplia y ambigua, por lo que puede ser interpretada de
distintas maneras, y no aplica a un solo caso en particular.
Al no estar definido un
periodo de tiempo específico dentro de la pregunta, la frase actos políticos
del pasado podría ser interpretada de muchas maneras, según Jacobo Dayán
especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos
Humanos. A su parecer, sería posible incluir actos políticos pasados del propio
sexenio del presidente López Obrador.
En cuanto a los actores
políticos, la pregunta da a entender que podría ser cualquier persona que haya
fungido como tal en el pasado. En pocas palabras, se podría investigar a
cualquiera de las miles y miles de personas que han tenido algún cargo político
en el país.
Resumiendo esto, la
consulta pretende que los mexicanos decidan si se investigan o no a los actores
políticos del pasado, sea lo que sea que se interprete con ello, pero la
Fiscalía General y otras instancias de justicia que se supone son autónomas no
estarían obligadas a actuar contra ciertos personajes, aunque ganara el sí. Y
si gana el no, tampoco se impediría que actuaran si existen las denuncias
correspondientes.
“LA FISCALÍA NO
NECESITA UNA CONSULTA POPULAR PARA EMPEZAR A EJERCER ACCIONES DE INVESTIGACIÓN
O DE ESCLARECIMIENTO Y DEMÁS”, REFIERE GARZA ONOFRE.
A pesar de la
ambigüedad de la pregunta un punto que
tiene a favor, de acuerdo con él, es que “deja abierta la posibilidad para que
se inicien mecanismos a los que no estamos acostumbrados jurídicamente en
México, para procesar distintos fenómenos sociales”.
OPORTUNIDAD DE JUSTICIA
Uno de los mecanismos a
los que se podría abrir la puerta o que podría empujar la ciudadanía, al
apropiarse de la consulta, es la creación de comisiones de la verdad, de
acuerdo con Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia
Transicional y Derechos Humanos.
Estas comisiones son
herramientas para la implementación de la justicia transicional en entornos de
violencia y una gran cantidad de víctimas, como ha ocurrido en México.
“La verdad que surge de
los procesos judiciales no alcanza para entender la verdad, los hechos, las
condiciones, los actores, las motivaciones de las distintas violencias que se
viven en el país. Es por ello que en distintos países se implementan comisiones
de la verdad, que lo que intentan es recuperar los testimonios de víctimas, de
perpetradores, de funcionarios, para generar una gran narrativa sobre las
violencias o varias narrativas sobre las violencias en el país”, explica Dayán.
En caso de que la
consulta llegue a ser vinculante y positiva, habiendo participado por lo menos
el 40% del electorado, Dayán afirma que el gobierno tendrá la obligación de
implementar algún tipo de mecanismo que corresponda con lo planteado en la
pregunta.
El artículo 35
constitucional señala que la consulta sería vinculante “para los poderes
Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes”.
Las comisiones de la
verdad, explica Dayán, tendrían como misión “encontrar los vínculos que hay
entre la clase política, grupos empresariales o grupos económicos y grupos
criminales que generan violencia, y encontrar esos canales de comunicación
entre la violencia, la corrupción y la impunidad”.
En ese sentido, el
activista Alfredo Lecona opinó en entrevista con W Radio que la pregunta de la
consulta es “para las víctimas”, para que colectivos pugnen por mecanismos de
verdad, “dándole la vuelta” a la mentira de que la consulta es para juzgar a
expresidentes.
Si la consulta se
responde de ese modo con un sí, comentó, el presidente se vería forzado a
impulsar los mecanismos de justicia transicional que había prometido en
campaña, y que luego olvidó, mostrando un desdén hacia la agenda de víctimas y
su derecho a la verdad.
López Obrador, menciona
Tito Garza Onofre, puede intentar usar la consulta para obtener réditos
políticos, pero más allá de eso este ejercicio puede demostrar que la
ciudadanía, que muchas veces se siente excluida, quiere incidir más en las
decisiones.
“Es que si hay una
amplia participación, vamos a darnos cuenta que la ciudadanía tiene ganas de
participar y que, en todo caso, la pregunta debería ser más relevante sobre
temas que realmente afecten la vida nacional, sea matrimonio homosexual,
mariguana, o la creación de nuevas secretarías”, declaró.
¿DE QUÉ MODO SÍ SE
PODRÍA LLEGAR A JUICIOS?
Así como la pregunta es
amplia y no especifica mecanismos, tiempos o acciones en concreto, esta
consulta tiene el potencial de establecer comisiones de la verdad e
investigaciones que, en un momento dado, pueden llevar a la presentación de
denuncias y procesos judiciales.
De acuerdo con Ana
Vanessa Cárdenas, especialista en análisis político y seguridad nacional, “si
hubiera voluntad política no se haría la consulta y las fiscalías actuarían
como deben de ser en tiempo y forma.”
En caso de que llegaran
a encontrar pruebas incriminantes, entonces sí se podría llegar a un juicio,
explicaron los especialistas, pero esto no solo incluiría a expresidentes, sino
a todos aquellos quienes estuvieran implicados.
“El texto de la
pregunta habla de actores políticos, y hay miles de actores políticos que
podrían entonces pasar por esta pregunta y por esta consulta para garantizar
una justicia y derechos de las posibles víctimas”, dijo Cárdenas.
Explicó que la
posibilidad de llegar a juicios existe porque la jurisprudencia internacional
ha sostenido que en estos casos se debe de fortalecer la investigación, la
persecución, la captura, enjuiciamiento y la condena de aquellos actores en
cuestión. Aunque enfatiza que es necesario que exista una real voluntad
política y un funcionamiento adecuado de los órganos legislativos, judiciales y
de las fiscalías.
En su opinión, hasta
ahora el gobierno ha mostrado que con la consulta su fin es político y no el de
la “justicia transicional, restituir a las víctimas”, aparentando y movilizando
a las personas a fin de que “se sientan en un ambiente de participación”.
DIFICULTADES
PRESUPUESTALES DEL INE Y MENOS MESAS DE VOTACIÓN
Se aprobó la pregunta y
la consulta está programada, sin embargo el Instituto Nacional Electoral (INE)
señaló que hay obstáculos presupuestales para la realización de este ejercicio,
y desplegará menos mesas de votación que las que se observaron el 6 de junio.
Para que el resultado
de la consulta tenga alguna repercusión y sea “vinculante”, como ya se mencionó,
se requiere participación de 40% del electorado, algo que para Jacobo Dayan
será difícil lograr.
“Si la elección
intermedia hace unas semanas tuvimos el cincuenta y tantos por ciento de
participación, siendo una elección importante. Y al no haber gran difusión del
tema de esta consulta, yo no creo que se junte el 40% de votos.”
El pasado 19 de abril,
la Secretaría de Hacienda negó al INE una ampliación de presupuesto, para
organizar la consulta. Ante ello, el Instituto confirmó a Animal Político que la
consulta será financiada con economías del proceso electoral federal.
En un momento se
contempló un monto de 890 millones 472 mil pesos para las actividades; sin
embargo, ante el rechazo de ampliación de presupuesto, finalmente se destinarán
520 millones de pesos para la consulta, según dijo José Roberto Ruiz Saldaña,
presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
Con parte de ese monto,
el Instituto tiene planeada una campaña para dar difusión a la consulta del 15
de julio al 1 de agosto, que consistirá en la publicación de anuncios en radio,
televisión, medios impresos y digitales.
“Aún con todos los
obstáculos, como institución estamos garantizando que haya condiciones para el
ejercicio pleno de nuestro derecho”, declaró Claudia Zavala, consejera del INE
en una entrevista con Leonardo Curzio.
Dentro de las medidas
que tomarán para poder realizar la consulta, detalló, se encuentra aprovechar
los recursos con los que ya se cuenta por el proceso electoral del pasado 6 de
junio.
Zavala especificó que
el INE estará reutilizando el material que sobró de las elecciones. De acuerdo
con ella, objetos como las tintas indelebles aún se encuentran en condiciones
óptimas para poder ser empleadas.
También estarán
invitando a las personas que ya fueron funcionarios de casilla en el proceso
anterior para participar en la consulta, y así podrán ahorrar en cuanto a la
capacitación de nuevos funcionarios.
A diferencia del
proceso electoral, en el cual se contó con 163,000 casillas, en la consulta
popular el INE tiene previsto colocar entre 50,000 y 59,000 mesas de opinión
con hasta 2,000 boletas en cada una.
En cuanto a las
boletas, dijo Zavala, esta vez no serán impresas en papel seguridad ya que su
producción debe ser con mucha antelación y además es costosa. A pesar de esto,
mencionó que sí estarán garantizando la seguridad del proceso con otras
medidas, que no especificó.
Las mesas receptoras de
votos, dijo el consejero Ruiz Saldaña, “no estarán necesariamente en el mismo
lugar en que han sido instaladas las casillas (en elecciones previas), pero
seguramente muy cerca de esos lugares”.
El Instituto, detalló,
tiene previsto dar a conocer los resultados el lunes siguiente, el 2 de agosto.
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