Opinión de
Raymundo Riva Palacio
No importa
cuántas maromas dé el régimen, la suerte del exgobernador Rubén Rocha Moya y
nueve funcionarios sinaloenses señalados en Estados Unidos por haber trabajado
para los chapitos a cambio de dinero para ganar la elección en 2021, está
echada: van a ser juzgados en una corte federal en Manhattan, presentes o no, y
serán acusados por narcoterrorismo. Serán los primeros mexicanos condenados
bajo la designación del presidente Donald Trump que el Cártel de Sinaloa es una
organización terrorista que amenaza la seguridad nacional de su país, que va
más allá del crimen organizado tradicional.
Aquí se le
sigue protegiendo con un blindaje político y con vigilancia militar, porque lo
que menos quisieran en Palacio Nacional es que lo mataran, potencialmente no
solo el crimen organizado -la facción leal a Ismael El Mayo Zambada, el jefe
legendario del Cártel de Sinaloa, busca su cabeza-, sino sus probables
cómplices en la estructura de poder de Morena, beneficiarios del agua de la
misma regadera. La última defensa en el Zócalo ha sido mediante el artilugio
del silogismo, un método lógico deductivo, con dos premisas y una conclusión.
En este caso,
la premisa mayor es que toda persona contra la que no existe investigación
oficial, es inocente de cualquier delito. La premisa menor establece que no
existe investigación contra Rocha Moya. Por lo tanto, dialécticamente hablando,
el exgobernador es inocente de cualquier delito. Sin embargo, desde la lógica y
el derecho, el razonamiento es endeble porque la ausencia de investigación no
prueba inocencia material, sino que hasta ese momento, no existe una
indagatoria formal conocida.
El silogismo
suele incurrir en la variante del argumento por ignorancia: “como no hay
investigación, entonces no existe delito”. Pero la inexistencia de una
investigación puede obedecer a varios factores, como falta de denuncia, pocas
pruebas, omisión institucional, cálculo político o simplemente ausencia real de
delito. Por sí sola, no demuestra inocencia absoluta. En el caso de Rocha Moya,
la protección no tiene bases jurídicas; es totalmente política. Sí hubo
denuncias en 2021 de la participación del Cártel de Sinaloa, y en 2024 Zambada
lo imputó como cómplice y traidor, en una carta pública desde la cárcel, pero
el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ordenó a la Fiscalía General dar
el carpetazo.
La instrucción
corrió transexenalmente por el llamado segundo piso de la transformación, como
le llaman a quién sabe qué en estos días, y Rocha Moya, y por tanto el senador
Enrique Inzunza, y el exsecretario de Administración de su gobierno, Enrique
Alfonso Díaz Vega -las dos personas más importantes en términos operativos con
los chapitos-, junto con otros siete exfuncionarios sinaloenses, señalados por
el Departamento de Justicia de tener vínculos criminales, viven dentro de las
murallas que ha colocado a su alrededor el régimen obradorista. Que nadie se
sorprenda si en algún tiempo, caen como los muros de Jericó.
La acusación
del Departamento de Justicia es contundente: construyeron un narcoestado (con
minúscula) en Sinaloa. Esa palabra o “narcogobierno” se han desgastado por la
generalización superficial de su uso, pero la descripción que hicieron los
fiscales en Manhattan del gobierno de Rocha Moya es la película de cómo un
narcoestado se erigió con dinero del Cártel de Sinaloa a cambio de protección y
facilidades para que los chapitos pudieran operar y, por lo que denunció
Zambada, también les limpiaron de adversarios el camino.
En el Zócalo
siguen esgrimiendo que no han presentado pruebas los fiscales, incurriendo
nuevamente en el autoengaño y el timo a los mexicanos. Pruebas habrá, cuando se
inicie el juicio en Manhattan. Pero para eso tendría que haberlos detenido la
fiscalía mexicana, con fines de extradición, que es lo que establece el Tratado
de Extradición firmado en 1978. Está claro que no lo van a hacer en este
gobierno, dispuesto a sacrificar la imagen del canciller Roberto Velasco para
cuidar a Rocha Moya, evitando lo que más nervioso tiene a Morena, que empiece a
decir lo que sabe.
Todo el
aparato del régimen está en marcha para acuerparlo. Las plumas más sofisticadas
de la propaganda obradorista se están batiendo en la arena pública para
impulsar la normalización (como desnudó el martes el académico Carlos Bravo
Regidor a uno de los últimos reclutas del régimen que salieron del clóset, el
otro académico Carlos Pérez Ricart), y alegar que lo de Rocha Moya no es
novedad, porque ya habían existido otros casos de gobernadores mexicanos
involucrados con el crimen organizado.
Sí es cierto,
pero no es cierto. Los gobernadores acusados por la DEA en el pasado, no
estaban en activo, eran “ex”, y no formaban parte de un andamiaje estatal
criminal, sino que actuaron de manera personal. Rocha Moya es el primer
gobernador en activo al que se acusa públicamente en una corte federal, y el
primero que va acompañado de su primera línea administrativa, judicial,
policial, el senador por quien se distanció de Zambada en 2021 y el alcalde de
Culiacán, la ciudad en guerra por la traición al exjefe del Cártel de Sinaloa.
Pero lo que
más difiere del pasado es el decreto de Trump sobre la definición de los
cárteles como organizaciones terroristas, sobre lo cual serán juzgados y
condenados. La petición de captura con fines de extradición, es una mera
pincelada de lo que tienen acumulado en Estados Unidos, otorgándole a la
presidenta Claudia Sheinbaum la oportunidad que sea ella quien maneje la crisis
que genera el caso Rocha Moya, evitando lo que ayer volvió a recordar el
secretario de Guerra, Peter Hegseth, en una audiencia en el Congreso: queremos
que México actúe, porque si no, lo haremos nosotros.
La orden
ejecutiva de Trump contra los cárteles le permite a sus agencias utilizar todos
sus recursos contra el terrorismo, expandiendo acciones internacionales,
sancionar a bancos o personas que hicieron negocios con cualquiera de los 10
sinaloenses o el gobierno de Rocha Moya, y la autorización para que,
unilateralmente, los servicios policiales y de inteligencia, vigilen,
investiguen y actúen globalmente contra los cárteles.
Rocha Moya,
pese a vivir amurallado, no puede sentirse tranquilo. No habrá, por ahora,
ninguna acción para extraerlo, como hicieron los demócratas con Zambada, porque
está en curso la petición de extradición. Pero al cumplirse el plazo legal de
ella, si se mantiene el status quo, veremos una segunda fase. Quizás, como dijo
un funcionario estadounidense, evaluar el momento y capturarlo.
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