9 de julio de 2024

ARTÍCULO 19: EN ESTE SEXENIO, MÁS ACOSO, VIOLENCIA E IMPUNIDAD


La organización presenta en su más reciente reporte un análisis del sexenio en temas como la libertad de expresión, transparencia y corrupción, problemas que, lejos de desaparecer, como lo prometió López Obrador, se han agudizado.

Por Gloria Leticia Díaz

Martes, 9 de julio de 2024

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- 

A pesar de ser reconocido como un gobierno que llegó a cambiar el régimen, el de Andrés Manuel López Obrador “no fue capaz de revertir” algunos resabios del autoritarismo, como “la violencia contra la prensa, la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial y la falta de garantías para el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad”, sostiene la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19. 

En el más reciente reporte, a unos meses de que concluya el gobierno de López Obrador, “Derechos pendientes. Informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México”, la organización con sede en Londres, Inglaterra, hace una exhaustiva revisión en materia de transparencia y acceso a la información para comunidades indígenas; derecho a la verdad, violencia contra la prensa, derechos digitales y el funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano responsables de garantizar los derechos humanos. 

Para Artículo 19, “la amenaza, el hostigamiento, la violencia y la impunidad ya no son prácticas heredadas del pasado, sino una realidad lacerante del gobierno que termina”, de manera que en el sexenio de López Obrador “los compromisos respecto a la lucha contra la impunidad y la reducción de la violencia son promesas incumplidas”. 


La organización contabilizó 3 mil 408 agresiones contra la prensa durante la administración de López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2024, es decir, “un promedio de una agresión cada 14 horas a lo largo del sexenio, e incluye los asesinatos de al menos 46 periodistas y la desaparición de cuatro”.
 

En su informe, Artículo 19 destaca que si el gobierno de Enrique Peña Nieto, “legó al país un panorama desolador”, con un balance de 2 mil 502 agresiones a la prensa, 47 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos, lo que se advierte al concluir la actual administración es que “la violencia no pudo detenerse, por el contrario, hubo un incremento porcentual de 62.13% en las agresiones contra la prensa”. 

De las 18 categorías en las que Artículo 19 clasifica las agresiones a la prensa, tres tipos acumulan 58.1% del total, siendo éstas, primero, la intimidación y el hostigamiento, con 880 casos, que representan 25.82% de los registros, y dentro de ésta la subcategoría “campañas de desprestigio”, que alcanzó los 248 casos; segundo, amenazas, con 632, es decir 20.01% del total, dentro de la que aparecen 284 como “amenazas de muerte”; y tercero, uso ilegítimo del poder público, con 432, el equivalente a 12.68%. 

A esas agresiones le siguen 342 casos de bloqueo o alteración del contenido (10.04%), 295 ataques físicos (8.66%) y 164 de privación de la libertad (4.81%). 

Como sello distintivo del gobierno que concluye, en materia del uso ilegítimo del poder, resalta “la agresión mediante la comunicación oficial”, con 224 casos, que representan 6.57% del total, siendo “una constante que se ha adoptado como algo ‘común’, lo que ha traído consigo una normalización de la violencia”, agudizada cuando “los ataques ocurren de forma constante y cotidiana, y provienen en principio de la tribuna presidencial, pero los repiten todos los niveles de gobierno”. 


En cuanto a los perpetradores, el informe sexenal resalta que se mantiene la dinámica de gobiernos anteriores, de que son funcionarios públicos, conservando el primer lugar, con mil 559 agresiones, que equivalen a 45.75% del total. Por tipo de autoridad, en mil 077 casos, los perpetradores fueron personas funcionarias públicas civiles; en 432, integrantes de fuerzas de seguridad civiles y 45, elementos de fuerzas las armadas.
 

Le siguen como agresores a individuos o empresas, con 673 casos; integrantes de la delincuencia organizada, con 280 registros; partidos políticos, con 148 casos documentados; en tanto que en 748, Artículo 19 “pudo certificar una agresión contra un integrante del gremio periodístico, pero no fue posible corroborar con certeza quién fue el perpetrador”. 

La organización alerta que “si bien el crimen organizado tiene porcentajes de agresión más bajos en comparación con las autoridades, es imprescindible reconocer alianzas entre distintos grupos de poder legal e ilegal para ejercer violencias de manera directa contra las personas periodistas”, lo cual se pudo identificar en los estados de Sinaloa y Yucatán, “donde es claro lo sutil que puede ser la línea para identificar a quienes agreden a la prensa y cómo se entrecruzan los poderes políticos e institucionales con los poderes fácticos”. 

En la clasificación de las coberturas de los periodistas agredidos, Artículo 19 alerta de que en este sexenio continuó la tendencia de que quienes cubren corrupción y política son los más violentados, con mil 703 casos, al igual que quienes dan seguimiento a seguridad o nota roja, con 776 agresiones. 

Las siguientes fuentes violentadas fueron derechos humanos, con 379 ataques; protesta y movimientos sociales con 363; sector privado, 117 agresiones, así como tierra y territorio con 70 periodistas violentados.

 


ESTADOS AGRESORES

 Las cinco entidades más violentadas identificadas por Artículo 19 desde diciembre de 2018 a la fecha, y que acumulan 44.16 % de las agresiones, son Ciudad de México, con 582 registros; Guerrero, 247 agresiones; Puebla, con 241; Quintana Roo, 236 agresiones, y Veracruz con 199 periodistas agredidos.

 El documento hace una revisión profunda de las características de las agresiones en cada una de esas entidades, destacando que, en el caso de la Ciudad de México, considerada por Artículo 19 como “el epicentro de las agresiones contra la prensa”, de las 582 agresiones ocurridas, 179, es decir, 30.76%, “sucedieron durante las conferencias matutinas” del presidente López Obrador, prevaleciendo una “estrategia de desinformación y estigmatización contra aquellos medios de comunicación críticos”, catalogados por el mandatario como “adversarios”, “vendidos” o “conservadores”, considerando “ataque” contra el gobierno “cualquier labor de escrutinio público”.

 De Guerrero, cuyo apartado se titula “Entre la ausencia del Estado y la gobernanza criminal”, el documento resalta que de 247 agresiones, 87 casos son atribuidos a autoridades y 68 a grupos del crimen organizado, siendo “la entidad federativa con más agresiones de la delincuencia organizada”.

 El informe incluye la explicación de la periodista Natividad Ambrocio Cuevas, directora de Hora Cero: “El crimen organizado está más inmerso ahora en las decisiones del poder, en las decisiones de gobierno, porque ahora ellos son los que gobiernan”.

En el caso de Puebla, donde 37.34% de las agresiones contra la prensa fueron contra mujeres periodistas, el análisis indica que entre las razones que explican la violencia contra la prensa es “por la presencia de grupos de delincuencia organizada y el robo de hidrocarburos”, y que, “con Miguel Barbosa como gobernador, se incrementaron las agresiones y las campañas de desprestigio”, según la opinión de Samantha Páez, de la Red de Periodistas de Puebla, incluida en el informe sexenal, en el apartado “Puebla: violencia al alza”.

En el caso de Quintana Roo, apartado titulado “La prensa, entre la espada y la pared”, Artículo 19 destaca que de 2017 a la fecha “las agresiones a la prensa se incrementaron 500%”, siendo los principales tipos intimidación el hostigamiento y amenazas, en que los principales señalados son autoridades municipales y estatales, seguidos del crimen organizado y particulares, situación que evidencia “el horror que se vive en la entidad debido a los grupos de poder fáctico que agreden a la prensa casi con la misma regularidad que las fuerzas de seguridad encargadas de protegerla”.

De Veracruz, apartado titulado “La prensa frente a la impunidad”, el informe destaca que durante la actual administración cinco de los asesinatos y una desaparición de periodistas ocurrieron en esa entidad, donde “prevalece la permisibilidad para agredir a la prensa”, siendo las coberturas “de alto riesgo no sólo cuando se documentan temas de nota roja, sino también de gobierno”, a decir del fotógrafo independiente Félix Márquez.

SUELDOS PRECARIOS

De la revisión de las condiciones económicas de los periodistas agredidos, la organización resalta que lejos de la versión presidencial de que “hay periodistas que ganan millones de pesos”, Artículo 19 sostiene que lo que prevalece en la prensa es la precariedad, sobre todo entre periodistas agredidos. 

En cuanto a las mujeres periodistas que, en el sexenio de López Obrador, fueron agredidas en 979 casos, “enfrentan violencias como la segregación horizontal, salarios menores, techos de cristal, discriminación por funciones como el de cuidadoras, hostigamiento y acoso sexual”.

La organización aborda la situación de la impunidad en las investigaciones sobre agresiones a periodistas, al señalar que la Fiscalía General de la República “afronta graves desafíos para su función de investigar y perseguir delitos contra la liberad de expresión”, y que, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), “se ha mostrado incapaz de hacer investigaciones exhaustivas y diligentes, dejando a los periodistas vulnerables y sin acceso a la justicia”.

Se resalta que “de mil 726 indagatorias de la FEADLE desde su creación a abril de 2024, sólo se reportan 187 sentencias y otras formas de resolución a favor de las víctimas (acuerdos reparatorios, procedimientos abreviados, suspensión condicional del proceso)”, lo cual ha derivado en “impunidad en 89.1% de los casos de violencia contra la prensa”.

Cabe destacar que “la mayoría de estas sentencias y formas de terminación anticipada se concentran en autores materiales de los delitos”, sin tomar en cuenta a autores intelectuales.

 

TRANSPARENCIA OBSTACULIZADA

 

El documento destaca que lejos de la autodenominación del gobierno de López Obrador de ser “de la transparencia”, durante esta administración el Senado obstaculizó los trabajos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al “omitir el nombramiento de tres personas comisionadas”.

 

Aunado a ello se incrementó de manera exponencial “el número de impugnaciones por negativas de información y los recursos de revisión en materia de seguridad nacional (RRSN) interpuestas por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra resoluciones del INAI”.

 

Prueba de ello son las cien RRSN en que la Consejería Jurídica de Presidencia interpuso contra el ordenamiento del INAI para entregar información sobre la compra y autorización de vacunas contra covid-19, adquisición de software espía, cuestiones del sector eléctrico y hasta documentos enviados a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) por el Ejecutivo Federal”.

 

El informe incluye datos del INAI que refieren que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto las dependencias federales “recibieron 42 mil 631 impugnaciones por sus respuestas, mientras que en el mismo lapso, el actual gobierno recibió 92% más impugnaciones (82 mil 147)”.

 

Entre los temas que aborda el documento, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tiene una relevancia sustancial ante la persistencia de “desafíos y malas prácticas en materia de análisis de riesgo y ejecución de medidas”, a pesar de tener un crecimiento presupuestal.

 

Se resalta que “de un universo de 700 personas beneficiarias, tanto periodistas como defensores de derechos humanos, en marzo de 2024 se tenía más de 2 mil (un crecimiento de 185.71% de personas beneficiarias)”, situación para la que “a pesar del crecimiento presupuestal, los fondos de la institución son insuficientes”.

 

PROMESAS INCUMPLIDAS

 

En el capítulo “La política del olvido”, la organización aborda la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para ir “diluyendo” del discurso presidencial, y peor aún, de la atención a víctimas, temas en los que se comprometió como candidato y en el poder, como el de las desapariciones de personas, tanto de la llamada Guerra Sucia, como a partir de la declarada “guerra contra el narcotráfico”.

 

El apartado titulado “Desapariciones: de las promesas a la negación”, el informe recuerda la promesa que hizo López Obrador con familiares de personas desaparecidas de colocar el tema como una de sus prioridades de gobierno, en cuanto a “esfuerzos y los recursos financieros en materia de acceso a la verdad”, pero al final del sexenio “hoy prevalece un discurso de negación de la magnitud, continuidad y agudización de la crisis de desaparición de personas, así como de la crisis forense”.

 

Al señalar que “en los hechos este gobierno se ha caracterizado por tener los mayores índices de desaparición de personas y por una profundización de la impunidad”, siendo el periodo en el que “más personas buscadoras han sido asesinadas y desaparecidas”, Artículo 19 alerta que, “además de la política de negación, se ha maquinado una de olvido que muestra claros retrocesos en los pequeños avances obtenidos con la creación de instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la publicación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre otras, ante un gobierno que desestima la relevancia, urgencia y complejidad que implica encontrar a todas las personas desaparecidas y los cambios estructurales para no ser víctima de desaparición”.

 

Al resaltar que a abril de 2024, el RNPDNO contabilizaba más de 116 mil registros de personas desaparecidas desde 1965, de las cuales 44 mil 073 casos ocurrieron durante el actual gobierno, el informe resalta que a las deficiencias en la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, en cuanto a la transparencia, “la CNB está en el ojo del huracán por la manipulación del RNPDNO, así como la falta de transparencia de las fiscalías, tanto la federal como las locales, que no han informado sobre sus acciones ni de los resultados en materia de identificación forense”, sin que a la fecha pueda consultarse el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR).

 

Así, el informe cuestiona el censo tras hacer eco de las manifestaciones de colectivos de familiares de desaparecidos como el Comité Eureka y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), de “la falta de espacios de participación para las familias”, Artículo 19 menciona como uno de los retrocesos el “nuevo censo de personas desaparecidas y la manipulación de los datos” de víctimas, así como el desmantelamiento del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), con la renuncia de la comisionada Karla Quintana, el nombramiento de Teresa Reyes, una persona que no tiene experiencia en búsqueda, como marca la legislación en la materia, la desaparición del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y la cancelación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).

 

De acuerdo con Artículo 19, el censo ordenado por el presidente “careció de transparencia, no se hizo pública su metodología ni hubo una consulta a las familias y la sociedad, además de que lo hicieron instituciones que no cuentan con las facultades de ley para la búsqueda de personas desaparecidas en el país: la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Gobernación”, aunado a que “se efectuó en un contexto electoral, lo que se interpreta como un intento de manipular las cifras de personas desaparecidas, minimizar la gravedad de la situación y desmentir que el sexenio de López Obrador tiene los mayores índices de desaparición”.

 

El censo, presentado en diciembre de 2023 en una conferencia matutina, sostenía que de las 110 mil 965 personas desaparecidas que en junio del año pasado eran consideradas en el RNPDNO, “sólo 12 mil 377 estaban confirmadas como desaparecidas”, mientras que el resto fueron reclasificadas en grupos que no están considerados en la Ley General en la materia como “no hay información para a búsqueda” (36 mil 022), “carecen de datos para la identificación” (36 mil 0090), “personas ubicadas” (17 mil 843) y “personas localizadas” (16 mil 681). 

 

Artículo 19 retoma palabras de Ana Enamorado, madre de un desaparecido que no aparece en el censo, en el sentido de que “el mal manejo de los datos contribuye a la revictimización; en cambio, para el presidente de la República es una forma de demostrar que en su gobierno no aumentaron los casos de personas desaparecidas”.

 

Tras abordar el tema de los más de 52 mil cuerpos sin vida resguardado por instituciones estatales, sin que exista una coordinación para su identificación, Artículo 19 resalta que durante el gobierno de López Obrador, al mes de marzo de 2024, se habían documentado “17 personas buscadoras asesinadas y una desaparecida”, siendo los estados más riesgosos para las personas buscadoras, por la frecuencia de casos, Guanajuato (siete), Michoacán y Sonora (tres cada uno), Sinaloa (dos), Puebla, Zacatecas, Baja California, Morelos, Hidalgo y Guerrero (uno en cada estado).

 

El informe también da cuenta de los mecanismos extraordinarios de verdad y memoria creados durante esta administración, como ocurre con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), en diciembre de 2018, y la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impuso a la Justicia de las Violaciones Graves a Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH), en octubre de 2021.

 

En ambos casos, en los decretos presidenciales que les dieron vida se instruye a todas las dependencias a proporcionar a los integrantes de las comisiones información necesaria para llegar a la verdad. Sin embargo, con lo que se han topado los investigadores y las víctimas es con la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de organismos de seguridad, como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para entregar información.

 

AYOTZINAPA

 

En el caso de Ayotzinapa, el documento cita información publicada por la revista Proceso, el 31 de mayo de 2024, que revela que la dependencia “siguió una estrategia que confirma el pacto de silencio e impunidad para ocultar la información sobre lo ocurrido con los 43 normalistas en la llamada Noche de Iguala”, el 26 de septiembre de 2014.

 

En cuanto al CoVEH, Artículo 19 recuerda que dos informes preliminares emitidos tienen que ver con las dificultades para obtener información de la Sedena y del CNI, situación que “infringe los marcos legales en la materia”.

 

La organización reconoce que si bien este sexenio se distinguió por destinar un monto muy importante de recursos públicos a programas sociales e incluirlos en la Constitución como derechos desde 2020, contrario al discurso “primero los pobres”, la transparencia no acompañó esa política asistencial.

 

En su informe, Artículo 19 revisa uno de los programas emblema de la Secretaría del Bienestar, el de Sembrando Vida (PSV), que recibió “la segunda mayor partida del presupuesto”, con un monto superior a los 139 mil 475 millones de pesos en los primeros cinco años de gobierno, alertando en los portales de internet oficiales, “opacidad de la Secretaría de Bienestar en el suministro de información amplia sobre distintos aspectos del programa (...) contraviniendo el principio de máxima publicidad establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

 

AYOTZINAPA. AÚN SIN JUSTICIA.

El documento incluye el balance que hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de este programa, aplicado entre los años 2019 a 2022, detectando “algunas ausencias, vacíos y sesgos metodológicos en el diseño y ejecución del programa”, lo que coincide con las consideraciones de Artículo 19 de que documentos básicos como las reglas de operación no están disponibles, como tampoco “los requisitos que deben cumplir las personas beneficiarias”; la documentación que está subida en las páginas es muy técnica y redactada en español, por lo que las comunidades indígenas “dependen de la llegada de funcionarios públicos para obtener información de primera mano y en lenguas originarias”; no hay forma de tener “conocimiento sobre la demanda y capacidad de atención del PSV”, ni siquiera cuáles son los criterios de selección de los beneficiarios.

Aunado a ello, el PSV “promueve la deforestación y la erosión del suelo”, ya que “con su aplicación se han perdido alrededor de 72 mil 830 hectáreas, porque para acceder a los beneficios algunos propietarios deforestan sus terrenos para cumplir los requisitos”.

En su informe sexenal, Artículo 19 hace también una revisión de la política ambiental destacando “la falta de actualización periódica de la información sobre planes, acciones y seguimiento de los instrumentos en materia de cambio climático”, pese a los convenios internacionales firmados por México en la materia.

Asimismo, la organización analizó el tratamiento en materia de “prevención, respuesta de auxilio, reconstrucción y funcionalidad del sistema de riesgos, en relación con el derecho a la información y la capacidad de atención del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales” en los casos de los huracanes Eta (Chiapas, 2020), Agatha (Oaxaca, 2022) y Otis (Acapulco, Guerrero, 2023)

El amplísimo documento, de casi 250 fojas, aborda también temas como “La batalla por el control del internet”, en el que desmiente la versión oficial de que 94.7% de la población “ya contaba con cobertura de internet”, persistiendo una “brecha digital” motivada por altos costos, falta de acceso a dispositivos, ignorancia sobre su funcionamiento o el despliegue de infraestructura deficiente o insegura”.

Asimismo se aborda “la erosión institucional”, referida al desdibujamiento del “esquema institucional del Estado mexicano encargado de la atención a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos” durante este sexenio, de manera que “continúan viejas prácticas y prevalece la falta de justicia para las víctimas, cuya realidad es similar a la padecida durante los gobiernos anteriores”, registrándose un proceso de “debilitamiento, la cooptación y erosión de las instituciones”.

 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/7/9/articulo-19-en-este-sexenio-mas-acoso-violencia-impunidad-332500.html

 

4 de julio de 2024

LA MAFIA DEL FRAUDE INMOBILIARIO

Una mafia opera una red que se queda con casas y residencias en los estados de México, Ciudad de México, Hidalgo y demás. Funcionarios estarían apoyando a este cartel.

Por Ricardo Ravelo –

27 Jun 24 en Opinión

Una presunta organización delictiva dedicada al fraude inmobiliario opera abiertamente y con absoluta impunidad en la ciudad de México y el estado de Hidalgo. De acuerdo con las denuncias interpuestas por los afectados, la cabeza principal del grupo responde al nombre de Raúl Alfonso Kotario Vega Hirata, quien ha amasado una fortuna mediante el fraude con casas que supuestamente ponen en remate los bancos cuando los clientes no pueden pagar las hipotecas. El grupo ha defraudado a más de 300 personas con sumas que rebasan los 350 mil pesos por el apartado de una propiedad que nunca les entregan, pues las oficinas donde operan desaparecen después de “enganchar” a cierto número de clientes. El jefe de la banda ha diversificado sus actividades utilizando a familiares como testaferros y, al más puro estilo mafioso, utiliza diez celulares en sus actividades diarias. Sobre sus operaciones ilegales hay reportes de inteligencia, pues las autoridades ya le siguen los pasos tanto a él como a su banda luego de que los afectados denunciaron los atracos.

Un nuevo grupo dedicado al fraude inmobiliario, con amplias complicidades políticas, ha surgido en México y opera en completa impunidad. 

Su modus operandis consiste en “enganchar” clientes a los que les ofrecen casas, residencias o mansiones que los bancos pusieron a remate debido a que sus clientes no pudieron pagar las hipotecas. Dichas propiedades se ofertan en el mercado inmobiliario a costos menores y en este negocio están vinculados tanto operadores, corredores de bienes raíces y hasta banqueros. Todos, por su puesto, operan con apoyos de fiscales y jueces. 

La red es amplia y, de acuerdo con los denunciantes defraudados, está encabezada por un personaje conocido en ese mundo mafioso como Raúl Alfonso Kotaro Hirata. 

El grupo de presuntos defraudadores dispone de decenas de oficinas que rentan por lapsos cortos; sus miembros simulan ser grandes empresarios del ramo inmobiliario que ofertan casas “de remate” a muy bajos costos que son justificados mostrando a sus clientes evidencias de juicios por cobranzas no pagadas; además, les dicen a sus posibles clientes que ellos forman parte de diversas instituciones bancarias y que están abocados al cobro de las hipotecas de las personas morosas. 

En esta red, por ejemplo, está la empresa Promotora Tarimbaro S.A. de C.V. , que hasta el mes de marzo de este año tenía sus oficinas en la avenida Cuauhtémoc número 2, primer piso, en la colonia Santa Cruz Atoyac de la alcaldía Benito Juárez, en la ciudad de México. 

En este sitio, según los denunciantes consultados, fueron defraudadas trescientas personas, a quienes les pidieron 300 mil pesos como adelanto para apartar una casa. La empresa de buenas a primeras desapareció. En la dirección donde habitualmente operaba ahora fue abierto otro negocio. 

El principal beneficiario de este negocio fraudulento ligado al ramo inmobiliario es Raúl Alfonso Kotaro Vega Hirata – presunto jefe de la banda –; según su ficha, nació el 7 de septiembre de 1977. Está acusado de enriquecimiento ilícito y, con base en datos consultados, cuenta con diversas propiedades, las cuales adquirió mediante la maquinación de fraudes a cientos de personas, según las denuncias. 

Con base en un informe de inteligencia en poder de este reportero, Vega Hirata tiene al menos siete propiedades de alta plusvalía y las direcciones donde están ubicadas son las siguientes: 

–Avenida San Cayetano, manzana 5, LT 25 interior 165, fraccionamiento Hacienda Las Misiones , Estado de México, código postal 54680 

–Interlomas número 15, en Huixquilucan de Gollado, Estado de México, C.P. 52680 

–Jorge Jiménez Cantú SNMEX, Huehuetoca, Estado de México, C.P. 54680. 

–Polongación Paloma número 7, Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, C.P. 54760 

–Bosques de Bolognia 641 EM, Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, C.P. 54766 

–Bosques de Bolognia 6, Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, C.P. 54766 

No es todo: con base en los reportes citados y con base en las denuncias de los afectados, el segundo al mando de la presunta organización criminal responde al nombre de Alfredo Fernández Trujillo. 

Este sujeto es el apoderado legal de la empresa Promotora Tarimbaro S.A. de C.V., y también se encarga de realizar los contratos con los clientes que han decidido adquirir un inmueble, objeto del fraude; a Fernández Trujillo los quejosos le atribuyen ser propietario de cinco empresas más que –sostienen –son utilizadas para los mismos fines. De las cinco compañías utilizadas como instrumento, dos están en la ciudad de México y tres en Pachuca, Hidalgo. 

Dichas empresas son las siguientes: 

–Inmobiliaria Diamond Jardines, S.A de C.V. 

–Credite-k Consultores Hipotecarios S.A de C.V. 

–Zinergia Especialistas en Inversiones Inmobiliarias y Crediticias S.A. de C.V. 

–Consultores Patrimoniales Especializados en Inversiones Hipotecarias S.A. de C.V. 

–Ren On Live S.A de C.V. 

ASÍ OPERA FRAUDE INMOBILIARIO

De acuerdo con las denuncias presentadas por los afectados, otros de los socios del grupo de presuntos defraudadores son Mirna Noguez Alonso y Ángel Osvaldo Luna Montaño, quienes tienen su zona de operación en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. En esa entidad también han cometido fraudes con clientes, según las denuncias presentadas, y para ello utilizan otra pieza clave que responde al nombre de Diana Aquino Rodríguez, quien funge como apoderada legal de algunas de las compañías citadas para que se firmen los contratos objeto de los presuntos fraudes. 

El jefe del clan –Raúl Alfonso Kotario Vega Hirata –ha sabido diversificar las funciones de su negocio implicando en diversas actividades a familiares suyos. Por ejemplo, la administradora financiera o contadora de la presunta organización delictiva es su mamá, María Lucila Hirata Palazuelo. De ella, los quejosos afirman: 

“Ella almacena una considerable suma de dinero en sus cuentas bancarias , producto de los presuntos fraudes”. 

De la misma forma, Vega Hitara tiene como presunto testaferro a su padre, Miguel Ángel Vega Colín y a dos de sus hermanos, Miguel Ángel Vega Hirata y Sebastián Yoshirato Damián Vega Hirata. El grupo, de acuerdo con las denuncias e informes de inteligencia presuntamente también operan el blanqueo de dinero. Al respecto, las autoridades ya están trabajando en una amplia investigación. 

La cadena familiar enganchada en el presunto fraude inmobiliario no termina ahí. Los informes detallan: “De lo anterior resulta importante mencionar que otro de los beneficiarios a futuro es el hijo de Raúl Alfonso Kotario Vega Hirata de nombre Maximiliano Vega Narváez, ya que a su corta edad y sin tener conocimiento de lo que sucede a su alrededor ya es propietario de diversos inmuebles que su padre puso a su nombre; la madre del menor –Erika Adriana Narváez Sánchez –tiene conocimiento de los negocios ilícitos realizados por su esposo y padre de su hijo; actualmente la pareja está separada y enfrentan un pleito ya que la señora demandó al esposo por pensión alimenticia. También le cobra extrajudicialmente cuantiosas sumas de dinero por ese concepto”. 

En el organigrama también funge Oswaldo Gutiérrez Téllez. Es licenciado en derecho y, según los denunciantes, es el responsable de recibir a los clientes “para engancharlos” en el negocio de las casas en remate para posteriormente “defraudarlos”. Por tal función, “este personaje cobra una comisión de cien mil pesos por cada cliente que cae en la red”. 

Los mismos reportes de inteligencia establecen que Raúl Alfonso Kotaro Vega Hirata utiliza diez números celulares para sus comunicaciones. El rastreo mencionado se hizo entre el 19 de julio de 2023 y el 12 de enero de 2024 . Sus diez números más frecuentes, según el informe citado, son los siguientes: 

Los informes incluyen los siguientes números que habitualmente utiliza Vega Hirata: 5512550002, 5575421113, 5564138972, 5544975299, 5517519708, 5518292752, 3332427655, 5541422069 y 35322753285. Este uso de tantos teléfonos sólo se ha visto entre personajes ligados al crimen organizado, como Osiel Cárdenas, exjefe del cártel del Golfo, quien de acuerdo con la extinta Procuraduría General de la República utilizaba 31 celulares, uno por día, a fin de no ser rastreado por los organismos de inteligencia. 

Estos datos forman parte de un reporte de inteligencia en poder de este reportero, lo que indica que las autoridades le siguen los pasos al presunto defraudador y al resto del grupo implicado en lo que los quejosos llaman “el fraude inmobiliario”. 

El grupo de presuntos defraudadores sigue operando en diversos puntos de la ciudad de México, Hidalgo y otros estados; sin embargo, las 300 personas defraudadas hasta ahora ya interpusieron denuncias que, según afirman, esperen que prosperen para que el presunto grupo criminal sea llevado al patíbulo de la justicia.

 

https://plumaslibres.com.mx/2024/06/27/la-mafia-del-fraude-inmobiliario-ricardo-ravelo-desde-el-altiplano/

2 de julio de 2024

EN MANOS DEL EJÉRCITO, PRIVILEGIOS DE LA FAMILIA PRESIDENCIAL


Contrario a los dichos del presidente López Obrador, la protección, viajes nacionales e internacionales y médicos del Ejército nunca se fueron para el mandatario y su familia, incluso para colaboradores cercanos, revelan informes militares hackeados por Guacamaya Leaks.

El presidente Andrés Manuel López Obrador desmanteló el Estado Mayor Presidencial (EMP), pero mantuvo privilegios de cuidado para él y su familia por parte del Ejército. Aviones, embarcaciones, instalaciones militares y personal armado siguieron a disposición de la familia presidencial, aunque en menor proporción que los gobiernos anteriores. 

Su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, ha disfrutado ampliamente de esos recursos, pero ha sido el propio presidente quien ha requerido de mayor cuidado por parte del Ejército debido a sus problemas de salud. Tanto, que el Hospital Central Militar (HCM) tuvo que instalar una unidad de terapia intensiva en Palacio Nacional durante la pandemia por covid-19. 

Numerosos reportes militares filtrados por Guacamaya Leaks revisados por Proceso también dan cuenta de la atención especializada en el HCM a la familia presidencial, entre ellos, a su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez, y de una operación a su hijo Andrés Manuel López Beltrán, quien tuvo seguimiento a domicilio por parte de personal médico y de enfermería militar. 

La pareja de Andrés López Beltrán y familiares de Gutiérrez Müller también recibieron tratamiento de médicos militares durante la pandemia por covid-19. 


Autodespojada del tratamiento de Primera dama, la esposa de López Obrador ha gozado de la protección y recursos militares, incluso en sus viajes privados y de placer, como el que hizo en junio de 2022 a la playa de Puerto Vallarta.
 

Con apoyo del Ejército y de la Marina pasó una semana de vacaciones en las instalaciones de Grupo Vidanta, propiedad del amigo del presidente, Daniel Chávez Morán, quien durante el actual gobierno ha consolidado su emporio turístico (Proceso, edición 2364). 

La terapia física que reciben el presidente y su esposa también son proporcionados por el cuerpo especial del Ejército, ya sea en el Palacio Nacional o en el domicilio que solicite Gutiérrez Müller. Todo, con cargo al erario. 

El Estado Mayor Presidencial gozó de amplios recursos para su operación. Según el propio López Obrador, tuvo en 2018 un presupuesto de dos mil millones de pesos. Ese cuerpo militar se convirtió en un vasto grupo autónomo del Ejército que durante el régimen del PRI fue el responsable del cuidado y seguridad del presidente y de su familia. Ahora, esas funciones están a cargo del Grupo de Servicios Especiales de la Policía Militar. 

López Obrador insiste en que “el pueblo” es quien lo cuida. Incluso, en su conferencia mañanera del 2 de octubre de 2023, expresó sobre la desaparición del EMP: “Era mucho el poder del Estado Mayor Presidencial, tenían prácticamente secuestrado al presidente. Iba el presidente a algún lado y, rodeado; estaba hablando con alguna persona y siempre ahí. Y se sentían superiores, era un cuerpo de élite que se sentía más que los elementos de la Secretaría de la Defensa porque supuestamente el jefe del Estado Mayor estaba más cerca del presidente y tenía más influencia. 

“Pero, si fuese poco, eran ocho mil elementos, imagínense, ocho mil elementos para cuidar al presidente. Ahora me cuidan 15 compañeras, jóvenes. 

“¿Y de qué me cuidan? 

“Pues de que no me vayan a apachurrar, que no me vayan a jalar tanto cuando se toman una foto y me jalan del cuello, nada más eso porque no son elementos de seguridad, es para ayudarme en los actos. 

“Y, como son los altos mandos leales al presidente, ya cuando entré se aplicó la instrucción de que desapareciera el Estado Mayor”. 

Sin embargo, de acuerdo con los reportes de Guacamaya Leaks, en cada traslado que hace López Obrador por el país su seguridad está completamente en manos del Ejército. Todos sus movimientos, los de su esposa y sus hijos son reportados directamente al titular de la Sedena, el general Luis Cresencio Sandoval. 

En cada salida del presidente el Grupo de Servicios Especiales mantiene comunicación con los mandos territoriales y la Jefatura y las Subjefaturas del Estado Mayor de la Sedena, además de la oficina de Ayudantía del presidente, con la que está en coordinación permanente. 

Las instrucciones operativas del Grupo de Servicios Especiales dieron cuenta desde el primer año del gobierno de López Obrador de la participación de escoltas militares, comandantes y un grupo de Comando en el cuidado del mandatario. 

La protección incluyó a oficiales y jefes tanto de Infantería, Caballería y Arma Blindada del Ejército. Se dispuso también que su escolta militar, con vehículos blindados, estuviera a cargo de la seguridad de su familia. 

Al inicio de su administración, López Obrador viajaba en vuelos comerciales para mostrar a la opinión pública su política de austeridad y que no utilizaba el erario para su seguridad. Los reportes indican que en esos vuelos iba protegido por oficiales de la Policía Militar, cuyos boletos eran pagados con recursos públicos. 

Jefes, oficiales, elementos de tropa y enfermería cuidaron a López Obrador, a su esposa y a su hijo menor en sus traslados carreteros durante esos viajes, equipados con armas cortas y largas, y en vehículos de la Presidencia de la República y rentados. Los servicios de la Policía Militar forman parte de las funciones de ayudantía, protección y enfermería al servicio del presidente. 

Los militares que cuidan a López Obrador y su familia se mueven por códigos de identificación de integrantes de los tres Poderes del Estado, incluido todo el gabinete presidencial, así como de traslados, lugares, mensajes, apoyo aéreo, terrestre y marítimo, armamento, servicio de ambulancia y actuación en contingencias, como accidentes, agresiones, bloqueos o explosión. 

Beneficiario de los servicios de la Policía Militar ha sido también el jefe de la Ayudantía y hombre de confianza del presidente, Daniel Asaf Manjarrez, el cuestionado empresario propuesto como diputado plurinominal de Morena en las pasadas elecciones del 2 de junio. 

En octubre de 2020 el Cuerpo de Servicios Especiales informó al secretario particular del general Sandoval que en enero del siguiente año daría el “tercer escalón del curso de capacitación” para “personal civil” de la Ayudantía de López Obrador en el Centro de Capacitación Especializada de la Sedena y solicitó al jefe del Ejército que esa capacitación también se impartiera a integrantes de su grupo, “en virtud de realizar funciones similares y en coordinación con la citada Ayudantía”. 

La solicitud está firmada por el entonces teniente coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, comandante Marco Antonio Palomares Sánchez, quien en la documentación aparece como el responsable de la seguridad del presidente y su familia y el enlace con la Sedena. En noviembre de 2021 fue ascendido a coronel del Ejército. 

Las funciones de los Servicios Especiales incluyen tareas de ayudantía, avanzada para los viajes del presidente y los de su esposa, enfermería y sombra (presencia permanente de personal vestido de civil), con la participación de oficiales y elementos de tropa. A diferencia del EMP, no hay generales del Ejército ni son tan numerosos los elementos que están al servicio y cuidado presidencial. 

En esas tareas el cuerpo especial de la Policía Militar dispuso en el primer año de gobierno de armamento que comprendió pistolas tipo Sig Sauer de diferente calibre, armas de defensa personal, como el fusil P-90, y vehículos civiles de modelos atrasados. 

SALUD PRESIDENCIAL

La vida del presidente está prácticamente en manos de especialistas del Ejército. Para evitar riesgos y poder responder a emergencias, el Cuerpo de Servicios Especiales de la Policía Militar y el Hospital Central Militar están en permanente comunicación, apoyados en los servicios de salud de las distintas zonas militares cuando López Obrador está de viaje.

 

El año 2021 fue particularmente delicado para la salud del presidente. Sus enfermedades crónicas, principalmente del corazón, obligaron a tomar medidas extraordinarias durante la pandemia, en momentos en que la mortalidad hacía estragos en la población.

 

En enero de ese año, cuando los mexicanos padecían por la falta de tanques de oxígeno, sus médicos civiles y militares decidieron instalar una Unidad de Terapia Intensiva en el Palacio Nacional.


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Fragmento del reportaje principal publicado en la edición 0013 de la revista Proceso, correspondiente a julio de 2024, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.


https://www.proceso.com.mx/reportajes/2024/6/30/en-manos-del-ejercito-privilegios-de-la-familia-presidencial-331926.html

1 de julio de 2024

CONTINÚAN DESAPARICIONES EN VERACRUZ, SEIS PERSONAS DESAPARECIERON ENTRE JUEVES Y DOMINGO

Continúan desapariciones en Veracruz, seis personas desaparecieron entre jueves y domingo

Isabella Espinosa Verdeja de 16 años desapareció en Coatzalcoalcos.
 -  en Nota principal

Entre ellas dos jovencitas en Coatzacoalcos y una familia de cuatro miembros en Veracruz.

Nicolás Cruz Hernández

Xalapa, Ver, 1° julio 2024.- 

La representante del Gobierno Municipal ante Asociaciones Civiles y grupos vulnerables del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Keren Prot Vázquez, alertó de la desaparición de jovencitas en dicha ciudad del sur del Estado.

A través de sus redes sociales, lamentó lo ocurrido, luego de la desaparición de estas dos jovencitas la semana pasada, en Coatzacoalcos. El primer caso reportado fue el de la estudiante Valeria Georgette Prieto Patraca, por lo que este sábado 29 de junio sus familiares decidieron bloquear la carretera Transistmica, a la altura del puente Calzadas, a más de dos días de su desaparición.

Desde el pasado jueves 27 de junio, su familia no sabe del paradero de la jovencita. La última vez que la vieron fue cuando salió de su casa en la colonia Francisco Villa, rumbo a su escuela, pero no llegó a clases.

Por otra parte, este domingo 30 de junio, se reportó la desaparición de Isabella Espinoza, con domicilio de la colonia Vistalmar, también en Coatzacoalcos. Su madre pide ayuda para su localización. La funcionaria municipal Keren Prot posteó en su red social «Amigos no sé qué está pasando dos niñas en menos de una semana!!

Familia de 4 miembros desaparece en el Puerto de Veracruz

En este caso se trata de un matrimonio y sus dos hijos, se trata de la familia Hernández Murcia, compuesta por sus dos hijos de 18 y 23 añosasí como sus padres, que fueron reportados como desaparecidos en el puerto de Veracruz desde el jueves 27 de junio. La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) emitió cuatro fichas simultáneas para asistir en su la localización.

El padre es el señor Oscar Hernández Vázquez, de 54 años. De acuerdo con la ficha, mide 1.68 metros, tiene ojos color café oscuro, piel morena clara, cabello corto, entre cano y negro y lacio; como seña particular tiene una cicatriz en la pierna derecha. Su esposa la señora Cristina Murcia Paredes, de 55 años Mide 1.60 metros, tiene cabello platinado, corto y lacio, sus ojos son color café oscuro y tiene piel color blanca; como seña particular un tatuaje en la espalda.

Su hija Romina Hernández Murcia, de 23 años, Mide 1.59 metros, tiene ojos color café oscuro, tez blanca y cabello castaño, largo y lacio; como seña particular tiene un tatuaje en el abdomen. El otro desaparecido es Óscar Alonso Hernández Murcia, de 18 años y hermano de Romina. Mide 1.70 metros de estatura, tiene ojos color café oscuro, piel morena clara y su cabello es castaño, corto y lacio; además, tiene rostro ovalado, nariz recta, boca mediana y labios mixtos.

La desaparición de la familia Hernández Murcia se registró en el primer día de actividades del Carnaval de Veracruz 2024, es decir el 26 de junio, se desconoce hasta el momento si la familia Hernández Murcia sean originarios del puerto de Veracruz o si llegaron a la ciudad para la celebración del carnaval, que fue blindado con más de 700 elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Desaparecidas 309 mujeres de enero a mayo de 2024

De acuerdo al Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de enero a mayo de 2024, contabiliza 309 casos de desapariciones de mujeres en el estado de Veracruz. El municipio con más desapariciones es Coatzacoalcos con 17, seguido por Córdoba que tiene 11, Boca del Río 9, Acayucan 5, Alto Lucero 4, lo mismo que Coatzintla, mientras que los municipios con tres casos son Actopan, Altotonga, Coatepec y Cosoleacaque. Los municipios con dos casos son Emiliano Zapata, Cuitláhuac, Cuichapa, Coscomatepec y Amatlán de los Reyes.

Con un caso de desaparición están Alpatláhuac, Catemaco, Cazones de Herrera, Cosautlán de Carvajal y Espinal. Sobre las edades, en 138 casos se trató de mujeres adultas, en 9 de adultas mayores, en 161 de menores de edad y en un caso no se especifica. De las 309, en 171 casos fueron localizadas, y en 136 no fueron localizadas, mientras que en dos casos no fue especificado., según el observatorio universitario de las mujeres,

Además, se dio a conocer que 161 mujeres fueron localizadas con vida, tres fueron encontradas sin vida, y en 145 casos no se especificó.

La región centro es donde se tiene el mayor registro de desapariciones, pues de enero a mayo ahí ocurrieron 193, en la región norte fueron 68 y en la región sur 48. El año pasado, a esta misma fecha en la entidad se tenía registro de 383 casos de desaparición de mujeres, lo que representa una disminución este año de 74 casos.


FUENTE: PLUMAS LIBRES

https://plumaslibres.com.mx/2024/07/01/continuan-desapariciones-en-veracruz-seis-personas-desaparecieron-entre-jueves-y-domingo/

EL “CÁRTEL DE LOS CORRALONES” ES CONFORMADO POR ALTOS FUNCIONARIOS DE SSP VERACRUZ


Entre lo utópico y lo verdadero

Por Claudia Guerrero Martínez

01 de julio de 2024 


***Cartas a la redacción y compartimos información sobre anomalías en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. 


Hola Dra. Claudia, antes que nada espero se encuentre muy bien y mil disculpas por no poder enviarle más información respecto a los malos manejos pero es que nos han movido constantemente de delegación, ya sabe los nuevos mandos sin experiencia y por órdenes superiores nos rotan con aviso de un par de horas. El día de hoy lo que me ocupa es lo siguiente y que la ciudadanía debe saber esperando que el C. Gobernador confie un poco en todos esos policías quienes día tras día damos la cara ante la ciudadanía a pesar de sus malas decisiones. 

En días pasados ocurrieron hechos lamentables en una localidad llamada Totalco, cerca de Perote y todo lo sucedido no es mera casualidad y mucho menos los policías como personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública nos mandamos solos. Siempre nosotros acudimos a tratar de disuadir a manifestantes y el primer contacto lo hace el comandante que va al cargo del operativo, pero obvio para eso ya tuvo que venir la orden del superior jerárquico, en este caso al interior de la SSP sólo hay 3 personas que pueden dar dicha orden, el Director de Operaciones (Distintivo Tigre), el Subsecretario Capitán Uscanga y como principal y el de mayor jerarquía es el señor Secretario de Seguridad Pública Capitán Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla (Mejor conocido en el bajo mundo como “Gato Choncho”). 

Se debe entablar el diálogo y según el acuerdo es como se procede, en este caso el operativo estaba a cargo del recién nombrado subdirector de Agrupamientos, quien tiene por distintivo “Smoc” y quién anterior a este cargo es muy conocido por que era el director de la Policía Vial y quien se llenó de dinero a manos llenas a través de la complicidad de los corralones y a quien en diversas ocasiones publicaron en redes sociales y evidenciaron todos sus actos de corrupción, pero jamás le hicieron nada, jamás hubo una investigación y jamás lo separaron del cargo por tantas  irregularidades. 

El comandante “Smoc” es quien nos dio la orden de ir a arrestar a los pobladores por instrucciones del Director de Operaciones, quien dijo ya había recibido la instrucción del Señor Secretario y que habría respaldo total para todos, entonces la gran interrogante es: ¿Por qué no nos están respaldando?, ¿Por qué ahora hasta el mismo Secretario dio la orden de inculparnos y decir que él jamás dio esa orden? 

Esta situación dejará a más de un compañero tras las rejas, mientras ellos como mandos de esta corporación saldrán bien librados, terminarán su gestión, entregarán y se irán, ellos continuaran sin ningún problema o represalia, en cambio nosotros nos quedamos a nuestra suerte a seguir un proceso legal, el cual seguramente seremos los trofeos para un gobierno inoperante y para un secretario de Seguridad Pública que tratará de convencer a los ciudadanos con el discurso barato de “En esta Secretaría hay cero impunidad”. 

Por otro lado y ligado a este suceso, en la Fuerza Civil, el señor secretario se atrevió a nombrar a un criminal, un auténtico ladrón, una persona que tiene llenos los bolsillos de dinero producto de corrupción por detenciones ilegales de ciudadanos, me refiero al Policía Andrés Humberto Segura Barradas, mejor conocido en este ambiente como “Fénix”, es él quien recientemente fue nombrado “bajo el agua”, por el señor secretario con respaldo del señor gobernador quienes no lo hicieron público, porque saben el gran historial de corrupción que tiene y de hacerlo público, la ciudadanía se enteraría y  recibiría muchas críticas. 

Este mismo “Fénix” fue quien abusó del uso del delito de “ultrajes a la autoridad” y prácticamente acabó con él, es un mando que solo es amable y bueno con quien quiere, pero con quienes no, termina reventándolos, es muy adicto a las compañeras, las invita a tomar café, las pone en lugares cómodos, las beneficia con moches, les regala cosas y lo que le pidan Y no es broma, pues existen varias  “operadoras” quienes tienen privilegios. 

Pues el famoso comandante “Fénix” a los compañeros de la Delegación de Perote fue a quienes les dio la orden que la Fuerza Civil debía poner el ejemplo de cómo se da solución a los problemas por bloqueos y que se fueran con todo porque el secretario de SSP quería ya dar solución porque el gobernador lo estaba presionando. Todo esto ya sabemos en qué terminó. Nosotros como elementos operativos de más de 15 años de servicio sabemos que ese tipo de órdenes a la larga traen consecuencias y hoy en día se encuentran muchos compañeros cumpliendo condenas por seguir órdenes de mandos que no tenían la menor idea de las consecuencias que podrían traer muchos actos. 

Y muchos de ustedes se preguntan ¿Por qué tenemos estos mandos? y ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Es muy fácil. Todo esto es por corrupción y no es algo que nadie sepa, lamentablemente todos los sabemos, todos los policías de la SSP sabemos que en esta institución, la corrupción tiene nombres y distintivos. Sabemos perfectamente que el secretario de Seguridad Pública de Veracruz utiliza como su recaudador de cuotas al Lic. Alfredo Flores Viveros (mejor conocido entre los titulares de la SSP como “Patiño”) quien figura como su secretario particular para que no se escuche mal decir que solo es el “cobra-moches”. 

El Licenciado Alfredo es quien se encarga de verse cada semana con todos los integrantes del “Cartel de los Corralones” que está conformado por varios mandos de la SSP, entre ellos figuran: Andrés Humberto Segura Barradas (Distintivo Fénix), Heriberto Santamaría Vázquez (Distintivo Tigre), Juan Carlos Santos Mójica (Distintivo Smoc), Arturo Canela Pío (Distintivo Pio), Sadhet Yonnatan Bonilla Rebolledo (Distintivo Caimán), Uriel Sánchez Segura (Distintivo Froy), Fernando Otapia Chagala (Distintivo Alfil) entre otros y que son quienes se encargan de darnos las órdenes de detener al por mayor a personas que conduzcan en las noches y buscarles el más mínimo detalle para detenerlos. 

Como es bien sabido, lo importante es llevar el vehículo al corralón, ya que eso significa dinero e ingreso para ellos, de lo cual se atrevieron a ofrecernos la grandiosa cantidad de $200 pesos por cada inventario entregado. El comandante Caimán (Delegado Actual de la Región XX aquí en Xalapa) siempre nos exigía de 3 a 5 vehículos por turno, porque de lo contrario, nos amenazaba con reventarnos a la delegación, que nos quedará más lejos o cambiarnos al área de comedor a lavar trastes, ya que siempre nos dijo que él tenía línea directa con el secretario de SSP y  estaba aportando dinero a la campaña de MORENA, pues tenía el acuerdo de entregar una cantidad semanal y que llegando la nueva administración él sería el nuevo Director de Operaciones. 

Nosotros, por medio a represalias no hablamos, porque el Comandante Caimán siempre fue claro con nosotros y nos dijo que si no le gustara su forma de trabajar se lo dijéramos, porque él podía pedir al secretario nos diera de baja o si teníamos algún expediente de Asuntos Internos, continuará la investigación hasta que por procedimientos fuéramos separados de nuestras funciones y todo esto gracias al dinero que le hace llegar cada semana al secretario de SSP mediante Patiño ( Lic. Alfredo Flores Viveros), así que con esas amenazas era preferible hacer caso omiso, sólo deseando y esperando que la gobernadora electa no le cumpla al Comandante Caimán el ser Director de Operaciones, porque de lo contrario, más de uno padecemos persecución y debo decir que es capaz de mandarnos a levantar. 

De la lista de mandos que conforman el “Cartel de los Corralones” hay cuatro que se encuentran involucrados en el desalojo de campesinos en Totalco, municipio de Perote, ellos son: Andrés Humberto Segura Barradas (Distintivo Fénix), Heriberto Santamaría Vázquez (Distintivo Tigre), Uriel Sánchez Segura (Distintivo Froy), Juan Carlos Santos Mójica (Distintivo Smoc), es por ello que les decía al inicio que, nada de esto es casualidad, se dan cuentan que el secretario de SSP mandó a gente de su confianza para que nos llevaran y de esta forma de manera agresiva quitáramos a los manifestantes a como diera lugar. 

No es justo que el gobernador quiera tapar el sol con un dedo y diga que desapareciendo la Fuerza Civil se va a terminar el mal, el secretario de SPP se quiera lavar las manos sólo culpando a unos cuántos compañeros, no somos trofeo de nadie, no somos ratones de experimento, somos seres humanos, que erróneamente seguimos una orden por un superior jerárquico y ahora se nos quiere únicamente culpar a nosotros, no es justo y mucho menos válido, con estas líneas de manera anónima, le quiero pedir a la Señora Gobernadora Electa, que nos ayude, que no deje pasar por alto esta situación, si vamos a pagar los platos rotos por la acciones cometidas estamos dispuestos a pagar el precio como elementos operativos de la corporación, pero si eso pasa entonces que castiguen a nuestros mandos, ellos son siempre que bajo amenazas nos hacen fabricar delitos y faltas administrativas contra ciudadanos, todo porque ellos se quieren llenar los bolsillas a costa del trabajo de los demás, cuántas veces no han salido publicaciones de extorsiones al momento de una detención y nos abren carpetas y nos denuncian ante las autoridades pero sólo a nosotros, jamás a los mandos, ellos siguen estando en su hueso, todo por tener línea con el secretario, por reportar buen dinero cada semana, por recaudar buenos moches e incluso por ingresar a domicilios y sacar a personas que muchas veces nada tienen que ver. 

Somos seres humanos, que lo único que siempre hemos hecho es tratar de realizar de la mejor manera nuestro trabajo, pero cuando nos intimidan, nos amenazan y se nos obliga a cometer actos en contra de nuestra voluntad, somos a los primeros que nos entrega el gobierno, porque lo importante para ellos es seguir manteniendo su cuello blanco con las menores manchas posibles, es válido, desde el punto de vista para un político que muchas veces está cegado por su hambre de poder.

 

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MARCHAN EN CALLES DE ORIZABA PARA EXIGIR LA INMEDIATA APARICIÓN DE INÉS GUADALUPE

 

MARCHAN EN CALLES DE ORIZABA PARA EXIGIR LA INMEDIATA APARICIÓN DE INÉS GUADALUPE

1 julio, 2024

PorLa Jornada Veracruz 

Orizaba, Ver.- Este domingo al mediodía, familiares, amigos y conocidos marcharon por las principales calles de Orizaba para exigir la inmediata aparición con vida de Inés Guadalupe Guzmán Luna, de 25 años de edad, quien desapareció el 24 de junio en ese municipio.

De acuerdo con su hermana, Sandra Guzmán, la joven salió de trabajar alrededor de las 10 de la mañana y jamás llegó a su destino pues supuestamente fue levantada por un supuesto comando armado que se desplazaba en un vehículo polarizado de color blanco, en el cruce de la avenida 1 esquina Tercera Privada, de la colonia Librado Rivera, en Orizaba.

Exigió a sus captores que la regresen con vida ya que tiene una familia, unos padres y un hijo de dos años que la esperan y ya no saben ni por dónde sacar fuerzas.

Asimismo pidió el apoyo de la ciudadanía en general para que aporte cualquier información que logre dar con el paradero de Inés Guadalupe.
“Les pedimos un minuto para compartir, un minuto para pasar la voz y ayudarnos a encontrarla, la queremos de vuelta, la queremos viva, la queremos sana porque desapareció y nos robaron a una hermana, a una hija, a una madre, a una mujer más, nos la quitaron y la queremos de vuelta.

Aquí está mi madre, mi papá, están todos mis hermanos, mis sobrinos, su hijo, aquí están todos reclamando una madre, reclamamos a mi hermana, reclaman a su hija, a su tía, su compañera”.

La familia confirmó que hasta el momento no han recibido ninguna llamada de los presuntos captores que se llevaron, aunque sí han recibido llamadas de presuntos extorsionistas que se hacen pasar y se aprovechan del dolor de la gente.

“No faltan los extorsionistas que se hacen pasar, que quieren lucrar con el dolor de los demás para sacar provecho, pero no hay nada acerca de mi hermana”.

Cabe señalar que Inés Guadalupe tiene tatuajes en la oreja, brazo, mano, costilla y pie, tiene la nariz chata y boca grande como señas particulares, además cuenta con una estatura aproximada de 1.58 metros, ojos café claros, de tez morena clara y con cabello teñido de rojo, largo y lacio.

La marcha partió del Poliforum Mier y Pesado alrededor del mediodía de este domingo y circuló sobre la Calle Real o avenida Oriente 6 y Poniente 7, pasando por el palacio municipal de Orizaba, hasta concluir en el corazón de la Pluviosilla, el parque Castillo, en donde los manifestantes pegaron la ficha de desaparición de Inés Guadalupe.

 

https://jornadaveracruz.com.mx/

¡MISERABLES! PSEUDO PERIODISTAS Y MEDIOS OFICIALES COMO RTV DIFUNDEN NOTICIAS FALSAS EN CONTRA DE LA PERIODISTA CLAUDIA GUERRERO


30 junio, 2024

¡Miserables! Pseudo periodistas y medios oficiales como RTV difunden noticias falsas en contra de la periodista Claudia Guerrero. 

Qué poco valen esos pseudo periodistas que, con tal de quedar bien con el gobierno, se prestan al juego de las mentiras en contra de una periodista de verdad. Claudia Guerrero no sólo es Premio Nacional de Periodismo, es una de las “Guerreras de la Libertad”, quien junto con Lydia Cacho, Anabel Hernández, Marcela Turati, Adela Micha y Elena Poniatowska forman parte del documental que Canal 40 lanzó para exponer los retos de su profesión en un país donde predomina la inseguridad y la misoginia. Y uno de esos retos es enfrentar al estado y sus medios. De manera vil la redacción de noticias de Radio Televisión de Veracruz publicó que Claudia Guerrero sí cometió violencia política en razón de género en contra de la síndica del Ayuntamiento de Córdoba, Vania López González; varios lacayos del gobierno replicaron la nota. La base para esta falsedad es que supuestamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió esa resolución definitiva, algo que es completamente falso. Lo único que resolvió el TEPJF fue una revocación de la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) en la que se determinaba que Claudia Guerrero quedaba absuelta de cometer violencia política en razón de género en contra de la síndica del Ayuntamiento de Córdoba, Vania López González. Esta revocación es una resolución parcial, lo que significa que el TEV tendrá que revisar nuevamente el caso. Está claro que al revisar nuevamente el caso el TEV llegará a la misma resolución, no hay delito ni violencia política en razón de género. Pero a los lacayos del gobierno, oficialistas y pseudo periodistas, les conviene hacer creer a la ciudadanía que los periodistas estamos en indefensión. Es lamentable que un medio oficial como RTV se presté para los ardides de una mujer como Vania López González, quien sólo ambiciona la alcaldía de Córdoba. Pero ahora entendemos que torciendo la ley es como piensa gobernar; si es que la dejan llegar. 

López Obrador, en lugar de investigar a sus hijos y a los de “El Clan”, ordena ir en contra de los que investigaron a sus hijos. 

La periodista Reyna Ramírez en la mañanera preguntó al presidente López Obrador si él iba a investigar a sus hijos. López Obrador dijo que sus hijos iban a escribir una carta con la que iban a limpiar su nombre. Entonces la periodista le dijo: “Qué honroso sería para usted que la hiciera usted, dijera: ‘Oye, UIF, investígame a este Amílcar, por qué los está relacionando con mis hijos. Quiero que limpies el nombre de mis hijos”. AMLO, por supuesto, evadió el cuestionamiento, excusando que no se iba a dejar enganchar. Sin embargo, en lugar de investigar a sus hijos sobre las denuncias de tráfico de influencias, el presidente de México mejor mandó a investigar a los que investigaron la corrupción de sus hijos. No sólo Carlos Loret de Mola, Brozo y Latinus están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, también María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, está bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además de María Amparo Casar también está siendo investigado Claudio X. González, Max Kaiser y otras cuatro personas fundadoras de esta asociación civil. Es la venganza de un presidente corrupto, que protege de esa manera a sus retoños corruptos.

 

Ejército sí investiga a Amílcar Olán, prestanombres de los hijos de AMLO. Pero se niega a revelar contratos porque violaría la secrecía de la investigación

 

Fue el Ejército el que tuvo que arreglar el desmadre de las deudas de Amílcar Olán con los transportistas de basalto. Les debían 90 millones de pesos y por ello iban a bloquear diferentes puntos en las carreteras del país. Pero el Ejército intervino para arreglar el desmadrito de los hijos del presidente. Es curioso que después de que se anunciara que el paro de transportistas se suspendía, saliera a la luz información sobre las investigaciones que tiene el Ejercito sobre los contratos de Amílcar Olán. Señala el portal informativo Latinus en nota de Mario Gutiérrez: “La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) investiga los contratos que entregó al empresario tabasqueño Amílcar Olán, íntimo amigo de Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Información entregada por la Sedena vía transparencia, señala que el Órgano Interno de Control (OIC) abrió el expediente administrativo de investigación número 2292/2024/CDAC/SEDENA/DE17 en el que está revisando la actuación de sus servidores públicos y todo lo relacionado con Amílcar Olán, figura clave de ‘El Clan’, la red de tráfico de influencias y negocios encabezada por los hijos del presidente”. Lo paradójico del asunto es que el Ejército, a pesar de que investiga a Amílcar, se negó revelar los datos de los contratos, pues vulnera la confidencialidad y secrecía de la investigación abierta por el OIC, ya que “el interés público de que se conozca la verdad histórica de las probables responsabilidades de los servidores públicos, es superior al de que en este momento se haga público, cuando aún no existe determinación o resolución de la investigación administrativa”. Así las cosas.

 

Armando Ortiz                                    

Twitter: @aortiz52                  

@lbajopalabra