VERACRUZ, TIERRA PELIGROSA PARA EL PERIODISMO

El asesinato del periodista Jacinto Romero Flores el pasado 19 de agosto en Ixtaczoquitlán se suma a las ya varias ejecuciones realizadas durante el gobierno morenista de Cuitláhuac García. 

Yamiri Rodríguez

2021-09-05
Xalapa, Veracruz

Jacinto Romero Flores, reportero de una radiodifusora de la zona centro de Veracruz, fue ejecutado el pasado 19 de agosto en el municipio de Ixtaczoquitlán; es el segundo periodista asesinado en menos de un año en esta población y el quinto durante el gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez.

Hasta el momento, no hay avances en la localización de los agresores, pese a la promesa de García Jiménez; ocurrió igual con los crímenes cometidos contra Jorge Celestino Ruiz Vázquez en agosto de 2019, María Elena Ferral Hernández (marzo 2020) y Julio Valdivia Rodríguez (septiembre 2020).

Una noche antes de su homicidio, Romero Flores, reportero de la radiodifusora OriStereo y propietario del portal RadioIxtac Online, festejó su cumpleaños 61 con una reunión bohemia en la que, con sus amigos, cantó El Andariego de Los Panchos y algunos éxitos de Roberto Carlos.

Unas horas después, Jacinto fue asesinado mientras circulaba en una unidad habitacional de la comunidad de Potrerillo, Ixtaczoquitlán, muy cerca de su domicilio, con lo que se cumplían las amenazas que había recibido cinco meses antes.

Tenía 20 años en el ejercicio periodístico y era muy conocido en la región por su espíritu solidario y sus denuncias sociales y de inseguridad, principalmente en la zona de Zongolica; solía recolectar taparroscas para las quimioterapias de niños enfermos de cáncer y se ofrecía a gestionar medicinas, sillas de ruedas y muletas para discapacitados.

Romero Flores fue el segundo comunicador asesinado en la zona centro de Veracruz y en las mismas circunstancias en las que ultimaron a Julio Valdivia en septiembre de 2020. Durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), han sido ejecutados 45 periodistas en el rubro nacional. Según el reporte Primer Semestre de 2021, de la organización civil Artículo 19, la violencia contra los trabajadores de la prensa es debido a la inacción del Estado mexicano; Veracruz ocupa el sexto lugar nacional con mayor número de agresiones a periodistas: 18 en esa primera mitad del año.

“La prensa se encuentra entre la espada y la pared, entre particulares y crimen organizado, ambos amenazan e intimidan para que se detenga la cobertura sobre sus acciones y vínculos con el Gobierno, mientras que el poder público estigmatiza, difama y provoca la autocensura de la prensa al generar un ambiente inhóspito para el ejercicio de la libertad de expresión”, denuncia Artículo 19.

 

La ineficaz respuesta institucional

Después de difundirse el hecho, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegó un operativo de investigación en Ixtaczoquitlán con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), en busca de los agresores del periodista. Hasta el cierre de esta edición no había un solo detenido. “Desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz reiteramos que no habrá impunidad ni permitiremos que nadie amedrente a la población”, ofreció Hugo Gutiérrez Maldonado, titular de la FGE; en tanto que el gobernador García Jiménez aseguraba que estaban tras los agresores, el gremio periodístico exigía justicia en redes sociales y manifestaciones en varias plazas públicas.

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) demandó el esclarecimiento del asesinato dentro del protocolo de investigación que se aplica a las víctimas que son periodistas. “Confiamos en que las instancias competentes den con los responsables, como ha ocurrido en otros casos”, exigió la CEAPP en un documento público.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por su parte, requirió una investigación “exhaustiva y expedita”, como la que presuntamente hizo con los crímenes cometidos contra otros periodistas: “La Comisión Nacional demanda a la Fiscalía General de Veracruz indagar los hechos y coordinar acciones para la atención integral de los familiares y víctimas indirectas en el caso y estará atenta a la evolución de las diligencias que se realicen para la pronta identificación de responsables para que sean presentados ante la justicia y se les sancione de acuerdo con la ley, a la brevedad”.

En un comunicado, la CNDH señaló: “algunos por hacer denuncias contra políticos y funcionarios locales, otros por cubrir hallazgos de restos de desaparecidos o escenarios de ejecutados; y hay que agregar que algunos de ellos contaban con escoltas asignados por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, o estaban en espera de ser incluidos en el mismo por antecedentes de haber recibido amenazas por sus denuncias contra el crimen organizado”.

El pasado 24 de agosto, durante una visita del Presidente a Córdoba, Veracruz, un grupo de reporteros y sus familiares se manifestó afuera de la ex hacienda de Toxpan –donde AMLO encabezó la conmemoración de los 200 años de Los Tratados de Córdoba– para exigir justicia. Una de sus pancartas exhibía la foto de Jacinto Romero con el Presidente durante una entrevista en Orizaba.

“No me gustaría decirles cuídense, porque no tienen por qué cuidarse de hacer una labor que es nada más informar; pero ahora que mi papá no está, se los digo a ustedes. Mi familia, mis hermanos, yo le decía: ‘Pa, cuídate por favor’. Sabíamos el riesgo en el que él estaba”, lamentó Germán, uno de los hijos de la víctima.

Sin proporcionar más detalles para no entorpecer las investigaciones, indicó que ha tenido reuniones con la FGE y sabe que existen dos líneas de investigación, por lo que pidió a los reporteros no olvidar el tema e insistir en su esclarecimiento. “No mataron a un delincuente, mataron a un luchador social”, denunció Onésimo, uno de los hermanos de Jacinto, quien recordó el profundo amor que su hermano tenía por los animales. Simultáneamente, en Orizaba un grupo de reporteros realizaba una protesta pública en demanda de justicia a su compañero.

Al otro día, en su conferencia mañanera desde la capital veracruzana, AMLO respondió que su gobierno revisa el sistema de protección a periodistas para mejorarlo. “Lo lamentamos mucho, lo de la pérdida de este periodista veracruzano (…) Fue muy acertada la remoción del procurador en Veracruz. Se puede hasta probar con datos, a partir de que se removió al fiscal bajaron los homicidios y los secuestros”, advirtió.

Pero las investigaciones no han dado con los agresores, como ha ocurrido en las dos décadas pasadas. Del año 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado 142 asesinatos de periodistas en México. Mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron 47 asesinatos de periodistas; en menos de la mitad del gobierno de AMLO van 43 comunicadores y 68 defensores de derechos humanos, según ha informado la Secretaría de Gobernación (Segob).

El más reciente fue el de Jacinto Romero Flores. Artículo 19 sostiene que Veracruz ha sido el estado más letal para los comunicadores, con 30 periodistas asesinados en las últimas tres administraciones estatales, muchos de los cuales continúan sin resolverse.

Entre los casos que aún piden justicia se halla el homicidio de Jorge Celestino Ruiz Vázquez, corresponsal del Gráfico de Xalapa, quien fue ultimado a balazos en Actopan el dos de agosto de 2019. En noviembre de ese año fue detenido el presunto asesino, un policía municipal y escolta del entonces presidente municipal Paulino Domínguez, quien posteriormente fue desaforado, pero no detenido.

Lo mismo ocurre con el asesinato de María Elena Ferral Hernández, corresponsal del Diario de Xalapa, quien fue asesinada el 30 marzo de 2020 en el centro de Papantla, región norte de la entidad. En mayo de ese mismo año, la fiscal Verónica Hernández Giadans anunció que había seis detenidos con base en 11 órdenes de aprehensión liberadas, entre ellos un reportero y un regidor. En septiembre, María Fernanda De Luna Ferral, hija de la víctima, denunció que los avances eran parciales. En marzo de este año, dos de los detenidos ganaron un amparo.

A estos dos homicidios sin resolver se suma el de Julio Valdivia Rodríguez, reportero del periódico El Mundo de Córdoba; lo mataron el 10 de septiembre del año pasado en el municipio de Tezonapa, a unos 70 kilómetros de donde fue asesinado Romero Flores. Desde abril, la Fiscalía señaló que ya tenían órdenes de aprehensión. Casi se cumple un año y no hay detenidos. La mayoría de los asesinatos de periodistas cometidos en administraciones anteriores siguen sin avance alguno e impunes.

 

Periodistas exigen un alto a la violencia

Después de los lamentables hechos, OriStereo, casa de trabajo de Romero Flores, declaró que los medios de comunicación “no somos ni la causa ni el efecto de la violencia en el país, pero sí sufrimos las consecuencias por el desempeño del periodismo y la comunicación”.

La organización Reporteros sin Fronteras se sumó a la condena emitida por el director de la oficina latinoamericana, Emmanuel Colombié, quien opinó que este suceso ensombrece nuevamente el panorama de la libertad de prensa en México: “Jacinto Romero Flores, consciente de que corría peligro, ya había pedido protección oficial. Reporteros Sin Fronteras hace un llamado a las autoridades para que realicen una investigación completa, rigurosa e independiente para no dejar impune este crimen”.

A este llamado también se sumó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y aseguró que “la supuesta normalidad de la violencia en México no es aceptable. El nivel de violencia que enfrentan muchos periodistas, especialmente del interior del país, es una aberración, y debe ser atendido con urgencia por el gobierno”, enfatizó Jorge Canahuati, presidente de la organización.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, advirtió: “Estaremos atentos a que el gobierno, tal como anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, presente los resultados de la revisión del mecanismo de protección de periodistas y cumpla su compromiso de garantizar que estos delitos no queden impunes”.

El caso escaló fronteras y organismos internacionales se sumaron a los llamados para que el Gobierno de México esclarezca el caso de Romero Flores pero que, sobre todo, garantice la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo. “Esperamos ver justicia para Jacinto. Los periodistas son el pilar de la democracia”, declaró la Embajada de Estados Unidos en México.

“La muerte del señor Romero Flores demuestra una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México. Desde inicios del año 2021 por lo menos seis periodistas fueron asesinados en México. Expresamos nuestra preocupación por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinatos de periodistas en México”, declaró la Delegación de la Unión Europea (UE) en México.

El cura católico Helkyn Enríquez Báez, vocero de la Diócesis de Orizaba, aseveró que dicha muerte se suma a la de otros periodistas asesinados en el estado, “uno de los más peligrosos para el ejercicio de esta profesión…Nos unimos a la pena que embarga a su familia y al gremio periodístico por este violento acontecimiento. Confiamos en que las autoridades puedan aclarar y resolver este homicidio. La población y las comunidades necesitan y demandan paz y seguridad, no más violencia”.

https://buzos.com.mx/index.php/nota/index/9159

LOS DISCAPACITADOS, LAS VÍCTIMAS OLVIDADAS DEL NAZISMO

 

Se publica por primera vez en castellano ‘Los orígenes del genocidio nazi. De la eutanasia a la solución final’, de Henry Friedlander, sobre los primeros asesinatos en cámaras de gas

Karl Gebhardt (izquierda), junto a otro de los acusados sin identificar en el juicio contra los ejecutores del plan Aktion T4, celebrados en Bergen-Belsen entre septiembre y octubre de 1945.- / AFP VIA GETTY IMAGES 

GUILLERMO ALTARES

Madrid - 26 SEPT 2021 - 22:32 CDT

Los responsables de la conservación del memorial del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau repiten una frase que refleja la complejidad y el horror de la Shoah: “Cuando miramos a Auschwitz vemos el final del proceso. Es importante recordar que el Holocausto no empezó con las cámaras de gas. El odio se desarrolló gradualmente a partir de las palabras, los estereotipos y los prejuicios, mediante la exclusión legal, la deshumanización y la escalada de violencia”. Antes de que, en algún momento de la segunda mitad de 1941, Hitler diese la orden del exterminio total de los judíos europeos, antes de que los escuadrones de la muerte —los Einsatzgruppen— fusilasen a cientos de miles de personas tras la invasión de la URSS, los nazis habían decidido que una parte de la población merecía la muerte solo por el hecho de haber nacido, porque se trataba de “vidas que no merecen ser vividas”: los discapacitados físicos y mentales.

Miembros de la dirección y trabajadores de la clínica Hadamar, uno de los centros psiquiátricos en los que se ejecutaba el programa Aktion T4, durante el juicio de Bergen-Belsen, en septiembre de 1945.- / AFP VIA GETTY IMAGES

La comprensión de la Aktion T4, el nombre de la operación secreta de exterminio de los discapacitados, cuya oficina central estaba en la calle Tiergartenstrasse 4, resulta esencial para entender el Holocausto, tanto por los métodos utilizados, cámaras de gas operadas por médicos, como por la decisión intelectual de convertir una visión racista del mundo en genocidio. El salto de considerar que unos seres humanos son inferiores a otros a asesinarlos de forma organizada y masiva se tomó por primera vez con los discapacitados. Un libro, considerado un clásico de los estudios del Holocausto, analiza a fondo la Aktion T4: Los orígenes del genocidio nazi. De la eutanasia a la solución final, de Henry Friedlander.

Traducido por Borja Folch, Ediciones Cinca ha publicado por fin en castellano este importante ensayo. Su lectura resulta esencial para comprender los mecanismos de terror del régimen nazi, pero también para vislumbrar hasta dónde puede llevar el racismo y qué hay al final del camino del odio. Este trabajo resulta especialmente revelador porque describe cómo personas cultas e instruidas, médicos que habían realizado el juramento “no harás daño”, creyeron que era necesario gasear a seres humanos porque los consideraban inferiores. Friedlander (1930-2012) no solo dedicó una parte importante de su vida a estudiar el programa T4 y a ampliar la visión del Holocausto, sino que él mismo fue un superviviente de Auschwitz.

Aunque tratado en películas como la alemana La sombra del pasado (2019), del director de La vida de los otros, Florian Henckel von Donnersmarck, y en una famosa obra de teatro de 1963, El vicario, de Rolf Hochhuth, que Costa Gravas llevó al cine bajo el título de Amén, el programa T4 sigue siendo relativamente poco conocido. Sin embargo, fue impulsado directamente por Hitler. Entre 1939 y 1945, fueron asesinados en torno a 300.000 discapacitados en más de 100 hospitales. Pese a que incluso se celebraron juicios al final de la guerra contra los responsables del programa, dentro de los procesos de Núremberg, esta masacre fue cayendo poco a poco en el olvido. El monumento que conmemora en Berlín este genocidio no fue inaugurado hasta 2012.

“Quería entender los crímenes del régimen nazi”, escribe Friedlander. “Me di cuenta de que la ideología, la toma de decisiones, el personal y la técnica de las ejecuciones vinculaba la eutanasia con la Solución Final. Aun así, seguía pensando que la eutanasia no era más que el prólogo del genocidio. Sin embargo, el genetista Benno Müller-Hill publicó un análisis sobre la participación de científicos en los crímenes nazis y sus argumentos me obligaron a reconsiderar mi interpretación. Comencé a ver que la eutanasia no era un simple prólogo, sino el primer capítulo del genocidio nazi”, asegura el autor.

Esta parte de la interpretación de Friedlander ha sido la que ha provocado más debate entre los expertos desde la primera edición del libro, hace casi un cuarto de siglo: el asesinato de discapacitados no fue una especie de ensayo general de los campos de exterminio, sino que forma parte del mismo proceso, sostiene el ensayo. Al igual que ocurrió con judíos y gitanos, los nazis aniquilaron también a niños y a ancianos discapacitados porque solo estos tres grupos estaban destinados al exterminio total, aunque el Tercer Reich tenía una larga lista de seres que consideraba inferiores o enemigos peligrosos.

Memorial por las víctimas del programa Aktion T4 en Berlín.ODD ANDERSEN / AFP VIA GETTY IMAGES

El gran historiador israelí Yehuda Bauer, de 95 años, lo discutió en un artículo titulado El Holocausto y las comparaciones con otros genocidios. Bauer comienza señalando que “no hay una gradación del sufrimiento y que el número de víctimas no determina la crueldad del ataque. Claramente, los nazis deseaban eliminar a los romaníes como un grupo de gente identificable, los portadores de una cultura. Llevaron a cabo esta política por medio del asesinato masivo, la humillación, la brutalidad y el sadismo extremos”. Sin embargo, este historiador sostiene que “eso fue un genocidio, no un Holocausto, es decir, no un propósito de asesinar a cada individuo de la población elegida, a una escala global y su implementación —hasta donde el perpetrador hubiera podido—”. Su tesis es que el racismo estuvo en el centro de todas las políticas nazis, pero que los judíos fueron su obsesión absoluta y el único pueblo destinado a ser exterminado hasta el último individuo en todo el mundo si hubiesen tenido la oportunidad. “Para los nazis los judíos fueron el enemigo central, un Satán metahistórico que debía ser destruido”, escribe, insistiendo una y otra vez en que resulta imposible establecer clasificaciones dentro de la brutalidad asesina.

Asesinatos con dinamita

El desprecio absoluto de los nazis por la vida queda reflejado en una historia que narra Friedlander. Cuando Heinrich Himmler comprobó el efecto que tenía sobre los soldados el fusilamiento durante horas de seres humanos, incluyendo mujeres y niños, decidió en el otoño de 1941 probar otros métodos de asesinato masivos y rápidos, menos lesivos para las verdugos. Su primera idea fue utilizar dinamita, lo que resultó un absoluto horror porque al final los asesinos acabaron recogiendo restos humanos de los árboles de los alrededores del lugar de la masacre. Las víctimas de este atroz experimento fueron pacientes discapacitados rusos de los hospitales de Minsk y Mogilev.

Me di cuenta de que la ideología, la toma de decisiones, el personal y la técnica de las ejecuciones vinculaba la eutanasia con la Solución Final

HENRY FRIEDLANDER

Solo entonces, las SS recurrieron a las cámaras de gas que se habían utilizado en el programa T4: operadas por médicos, disimuladas como duchas o en camiones para que las víctimas no supiesen hasta el final la suerte que les esperaba. La decisión de trasladar a los territorios ocupados del Este los centros de la muerte también tuvo que ver con esta operación, que había provocado protestas en la sociedad, tanto de las iglesias católica y protestante como de familiares de las víctimas.

“El Führer había comprendido el riesgo que corría ante la población alemana de mostrarse demasiado abiertamente cruel”, escribe Géraldine Schwarz en su ensayo sobre la memoria y el nazismo Los amnésicos. Historia de una familia europea (Tusquets). “También es una de las razones por las que el Tercer Reich desplegó una energía absurda en organizar la logística extremadamente compleja y costosa del transporte de los judíos de Europa y de la Unión Soviética para exterminarlos lejos de la vista de sus compatriotas en campos aislados en Polonia”. Con el asesinato de discapacitados, Hitler se dio cuenta de que debía hacerlo en secreto, pero también descubrió un elemento esencial para sus planes: no iba a tener problemas para encontrar voluntarios que ejecutasen el genocidio, incluso entre los sectores más formados de la sociedad. Las palabras de odio que llevaba sembrando desde hacía décadas habían funcionado.

Fuente: el país

Enlace:https://elpais.com/cultura/2021-09-27/los-discapacitados-las-victimas-olvidadas-del-nazismo.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM&fbclid=IwAR0bOw1NILDpycDB51DpJF_i8C2pcN5CqjrTwr5Wskmbqwi8v2DWOncDq_o#Echobox=1632751867

TOXPAN: EL OBJETO DE LA CODICIA

Periodistas Multimedios

REPORTAJE ESPECIAL 

Tercera parte: Abusos de poder 

Sala de Redacción – Periodistas Multimedios 

Córdoba.- Con el recurso federal heredado por la anterior administración, el gobierno de Tomás Ríos (2014-2017) inició la primera etapa de rescate y restauración. 

Pero lo comenzó, dejando en manos de Martha Sahagún, hermana de la directora de Desarrollo Social Ángeles Sahagún, el proyecto de restauración, una persona sin trayectoria, ni experiencia en el rescate de sitios históricos. 

Y pronto comenzaron los abusos de poder solapados desde la Presidencia municipal. 

Para eliminar los “malos olores”, de la noche a la mañana despojaron a la Asociación Huellitas de un espacio colindante con la ex hacienda, donde se resguardaban a mascotas de la calle que eran rescatadas.

El lugar además funcionaba como albergue para perros perdidos, centro de donación y desde ahí se proyectaban campañas de esterilización. 

De acuerdo con la denuncia de Guillermo Andrade, presidente de esa fundación, con el despojo del lugar se “perdieron” más de cien perros y gatos de los que nunca se supo qué fue de ellos, por lo que se cree fueron sacrificados. 

Conforme fueron avanzando los trabajos de restauración, que implica devolver su fisonomía al inmueble, se realizaron acciones para “acomodar” el sitio a los intereses de la “encargada”. 

Si bien, en una obra de esta envergadura hay un arquitecto responsable que trabaja bajo la supervisión del Instituto Nacional de Historia y Antropología (INAH), en los hechos era Martha Sahagún quien dirigía y decidía los trabajos de lo que ya no era una restauración, sino una remodelación. 

Eso fue denunciado en su momento por Fernando Miranda Flores, delegado del INAH en la zona centro, quien advirtió que durante la reconstrucción y remodelación de la ex hacienda se destruyeron vestigios historicos “para hacer un salón de ensayos de ballet”, además de desaparecer todos los vestigios de las calderas. 

Todo lo anterior solapado desde la Presidencia municipal. 

Continuará... 

FUENTE: Periodistas Multimedios 

ENLACE:http://periodistasmultimedios.com.mx/.../toxpan-el.../

QUIENES DEFENDÍAN A ESTEBAN RAMÍREZ ZEPETA, HOY LO ACUSAN DE DESVÍOS DE RECURSOS

Claudia Guerrero Martínez compartió una publicación. 

Extra, extra: Ahora los morenistas a sueldo, quienes defendían al impuesto dirigente estatal Esteban Ramírez Zepeta, hoy lo acusan de desvíos de recursos en las prerrogativas que le tocan a MORENA en el 2021, mintiendo en la presunta austeridad de la 4T y ser un mito. Y es que el consentido de Cuitláhuac García literalmente ha robado $117 millones de pesos, de los $145 millones que le corresponden a este partido en el poder y estos silvestres ladrones se han robado casi todo, pues en mayo gastaron 15 millones de pesos, así en los siguientes meses y en septiembre $9 millones de pesos, cuando no hay elecciones, facturando restaurantes, licor, fiestas, casetas, gasolinas, hasta costosa ropa y regalos. La gran vida de este apadrinado por el Gobernador de Veracruz, quien sigue diciendo ser “honestos”. 

Tomado de Amigos de Claudia Guerrero Martínez

ENLACE; https://www.facebook.com/groups/443704529597897/?multi_permalinks=869757383659274&notif_id=1632937462882165&notif_t=group_highlights&ref=notif

IMPUNIDAD Y VIOLENCIA EN VERACRUZ: ¿LA MISMA CARA CON LA NUEVA POLÍTICA EN MÉXICO?

Veracruz es una de las zonas más violentas de México, y donde más víctimas mortales tiene el periodismo en los últimos años. La impunidad juega como un factor determinante en el ciclo de inseguridad que parece no terminar. Ante la llegada de la izquierda al poder nacional, ¿cómo se vislumbra la salida a la crisis de violencia en México? Este fue el tema central de debate en esta sesión de Diálogos CONNECTAS que se realizó en Xalapa, Veracruz.

El estado de Veracruz, al oriente de México, se ha convertido en una de las zonas más violentas de ese país. De acuerdo con información  del Secretariado Ejecutivo de Veracruz, en los primeros seis meses de 2018 se registraron 700 asesinatos – de los cuales 58 fueron feminicidios – y 80 secuestros. Según la empresa Lantia Consultores, especialista en medir la violencia provocada por el crimen organizado, Veracruz es el segundo estado de México con mayor número de ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, principalmente por el conflicto entre los carteles de Los Zetas y Jalisco Nueva Generación.

Situado en la franja del Golfo de México, Veracruz ha tenido que sufrir las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico. Al estar ubicado en la ruta de paso para el envío de droga a la costa este de Estados Unidos, las mafias continúan disputándose el control del territorio. Las fuerzas policiales, así como los periodistas, se han convertido en blancos de los grupos armados. El pasado 12 de julio, por ejemplo, fueron asesinados cuatro policías y dos civiles en Veracruz. Por otro lado, en el transcurso de 2017, según cifras gubernamentales, fueron asesinados cuatro periodistas en ese mismo estado.

Con la llegada de Manuel López Obrador a la presidencia de México, los habitantes de Veracruz esperan cambios urgentes. Una de las propuestas de la AMLO (movimiento político al que pertenece López) es sacar al ejército mexicano de las calles y optar por la profesionalización y coordinación de los policías. Como tercera medida, el mandatario ha contemplado la posibilidad de otorgar amnistías para buscar un “plan de reconciliación y paz para México”.

Asistentes al #DiálogosCONNECTAS

¿Tendrán éxito estas propuestas? ¿Cómo se pueden disminuir los índices de violencia en la región? Estas y otras preguntas fueron abordadas en el foro Diálogos CONNECTAS “Impunidad y violencia en Veracruz: ¿La misma cara con la nueva política en México?”, organizado por la Agencia Veracruzana de Comunicación y Noticias (AVC) y CONNECTAS, con el apoyo de la Universidad Veracruzana (UC).

En el foro participaron cuatro panelistas: Araceli González Saavedra, psicóloga veracruzana experta en derechos de las mujeres; Juan Pablo Nápoles primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz; Jorge Morales Vázquez; secretario ejecutivo de la comisión estatal de atención y protección a periodistas en Veracruz y Alberto Javier Olvera Rivera, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.

Veracruz, en un pico de violencia

Un punto de partida para hablar sobre Veracruz es la situación actual de violencia: 1.500 asesinatos anuales es una cifra terrorífica que merece varias explicaciones. Juan Pablo Nápoles, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señaló que el ciclo de violencia tiene que ver con varios factores, como “la corrupción, la impunidad, la falta de preparación de la policía, el desconocimiento sobre los tratados internacionales y la legislación nacional”. La violencia, agregó Nápoles, “se ha acentuado y últimamente alcanzó un pico importante. En esta situación vemos corrupción financiera, desaparición forzada cometida por particulares, casos de desaparición en los que el Estado es cómplice, varias violaciones a los derechos humanos y muchas omisiones en la justicia”.

Araceli González, experta en derechos de las mujeres.

Para el profesor Alberto Javier Olvera, una de las razones por las que Veracruz está viviendo un pico de violencia tiene que ver “con el aumento de poder y diversificación de los grupos criminales. Hay una dinámica internacional en el comercio de drogas, la relación entre productores y distribuidores cambió y hubo un empoderamiento de los carteles mexicanos”. A este crecimiento de grupos ilegales se suma la ausencia de Estado. Así lo explica Olvera: “El Sistema de justicia nunca ha tenido la capacidad institucional de investigación criminal. A esto se suman pactos entre políticos y criminales, lo que le permite a la mafia gobernar espacios locales. La presencia territorial generalizada del crimen organizado conduce a la diversificación de negocios: extorsión, secuestro, tráfico de personas, comercio de drogas, etc…”

Jorge Morales Vázquez, secretario ejecutivo de la comisión estatal de atención y protección a periodistas en Veracruz, hizo énfasis en las consecuencias que ha traído la violencia para los periodistas: “La opresión y le censura la hemos vivido desde hace más de una década. (…) El problema de fondo, cuando hablamos de violencia, está en las instituciones, en el equilibrio de poderes”.

“A los periodistas los pueden privar de la vida, torturar e incluso oprimirlos durante mucho tiempo. Esto es lo que ha venido pasando en Veracruz y ha sido difícil hacerles caer en cuenta a los actores políticos que este es un problema y que el periodismo es primordial para el desarrollo democrático”: Jorge Morales Vázquez

Con más de 200 feminicidios registrados en 2017, Veracruz ha estado en la mira de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. Lo más preocupante, dice Araceli González, coordinadora general de Equifonía (organización solicitante de la Alerta de género por violencia feminicida en Veracruz) es que “como sociedad nos hemos acostumbrado a este tipo de violencia, a las balaceras, a las extorsiones”.

“Pareciera que el contexto de la violencia ya no es algo que nos indigna tanto; de hecho a veces nos enfrentamos con un tarjetón en el que decidimos por cuál cartel vamos a votar”: Araceli González Saavedra

Juan Pablo Nápoles. Primer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz

“Hemos visto corrupción financiera, desaparición forzada cometida por particulares, casos de desaparición en los que el Estado es cómplice, varias violaciones a los derechos humanos y muchas omisiones en la justicia”: Juan Pablo Nápoles

En efecto, el problema de Veracruz no solo reside en el narcotráfico. Con esta idea está de acuerdo Juan Pablo Nápoles: “El narcotráfico se diversificó y ahora es crimen: tenemos robos, asaltos a hogares, extorsiones, desapariciones y no le exigimos al Estado que detenga este tipo de situaciones, cuando es justamente el que nos debe dar paz. Cuando este crimen permea el régimen político, se crean redes de corrupción y de impunidad. Tenemos actores políticos que están siendo juzgados por su relación con el crimen. Hoy hay una aceptación generalizada a temas como las desapariciones y en general a las violaciones de derechos humanos”.

En el caso de los feminicidios el problema ha sido complejo, pues antes de 2007 ni siquiera existía una Ley que reconociera el feminicidio como delito: “Nos ha tocado luchar por una legislación que responda a esta problemática y, después, pedirle a quienes imparten la justicia que pusieran en práctica esta legislación y actuaran en consecuencias. Esto no ha sido fácil y hay muchas instituciones estatales que no reconocen la violencia feminicida. Esto también ocurre en la sociedad: no se reconoce ni se visibiliza la violencia contra las mujeres”, dijo Araceli González.

A este problema se suma la poca capacidad del Estado para hacerle frente a la violencia. Así lo explicó Juan Pablo Nápoles: “El Estado está rebasado en un pico extremo, con niveles de violencia que no se veían hace más 20 años. El Estado tiene varios problemas en diferentes áreas: presupuesto, personal, capacitación, violaciones a derechos humanos e impunidad. Hay cientos de investigaciones con las que no se hace nada, que se pierden. El marco legal en México es bueno, tenemos los instrumentos pero no los conocemos o aplicamos. El fiscal de turno usualmente no sabe qué hacer con los crímenes que se le presentan; también faltan recursos humanos. Se ha venido trabajando en capacitación, en reconocimiento de derechos, en derechos a la mujer, pero aún falta mucho”.

Jorge Morales Vázquez. Secretario ejecutivo de la comisión estatal de atención y protección a periodistas (CEAPP)

En el momento de hablar sobre reformas, el profesor Alberto Olvera señaló que es importante tener en cuenta las lecciones del pasado: “A nivel federal se inició una reforma en 1994 y digamos que hubo un avance en el nivel de profesionalización de los magistrados. Sin embargo, la calidad del poder judicial es pésima porque y en el fondo seguimos teniendo un poder judicial corrupto, incompetente y marginal en la vida pública. No basta con hacer un llamado a la moral, sino que deben ser modificadas, es decir, se debe modernizar el Estado en su conjunto. México todavía es uno de los países con más bajo nivel de profesionalización de los trabajadores públicos”.

La visión de Jorge Morales, desde su trabajo con los periodistas, es bastante crítica: “Me gustaría ser optimista pero la justicia en Veracruz es desastrosa. Tengo una lista de 24 periodistas asesinados desde 2005 y en este periodo el fiscal de esta administración no hizo nada. Hubo unas mesas de trabajo pero lo cierto es que tenemos un enorme rezago. No hay un compromiso de parte de la Fiscalía y claro, esta situación podría conllevar a responsabilidad penales para algunos servidores públicos”.

¿Qué se puede esperar con la AMLO?

Si bien es importante verificar el trabajo del presidente electo, Manuel López Obrador, los cuatro panelistas hablaron sobre una serie de estrategias que deben tenerse en cuenta más allá de la labor del gobierno nacional. Juan Pablo Nápoles señaló, por ejemplo, que “es importante tener un equilibrio de poderes en Veracruz para que se puedan exigir cuentas. Yo tengo un caso en el que se perdieron todas las evidencias, en el que será muy difícil dar con los restos humanos de la víctima. Lamentablemente esta administración debe mucho en materia de justicia para las víctimas”.

Alberto Javier Olvera Rivera. Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.

En esa misma línea habló el profesor Alberto Javier Olvera: “Tenemos un nivel técnico y moral bajísimo en los magistrados; la labor del poder judicial es pésima y esto se complementa con fiscalías precarias, policías que no hacen su trabajo y un poder judicial en general corrupto en Veracruz. Para cambiar esto no es suficiente la voluntad política, se necesita una reforma a largo plazo que establezca, por ejemplo, una prioridad presupuestal para crear un sistema de justicia profesional y no politizado”.

“Hay una pésima calidad del Estado en su conjunto. Los que llegan al poder no se han interesado en mejorar la justicia, sino que nombran a gente incompetente en cargos importantes”: Alberto Javier Olvera Rivera

El profesor señaló que lo que está ofreciendo el presidente electo en materia de justicia puede ser útil. Sin embargo, dice que  su propuesta no es suficiente. “En las cárceles mexicanas, el 50% de los presos no tienen sentencia, hay una enorme cantidad de personas que no sabemos si son culpables o no, ¿cómo pensar en una amnistía que involucra a tanta gente? Por otro lado, despenalizar la marihuana ha demostrado ser una decisión eficaz en otros países, pero, como decía, estas decisiones no bastan si el sistema judicial no opera. Se habla de profesionalización de la policía. Llevamos más de 10 años hablando del tema y se han invertido miles de millones. ¿Dónde fue a parar ese dinero?”.

El profesor señaló que, además de realizar reformas a la justicia, el gobierno debe suplir necesidades básicas de la sociedad veracruzana: “Tenemos que tener como eje la dignidad de la vida y el respeto por los derechos humanos. La mitad de la población está sin acceso a servicios médicos esenciales, no hay medicina en los hospitales, la educación pública es de pésima calidad, el gobierno tiene que preocuparse por resolver los problemas básicos cotidianos”.

Asistentes al Diálogos CONNECTAS en Veracruz

La activista Araceli González les recomendó a las organizaciones mantener la independencia frente a los partidos políticos y trabajar en el tiempo que viene por visibilizar la violencia contra las mujeres: “Desde los medios de comunicación de Veracruz debemos personificar las problemáticas. Como sociedad no hemos reconocido la violencia y nos cuesta mucho comprender la violencia contra las mujeres. Las instituciones no han reparado el daño causado y las mujeres en Veracruz se siguen enfrentando a muchas condiciones adversas”.  También recomendó crear campañas de cuidado entre las comunidades: “En mi barrio hicimos un grupo en el que trabajamos en huertos comunitarios y estamos pendientes de las personas que conviven con nosotros. Nos comunicamos mucho para generar confianza entre los vecinos”.

Frente al tema de la visibilización de los problemas, Jorge Morales señaló que es necesario trabajar en la formación de periodistas: “Yo parto de la premisa de que los periodistas somos personas que debemos estar informadas para comprender nuestra realidad y nuestra vida contemporánea.  Cuando un periodista asume con profesionalismo y ética su labor, la sociedad de Veracruz tiene insumos para tomar decisiones”.

La organización feminista de base, señaló González, es importante para proteger a las mujeres frente a la ola de violencia que vive Veracruz. “Si tenemos una sociedad civil organizada podemos alcanzar otra categoría política para trastocar el poder. Tenemos que plantear cuál es nuestro papel en esta transición. No se necesita una sociedad civil que aplauda todas las ocurrencias del gobierno, que se acomode a lo que diga un mesías, sino una que trabaje por un acuerdo de no agresión desde la sociedad”.

De izq. a der. Suchit Chávez, Araceli González, Juan Pablo Nápoles, Jorge Morales, Alberto Javier Olvera, Carlos Eduardo Huertas

Además de resaltar la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, Juan Pablo Nápoles señaló que es valioso la reconfiguración política que ha vivido México: “Todos los cambios generan choques. México venía pintado de un solo color, pero se han presentado cambios y han surgido contrapesos. Tenemos que pensar en los jóvenes que en un futuro gobernarán el país, en la educación de ellos, ahí realmente puede haber un cambio”.

Frente al tema de la educación, el profesor Alberto Javier Olvera señaló que son necesarias varias reformas: “Lo digo como profesor universitario. He recibido estudiantes que no saben escribir. La educación pública en Veracruz es pésima. La cobertura de educación universitaria es menor al 20%. Tenemos un déficit monumental en educación media y superior. Hay un descuido histórico del gobierno en esa materia. Los bajos niveles educativos se reflejan en la poca oferta de mano de obra calificada. En Veracruz, por ejemplo, solo hay una licenciatura en ciencia política y no hay ni una sola carrera de administración pública. Tenemos otros problemas en la vida cotidiana, como los sistemas de transporte, que tienen que ser prioritarios para el gobierno. Para resolver el problema de la violencia tenemos que resolver los problemas sociales, por eso en México necesitamos una reforma profunda que acabe con las raíces de la violencia. Debemos crear un Estado digno y una sociedad civil exigente y consolidada”.

Tanto Juan Pablo Nápoles como Jorge González llegaron a la conclusión de que Veracruz es un Estado con todas las posibilidades para salir adelante. Con la tercera población de México, dijo Nápoles, “tiene todo para crecer. Tiene 700 kilómetros de costas, puertos muy importantes, en cuanto a destino turístico es muy rico, lo mismo en cultura. El potencial que tenemos es enorme”. Por otro lado, González señaló que “ve una gran oportunidad en Veracruz si el Estado apoya la transformación hacia un desarrollo social y democrático. Los periodistas están reflexionando sobre la situación de su país, formulando propuestas innovadoras y buscando la transformación social. Por lo menos desde el periodismo, el horizonte es promisorio para Veracruz”.

Los panelistas

Araceli González Saavedra. Mujer veracruzana, psicóloga, experta en derechos de las mujeres. Coordinadora general de Equifonía, organización solicitante de la Alerta de género por violencia feminicida en Veracruz y de la Alerta de género por agravio comparado para el estado de Veracruz. Representante legal del caso Pilar Arguello Trujillo ante el Comité CEDAW, radicado en la comunicación número 075/2014. Coordinadora de la elaboración del Informe sombra de este caso, emitida por el Comité CEDAW. Estado Parte: México. Participante en la 70 th Sesión plenaria del Comité CEDAW, en la evaluación al Estado mexicano, del 2 al 6 de julio de 2018 en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza.

Juan Pablo Nápoles. Primer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz desde febrero de 2018. Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Cursó la Maestría en Derecho Fiscal en la Universidad de Xalapa. Ha sido abogado litigante en la firma CALLIDUS (cálidus) Soluciones Legales y servidor público estatal en la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como en la Coordinación de Profesiones de la Secretaría de Educación.

Jorge Morales Vázquez. Secretario ejecutivo de la comisión estatal de atención y protección a periodistas (CEAPP). Es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, egresado de la Universidad Veracruzana. Ex socio fundador del portal plumaslibres.com.mx. Autor de diversos artículos en materia de Derecho a la información y libertad de expresión. Con más de 15 años de experiencia en la actividad periodística en diferentes medios de comunicación como: Diario AZ, El dictamen, Avan Noticias, Tv Azteca, entre otros. Comisionado de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas desde diciembre 2012 a diciembre 2016.

Alberto Javier Olvera Rivera. Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Es miembro del SNI, Nivel III, y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es Doctor en Sociología por la New School for Social Research. Desde hace 25 años investiga sobre la Sociedad Civil y la Innovación Democrática en México y América Latina; más recientemente, estudia las instituciones y las prácticas de la justicia en México y los retos de la democratización mexicana. Ha publicado más de 90 artículos y capítulos de libro en numerosos países, así como libros de divulgación. Fue profesor invitado en las Universidades de California (EEUU); York (Canadá); Federal de Minas Gerais (Brasil), Nacional de Colombia y FLACSO-México.

Moderadores

Carlos Eduardo Huertas: Director y líder de la mesa editorial de CONNECTAS, así como de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, un proyecto en alianza con el International Center for Journalist (ICFJ). Durante más de una década y hasta julio de 2013 Huertas estuvo vinculado a la Revista Semana de Colombia, de la que fue su editor de investigaciones. Miembro del Comité Directivo de la Red Global de Periodistas de Investigación (GIJN) y del Consorcio para periodistas de Investigación (ICIJ). En 2006 fue el gestor de Consejo de Redacción, organización colombiana que promueve el periodismo de investigación.

Suchit Chávez: Periodista de El Salvador especializada en seguridad, violencia y crimen organizado. Desde 2017 coordina el área de investigación con datos del portal Plaza Pública de Guatemala y lidera la iniciativa “Laberintos del Poder”. Por más de una década estuvo vinculada a La Prensa Gráfica de El Salvador. Ganadora del Premio de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas al mejor trabajo transnacional. Miembro Residente de CONNECTAS, a cargo de la Redacción Región Norte, enfocada en México, Honduras y Panamá. Con esta organización e Internews y el ICFJ brinda acompañamiento editorial a diversas historias de alto impacto en la región.

FUENTE: CONNECTAS 

ENLACE:https://www.connectas.org/eventos/impunidad-y-violencia-en-veracruz-la-misma-cara-con-la-nueva-politica-en-mexico/?fbclid=IwAR3MKdM8cWOyWK2F5-6kHOtUlVtwGY8cMGOPXxat2Dl9AsC0AH1YcRPbniA

¿EL PICO DE ORIZABA ESTÁ EN PUEBLA?

José Manuel Posada

El cráter del Pico de Orizaba (o Citlaltépetl) siempre había estado localizado en el estado de Puebla, aunque buena parte del volcán estuviera en Veracruz (como todavía lo indica Google Maps), pero el 24 de septiembre, en la última modificación que realizó el INEGI en el apartado “Registro de Nombres Geográficos Continentales, Insulares y de las Formas del Relieve Submarino con fines estadísticos y geográficos” establece que ahora todo el volcán es poblano, particularmente del municipio de Chalchicomula de Sesma. Para quien no sepa la razón de lo raro de esta información, Orizaba, ciudad que le da nombre al volcán más alto de Norteamérica, se encuentra en el estado de Veracruz, México, y no en Puebla.

Otras páginas, como la del Servicio Geológico Mexicano del Gobierno de México y Wikipedia, establecen que el Pico de Orizaba está tanto en Puebla como en Veracruz. Quizás pronto tendrán que alinearse a lo que establece el INEGI si es que no recula por la presión memética.

Pero, curiosamente, no es el único caso. Para echarle más leña al fuego, el Popocatépetl, que históricamente se localizaba en el Estado de México, Puebla y Morelos, ahora sólo está en el segundo. El Iztaccíhuatl que estaba en el Estado de México y Puebla ahora sólo está en la tierra del mole. La Malinche, que estaba en Tlaxcala y Puebla, ahora sólo es del estado de la ruedota de la fortuna. Todo para Puebla.

Ante estos aparentes cambios (porque me queda la duda cómo se establecía la localización de estos volcanes anteriormente en la página del INEGI), cualquier mexicano suspicaz iría rápidamente a ver dónde nació el actual presidente de este organismo, Julio Santaella Castell. ¿Y qué creen? ¡Es… de la Ciudad de México! No es poblano. Así es que lo más probable es que estos cambios se deban a otra razón. Esperemos que pronto se aclare.

Por cierto, el Volcán de Colima está en… Jalisco, por lo que el Pico de Orizaba no es el único caso extraño por el nombre y el lugar al que pertenece.

Y como estamos en épocas de cambios, yo propondría que el Pico de Orizaba se rebautizara como Volcán de Coatepec porque en mi pueblo se aprecia mucho mejor. ¿No creen?

La foto es mía.

Tumado del muro de: José Manuel Posada

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