Xalapa, Ver. (apro).- A siete meses y medio de
que se renueve la gubernatura, el nuevo Organismo Público Local Electoral
(OPLE) enfrenta diversos problemas: la oposición continúa cuestionando la
filiación política y capacidad de sus integrantes, aparte de que exaspirantes a
sumarse al ente local interpusieron recursos de inconformidad ante la Sala
Superior del TEPJF.
Más aún,
apenas el fin de semana anterior la SCJN revirtió 25 artículos del nuevo Código
Electoral de Veracruz, impulsados en junio pasado por la bancada priista y que
la Corte consideró inconstitucionales.
Hace tres
días, el OPLE dio el banderazo de salida al proceso electoral en donde se habrá
de elegir al sucesor del priista Javier Duarte de Ochoa y 50 diputados locales,
30 de ellos por la vía distrital; sin embargo, representantes de PAN y PRD –que
irán en alianza opositora– continúan impugnando la designación del consejero
presidente Alejandro Bonilla, cuyo único antecedente inmediato es haber sido
funcionario menor en Protección Civil, al mando de Nohemí Guzmán, exsecretaria
del gobierno de Duarte y quien hoy funge como diputada federal del PRI.
Otro reacio
cuestionamiento recayó sobre la consejera Tania Celia Vázquez, pues su
experiencia en la materia radica en haber sido la jefa de prensa del Tribunal
Electoral de Veracruz y en ser hija del magistrado Eugenio Vázquez.
En la
integración del OPLE, el gobierno de Duarte intentó colocar también a Roberto
Pérez Gutiérrez, exdirector jurídico del ayuntamiento de Américo Zúñiga.
Sin
embargo, la propuesta fue desechada, pues apenas hace unas semanas aún
despachaba en el cargo edilicio. En su lugar fue colocado Iván Tenorio, quien
tiene un trabajo político-electoral en el estado de Tabasco.
La única
con maestría en derecho electoral que resultó ungida consejera fue Eva
Barrientos, quien se venía desempeñando como secretaria de Estudio y Cuenta de
la Sala regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF).
Para evitar
más cuestionamientos, el Consejo General del INE optó por elegir a Juan Manuel
Vázquez Barajas, con trabajo electoral en el Estado de México, y a Jorge
Hernández Hernández, también oriundo de otra entidad.
Por si
fuera poco, el OPLE estatal continua sin secretario ejecutivo, pues uno de los
artículos que invalidó la SCJN era que el gobierno de Veracruz llevará la
batuta en la elección de este funcionario, razón por la que será hasta
diciembre cuando se conozca el nombre de este servidor público.
Aunado a
ello, el TEPJF debió desahogar seis juicios para la protección de los derechos
político-electorales de un ciudadano por la presunta militancia partidista
(PRI) de varios de los consejeros.
Una de las
agraviadas, Andrea Doria Ortiz, se quejó que no hubo transparencia en los
resultados ni respeto a las reglas que puso el propio INE.
La quejosa
asegura que las calificaciones de cada uno de los aspirantes al OPLE de
Veracruz no fueron dadas a conocer.
“Jurídicamente
hubo argumentos para echar abajo el procedimiento”, sentenció Doria Ortiz.
Incluso,
durante varias semanas previas a la instalación del organismo electoral éste
estuvo funcionando sin recursos públicos, ante la insolvencia financiera del
gobierno de Duarte, escolló que se prevé superar luego que este jueves el
Congreso aprobara una ampliación presupuestal de 49 millones de pesos.
Días antes,
representantes de PRD, PAN, PRI y los propios consejeros lanzaron exhortos a la
Sefiplan y al Legislativo, debido a que auguraron que no había “liquidez” para
arrancar trabajos básicos para la organización del próximo proceso electoral.
El colofón
a los problemas que ha enfrentado el OPLE en la entidad lo dio la Corte, que el
8 de noviembre echó abajo 25 artículos del nuevo Código Electoral, el cual la
bancada priista presumió de “vanguardia”.
La SCJN
decidió dar entrada a cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas por
PAN, MC, Morena y PRD, de las que se desprendieron 20 proyectos.
Entre los
logros destacan la invalidación del artículo donde se otorgaba al Congreso la
facultad de designar al secretario ejecutivo del OPLE y desechar el 3% de
firmas del padrón para las candidaturas independientes, entre otros artículos
transitorios que deberán ser resueltos por el Tribunal Electoral de Veracruz.
“Fue un
duro revés, ni cómo negarlo”, admite un diputado del PRI, quien aseguró que ni
en la oficina del gobernador Duarte se lo esperaban.
En tribuna,
el panista Julen Rementeria celebró hoy que el revés de la SCJN y el respeto a
la reforma político-electoral tengan un “espíritu” de eliminar la injerencia de
los gobiernos estatales en la función de las autoridades electorales.
“En nuestro
caso, se interpuso la acción de Inconstitucionalidad para proteger la
independencia y la autonomía del OPLE Veracruz y del próximo Tribunal Electoral
local, así como frenar el atropello legislativo de una reforma fast-track. Lo
que no quisieron escuchar en comisiones, lo que no quisieron analizar en el mes
que aun teníamos de colchón para emitir reglas electorales consensadas, tuvimos
que discutirlo en la Suprema Corte. ¿Hacía falta?”, reprochó.
Rementería
recordó que el PAN impugnó 44 artículos del Código, lo que significaba 10% del
total, en los que la Suprema Corte determinó invalidar –“por
inconstitucionales”– 34 artículos, “y les concedió la razón, si así lo quieren
ver los priistas, en nueve solamente”.
Al interior
de Morena, PRD y en el propio PAN ya habían reprochado con anterioridad que el
gobierno de Duarte, con el aval de su bancada, quiso introducir mecanismos para
distorsionar la composición del órgano electoral.
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