Investigación es más mediática q’ judicial
Se
resiste PGJDF a
investigar a funcionarios deVeracruz por caso Narvarte
ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Aunque ha difundido que mantiene abiertas
diversas líneas de investigación, la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (PGJDF) se resiste a indagar la posible responsabilidad del
gobierno del estado de Veracruz, encabezado por Javier
Duarte, en el asesinato del reportero gráfico Rubén
Espinosa Becerril, y el feminicidio de la activista Nadia Vera Pérez.
Así lo
consideraron Pilar Tavera, directora del
Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, y Karla
Micheel Salas, representante legal de la familia de Nadia
Vera, al evidenciar que la PGJDF lleva a cabo una investigación
“mediática” y no judicial, y plagada de inconsistencias, pues pretende asegurar
que el móvil de los crímenes es el robo y no la actividad política y de defensa
de los derechos humanos (DH), que
realizaban NadiayRubén.
El jueves pasado, la PGJDF informó que se había acusado
formalmente de los delitos de feminicidio, homicidio y robo agravado en
pandilla a Daniel
Pacheco Gutiérrez, como uno de los tres sujetos implicados en la
ejecución deNadia y Rubén, así como de Yessenia
Quiroz Alfaro, Alejandra Negrete Avilés y Mile Virginia Martín, delitos
cometidos en la colonia Narvarte en esta capital.
Según la declaración del
imputado, él acudió al lugar de los hechos invitado por un amigo suyo, quien
supuestamente conocía a Mile
Virginia, y que había planeado un robo luego de que la mujer de
origen colombiano le asegurara que ella tenía “mucho dinero”.
En entrevista con estas
agencias, Karla Micheel Salas Ramírez, presidenta de la
Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD)
y abogada coadyuvante del caso, advirtió que esto podría implicar que la
Procuraduría busque “dar carpetazo” a la investigación al sostener que el móvil
del multihomicidio fue “un robo”.
Luego denunció que la PGJDF que encabeza Rodolfo
Ríos Garza no realiza una
investigación exhaustiva que considere las agresiones, amenazas e
intimidaciones de las que fueron víctimas Nadia y Rubén, y que les obligaron a huir
de Veracruz y autoexiliarse en el Distrito Federal.
Al mismo tiempo, Salas
Ramírez denunció que la
indagación no se realiza con “transparencia”, pues hasta el momento la
coadyuvancia no ha tenido acceso total al expediente.
“Sesgo
e inconsistencias”
También observó que
desde el inicio de las pesquisas existió un “sesgo”, ya que pese a toda la
información en redes sociales sobre el trabajo y activismo de Rubén y Nadia, la PGJDF nose había allegado de tales datos.
Salas apuntó que
la única acción que ha realizado la Procuraduría capitalina es mandar oficios a
dependencias veracruzanas para que le brinden información, pero “lo que hemos
pedido es que se llamara a declarar a funcionarios, por ejemplo, al secretario
de Seguridad Pública (del estado), ya que la dependencia ha sido identificada
como una de las que participó en las agresiones contra Nadia y Rubén”, resaltó.
Una de
las agresiones que obligaron a Nadia Vera a salir de Veracruz fue
cometida –según las declaraciones que la abogada pudo conocer de parte del
hermano de la activista– por la policía estatal, que en 2013 detuvo a la joven
y la subió a una patrulla en la que recorrieron varias calles de Xalapa,
capital del estado, como una forma de hostigamiento.
Fue hasta este miércoles
5, luego de que la abogada solicitó a la PGJDF retomara testimonios y videos con
declaraciones de periodistas y activistas que conocían la labor y antecedentes
de ambos jóvenes, que la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 se nutrió
de testimonios de personas (de quienes se reserva su nombre por razones de
seguridad) que han acudido a declarar ante la Fiscalía de Homicidios.
A partir de los
testimonios aportados –aseguró Salas– se sabe que Milé no vivía en el departamento:
“Nos parece alarmante que esto aún no se haya aclarado en los medios, y que se
pretenda vincular los hechos únicamente a esta víctima”.
Nadia
Vera, activista originaria de Chiapas, vivía en
un departamento de la calle de Luz Saviñón con otras dos mujeres; una de ellas Yesenia
Quiroz y otra joven
sobreviviente, quien reportó el hallazgo de los cuerpos.
Aunque consideró que
habrá mayor precisión del caso hasta que se acceda completamente al expediente, Karla
Micheel Salas indicó que
el acta de defunción señala que la hora de la muerte de Nadia fue a las nueve de la noche, lo que
contrasta con la hora que señala laPGJDF,
cuando asegura que los hechos ocurrieron a las dos de la tarde.
“Resulta
evidente que se ha dado acceso al expediente a los medios de comunicación –y no
a las víctimas– para ir presentando una sola línea de investigación y
establecer el robo como móvil de las ejecuciones”, sostuvo la defensora.
El caso Digna Ochoa
Enseguida
advirtió que la indagación hasta el momento ha sido “parcial” y no se ha
querido profundizar si el gobierno de Veracruz tuvo que ver en los hechos.
También recordó que no
es el primer caso de ataque a una persona defensora de DH que noes investigado con diligencia, y
mencionó el caso de Digna Ochoa, abogada y defensora
ultimada en octubre de 2001 en esta capital y cuyo caso fue cerrado por la PGJDF al mando entonces de Miguel
Ángel Mancera, hoy jefe de gobierno capitalino, al concluir que Digna“se suicidó de tres
disparos”.
De acuerdo con la
litigante, la “conclusión insostenible” de la Procuraduría fue para
noinvestigar la posible participación del Ejército en la presunta ejecución de Ochoa.
“Siempre
ha habido una resistencia a investigar la participación de agentes del Estado
en estos crímenes; no dudo que esta vez las autoridades no quieran investigar a
las autoridades veracruzanas”, observó.
En ello coincidió Pilar
Tavera, directora de Propuesta Cívica –organización que desde un
principio pidió investigar adecuadamente los hechos y retomar el contexto de
represión a la libertad de expresión en Veracruz–, al considerar que “no
sabemos si se está investigando para hacer justicia o para proyectar una imagen
de eficiencia”.
Tavera añadió que las inconsistencias en las pesquisas revelan por un
lado la “resistencia política” de una Procuraduría para “inmiscuirse” en
asuntos relacionados con otra administración local, y la incapacidad técnica de
las autoridades capitalinas para indagar adecuadamente delitos vinculados
contra la libertad de expresión.
Además,
criticó la falta de seriedad de la Procuraduría capitalina para llevar a cabo
las indagaciones y no informar adecuadamente a las familias de las víctimas:
“La
investigación es más mediática que judicial; muchos de los detalles que hemos
conocido de las identidades de las víctimas se han sabido primero a través de
los medios de comunicación y posteriormente por la PGJDF”, deploró.
Luego apuntó que la
agresión contra Nadia Vera no es un caso aislado y que es
indispensable que se conozca la verdad de los hechos, pues de no ser así “se
estaría dando la lección de impunidad más grande de estos tiempos; ahora el
agresor sabría que el costo de perseguir activistas y periodistas es nulo”,
alertó.
En tanto, el Centro de
Apoyo para Empleadas del Hogar (CACEH)
emitió un pronunciamiento para reprochar que la sucesión de hechos y la
cobertura mediática del caso han ‘invisibilizado’ a Alejandra
Negrete, trabajadora del hogar de 40 años de edad también asesinada, por
lo que demandó que este feminicidio sea investigado en igualdad de condiciones,
y sin obviar el contexto de exilio que vivían Nadia y Rubén ante el clima de hostigamiento que se
vive enVeracruz.
Incluso, la ONG demandó que la familia de la empleada
sea indemnizada.
Por su parte, activistas
y abogados presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) para que indague las graves
violaciones humanitarias cometidas en el caso, y pida a la PGR que atraiga la investigación.
