El día de hoy 29 de noviembre Rubén Espinosa cumpliría 32 años
Durante la reinauguración de la Línea12 a cargo del
Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, fotoperiodistas
protestaron en el templete con imágenes de las víctimas del caso Narvarte.
El día de hoy 29 de noviembre, Rubén Espinosa, cumpliría 32
años. En redes sociales, compañeros del periodista recordaron y se sumaron a la
exigencia por #JusticiaParaRubén, #JusticiaParaLos5.
Después de 4 meses de los asesinatos
cometidos en la colonia Narvarte, el Gobierno de la Ciudad de México no
ha podido resolver e impartir justicia.
Tras la desaparición del ingeniero Francisco Herrera Rivera, un último rastreo por GPS reveló que su teléfono estuvo en el 15 Batallón de Infantería. La familia denuncia que la propia Sedena y el Ejército en la zona ocultan información así como los videos del C4 que captan el momento de su captura.
NOVIEMBRE 25, 2015Paris Martínez (@paris_martinez)
El 7 de febrero de 2015, el ingeniero Francisco Herrera Rivera salía de un cajero automático en Tampico, Tamaulipas, cuando fue interceptado por una patrulla militarque, sin más, le requirió su credencial de elector, alegando una revisión de rutina. Los militares, narró el ingeniero a sus hermanos algunos días después, le tomaron una foto a su credencial y luego lo dejaron partir. “No lo vio como algo grave, incluso, bromeó al respecto”.
Pero diecisiete días después, el 24 de febrero, a las 7:15 horas, Francisco fue raptado al de salir de su casa.
Una cámara del C4 de Tampico registró el secuestro. “Cuando se lo llevan, la cámara los sigue, lo que demuestra que alguien estaba controlándola, viendo lo que sucedía”, narra Víctor Herrera, su hermano, “pero no dieron aviso a nadie”.
Aunque el ingeniero vivía solo, su familia pudo identificar su ausencia el mismo 24 de febrero, debido a que antes de llegar al trabajo, Francisco solía estacionar su camioneta en casa de su mamá, ubicada a poca distancia de su centro laboral. Al no hacerlo, y luego de que pasaron varias horas sin que lograran contactarlo, se convencieron de que algo le había sucedido.
Decidieron entonces rastrear su teléfono a través de un servicio personal de GPS, el cual ubicó el aparato dentro de un cuartel militar, el del 15 Batallón de Infantería, en la misma ciudad de Tampico.
Según este reporte, ese era el punto en el que se encontraba el teléfono la última vez que fue activado, siendo las 9:38 horas del 24 de febrero, es decir, dos horas y 23 minutos después de que el secuestro de Francisco fuera captado por las cámaras de seguridad pública.
Desde entonces, han pasado nueve meses, y nada ha vuelto a saberse de él.
El Ejército
“Mi hermano Paco acababa de cumplir 39 años cuando se lo llevaron –narra Víctor–, vivía separado de su esposa desde hacía unos meses, y estaba pagando su casa, por lo que vivía con un promedio de 6 mil pesos al mes, no era una persona adinerada. Aún así, nos pareció extraño que nadie llamara para pedir rescate, porque creíamos que se trataba de un secuestro para sacar dinero, pero más extraña fue la forma en que han actuado las autoridades encargadas de buscarlo.”
Luego de que el GPS ubicara el teléfono de Francisco dentro del 15 Batallón de Infantería, sus hermanos acudieron a este cuartel militar, para pedir informes sobre su situación, y “ahí nos recibe un tal general Adame, quien descarta que ahí tengan a mi hermano, y nos pasa a buscarlo, supuestamente”, pero para ese momento ya habían pasado más de siete horas desde que el aparato había sido encendido y ubicado por el GPS dentro de esas instalaciones, así que “ya no encontramos nada”.
Después de una semana, en la que vieron a los funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas cruzarse de brazos ante su denuncia, los familiares del ingeniero Francisco Herrera fueron notificados informalmente de que en el C4 habían encontrado videos que registraban el momento en que fue detenido.
“En esa semana hablamos con toda la gente que pudimos, conocidos, amigos, allegados, y fue así que supimos que ahí estaban los videos. Le pedimos al agente del MP del estado que los solicitara, pero no lo hizo, así que fuimos nosotros directamente al C4, y ahí una encargada llamó a un muchacho, un analista, quien nos dijo que efectivamente habían encontrado videos del secuestro, pero que un día después de los hechos había estado ahí el Ejército revisándolos, que lo habían tenido ahí hasta las 12 de la noche revisando… ‘no se preocupen, ya va muy avanzada la investigación’, nos dijo el analista”.
Esos videos, destaca la familia del ingeniero, fueron revisados y seleccionados por el Ejército del C4 sin que contara con ninguna atribución para ello.
“La Sedena cuenta con material que no ha entregado, en sus reportes hablan de que en el secuestro participaron tres vehículos, sin embargo, en los videos que han entregado sólo se ven dos autos”.
Esto, destaca Víctor, es prueba de que existen tomas del C4 a las que el Ejército tuvo acceso, pero no la familia y el MP.
Ingeniero Francisco Herrera Rivera, raptado y desaparecido desde el 24 de febrero de 2015, en Tampico, Tamaulipas.Foto: Especial
“Cuando se llevaron a mi hermano –destaca Víctor–, los vehículos hacen un alto en una gasolinera, eso se ve en el video de C4. En esa gasolinera hay ocho cámaras de vigilancia, y cuando fuimos ahí para que nos facilitaran los videos, nos dijeron que antes ya los había pedido el Ejército y que ellos los tenían.”
La Secretaría de la Defensa Nacional retuvo este segundo paquete de videos durante dos meses, obstruyendo la investigación del Ministerio Público del fuero local, que no pudo conocer su contenido sino hasta mayo, debido a que fueron enviados a la sede central de la Sedena, en la Ciudad de México, hasta donde tuvo que viajar un agente del MP de Tamaulipas, para poder recuperarlos… dos meses después del secuestro.
Luego, las irregularidades en el actuar del Ejército continuaron.
“A finales de julio de 2015, o sea cuatro meses después de que se llevaron a mi hermano, hubo un enfrentamiento entre militares y criminales en el ejido Ruiz Cortines, municipio de González. Los criminales iban a bordo de la camioneta que se robaron cuando secuestraron a mi hermano. La camioneta quedó toda balaceada, y los tripulantes huyeron, dejando armas, equipo táctico y uniformes del Cártel del Golfo. La camioneta fue asegurada por el Ejército y puesta a disposición de la PGR, en donde para entonces ya habíamos también interpuesto una denuncia, y aún cuando la camioneta tenía reporte de robo, y de que estaba vinculada a la averiguación previa por la desaparición de mi hermano, ni el Ejército ni la PGR hicieron nada cuando la encontraron. Peor aún: tampoco dijeron nada.”
La familia del ingeniero Francisco Herrera supo que la camioneta había sido localizada hasta septiembre, es decir, dos meses después del hallazgo (y siete después del secuestro), gracias a que sus placas fueron captadas por una cámara de seguridad pública cuando el vehículo era transportada a instalaciones judiciales, a bordo de una grúa. Al tener reporte de robo, la cámara detectó en automático la placa y emitió una alerta.
“Si esa cámara del C4 no hubiera detectado la placa, la camioneta de mi hermano seguiría en un corralón de la PGR, perdida… De los tres vehículos que participaron en el secuestro, dos de ellos fueron luego recuperados, abandonados, pero cuando fueron recuperados y sometidos a análisis, estaban totalmente limpio: no había ni una huella, ni un cabello, nada. Parecía que la habían limpiado antes de entregarlos…”, se lamenta Víctor.
Para obtener la postura de la Secretaría de la Defensa Nacional en torno a esta denuncia,Animal Político solicitó formalmente una entrevista con un representante de la institución, sin obtener respuesta favorable.
El C4
Cuando la familia del ingeniero Francisco Herrera exigió al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Tampico (C4) que explicara en qué circunstancias había entregado los videos del secuestro a integrantes del Ejército, el titular de este organismo, Juan Luis Domínguez Vargas, optó por negar los hechos, y “cuando el agente del Ministerio Público intentó tomar declaración al analista que asistió a los soldados en la revisión del material, nos encontramos con que este muchacho se presentó acompañado por el equipo jurídico de su institución. Y el analista, ya en su declaración, se echó para atrás, negó que ahí hubieran estado militares, negó que les hubiera entregado videos, negó que hubiera hablado con nosotros… era indignante escucharlo, porque propiamente nos estaba acusando a nosotros de mentir.”
De hecho, a través del oficio C-4/330/2015, fechado el 19 de marzo de 2015, el titular del C4 de Tamaulipas notifica oficialmente a la Procuraduría del estado que “ninguna persona de Sedena se ha presentado en nuestras instalaciones solicitando información por la desaparición del C. Francisco Herrera Rivera”.
Lo anterior, sin embargo, quedó desmentido por la misma Sedena, que en el reporte “URGENTE. No. PTN.INFN.333”, del 26 de febrero de 2015 –elaborado por J.A. Adame Cabrera, comandante del 15 Batallón de Infantería de Tampico–, reconoce que “esta comandancia de unidad se coordinó con la C. Lic. Alejandra Garza Caballero, encargada del Centro de Monitoreo y Videovigilancia del C4-Tampico, Tamaulipas, con el fin de verificar la veracidad y obtener mayores datos sobre los hechos expuestos por familiares de la presunta víctima”.
En dicho reporte, el comandante del 15 Batallón asegura que personal militar “realizó una exhaustiva búsqueda en los registros de grabación con que cuentan en el citado centro de monitoreo”, lo que les permitió ubicar imágenes en las que se ve a dos vehículos siguiendo la camioneta del ingeniero.
Así, destaca Víctor, este reporte de la Sedena demuestra que los funcionarios del C4, desde el analista hasta su titular, pasando por su dirección jurídica, incurrieron en falsedad de declaraciones al rendir su testimonio ante el MP, “y ¿cuál era su objetivo al mentir? –se pregunta Víctor, y luego se responde–: Su objetivo fue ocultar las acciones del Ejército…”.
A pesar de que estas evidencias de falso testimonio han sido integradas a la averiguación previa iniciada a nivel estatal por la desaparición del ingeniero Francisco, ningún funcionario del C4 ha sido llamado a rendir cuentas.
La PGR
Según la descripción de los videos del C4 hecha por la misma Sedena, las personas interceptaron el vehículo de Francisco subieron a él, y luego todos se fueron en convoy, que pudo ser seguido por distintas calles de Tampico, hasta perderse.
A partir de esas imágenes, el comandante del 15 Batallón concluyó en su reporte que “por las acciones realizadas por las personas que viajaban en ellos (los autos que interceptaron a Francisco) es factible que el citado individuo forme parte de algún grupo de la organización delictiva Cártel del Golfo que opera en el área, y pudo haber sido objeto de una agresión por parte de integrantes de la misma organización”.
–¿Existe alguna denuncia, investigación o evidencia de que el ingeniero Francisco Herrera estaba involucrado en actividades criminales?
–Nadie, ni nosotros como familia, ni el Ministerio Público, ni el Ejército, tiene ningún indicio de que él hubiese participado en algún hecho delictivo. Ese reporte fue elaborado un día después de que secuestraron a mi hermano, es decir, no está sustentado en una investigación real. Es, más bien, como un intento de desviar la atención.
–¿Y tienen alguna hipótesis sobre lo que le sucedió a su hermano?
–No sabemos quiénes o por qué se lo llevaran, pero todas las evidencias indican de una u otra forma al Ejército. Es muy raro que ninguna autoridad quiere hacer nada: en marzo, un mes después de que se llevaron a Paco, acudimos a la PGR, en la Ciudad de México, y supuestamente iniciaron una averiguación previa, pero en septiembre, cuando volvimos a revisar el expediente, nos dimos cuenta de que no habían hecho nada, absolutamente nada.
Dos semanas después del secuestro, cuatro sujetos fueron detenidos por el Ejército, por portación de armas de fuego, y resultó que iban a bordo de uno de los autos usados en el rapto, los cuatro sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal (que pertenece a la PGR), y cuatro días después fueron puestos en libertad. Jamás les preguntaron por mi hermano, qué le habían hecho, por qué tenían uno de los autos que participaron en el secuestro, nada. Sólo los dejaron ir.
“Todo es muy raro”
La identidad y las fichas delictivas de estos cuatro sujetos temporalmente detenidos no ha podido ser conocida por la familia de Francisco, hasta la fecha, “y, por lo tanto, no hemos podido contrastar esos rostros con las personas que se ve en los videos, y ese es el problema –destaca el hermano del ingeniero–: que 95% de los avances en la investigación han sido aportados por nosotros, como familia, son datos recabados por nosotros, derivados de nuestras observaciones, nosotros somos los que hemos hecho el trabajo de campo, porque ni la Procurduría estatal, ni la PGR, han hecho nada, el expediente tiene unas 3 mil hojas, pero ningún resultado…”.
Tamaulipas es el estado con mayor número de personas desaparecidas, a nivel nacional, con 5 mil 519 víctimas, acumuladas del año 2000 a la fecha, según las estadísticas oficiales en la materia, de ellas, 410 fueron raptadas en la ciudad de Tampico.
El titular de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de Veracruz, Alfredo Ferrari Saavedra
en su comparecencia reconoció el adeudo que su dependencia mantiene es de 76
millones de pesos. El secretario de Turismo, Cultura y Cinematografía, Harry
Grappa Guzmán en su intervención ante el Congreso del estado de Veracruz, pues
relativamente tampoco proporcionó ningún dato importante. Sus alegorías emblemáticas
teñidas de supuestas modernidad –que no existen- de prosperidad –que tampoco se
ha manifestado en la administración de Duarte- contrastan con un turismo
realmente mal atendido, en donde, hasta el visitante de “jícama y horchata” nos
han abandonado a causa de la terrible inseguridad que se vive en el estado.
El día de ayer en las redes sociales, leía el
comentario de una periodista local, la cual fue testigo de las vicisitudes que
atravesaron unas personas que visitaron turísticamente nuestro estado. Los
viajeros al pisar el municipio de Veracruz exteriorizaron su miedo por una mala
experiencia de las que fueron objeto. A causa de ello, algunos no sintieron
humor para “turistear” y regresaron a las habitaciones del hotel. Dijeron no
sentirse seguros ni en condiciones de soportar algún tipo de actividad
delictiva. Los más valientes, decidieron no encerrarse en sus habitaciones y se
pusieron a degustar un café en el restaurante del mismo establecimiento de
hospedaje.
Al preguntarle a la compañera periodista –quien
yacía en una mesa contigua- sobre que lugares les recomendaba para visitar, los
turistas ya en confianza, le confesaron que habían sido atracados en el camino.
Detallaron que una de las unidades de pasajeros en las que se transportaban,
había sido asaltada. Triste y crudo. Pero esos visitantes tenían la total y
absoluta razón de sentirse inseguras en el puerto.
Sensación que sufren los ciudadanos veracruzanos
todos días. Muchas personas advierten que rezan y se encomiendan a un Dios
supremo para que las proteja. No es raro escuchar a alguien que diga: “Ay mana,
pues yo me pongo en las manos de Dios y también pongo a mi familia (…) Sabemos
que salimos, pero no tenemos la seguridad de regresar a casa”.
¿Está es la prosperidad que tanto vitorea el
gobernador? ¿Ésta es la ‘prosperidad’ de Harry Grapa? Si revisamos las notas
informativas de los diferentes medios de comunicación y hacemos un análisis de
contenido; podemos advertir que, en la mayoría de periódicos, de trasmisiones
radiofónicas, televisoras y portales de noticias, hablan de personas
asesinadas, hablan de plantones y manifestaciones de diferentes sectores de la
población exigiendo al gobernador apoyos –como el que se realizó el día de ayer
en la Secretaría Finanzas y Planeación-, hablan de las muestras de defraudación
que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa ha cometido. Del peculado, del
tráfico de influencias, del excesivo uso del aparato de poder que este ejerce
para “intentar” amedrentar a la masas.
Una nota bastante relevante es el anuncio que hizo el
presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Fernando Ortiz González al
gobernador, quien le advierte que se le acabó crédito y le levantan la
‘charola’. También la denuncia de la empresa GB Plus Intermercado, el cual los
apoderados legales de dicha empresa, acusan directamente al gobierno de Duarte
de haber desviado las aportaciones de los trabajadores de la SEV y del sector
salud. Las exigencias de los ex trabajadores del Instituto de Pensiones del
Estado (IPE) quienes le exigen les paguen los 50 millones de pesos que les debe
a ese sector. Qué decir del plantón bastante representativo de Taxistas que
instalaron sus unidades en las inmediaciones del parque Zamora, exigiendo
quiten las foto multas del anticonstitucional Reglamento de Tránsito que el
diputado priísta, Adolfo Ramírez Arana cabildeó en el Congreso local para fuera
aprobado.
Un mundo informativo en contra de Javier Duarte de
Ochoa y su gabinete, donde lo exponen como el peor gobernador que haya podido
tener el estado de Veracruz. El cierre del análisis informativo, fue la misiva
que le envía una maestra veracruzana al ejecutivo estatal. Una misiva bastante
dura, contundente y en donde lo pone en su justa dimensión.
Un estado como todos sabemos en quiebra. Una entidad la cual
está atrapada entre dos delincuentes, uno con poder y el otro, protegido por el
mismo. Los delincuentes con poder, son quienes tienen a Veracruz sumido en las
peores crisis económicas, donde no existen oportunidades. Un estado en donde te
roba el gobierno, y donde también la sociedad veracruzana está sometida a la
delincuencia organizada que se encuentra en sus mejores facetas. Dónde el
secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita nada “de a muertito” y
en donde un Fiscal General del Estado, como Luis Ángel Bravo Contreras mantiene
activo el área o departamento de archivos muertos, donde almacena las denuncias
interpuestas en contra de funcionarios públicos.
Entrevista Carmen
Aristegui a Araceli Salcedo, madre de muchacha desaparecida y que increpó al
Gobernador de Veracruz en video viral, y a María Herrera Magdaleno, madre de 4
desaparecidos en Poza Rica.
La entrega de pantallas, un
programa clientelar que sirve de base al PRI para comprar votos. Gente de escasos recursos de Altotonga acudió a
recibir su televisión, en rebozos, morrales, costales, bolsas y en lo que se
pudiera se llevaron sus pantallas.
Por principio de cuentas, la justificada sospecha de que semejantes
regalos del gobierno federal a los sectores más desprotegidos de la población
podían tener una incidencia electoral favorable al PRI. En efecto, parece una
coincidencia extraña, por decir lo menos, que la administración pública
iniciara el obsequio de un electrodoméstico costoso y codiciado –empacado, por
añadidura, en una caja que ostenta la leyenda Mover a México– en vísperas
de un proceso comicial. A pesar de esos señalamientos, el INE optó por dar luz
verde a la distribución de los artefactos.
Adicionalmente, se criticó la frivolidad de dotar de televisores a
sectores con carencias básicas de salud, educación y alimentación, habida
cuenta de que los beneficiarios de tal acción no sólo son quienes reciben los
aparatos referidos, sino también los consorcios televisivos, para los cuales el
reparto masivo de pantallas constituye la garantía de conservar intactas sus
audiencias a pesar del cambio tecnológico inminente. En esa medida, los regalos
del gobierno federal constituyen una suerte de subsidio a las corporaciones que
dominan el mercado y el público de la televisión abierta en el país.
También ha resultado ofensiva la manera
en que el reparto se ha realizado: sometiendo a los solicitantes de un aparato
a largas filas y prolongadas esperas bajo el sol y la lluvia, lo que constituye
una actitud poco sensible, al menos, a la dignidad de los ciudadanos.
Por desgracia, los hechos parecen
confirmar el sesgo de clientelismo electorero del programa federal de las
pantallas planas. Pocos días después de las elecciones del mes antepasado, las
redes sociales documentaron protestas de personas que dijeron haber recibido la
promesa de que les darían uno de los televisores digitales a cambio de votar
por el PRI y que tras los comicios no obtuvieron nada. Uno de estos episodios
fue protagonizado por adultos mayores de Ecatepec, estado de México, y quedó
registrado en un video público.
Por elemental sentido común
y por una mínima ética republicana resulta necesario que la autoridad electoral
y la institución encargada de salvaguardar la confidencialidad de los datos
personales revisen la legalidad y la legitimidad de estos procedimientos y, en
su caso, requieran a la Sedesol la entrega de las bases de datos conformadas durante
el reparto de televisores digitales. En el delicado momento actual del país no
basta con que los organismos del gobierno federal actúen con apego a derecho;
es imprescindible, también, que se se abstengan de actuar en formas que
parezcan inescrupulosas.
Cd. de México, México (25 septiembre 2015).- Una vez más la violencia ocasionada por el narco castiga a los veracruzanos.
En lo que va del año se han registrado más de 90 ejecuciones presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada en 30 municipios de la entidad gobernada por el priista Javier Duarte, según cifras del Ejecutómetro de Grupo Reforma.
Además, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan en el mismo Estado 350 víctimas de homicidio doloso de enero a agosto de este año, lo que representa más de 40 cada mes.
Tan sólo el 21 y el 22 de septiembre fueron ejecutadas 11 personas en los municipios de Córdoba, Amatlán de los Reyes, Iztaczoquitlán y Mariano Escobedo.
Las autoridades refuerzan la vigilancia ya que los Zetas cuentan
con dos células que operan en el centro del Estado y en los límites con Puebla
y con otra que tiene presencia en la zona de Poza Rica y en los límites con
Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Foto: NotimexEl pasado fin de
semana fueron hallados los cadáveres de dos familiares del cineasta Alejandro
Gómez Monteverde en el Municipio de Pueblo Viejo, en los límites con
Tamaulipas, después de haber sido secuestrados en Tampico.El crimen causó
repudio e indignación en redes sociales.
Las autoridades han documentado también
el hallazgo de cuerpos en diferentes fosas clandestinas.El 11 de septiembre,
por ejemplo, nueve osamentas fueron encontradas en una fosa en el Municipio de
Alvarado.
A inicios de abril, otros cinco cuerpos fueron exhumados de una fosa
en un predio cercano al puerto de Veracruz. Y el 28 de abril, los cadáveres de
dos trabajadores de la CFE fueron hallados en otro cementerio clandestino en
Cosamaloapan.Además, en diferentes puntos de la entidad se han registrado
enfrentamientos armados y ataques a las fuerzas de seguridad.
En junio, el
Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) difundió un comunicado en el que
aseguraba que en el puerto de Veracruz, Boca del Río y Medellín ya no operaban
Los Zetas y advirtió una "limpieza" de ese grupo.De acuerdo con
documentos de la PGR y la DEA, en la entidad coexisten ambos cárteles del
narcotráfico.Esos informes refieren que los Zetas cuentan con dos células que
operan en el centro del Estado y en los límites con Puebla y con otra que tiene
presencia en la zona de Poza Rica y en los límites con Hidalgo, San Luis Potosí
y Tamaulipas.
Alejandro Meléndez 
