Anonymous “tira” portal del gobierno de Veracruz

Regina Martínez

Nacional

La bandera de Anonymous.

JALAPA, Ver. (apro).- El grupo de ciberactivistas Anonymous México logró hoy “tirar” por unos minutos el portal del gobierno de Veracruz, en protesta por presuntas acciones emprendidas por la administración de Javier Duarte contra la libertad de expresión.

 

Un día antes, el domingo 25, la edición 1821 de la revista Proceso fue adquirida por dotaciones completas en las ciudades de Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Jalapa y Orizaba.

Luego de conocerse el hecho, cientos de tuiteros se dieron a la tarea de circular, a través de las redes sociales, el reportaje del semanario sobre la violencia que enfrenta Veracruz.

 

No sólo eso, ante la “censura” –como han calificado cibernautas la “desaparición” de Proceso de expendios y puestos de periódicos–, Anonymous amenazó esta mañana con bloquear la página de Internet del gobierno veracruzano.

 

Ante la advertencia, que empezó a extenderse por las redes sociales con mayor intensidad a partir de las 15:00 horas, el gobierno de Veracruz confirmó que el acceso a la web se vería restringido, e incluso poco después era más lento acceder al portal.

 

El ataque de Anonymous sobre denegación de servicio (DDoS) empezó cerca de las 14:55 y a las 15:18 se logró la caída del sitio, el que presentaba una leyenda que explicaba que el portal estaba en mantenimiento y que estaría de regreso en unos momentos.

Los activistas, a través de su cuenta de Twitter @AnonymousMexi, diron a conocer que habían cumplido con su objetivo, y llamaron a sus seguidores a continuar con la ofensiva.

Y es que desde el domingo y hasta este lunes 26 no cesaba de replicarse en las redes sociales el mensaje relativo a la “desaparición” de la revista Proceso en Veracruz, así como otras leyendas en que los usuarios critican al gobierno de Javier Duarte “por censurar” la publicación del semanario.

 

Así, por ejemplo, en la cuenta #Veracruz y #verfollow, los usurarios de Twitter empezaron circular el siguiente mensaje: “Hoy a las 3 pm vamos a manifestarnos en contra de la censura que vive Veracruz a causa de Duarte”.

 

En otro texto, donde se reenvía copia en PDF del reportaje “Veracruz, sangriento reacomodo narco”, de los reporteros Jorge Carrasco Araizaga y Regina Martínez, se advierte: “La edición de Proceso que Javier Duarte no quiere que se lea en Veracruz”.

 

“No a la censura”, se insiste en la mayoría de los mensajes replicados por los cibernautas, en donde se incluye la liga de la página de Internet del gobierno del estado que, más tarde, continuó funcionando aunque con cierta lentitud.

 

De hecho, en la misma página oficial del estado se admite que, “ante las supuestas amenazas de ataques cibernéticos, las páginas del gobierno de Veracruz redujeron su número de accesos”.

 

De acuerdo con versiones de los propios expendedores, quienes fueron entrevistados por Apro, personal del gobierno del estado, algunos portando incluso uniforme de policía, llegó a los puestos de periódicos a “comprar en paquete” todos los ejemplares de la revista.

Detallaron que la distribuidora regularmente entrega a cada expendedor entre 100 y 120 ejemplares, y este domingo sólo recibieron la mitad o menos, además que el personal del gobierno del estado aguardó el tiempo suficiente hasta que cada puesto recibiera la revista para luego adquirirla en paquete.

 

Otros, más cautos, sólo vendieron cierta cantidad a los enviados del gobierno estatal, “porque tenemos clientes que luego nos reclaman; las escondimos para después entregárselas o venderlas a quienes ya sabemos que buscan Proceso cada domingo”, detallaron algunos expendedores del centro de la ciudad, entrevistados en la capital del estado.

 

En la edición 1821, Proceso destaca en su portada el título “Veracruz, sangriento reacomodo narco”, llevando de fondo una fotografía de las decenas de cadáveres arrojados el martes 20 al pie del monumento a los Voladores de Papantla, ubicado en la zona conurbada del puerto de Veracruz.

 

Ya en interiores y como reportaje principal firmado por los reporteros Jorge Carrasco Araizaga y Regina Martínez, la revista presenta el encabezado: “Veracruz, zona de terror”, y un epígrafe que destaca:

 

“Rota la tranquilidad en territorio veracruzano por los reacomodos de los cárteles de la droga –no obstante la presencia masiva de elementos de la Marina en todo el estado–, la violencia se ha recrudecido en el último año, lo que convierte a Veracruz en la entidad más inestable por las balaceras y las constantes ejecuciones, sobre todo de zetas, quienes dominaron el entorno en la administración de Fidel Herrera. Hoy el cártel Jalisco Nueva Generación, que el pasado 27 de julio anunció su llegada, es el que comienza a tomar posición. A ellos se les atribuye el medio centenar de violentas ejecuciones de la semana pasada en Boca del Río y el puerto jarocho”.

http://www.proceso.com.mx/?p=282479

Terror en Córdoba, Veracruz: balacera deja 10 muertos y 2 heridos

jueves 20 de octubre de 2011

Córdoba-ver.Al rededor de las 20:30 horas de hoy se informo un convoy y bloqueos, al rededor 20-25 camionetas se registraron entre las calle 9 y avenida 11, la gente se reguardo por miedo a un enfrentamiento, ya que a las 19:00 los militares detuvieron a 9 sicarios que se transportaban en 2 camionetas Ford lobo negras en un operativo en la ciudad.

Los sicarios llevaban 5 armas largas, 2 armas cortas, 2 granadas de fragmentación y 10 celulares.Los operativos continúan en la Av. 11ya que una llamada anónima informo de sujetos fuertemente armados cerca de un centro comercial.

Donde se desato una balacera que dejo 10 sicarios muertos y 2 heridos esto al rededor de las 21:00.Me acaban de informar de 2 cuerpos tirados en la calle 5 frente a un fraccionamiento, las cabezas a unos metros en unas bolsas negras.

Si fuiste testigo de un acontecimiento y quieres denunciar algo o compartir tu punto de vista sobre un tema, entonces envía tu aportación a TU REPORTERO y lo publicamos, 100% Anónimo

http://www.mundonarco.com/2011/10/terror-en-cordoba-veracruz-balacera.html?zx=2eb62feef32b62e

EL GOBERNADOR CETA

Javieeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Por Antonio WilliamsHace un par de días leí una nota que me llamó la atención. Iniciaba así: “Empresarios de las cinco regiones que integran el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz (CCE) hicieron un amplio reconocimiento al Gobierno del Estado por las acciones emprendidas para lograr que la entidad continúe desarrollándose en un clima de paz y tranquilidad. Encabezados por su presidente Jesús Castañeda Nevárez, los titulares del organismo empresarial sostuvieron una reunión de trabajo con el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, quien les detalló las actividades que emprenden los funcionarios estatales en total coordinación con la federación y los ayuntamientos.”

antoniowilliams@prodigy.net.mx

Coincidentemente, recibí un correo de un buen amigo al cual no veo hace mucho tiempo y que a través de la magia del Internet contacté. Me contó que vive en Campeche, que vive feliz, tranquilo y sobre todo: seguro. Transcribo textual su decir (únicamente sustituyo nombres por ”xxxx”): “…….SI ALGUIÈN LAMENTA NO VIVIR EN COATZA SOY YO. PROMETÌ QUE SALIENDO FIDEL HERRERA REGRESABA PERO LE ENCARGÒ LA CASA A OTRO MÀS PENDEJO QUE ÈL., TAL VEZ INCAPÀZ., DICEN (Y NO ME CONSTA) QUE TUVO QUE EXPERIMENTAR EN SU PROPIA FAMILIA UN INTENTO DE SECUESTRO PARA EMPEZAR A ACTUAR, SI ESTO ES CIERTO, CARAJO...HAY QUE INCENTIVAR A LOS ZETAS A QUE SECUESTREN FAMILIAS DE GOBERNADORES., ESPEREMOS QUE NUESTRO QUERIDO VERACRUZ Y MÈXICO VUELVAN A LA PAZ DE ANTAÑO PERO SIN PRI`S QUE NEGOCIEN CON LAS MAFIAS IMPUNIDAD A CAMBIO DE NO METERSE CON LA GENTE. NADIE DESEA ESA PAZ A CAMBIO DE ESE PRECIO.

TE QUIERO CONTAR UNA EXPERIENCIA QUE HE TENIDO OPORTUNIDAD DE VIVIR.....EN CAMPECHE, Q ES DONDE RADICO ACTUALMENTE, LA GENTE MISMA HA SIDO QUIEN NO HA PERMITIDO ESTABLECERSE A LOS GRUPOS DE MAFIA, YA QUE ANTE EL MENOR INDICIO DE SOSPECHA DENUNCIAN A LAS AUTORIDADES Y DE ESTO SOY TESTIGO ACTUAL Y PRESENCIAL., CUANDO LLEGUÈ A VIVIR HACE CASI 4 AÑOS., NO TE IMAGINAS LAS VECES QUE TUVE QUE ENFRENTAR AL EJERCITO Y POLICIAS LOCALES Y ESTATALES SOLO PORQ ME ESTACIONABA EN UNA CUADRA "X" FRENTE A LA CASA DE DON FULANO DE TAL Y LA FAMILIA DENUNCIABA INMEDIATAMENTE A LA AUTORIDAD QUE HABÌA UN VEHÌCULO CON PLACAS DE FUERA CON GENTE DE TALES CARACTERÌSTICAS Y QUE NUNCA SE LES HABÌA VISTO POR EL RUMBO., EN CUESTIÒN DE MINUTOS LA CUADRA ESTABA RODEADA Y UN COMANDO ESPERANDO AL PROPIETARIO O CONDUCTOR DEL VEHÌCULO. GRACIAS A UN C4 QUE FUNCIONA DE MARAVILLA LA CIUDAD SE CIERRA EN SEGUNDOS Y LAS FUERZAS ACTUAN DE INMEDIATO (ESTO SUCEDE DESDE ANTES QUE YO LLEGARA A RADICAR) . EN CAMPECHE SE ACABARON HACE AÑOS LOS CRISTALES POLARIZADOS. CUANDO MI VEHÌCULO NO LO MANEJO YO, EN LOS RETENES DE POLICIA CUESTIONAN AL CONDUCTOR DÒNDE ESTÀ EL SR. “xxxxx” Y PORQ NO LO MANEJO YO ESE DIA, EN TODO EL ESTADO SABEN QUE VEHÌCULO CONDUZCO, PLACAS, DOMICILIO, ETC. MIS RUTINAS DE CAMPECHE A MI RANCHO, ETC....Y UN HECHO SIN PRECEDENTE FUÈ EL DIA QUE LLEGUÈ , YO TENÌA AMIGOS DE MUCHOS AÑOS EN CAMPECHE Y EN MI PRIMER REUNIÒN CON EMPRESARIOS ME COMENTARON QUE LA CUESTIÒN DE LA SEGURIDAD SE DEBIÒ A DOS COSAS ; VOLUNTAD Y ADVERTENCIA, SI., EL SECTOR EMPRESARIAL PIDIÒ UNA AUDIENCIA CON EL GOBERNADOR (ANTERIOR) PARA ADVERTIRLE Y EN TONO ENÈRGICO; QUE DE PRESENTARSE EL FENÒMENO DEL SECUESTRO EN LA ENTIDAD EL QUE DEJARÌA EL CARGO SERÌA ÈL (EL GOBER) PARA LO CUAL LE PREGUNTARON QUE CUALES ERAN SUS NECESIDADES, DIJO QUE CASETAS EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LA CIUDAD, MÀS VEHÌCULOS, ETC. MISMOS QUE FUERON APORTADOS POR EL SECTOR EMPRESARIAL A EFECTO DE NO TENER EXCUSAS DE QUE LA DELINCUENCIA LLEGÒ POR FALTA DE RECURSOS. DICHO Y HECHO LO ANTERIOR, SE VIVE COMO EN OTRO PAIS., NINGÙN EMPRESARIO O POLÌTICO LOCAL OSTENTA GUARURAS, SOLO EL GOBER Y TRAE 3, SU CHOFER Y DOS ESCOLTAS. A RAIZ DEL ACCIDENTE DE JUAN CAMILO MOURIÑO , SU HERMANO TRAE PERSONAL DE SEGURIDAD Y EL ÙNICO SECUESTRO EN LA CD. DE CAMPECHE FUÈ PRECISAMENTE A JUAN CAMILO A LA EDAD DE 16 AÑOS CUANDO LOS ZETAS NO SOÑABAN CON EXISTIR TODAVÌA. EN “xxxx” SECUESTRARON AL BUEN AMIGO “xxxxxx” PORQ EL INSPECTOR DE POLICIA DE LA LOCALIDAD FUÈ ALCANZADO POR LA AMBICIÒN DEL DINERO SUCIO DEL NARCO Y TAN RENOMBRADO FUÈ EL CASO QUE EN 3 DIAS SE DETUVO A 27 DELINCUENTES, ACTO SEGUIDO ACRIBILLARON AL INSPECTOR DE POLICIA EN SU OFICINA.,PORQ NO SUPO PROTEGER A SUS COMPRADORES., ASÌ QUE SI TE DAS CUENTA, LA GENTE Y LA DENUNCIA HAN FUNCIONADO PORQUE NO HAY TEMOR A QUE LA JUDICIAL QUE RECIBIÒ TU LLAMADA LE DIGA A LOS MALOS QUE LOS ESTÀS DENUNCIANDO Y VENGAN Y TE EJECUTEN POR SOPLÒN.

ESPERO TENER OPORTUNIDAD DE TOMARME UN CAFÈ CONTIGO ALGÙN DIA MI TONY Y PRESUMIRTE MÀS COSAS Y BUENAS EXPERIENCIAS. AL FINAL DE TODO ESTO LO ÙNICO QUE ME INCONFORMA DE VIVIR AQUÌ ES LA TARIFA TAN ALTA DE C.F.E. JAJAJAJAJA ESA ES EN TODO EL PAIS Y MAL DE MUCHOS , CONSUELO DE PENDEJOS ., SOLO CON GENTE QUE DIGA LAS COSAS PÙBLICAMENTE EL PUEBLO SERÀ ESCUCHADO.

En verdad, después de leer a mi amigo, me es inevitable experimentar un profundo sentimiento de frustración. Me frustra que exista una “consejo coordinador empresarial” (que "dice" representa a TODOS los empresarios de Veracruz) que va a postrarse ante el Gobernador y éste ni siquiera los atiende y los manda con su segundo. En lugar de plantarse con gallardía y marcar a Javier Duarte las líneas de acción que el empresariado veracruzano considera idóneas para desarrollar una de las actividades más necesarias del estado: LA GENERACION DE IMPUESTOS Y DE EMPLEOS.

Habría que conocer la calidad de “empresario” que es cada uno de los integrantes de este consejo. En el gobierno de Fidel Herrera, se erigió como “máximo líder empresarial” un tipejo vendecalzones que se dedicó a vender medicinas para la cura del cáncer clonadas e inocuas, por las que cobró muchos millones de pesos a través de una empresa creada ex profeso por su hijo y hoy está a punto de ser exonerado por la contraloría del estado y por la secretaría de salud. Lástima que Iván y Pablo no tienen madre con cáncer que necesite medicamentos y se les suministren los placebos con los que defraudaba este pinche viejo rateiro.

 

Del único integrante de este consejo que tengo conocimiento, aunque no personal es el de Coatzacoalcos, un tal Enoch Castellanos, al que la niña que “gobierna” Coatzacoalcos le apoda “LA CHIMOLTRUFIA”…… nótese el respeto que despierta. Desconozco a qué se dedica, si tiene una empresa… lo único que le noto que no tiene… es dignidad para IMPEDIR que un mariconete le haga mofa.

Cabe hacer mención que en Veracruz, los empresarios no tendríamos que desembolsar ningún dinero para garantizar la seguridad, pues hoy se acaba de anunciar que del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2011, el gobierno veracruzano solamente ha ejercido 40 millones de un total de 390 millones. ¿Sí se entiende que la ineptitud de este gobierno no le ha permitido accesar a 350 millones de pesos que en mucho ayudarían a elevar la seguridad de los veracruzanos?

Javieeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Antonio Williams

antoniowilliams@prodigy.net.mx

Coatzacoalcos, Veracruz, México, Octubre 18 de 2011.

Antonio Williams es ciudadano de Coatzacoalcos, de ocupación comerciante y no se dedica al periodismo. Los artículos que escribe son comentarios y señalamientos sobre el actuar de los gobernantes y funcionarios, con el único fin de despertar conciencia en los ciudadanos. No se persigue la firma de ningún contrato de publicidad o complicidad ni prebenda alguna.

El libro Levantones, narcofosas y falsos positivos de José Reveles

Escuadrones de la muerte

José Reveles

Libros

Levantones, narcofosas y falsos positivos, nuevo libro de José Reveles. El libro Levantones, narcofosas y falsos positivos, de próxima aparición, nos lleva en un recorrido por episodios de muerte, dolor e impunidad. José Reveles muestra una parte del horror que en sólo cinco años se enseñoreó en México por la omisión e incapacidad de quienes lo gobiernan. En el texto también se advierte que detrás de los miles de asesinatos “inexplicables” podrían encontrase escuadrones de la muerte formados por militares desertores y policías corruptos, paramilitares cuya misión consiste en realizar tareas de “limpieza social”. Para colmo, el riesgo de que México se colombianice está presente, sobre todo ahora que el expresidente Álvaro Uribe actúa como asesor de Felipe Calderón en su guerra contra el narco. Con autorización del autor y el sello editorial Grijalbo presentamos fragmentos de la obra.

 

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Cuando me reuní con los agentes federales que, en grupo y quitándose la palabra unos a otros, me narraban de viva voz cómo, durante la traumática búsqueda de cadáveres en decenas de fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, habían sido testigos de que allí se encontraban incluso autobuses sepultados con todo y pasajeros, me pareció una vil y vulgar exageración nacida del protagonismo, un vuelo absurdo de su imaginación desbordada por cargas de trabajo, un exceso nacido de ese realismo salvaje al que se nos quiere acostumbrar desde el poder.

 

El día del hallazgo del primer autobús enterrado con todo y ocupantes, inmediatamente se impuso a los testigos una especie de “ley del silencio” para no escandalizar y crispar todavía más a la sociedad mexicana. Aun así pude leer copias de algunos partes policiales que aludían a tan macabra información, de prisa y casi arrebatados de mis manos por quienes se atrevieron a mostrarlos pese a la prohibición.

 

Y no es que al gobierno mexicano le escandalice aceptar esas cifras macabras, como veremos adelante, pues suele apoyar su discurso antinarco en la ecuación absurda que Estados Unidos utilizó en Vietnam hace décadas (el llamado body count), según la cual entre más muertos había, más se confirmaba el éxito de la estrategia de guerra.

 

Pero fue tan impresionante el hallazgo en San Fernando, que en los más altos niveles del gobierno se decidió por el momento ocultar o negar la información sobre los autobuses bajo tierra. Concluyo que se difirió la difusión para una ocasión más propicia (si la hubiere), y que iremos recibiendo la atroz noticia aderezada con confesiones directas, durante arraigos prolongados o descrita por testigos protegidos: ya se irá dando a conocer el lado más oscuro de la masacre de una manera parcial y a cuentagotas, con una versión a modo y para que el tema, lejos de dañar la imagen pública del presidente Felipe Calderón, le reditúe ganancias mediáticas. (…)

 

El sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de migrantes centro y sudamericanos, sugería buscar en Veracruz: “Allí van a encontrar más cuerpos que en San Fernando”, soltó en el noticiario de Carmen Aristegui en MVS. Lo decía con responsabilidad (me lo confirmó después personalmente), a partir de decenas de testimonios de los propios migrantes. Sostuvo su dicho cuando conversé con él por teléfono después de que se reunió con el gobernador veracruzano Javier Duarte el viernes 1 de julio de 2011, a propósito del secuestro de migrantes centroamericanos cerca de Medias Aguas, en donde el tren de carga apodado La Bestia frenó cientos de metros más allá de la estación para permitir que “en camionetones de lujo” fueran hechos rehenes un número indeterminado de indocumentados. (…)

 

Solalinde adelantó que fue informado, incluso, del nombre del lugar de Veracruz donde las bandas criminales se deshacen de los cadáveres de sus víctimas, centroamericanas en su mayoría. Se lo dijo al presidente Calderón cuando lo pudo tener cerca y también lo comentó en una reunión de los obispos de la entidad, uno de los cuales le enmendó la plana: “Son dos” los sitios donde se confinan cuerpos. El gobierno ya lo sabe, y entre más se tarde en iniciar la búsqueda, menos indicios hallará, pues en algunos casos se trata de campamentos y ranchos con métodos definidos y herramientas listas para deshacerse de los cuerpos. (…)

En este escenario infernal, de poco o nada me sirve a mí, ciudadano, que el presidente Felipe Calderón haya dicho (con flamígero dedo acusador y golpes sobre la mesa, regañando a las autoridades locales porque “no hacen su trabajo”) que fueron policías municipales de San Fernando quienes, en vehículos oficiales, llevaron al matadero a cientos de ciudadanos indefensos, tomaron parte en las ejecuciones e incluso ayudaron a cavar las fosas para sepultar a las víctimas una vez asesinadas.

 

La acusación presidencial no pecaba de inocencia. Era, al mismo tiempo, un insólito reconocimiento oficial de que hay una participación activa de la fuerza pública en crímenes de lesa humanidad, pero con la salvedad de que el mandatario culpaba de esa criminal complicidad exclusivamente a la policía local, lo que supondría anticipar, sin pruebas, la absoluta inocencia de elementos del Ejército y de policías federales en tanta muerte. Aceptar esta afirmación de Calderón en forma acrítica equivaldría a eximir de cualquier sospecha a las fuerzas federales, a las tropas de uniforme verde olivo o camufladas y a los marinos, pero igualmente a los soldados que visten de gris y negro en papel de policías. Supondría también asumir que las víctimas de San Fernando eran “enemigos” reales o supuestos de Los Zetas, o que una inmensa mayoría eran inocentes pasajeros en tránsito por la “ruta de la muerte”, con lo que se descarta cualquier hipótesis que sugiera una posible actuación de escuadrones de la muerte. También se excluye investigar que las víctimas pudieran haber sido concentradas para ser liquidadas y enterradas en Tamaulipas y Durango, aunque provinieran de otros puntos del país.

 

“Los narcos no esconden los cuerpos de sus víctimas”, me dice Emilio Álvarez Icaza, exombudsman del Distrito Federal y participante activo en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia. El propio Sicilia me recuerda que desde el surgimiento del movimiento zapatista empezaron a crearse grupos paramilitares formados por el Ejército estadounidense, y que Los Zetas se constituyeron con desertores del Ejército.

 

El general Francisco Gallardo le pone nombre a los grupos de exterminio con permiso para secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar. Son los GIZ (Grupos de Información de Zona) o GIZES, pertenecientes formalmente al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Podrían ser unos 3 mil en todas las zonas, regiones y guarniciones militares, improvisados espías que mal manejan la “inteligencia” en ciudades, pueblos y comunidades, y que visten de civil, pero reportan al alto mando. Cuando cometen alguna atrocidad y son descubiertos, simplemente se desmiente que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, se los deja a su suerte, aunque aleguen “obediencia debida” y “órdenes desde arriba”, como fue el caso del teniente José Guadalupe Orizaga y Guerra y el subteniente Edwin Raziel Aguilar Guerrero, acusados en Morelos de la tortura y el asesinato de Jethro Ramsés Sánchez Santana, de 26 años, entre el 1 y el 2 de mayo de 2011. (…)

El análisis realizado por otros expertos entrevistados, la recopilación de testimonios y el examen de casos concatenados en los que se pretende mostrar a víctimas inocentes como lo que no son (sicarios, narcomenudistas, halcones, jefes de célula o mandos medios de la delincuencia organizada) parecen confirmar que se extiende esa “limpieza social” con miles de víctimas por toda la República y que en México se pretende replicar la condenable práctica de lo que en Colombia se denominó los falsos positivos, que no eran sino ejecuciones extrajudiciales y a sangre fría de ciudadanos comunes, primero secuestrados o levantados, cuyos cadáveres después se disfrazaban y se pretendía hacer pasar como si fueran de guerrilleros, paramilitares o traficantes caídos en combate. No sobra recordar que el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida son aplicaciones espejo, hijos siameses de la estrategia antidrogas del gobierno de Estados Unidos. En ambos esquemas, el colombiano y el mexicano, Washington ofrece ayudas nada desinteresadas a los gobiernos y ahora incorpora de manera más formal a países de Centroamérica, aunque se muestra cicatero y le regatea a los paupérrimos países de la cintura mesoamericana los millones que dilapida en lejanas aventuras bélicas. Estados Unidos introduce el modelo punitivo de combate al tráfico a través de dádivas que son ridículas si se considera que, en el caso de México, no representan ni 0.5 por ciento del gasto bélico en Irak y Afganistán.

Con estas dádivas se trata de frenar, fuera de las fronteras de Estados Unidos, el flujo de sustancias prohibidas para sus propios consumidores, pero sin pagar el costo de la violencia que provocan sus guerras inducidas. Las drogas cruzan hacia el norte, mientras el dinero en efectivo y las armas vienen hacia el sur, según ha reclamado en múltiples ocasiones el gobierno mexicano. Estados Unidos es el paraíso del consumo, y México un infierno de violencia extrema. Ellos ponen la nariz, los pulmones, la boca y las venas, y aquí se multiplican los muertos por decenas de miles.

 

La pequeñez de miras de quienes mal gobiernan a México, la ausencia del mínimo asomo autocrítico, el regodeo discursivo de que se está en la estrategia correcta, la imitación extralógica de modelos fracasados (léase Colombia) y la sumisa aceptación de las directrices de la potencia mundial a cambio del plato de lentejas de una Iniciativa Mérida que en tres años nos “regala” 1 300 millones de dólares (siempre en especie y apenas uno por ciento de las reservas internacionales que guarda México, cantidad con la que Washington se cree con el derecho de tener boinas verdes activos en territorio mexicano) son algunos de los males que golpean hoy la conciencia nacional. Aun los presuntos “triunfos” de la autoridad resultan espurios, en la medida en que se fabrican culpables, se inflan las estadísticas y se quiere presentar como solución a casos de esta violencia desbordada la captura de unos cuantos capos, sicarios o mandos medios junto a la inhabilitación (palabra que usan dependencias oficiales para no hablar francamente de asesinados, de muertos en enfrentamientos o arrestados) de una multitud de supuestos narcotraficantes lumpenizados en extremo. (…)

 

Sin forzar artificialmente el argumento, me da mala espina que el gobierno, lejos de desmentir y atemperar el clima de violencia expresado en cifras de ejecutados (otro neologismo que significa asesinados, pero sin el apellido clave: extrajudicialmente), se esfuerce en inflar la cifra de las víctimas. Lo hizo en julio y agosto de 2010, cuando el ejecutómetro más alto que pudiera registrar medio alguno, escrito o electrónico (elaborado con seguimiento hemerográfico y los reportes cotidianos de los corresponsales de cada medio), era de 20 400 víctimas, la Procuraduría General de la República lanzó una cifra más elevada de homicidios dolosos, una especie de as bajo la manga, cuando dijo a la opinión pública que eran ya 24 800. No habían transcurrido dos semanas y otra dependencia del gobierno (sigue siendo oficial, aunque ahora parezca entregada a representantes de la iniciativa privada, los encuestadores de GEA-ISA, auxiliares directos en los resultados que empujaban el triunfo de Felipe Calderón en las elecciones de 2006), el Centro Nacional de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), rectificó a la PGR: que no, que no eran 20 400 ni 24 800 sino 28 mil (un incremento de 7 mil en menos de dos semanas, cifra nada despreciable si se considera que en ninguno de los seis años de gobierno de Vicente Fox ni en los dos primeros de Calderón se había llegado a una cantidad semejante de ejecuciones en un periodo anual).

 

Esta insólita inflación al alza –única en el mundo cuando un gobierno de pronto se empeña en decir que la violencia es peor de como la conciben los medios y la sociedad– volvió a ser empleada por la autoridad en enero de 2011, pues cuando el ejecutómetro más elevado del año que concluía frisaba por debajo de los 13 mil finados (Excélsior), apareció el portavoz de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, para decir, sin inmutarse, que habían sido 15 273 en todo 2010 y que, sumados los del sexenio, llegaban ya a 34 612. (…)

Escuadrones de la muerte y limpieza social

Ya iban en julio-agosto de 2011 más de 50 mil asesinatos en el país con los que el gobierno se atribuía “éxito” en el combate contra el crimen organizado. Al menos 70 por ciento de esa espantosa cifra eran menores de 29 años. “¿Acaso todos los que mueren son criminales?”, se pregunta con toda la razón Carlos Cruz, dirigente de Cauce Ciudadano. (…)

… Carlos participa en la elaboración de una lista de matanzas en todo el país y en el rescate de la identidad de los victimados. Cuando puedo asomarme a ese abismo de violencia colocado en páginas de computadora, están registrados ya más de 150 casos, con más de 600 mexicanos cuyas vidas acabaron de manera absurda y bestial. (…)

 

Carlos Cruz observa, durante este esfuerzo de recopilación, que hay demasiados jóvenes levantados y asesinados en barrios pobres, marginales; muchos que fueron desaparecidos vivos en un sitio del país pero cuyos cadáveres aparecieron tirados en otro distinto y distante. “Da la impresión de que en México está comenzando el fenómeno de los falsos positivos. Falta explicar el porqué de esas fosas clandestinas con cuerpos que la información oficial dice que son jóvenes que no se quisieron enrolar con grupos de la delincuencia organizada”.

… La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que agrupa a 67 organizaciones en 14 estados de la República, ha emitido alertas contra políticas públicas explícitamente discriminatorias en Monterrey, Ciudad Juárez y otros sitios, en donde indigentes, vagabundos y enfermos mentales son recogidos en la vía pública y luego abandonados en carreteras y caminos fuera de las ciudades. Tras el desplazamiento por limpia social, “hubo muertes coincidentes en la Sierra de Juárez”, Nuevo León, advirtió la Redim. Para Juan Martín Pérez, director de la Red, es muy grave que “los adolescentes sean criminalizados y estigmatizados. Cuando muere un adolescente, se le asocia inmediatamente al crimen organizado, sin investigación previa y sin elementos”. En algunos estados se ejercen acciones de retiro forzado y hay casos “claramente de limpieza social”. Si eso ocurre oficialmente, no hay que tener mucha imaginación para saber lo que ejecutan por su cuenta grupos de la delincuencia, paramilitares bajo control del gobierno y las Fuerzas Armadas oficiales. (…)

En semejante contexto, el Senado de la República había solicitado formalmente al Cisen que proporcionara informes sobre la existencia de escuadrones de la muerte, “responsables de miles de asesinatos y desapariciones forzadas”, además de los que el gobierno asegura que comete la delincuencia organizada. “Esos grupos actúan al margen de la ley con complicidad, reconocimiento o tolerancia del Estado mexicano”, dijo Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Los escuadrones están conformados por soldados y oficiales desertores del Ejército y policías despedidos por corruptos. “Son paramilitares adiestrados”.

A propósito de las declaraciones del alcalde de San Pedro Garza García, según las cuales crearía y utilizaría “grupos rudos” para limpiar el municipio, Monreal declaró que ese alcalde no era el único en emplear paramilitares. “Los gobernadores tienen grupos de exterminio, grupos de ‘limpieza’ que adiestran y seleccionan como grupos de élite, y que actúan fuera de la ley”. Hay también empresarios que contratan a esos grupos en Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero.

 

Peligro: Colombia asesora a México

Álvaro Uribe Vélez se apareció de pronto en Ciudad Juárez e impartió cátedra. Uribe dejó de ser presidente de Colombia en agosto de 2010, pero sigue indisolublemente ligado a los destinos de México, primero como consejero en Los Pinos y más recientemente como asesor de los gobiernos de Chihuahua y Ciudad Juárez. Con su “experiencia de éxito” ayudará a aplicar programas “que ayuden a recuperar la seguridad y la tranquilidad” en Chihuahua, tal como ocurrió en Colombia, se regodeaba el gobernador César Duarte Jáquez al recibir al exmandatario en la urbe fronteriza el 7 de junio. (…)

 

Duarte insistió en que el modelo que puso en práctica Uribe en Colombia es totalmente aplicable en Chihuahua y se basa en ejes como la educación, el trabajo y la seguridad democrática. La visita de Uribe es un mensaje de esperanza para Ciudad Juárez, insistió: “Me motivó invitar al presidente Uribe para saber objetivamente los resultados del Colombia que recibió y del Colombia que entregó: es un país en paz en el que (antes) no se podía transitar por los caminos: lo hizo con energía y determinación. Reconstruyó una nueva nación. Colombia es nueva hoy, y en todo el país hay bardas y luminarias que dicen: ‘Gracias, presidente Uribe’”.

Más allá de estos arrebatos de lirismo chabacano y pueblerino, el gobernador Duarte parece ignorar toda la represión institucional y el gran sufrimiento que implicó para los colombianos la política de seguridad democrática que tantas alabanzas le inspiraba, a tal grado que hoy el presidente Santos, su sucesor, busca distanciarse de esa línea. En Colombia se abrió una investigación, además, contra 13 congresistas por graves irregularidades en la administración de bienes decomisados a las mafias (Proceso, núm. 1808, 26 de junio de 2011), y se propuso y aprobó una Ley de Víctimas que ahora reconoce el conflicto interno en Colombia, el cual fue obsesivamente negado durante ocho años por Uribe.

 

Nada es casual en política: el expresidente colombiano estuvo en Juárez y fue públicamente nombrado asesor cuando faltaban 48 horas para que arribara a Ciudad Juárez la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad. Era ésta la tercera señal ominosa contra la protesta pacífica. Tres semanas antes había llegado el presidente Felipe Calderón a presidir, junto con el gobernador Duarte, una parada militar para conmemorar el centenario de la “Toma de Juárez”, lo que se vio como un refuerzo a la presencia castrense en las calles. Y el 6 de junio la policía federal allanó el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, presidido por el sacerdote Óscar Enríquez, organización que preparaba la recepción a la caravana que llegaría de Morelos en unas horas más.

http://www.proceso.com.mx/?p=283694

Recuerdan a Digna Ochoa, a 10 años de su muerte

Digna Ochoa, defensora de DH.
Foto: Antonio Nava

MISANTLA, Ver. (apro-cimac).- En un rincón de este municipio veracruzano yace el recuerdo de una abogada, una defensora de derechos humanos, que este pueblo evoca cada 19 de octubre: Digna Ochoa y Plácido.

 

Hace 10 años, Misantla ya era un pueblo en progreso, hoy mantiene su clima caluroso, húmedo, sus fértiles tierras y aguas transparentes; la tranquilidad de los barrios prevalece, sin embargo, para una familia la vida se hizo más corta.

 

Desde 2001, el nombre de Digna Ochoa quedó plasmado en la memoria colectiva por ser una de las primeras abogadas en denunciar la impunidad del Estado, y porque los resultados de las investigaciones sobre su muerte ofendieron a la sociedad civil.

 

Luego de 10 años el caso se cerró: la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) concluyó que la muerte de la activista se trató de un suicidio, pero la familia Ochoa y Plácido no cree en esta versión y por ello, una vez más, abren el álbum familiar para recordar y honrar la memoria de Digna.

 

En una pequeña casa de fachada marrón, las fotografías y postales son el único recuerdo y el mejor homenaje, la evidencia de la lucidez, la valentía y el compromiso de una luchadora social que abandonó su hogar con el sueño de cambiar al mundo.

 

La hija

“Una mujer muy destacada, estudiosa, inteligente… Mi hija, una maravilla”, así describe Irene Plácido Evangelista a la quinta de sus 13 hijos, Digna, la niña que nació el 15 de mayo de 1964 en el seno de una familia humilde y costumbrista como lo ameritaba la época.

Irene, una mujer de gestos amables pero palabras contundentes, asegura que su hija era alegre pero –al igual que ella– rigurosa, porque cuando necesitaba sacar el coraje, lo sacaba. Y es que hay ocasiones en las que no se puede flaquear ni se debe andar con titubeos.

 

Si Digna fue una mujer disciplinada se lo debe a su madre y a su abuela, quienes desde pequeña le inculcaron la rigidez, los valores y hasta las reprimendas propias del catolicismo.

 

Así creció, en medio de una familia recatada y de un pueblo mágico de raíces prehispánicas. Ahí cursó sus estudios básicos y asistió a la preparatoria, una edificación que después se convertiría en una casa de cultura pintada de blanco que hoy parece un liceo romano.

 

“Fue una hija muy estudiosa, una mujer que se dedicó desde chica a sus estudios, a prepararse para el mañana”, recuerda con la mirada llena de orgullo Eusebio Ochoa López, su padre, un hombre de pasos lentos y ágil memoria.

 

La hermana

 

Digna no tuvo privilegios, creció con los mismas responsabilidades y obligaciones que el resto de sus cinco hermanas y siete hermanos. Ellos así la recuerdan, como una de las más alegres, estudiosas, obedientes y reservadas.

Digna poco habló de su trabajo como abogada, sin embargo, las amenazas que recibió llegaron hasta su familia, según cuenta Luz María Ochoa, su hermana, quien recuerda que en una ocasión Digna le llamó alarmada preguntando por sus sobrinas.

 

Tiempo después Luz María se enteró de lo que sucedía. “A ella le llamaron la madrugada de ese día y le dijeron que tenían a una de sus sobrinas arriba de una azotea y la amenazaron: ‘Si sigues, la vamos a matar’”, relata su hermana.

 

Aunque Luz María no sabe la razón de las amenazas, imagina que el hostigamiento fue por los casos que en ese momento Digna litigaba como abogada. Esta hipótesis la reitera otro de sus hermanos, Ignacio Ochoa, quien conoció el lado noble del derecho gracias a su hermana.

Un año después de la muerte de su hermana, Ignacio, junto con su hermano Jesús Ochoa, decidieron abrir el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y Plácido. Fue así que en octubre de 2002 se adentraron a mundo de riesgos latentes, el de la defensa de las víctimas.

 

En alguna ocasión cuando Ignacio estudiaba la Universidad, acompañó a Digna a un juzgado en Xalapa; en ese momento él escuchó cómo uno de los policías acusados amenazó a su hermana luego de que ella lo interrogó con preguntas claras y contundentes.

“Los policías empezaron a comentar si esa abogada se sentía muy valiente y no se daba cuenta que un día podía aparecer su cabeza en la carretera”, rememora Ignacio. Ese fue el momento en que su hermano comenzó a sentir miedo, sin embargo, siguió y hoy es un abogado defensor como lo fue Digna.

 

Ignacio conoce muy bien los riesgos de su profesión. Él ha sido intimidado por teléfono, ha recibido amenazas de parte de hombres armados, e incluso una vez fue “levantado” por un grupo de desconocidos que lo golpearon. Aun así se mantiene firme en sus convicciones.

Ignacio, Jesús, Luz María, Irene y el resto de los hermanos Ochoa y Plácido saben que el legado de la defensora, al igual que el de la amiga, sigue vivo. No sólo era activista, también era una mujer alegre a quien le gustaba cocinar, festejar y estar con su familia, aunque fuera por poco tiempo.

 

En la casa familiar se sigue preparando la receta de barbacoa de pollo que Digna cocinaba, o los tamales de picadillo que tanto le gustaban. Esas recetas, una veladora y varias fotografías de la abogada, permanecen al paso de los años.

 

La activista

 

Digna vivió y estudió Derecho en la Universidad Veracruzana en Xalapa; viajó por el país, estuvo en Estados Unidos e incluso en Europa; pero durante mucho tiempo radicó en la ciudad de México, donde el 19 de octubre de 2001 fue encontrada sin vida.

 

¿Cómo y por qué murió? Según la PGJDF, Digna se quitó la vida; de acuerdo con la familia, fue asesinada. Esta última hipótesis se basa en las constantes amenazas que recibió por su labor a favor de las victimas de violaciones a los derechos humanos.

 

Fue una activista, una de las primeras abogadas que se convirtió en verdadera defensora. “A ella le gustaban las cosas derechas, le gustaba la verdad… Desde chamaca le vino esa idea, dijo que ella tenía que ser abogada”, recuerda su madre.

 

Digna tuvo una sólida educación religiosa y asistió con frecuencia a la iglesia de Misantla. Luego de terminar la carrera de Derecho, Digna, con 22 años, ingresó a la Congregación Dominicas del Verbo Encarnado en la capital del país.

 

No obstante, su compromiso social fue más fuerte y abandonó el convento para incorporarse como abogada al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Eran finales de 1988.

Quería servir a la gente más humilde, más pobre, la más vulnerable, por eso se convirtió en abogada, porque nunca olvidó que su padre pasó un año y 15 días en prisión luego de pertenecer a un movimiento laboral que lo único que pedía eran mejores condiciones de trabajo en los ingenios azucareros de la región.

 

Cada vez que su padre recuerda la anécdota lo hace con cierta tristeza porque así perdió a su hija. “En una ocasión le dije que por qué no se venía a Misantla… ella me dijo que no porque tenía compromisos”. Y a pesar de la tragedia posterior, esa respuesta es un orgullo para él.

 

Hoy, en la casa de la familia Ochoa y Plácido sólo quedan fotos y en el pueblo de Misantla una placa conmemorativa. Esos son los recuerdos en honor a la mujer que hasta el final dio voz a los más vulnerables y de aquella activista que cuestionó a quienes ejercieron el poder.

 

La familia de Digna tiene la certeza de que la asesinaron y, con esa seguridad sigue esperando, aguarda reivindicación, congruencia y justicia.

http://www.proceso.com.mx/?p=285110

Hablen bien de Veracruz, pide Duarte a los medios de comunicación

Javier Duarte, gobernador de Veracruz.
Foto: Germán Canseco

XALAPA, Ver. (apro).- El gobernador Javier Duarte pidió a los medios de comunicación hacer a un lado la “nota roja” y privilegiar la difusión de noticias que mejoren la imagen de la entidad, como la generación de empleos y el incremento de las inversiones.

“Veracruz no sólo es nota roja”, dijo.

Según el mandatario, los periodistas se dedican más a difundir las malas noticias –“las malas noticias son buenas noticias”, dijo–, no obstante que, aclaró, en estos momentos hay inversiones, crecimiento económico y el desarrollo social está caminando en el estado.

 

Luego de sostener una reunión con integrantes de la Asociación de Industriales de Veracruz (AIEVAC), Duarte aseguró desconocer si en el ámbito nacional hay una campaña negra contra la entidad debido a que el tema de la seguridad pública ocupa las primeras planas de medios nacionales.

 

Por lo que, sugirió a los reporteros, como veracruzanos, “hablar de las bondades del estado y no sólo de las notas rojas”.

Veracruz, apuntó, “no sólo es la nota roja, yo sé que para ustedes (los periodistas) las malas noticias son buenas noticias. Pero también hay buenas noticias y quiero decirles que hay notas importantes (como) las inversiones, el crecimiento económico, la generación de empleos y la infraestructura que se viene haciendo”.

 

Con ello, insistió, a los medios de comunicación locales, “defender a Veracruz, pues aquí vivimos, de aquí somos, de aquí son nuestras familias, aquí estamos. Por eso, ustedes, como medios de comunicación, defiendan el lugar de donde somos, hablen bien de Veracruz, de lo que verdaderamente está ocurriendo”.

 

Debido a que los hechos de violencia registrados en los últimos meses en la entidad, sobre todo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río ha ocupado espacios importantes en medios de comunicación tanto nacionales como del extranjero, Duarte insistió a los reporteros locales “hacer su parte y hablar bien de Veracruz”.

 

No obstante Duarte aseguró desconocer si, en este caso, “hay una campaña negra” en contra del gobierno estatal o un algún trasfondo político” (por dichas publicaciones). Lo que sí sé es la imagen que está queriéndose dar de nosotros”.

http://www.proceso.com.mx/?p=285126

NOTIMEX

(*) Ponemos a su disposición la opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva

México. D. F., a 17 de octubre de 2011

La semana pasada la Presidencia de la República informó del nombramiento de Héctor Villarreal como nuevo Director General de Notimex, después de un impasse por la salida del periodista Sergio Uzeta. Esta decisión presidencial no debe pasar inadvertida. Veamos por qué.

Primero. Notimex es el único medio público en el país que tiene carta de naturalización jurídica. Pasó de ser una agencia de noticias del Gobierno Federal a una del Estado; es decir, de la sociedad civil y de la sociedad política, como un instrumento para optimizar el derecho a saber de las personas, dotada de autonomía legal, de mecanismos de representación ciudadana, de defensoría de la audiencia. Incluso de garantías normativas para el ejercicio periodístico como la denominada cláusula de conciencia, que significa que el periodista puede negarse motivadamente a cumplir una orden de trabajo si es contraria a la ética periodística.

Todo lo anterior está detallado en la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. En efecto, el artículo 6 de la citada ley es ambicioso en los principios que debe atender la agencia: “Toda información que genere o transmita la agencia por cualquier medio de comunicación, deberá realizarse con absoluta independencia editorial frente a cualquiera de los poderes de la Unión o de las entidades federativas, y bajo los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad. Los servidores públicos de la agencia deberán observar estos principios en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”.

Segundo. Notimex es ahora una fuente de información mejor atendida en las regiones del país que en la capital. Ello se explica porque una gran parte de los medios locales carece de corresponsalías en la ciudad de México y el costo de suscripción a una agencia privada es sensiblemente mayor que el ofrecido por la estatal. Este supuesto permite afirmar que la agencia incide, en mayor o menor medida, en lo que una parte de la sociedad lee, escucha o ve. Notimex contribuye a definir la agenda pública al decidir qué es noticia y qué no lo es. Qué información debe contar con mayor jerarquía o despliegue que otra.

Esto lo hacen, por supuesto, los demás medios en proporción a su capacidad de distribución informativa. El problema es que Notimex vive con cargo al erario. La agencia la pagamos usted y yo. Por esta razón es de interés público que esa empresa funcione de la mejor manera. El diseño institucional de Notimex estuvo pensado para que eso suceda. Se sabe, sin embargo, que siempre hay una distancia entre lo que se diseña y lo que al final se genera. Lo cierto es que no se cuenta con herramientas para verificar que la información generada tenga “absoluta independencia editorial” y sea “imparcial”, así como “objetiva”. No se tienen los instrumentos para medir el grado de cumplimiento de esos fines. Se vuelve en la práctica un acto de fe cuando debiese ser lo contrario.

Tercero. Es evidente que el Director General de Notimex no decide en solitario la línea editorial. Sí interviene en forma decisiva qué ruta se sigue. Más todavía si no tiene contrapesos internos por buenas o malas razones. El Presidente Calderón ha nombrado a Héctor Villarreal, a quien conozco personalmente y tengo una buena impresión de él. Más aún, lo considero una persona inteligente y esforzada. Así también estoy convencido de su compromiso político con el Partido Acción Nacional, en el que milita y hace poco era su vocero, así como con Calderón donde servía hasta hace unos días como subsecretario de Normatividad de Medios.

Dice el refrán que no basta ser, sino parecer. Aquí no se es y peor todavía, ni siquiera se parece. Ser Director General de Notimex impone un compromiso a la independencia y el reconocimiento de la comunidad por poseer una neutralidad razonable. En esta decisión presidencial hay claramente un conflicto de interés, exacerbado por el proceso electoral de 2012, que hace más visible esta circunstancia. El presidente Calderón ha ejercido, con cuestionamientos, sus atribuciones al designarlo como director de Notimex.

El Senado debe hacer lo propio y considerar “objetar dicho nombramiento por mayoría” o dejarlo pasar sin hacer mutis, pues “la instancia legislativa (tiene) treinta días para resolver; vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento del Ejecutivo Federal”, según refiere el artículo 16 de la ley en cuestión. Habrá que ver qué predomina: si el interés de la sociedad o la ventaja política personal o de grupo, aunque ello implique lesionar el débil tejido institucional. Se podría pasar de agencia de Estado en la ley, a vocera de gobierno en los hechos. El Senado tiene la palabra.

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