La gigante petrolera estatal mexicana Pemex pagó nueve millones de
dólares en el 2011 por remolcar una plataforma petrolera desde Emiratos Árabes
Unidos hasta el Golfo de México. Cuando auditores del Gobierno revisaron el
contrato, se percataron de algunos problemas.
La plataforma tenía el equipo equivocado para el contrato, de
acuerdo con un reporte de una auditoría del Congreso. Y el traslado en sí era
una ficción: la plataforma no necesitaba ser movida porque ya estaba en el
Golfo de México.
Los auditores alertaron a Pemex en febrero del 2013 y le
urgieron sancionar a los empleados que manejaron el contrato pero la compañía
no hizo nada. Alrededor de un año después, una explosión en la plataforma
provocó la muerte de dos trabajadores. Las causas de la explosión siguen bajo
investigación por parte de la empresa.
Lo ocurrido con este contrato, de acuerdo a lo encontrado en una
revisión de Reuters, es la típica forma en la que Pemex responde a los indicios
de fraude en su amplio presupuesto de contratación: haciendo la vista gorda.
Reuters identificó más de 100 contratos firmados entre el 2003 y
el 2012 por un valor de 11,700 millones de dólares sobre los que la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados hizo señalamientos después
de detectar irregularidades.
Estas van desde sobre cotizaciones de trabajos de mala calidad
que no cumplieron especificaciones hasta el fraude descarado. Los contratos
cuestionados abarcan alrededor del ocho por ciento de los 149,000 millones de
dólares en contratos de Pemex registrados en la base de datos federal en ese
periodo.
Pemex casi siempre desestima esas advertencias. Del 2008 al
2012, el año más reciente para los que hay datos disponibles, los auditores del
Congreso emitieron 274 recomendaciones para que la empresa estatal tomara
medidas sobre las irregularidades en los contratos, como presentar una
denuncia, medidas disciplinarias o tratar de recuperar parte del dinero.
Pemex respondió a 268 de los casos, pero en sólo tres de ellos
tomó medidas, como suspender a un puñado de empleados. Los órganos internos de
control de Pemex desecharon 157 de los casos y hasta el mes pasado, 108 casos
estaban sin resolver.
"En México no castigan a nadie", dijo Arturo González
de Aragón, un ex jefe de la ASF. "Como no castigamos a nadie, la impunidad
se convierte en el incentivo perverso de la corrupción", destacó.
Pemex recibe una segunda supervisión, pero también este sistema
falla. La Secretaría de la Función Pública (SFP), organismo del Poder Ejecutivo
que vigila el fraude en el Gobierno, supervisa a los órganos internos de
control en Pemex.
Entre los contratistas que burlaron esta red de seguridad está
Francisco "Pancho" Colorado, presunto colaborador de los Zetas, uno
de los cárteles de la droga más sanguinarios de México.
Su compañía recibió decenas de millones de dólares de Pemex aún
después de que la SFP buscó inhabilitarla por supuesto fraude. Posteriormente,
Colorado fue condenado por una corte federal de Estados Unidos bajo cargos de
lavado de dinero para los Zetas, un caso actualmente bajo apelación.
El no responder a las señales de que existe un fraude, dijo
González de Aragón y otras fuentes familiarizadas con Pemex, es sintomático de
la falta de supervisión en el gigante petrolero.
Los auditores de la ASF dicen no tener autoridad para imponer
multas o abrir procesos penales. Ellos sólo pueden pasar sus recomendaciones a
fiscales o a los órganos internos de control de Pemex.
INVESTIGADORES
REACIOS
Los investigadores del órgano interno de control de Pemex, sin
embargo, son reacios a perseguir casos contra funcionarios que se supone deben
regular. Los investigadores internos son técnicamente independientes de Pemex,
como empleados de una agencia federal separada.
Pero en la práctica los agentes federales -principalmente
abogados y contadores- son parte de Pemex, que paga sus sueldos y alberga las
oficinas en las que trabajan.
Pemex declinó comentar sobre casos específicos descritos en este
artículo, pero su director de Procura y Abastecimiento, Arturo Henríquez, dijo
que la empresa sabe que ha padecido fraudes y despilfarro "en el
pasado".
Los cambios que reducirán las posibilidades de abuso están en
marcha, aseguró. Pemex está creando una unidad de contratación centralizada que
hará que sea más difícil para los empleados de la empresa favorecer ciertos
negocios, dijo.
"Lo que estamos haciendo es (...) mitigar malas prácticas a
través de un proceso homologado, centralizado, con sus debidos controles
internos", dijo el funcionario.
El fraude y el despilfarro en Pemex son críticos debido al papel
que tiene la empresa en la economía mexicana. Los impuestos y derechos que paga
Pemex financian alrededor del 30 por ciento del presupuesto federal.
El abuso en los contratos en el gigante petrolero tienen directa
incidencia en el margen de maniobra que tiene el Gobierno para financiar desde
servicios de salud hasta la construcción de caminos.
Los problemas de Pemex para fiscalizarse a sí mismo tienen
además importancia internacional. La producción de petróleo de México está
cayendo y en un esfuerzo por revertir esto el país está a punto de abrir sus
reservas de petróleo a extranjeros.
Nuevas leyes obligarán a Pemex a competir por superficie para
perforar y producir crudo y gas por primera vez desde la nacionalización de la
industria petrolera en 1938. Pemex, sin embargo, seguirá siendo responsable de
la asignación de miles de millones de dólares en contratos de servicios.
Citigroup dijo en febrero del año pasado que fue defraudado por
más de 400 millones de dólares por un importante contratista de Pemex que
utilizó facturas falsas de la petrolera para garantizar créditos del banco.
Durante años, auditores del Congreso emitieron múltiples
advertencias sobre el contratista Oceanografía, pero Pemex siguió haciendo
negocios con la firma.
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha dicho que planea
reemplazar a la SFP con un organismo anticorrupción independiente pero a dos
años de haber iniciado su Gobierno la iniciativa está estancada en el Congreso,
donde legisladores están divididos sobre el plan.
La iniciativa anticorrupción forma parte de una serie de
reformas que Peña Nieto anunció cuando tomó el poder en diciembre del 2012. La
iniciativa más ambiciosa era la del sector energético y Pemex, pero el desplome
de los precios del petróleo y una serie de crisis políticas internas han
complicado la agenda.
Más recientemente, Peña Nieto, su esposa y el secretario de
Finanzas, Luis Videgaray, quedaron bajo el escrutinio público después de que
salió a la luz que habían comprado o usado casas de un contratista del Gobierno
que formaba parte del consorcio ganador de un proyecto multimillonario para la
construcción de un tren rápido de pasajeros.
Salvador Vega, un senador de oposición y ex jefe de la SFP, dijo
que los investigadores federales dentro de Pemex han disciplinado a miles de
empleados y algunos contratistas basados en sus propias investigaciones,
independientes de la ASF.
Investigadores del órgano interno de control de Pemex, sin
embargo, critican a los auditores del Congreso, diciendo que carecen de la
preparación técnica para entender los contratos petroleros.
José Muñoz, presidente de la comisión de vigilancia de la ASF,
dijo que las auditorías del Congreso son sólidas, escritas con la ayuda de
técnicos expertos externos.
Los órganos internos de control en Pemex descartan o hacen a un
lado las recomendaciones de la ASF del Congreso, señaló, porque los
investigadores internos están muy cerca de los empleados de Pemex a los que
deben examinar.
Un portavoz de la ASF dijo que la oficina apoya la idea del
presidente de establecer un organismo regulador independiente en lugar de la
SFP.
ÓRDENES SUPERIORES
Un contrato con la firma Unigel Química ilustra este aspecto.
La empresa, una subsidiaria de la productora química brasileña
Unigel, recibió un lucrativo contrato de una unidad de la petrolera mexicana
Pemex Petroquímica por la cual ésta le vendió a Unigel un químico llamado
acrilonitrilo, con un gran descuento desde el 2009 al 2011, de acuerdo con un
reporte de la SFP. El químico se utiliza en la fabricación de plásticos.
No está claro por qué Pemex le vendió a ese material tan barato,
porque eso le produjo pérdidas por 24.2 millones de dólares en ese periodo,
según el reporte. Unigel ganó por encima de los 30 millones de dólares en el
acuerdo.
Los dos ejecutivos de Pemex que autorizaron la parte
problemática del contrato, Lorenzo Aldeco y Manuel Sánchez, lo hicieron sin
pedir autorización del departamento legal o de sus gerentes en Pemex,
saltándose controles de rutina, según el reporte de la SFP.
Aldeco dejó Pemex más tarde y se convirtió en ejecutivo de Unigel,
mientras que Sánchez actualmente dirige Pemex Petroquímica.
Los investigadores del órgano interno de control recomendaron
que la división petroquímica de la petrolera renegociara una parte del
contrato. En una auditoría separada emitida el año pasado, auditores del
Congreso le pidieron a Pemex sancionar a los empleados que supervisaron el
contrato.
En lugar de ello Daniel Ramírez, el entonces jefe del órgano
interno de control en Pemex, envió un oficio a sus colegas en el órgano de
control en Pemex Petroquímica, instruyéndolos a resolver los problemas con
Unigel, de acuerdo con una copia del documento vista por Reuters.
"Se recomienda coadyuvar con la dirección general de Pemex
Petroquímica en la atención y solventación de estos PRAS (promoción de responsabilidad
administrativa sancionatoria) y PO (pliego de observaciones), con el objeto de
evitar que estos asuntos se conviertan en definitivos", reza el texto.
Sánchez dijo en la entrevista que no había nada inusual en la
carta. El actual jefe de Pemex Petroquímica dijo en una entrevista que aprobó
una estimación de la inversión planeada por Unigel en la negociación que no
requería revisión legal.
El precio del contrato no fue renegociado a pesar del reporte de
la SFP, dijo. Al preguntársele por qué, comparó la relación con un
"matrimonio". "No todo es perfecto, perfecto, perfecto (...) nos
dimos cuenta que hay cosas que mejorar".
Ramírez fue nombrado el mes pasado a la posición recién creada
de auditor general de Pemex. El ejecutivo no respondió a las solicitudes de
comentario sobre el caso Unigel. La oficina de prensa de Pemex declinó
comentar.
Según investigadores internos de Pemex, la pesquisa acerca del
contrato con Unigel continúa.
Aldeco salió hace unos seis años de Pemex y ahora es el director
de la unidad mexicana de Unigel. El ex funcionario declinó comentar sobre el
contrato, excepto para decir que la planta relacionada con el contrato no puede
operar sin Unigel.
Alegó que su actual empleo en la empresa no representa un
conflicto de intereses y que no tenía idea de que algún día trabajaría para
Unigel cuando ésta ganó el contrato en el 2007. Él dejó Pemex en el 2008 y se
unió a Unigel en el 2012.
José Francisco Rivera es un ex investigador senior del órgano
interno de control que examinó el caso de Unigel. Comentó que otras agencias
federales hubiesen actuado si la ASF hubiese encontrado problemas mayores con
un contrato.
"Desde que yo estoy en la administración pública (...) a
partir del año 2004, pues los PRAS siempre llegaron a una conclusión, siempre
se concretó todo el procedimiento que normalmente termina con la imposición de
una sanción a un servidor público", dijo. Pero eso fue "hasta que
llegué a Pemex Petroquímica", añadió.
La petrolera estatal actúa ocasionalmente. En el 2012, la ASF
dictaminó que Gutsa, una constructora mexicana, no cumplió un contrato por 30
millones de dólares con Pemex para construir un monumento por los 200 años de
la independencia mexicana. La firma no terminó la obra a tiempo para el
aniversario y sus costos se dispararon por arriba de 90 millones de dólares.
Esa investigación culminó con tres empleados de Pemex despedidos
por la SFP.
Pero ese mismo caso ocurrió tras un error de supervisión, dado
que Gutsa ganó el contrato para el monumento pese a haber sido inhabilitada
para trabajar en obras públicas en el 2007, luego de que dejó sin terminar un
proyecto de carreteras. La firma ganó el contrato mientras apelaba esa
prohibición.
Reuters descubrió que las investigaciones terminadas por los
órganos internos de control de Pemex raramente conducen a acciones concretas.
Las 160 pesquisas completadas no arrojaron ninguna penalidad para contratistas.
Tres de los casos condujeron a suspensiones para empleados de Pemex, de entre
cinco días a seis meses.
LOS
CONTRATOS DE PANCHO
Incluso cuando la SFP sanciona a un contratista, las empresas
aprovechan resquicios legales para seguir ganando contratos.
Reuters descubrió que desde diciembre del 2006 hasta septiembre
del 2013, cerca de 40 empresas ganaron alrededor de 88.1 millones de dólares en
contratos con Pemex luego de que un órgano interno de control en la firma
estatal las había vetado.
Vega, el ex jefe de la SFP, dijo que le sorprendían los números.
Pese a que los contratos no fueron técnicamente ilegales, Pemex no debería
otorgar contratos a empresas que han sido inhabilitadas por la SFP.
"Esto es algo que debe ser revisado a fondo", afirmó.
Entre esas empresas está ADT Petroservicios, propiedad de
Francisco "Pancho" Colorado.
Investigadores de la SFP vetaron a ADT de participar por
contratos en el 2009, tras su participación en un presunto fraude
multimillonario relacionado con la limpieza de un derrame de petróleo.
Reuters solicitó documentos detallando los alegatos en contra de
ADT bajo la legislación de acceso a la información mexicana, pero la secretaría
declinó divulgarlos alegando la existencia de un caso legal en marcha.
Una prohibición de contratar de Pemex normalmente tiene efecto
pocos días después de la decisión, pero ADT logró posponerla por años
apelándola ante las cortes.
Como resultado, ADT ganó más de 35 millones de dólares en
contratos adicionales luego del anuncio de la inhabilitación. Pemex no explicó
por qué optó por conceder nuevos contratos a ADT durante el periodo de
apelaciones.
Colorado halló otras formas de evadir el veto. Creó otra
empresa, MTTM Servicios Petroleros, para esquivar la prohibición contra ADT,
dijo a Reuters el agente especial del Servicio de Rentas Internas (IRS) de
Estados Unidos, Michael Fernald. Esa empresa ganó dos contratos con Pemex por
unos 23 millones de dólares en abril y julio del 2011.
Las negociaciones que ganó ADT en el interin incluyeron un
contrato para un puente, una carretera y trabajos de pozos petroleros por 9.7
millones de dólares en agosto del 2011. Ese contrato fue otorgado una semana
después de que un tribunal mexicano desechara la apelación de la firma y dos
días antes de que Pemex finalmente pusiera en vigencia la prohibición. El
contrato se extendió hasta el 2013.
En marzo del 2012, Pemex depositó un pago por 4.6 millones de
dólares a cuentas bancarias de Colorado, de acuerdo con agentes del IRS. Esa
transacción ocurrió justo un día después de que policías federales mexicanos se
enfrentaran a tiros con sicarios de los Zetas en un rancho de Colorado en
Veracruz, mientras perseguían a un líder del cártel.
Colorado no estaba presente en ese momento.
En mayo, Colorado fue acusado de lavar dinero para los Zetas en
una corte de Austin, Texas. El departamento del Tesoro de Estados Unidos
designó a ADT como un frente de ese cártel del narcotráfico, y la fiscalía
acusó a Colorado de lavar 10 millones de dólares para miembros de los Zetas en
Estados Unidos, a través de la compra de caballos de carreras.
Entre la implementación de la inhabilitación de ADT en agosto
del 2011 y la acusación de Colorado en el mayo siguiente, Pemex depositó nueve
millones de dólares en las cuentas bancarias de Colorado, según investigadores
del IRS.
No está claro por qué los ejecutivos de Pemex seguían tan
interesados en hacer negocios con Colorado.
Durante su juicio, un testigo dijo que en febrero del 2012
asistió a una reunión en una oficina de Pemex entre Colorado y un alto
ejecutivo de la petrolera. Allí se discutió cómo Colorado podría pagarle cinco
millones de dólares al ejecutivo, según el testigo, quien no dijo para qué era
el dinero ni si el pago ocurrió efectivamente.
Pemex declinó comentar sobre el caso.
Colorado fue condenado en el 2013 a 20 años de prisión. Chris
Flood, un abogado del empresario, dijo que su cliente niega las acusaciones y está
apelando la condena. Sus abogados han dicho que él no estaba asociado con los
Zetas y que pagó los caballos con ingresos legítimos de su negocio ADT con
Pemex.
Muchos de los testigos clave eran delincuentes que acordaron
testificar a cambio de acuerdos con las autoridades estadounidenses, dijo
Flood, quien declinó comentar sobre los contratos de Colorado con Pemex.
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