La entrega de pantallas, un
programa clientelar que sirve de base al PRI para comprar votos. Gente de escasos recursos de Altotonga acudió a
recibir su televisión, en rebozos, morrales, costales, bolsas y en lo que se
pudiera se llevaron sus pantallas.
Por principio de cuentas, la justificada sospecha de que semejantes
regalos del gobierno federal a los sectores más desprotegidos de la población
podían tener una incidencia electoral favorable al PRI. En efecto, parece una
coincidencia extraña, por decir lo menos, que la administración pública
iniciara el obsequio de un electrodoméstico costoso y codiciado –empacado, por
añadidura, en una caja que ostenta la leyenda Mover a México– en vísperas
de un proceso comicial. A pesar de esos señalamientos, el INE optó por dar luz
verde a la distribución de los artefactos.
Adicionalmente, se criticó la frivolidad de dotar de televisores a
sectores con carencias básicas de salud, educación y alimentación, habida
cuenta de que los beneficiarios de tal acción no sólo son quienes reciben los
aparatos referidos, sino también los consorcios televisivos, para los cuales el
reparto masivo de pantallas constituye la garantía de conservar intactas sus
audiencias a pesar del cambio tecnológico inminente. En esa medida, los regalos
del gobierno federal constituyen una suerte de subsidio a las corporaciones que
dominan el mercado y el público de la televisión abierta en el país.
También ha resultado ofensiva la manera
en que el reparto se ha realizado: sometiendo a los solicitantes de un aparato
a largas filas y prolongadas esperas bajo el sol y la lluvia, lo que constituye
una actitud poco sensible, al menos, a la dignidad de los ciudadanos.
Por desgracia, los hechos parecen
confirmar el sesgo de clientelismo electorero del programa federal de las
pantallas planas. Pocos días después de las elecciones del mes antepasado, las
redes sociales documentaron protestas de personas que dijeron haber recibido la
promesa de que les darían uno de los televisores digitales a cambio de votar
por el PRI y que tras los comicios no obtuvieron nada. Uno de estos episodios
fue protagonizado por adultos mayores de Ecatepec, estado de México, y quedó
registrado en un video público.
Por elemental sentido común
y por una mínima ética republicana resulta necesario que la autoridad electoral
y la institución encargada de salvaguardar la confidencialidad de los datos
personales revisen la legalidad y la legitimidad de estos procedimientos y, en
su caso, requieran a la Sedesol la entrega de las bases de datos conformadas durante
el reparto de televisores digitales. En el delicado momento actual del país no
basta con que los organismos del gobierno federal actúen con apego a derecho;
es imprescindible, también, que se se abstengan de actuar en formas que
parezcan inescrupulosas.
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