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Como
antes, como siempre, las enormes sumas de dinero que implican las operaciones
de Pemex son objeto de todo tipo de maniobras sucias para favorecer a empresas
“amigas”, a compañeros de partido o a familiares de funcionarios. Es el caso de
la renta de la plataforma Strategic Excellence, denunciado por la diputada
Rocío Nahle, que ha generado, por un lado, la acostumbrada operación para
encubrir la ilegalidad y, por el otro, un intento institucional por aclarar si
se cometió un delito y quiénes son los responsables.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Rosario
Brindis Álvarez, la titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Petróleos
Mexicanos (Pemex) acusada de gestionar y facilitar el proceso de adjudicación
directa para que una empresa representada por su cónyuge se quedara con un
contrato de 567.5 millones de pesos, no es la única señalada como probable
integrante de una red de corrupción.
Desde el 17 de febrero pasado la
Secretaría de la Función Pública (SFP) indaga a otros altos funcionarios de
Pemex Exploración y Producción (PEP) y, conforme avancen las indagatorias, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tendría que explicar por qué,
pese a que el millonario contrato venció en diciembre pasado, la plataforma
rentada aún está en aguas nacionales.
Ese semanario reveló cómo se orquestó
la operación y presentó 15 documentos oficiales que muestran a detalle cómo se
configuró un procedimiento a modo que pasó de ser una licitación internacional
a una adjudicación directa del millonario contrato (Proceso 2113).
Quien denunció el caso ante la SFP
dijo a la reportera que es muy probable que Pemex haya realizado una
“extensión” del contrato ilegal. Incluso, sostuvo, es común que se haga eso con
el argumento de que lanzar una nueva licitación retrasaría los trabajos de la
empresa.
El caso, denunciado ante la SFP el
pasado 9 de febrero, llegó al Poder Legislativo el 3 de mayo, cuando la
diputada Rocío Nahle, de Morena, pidió la intervención de la Procuraduría
General de la República (PGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y
del director de Pemex, este último para que suspendiera a Brindis Álvarez
mientras se realiza la indagatoria.
Dos semanas después, el PRI, el PVEM
y el PAN diluyeron la demanda, de la que sólo quedó una simple petición a la
SFP para que informe sobre el progreso de la indagatoria.
Entre tanto, Pemex paseó a
legisladores por algunas plataformas marinas. Contra toda costumbre, incluso
acudieron a esas visitas el repartidor de hidrocarburos y dinero a los estados,
Luis Alberto Martínez Bravo, gerente de Desarrollo Social de la petrolera; René
Curiel Obscura, jefe de la oficina del director de Pemex y su máximo
representante, así como la propia Rosario Brindis Álvarez.
La principal invitada era la
denunciante del posible tráfico de influencias, la diputada Rocío Nahle, quien
primero aceptó pero finalmente no acudió porque, como comentó a Proceso, “sería
incongruente, ya que estoy acusando a Brindis Álvarez de corrupción”.
A pesar de los acuerdos entre el PRI,
el PAN y el PVEM, no pudieron evitar que la ASF asumiera la tarea de investigar
el caso, según la documentación que obtuvo este semanario.
Nuevas
irregularidades
Antes de que se lanzara la licitación
internacional del “paquete K” de Pemex-PEP y que finalmente fue “adjudicación
directa”, Alberto Ríos Treviño (esposo de Brindis Álvarez) conocía con detalle
las necesidades de Pemex.
Así consta en el oficio del 27 de
noviembre de 2014 que envió al subdirector de Mantenimiento y Logística de
Exploración y Producción, José Guadalupe de la Garza Saldívar, donde le habla
de “la disponibilidad” de dos plataformas por parte del consorcio de empresas
que representa, una de las cuales sería beneficiada con la adjudicada directa:
Strategic Excellence.
El contrato se celebró el 30 de
diciembre de 2015 con Delta Al Muhitat Shipping de México, S. de R.L. de C.V.,
por 567.5 millones de pesos y un periodo de nueve meses: del 29 de marzo al 22
de diciembre de 2016, según informa PEP en su portal de obligaciones de
transparencia.
Las irregularidades de la citada adjudicación
iniciaron cuando México, a través de la SCT, permitió el ingreso de la
plataforma extranjera en aguas nacionales.
En primer término se entregó el
permiso cuatro meses después de que la plataforma de Strategic Excellence ya
operaba en aguas nacionales y con un vencimiento antes de que concluyera el
contrato, según la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la
propia SCT.
La autorización para permanecer en
aguas de jurisdicción nacional se otorgó bajo el folio APAJN/081/2016, vigente del
“16 de julio al 16 de octubre de 2016”.
Cinco meses después de que concluyó
oficialmente el contrato y a siete de que venció el permiso para permanecer en
aguas nacionales, la plataforma que llegó de los Emiratos Árabes Unidos y cuya
bandera es de la República de Vanuatú, se encuentra todavía en México.
Esto se comprobó mediante el buscador
Marine Traffic, que da muestra en tiempo real de la ubicación de las
embarcaciones en todo el mundo. Strategic Excellence está en la Sonda de
Campeche, a una hora y 29 minutos de tierra firme. Proceso consultó el reporte
“vigente” de Puertos y Marina Mercante de la SCT y ahí dicha plataforma no
figura, sólo aparece reportada con un permiso de julio a octubre de 2016.
Al consultar a quienes interpusieron
la denuncia contra Brindis Álvarez, explicaron que Pemex suele extender el
contrato cuando se requiere el servicio a fin de evitar que una nueva
licitación provoque retrasos en sus operaciones.
En ese caso Strategic Excellence,
representada por el cónyuge de la titular de Enlace Legislativo de Pemex,
habría obtenido un pago adicional de 315.17 millones de pesos por el mes de
mayo, si se toma en cuenta que el contrato oficial fue por nueve meses y 567.5
millones.
Existen otras irregularidades
respecto a la renta de esa plataforma. De acuerdo con la documentación obtenida
por Proceso, el contrato para la renta de la plataforma se entregó a Delta Al
Muhitat Shipping de México y el permiso para el ingreso a aguas nacionales se
dio a nombre de Proyectos y Cimentaciones Industriales, pero se establece que
la plataforma fue adquirida por la empresa Ocean Marine.
Incluso se establece el 13 e abril de
2016 como “fecha de negociación” entre el comprador Ocean Marine y el proveedor
Delta Al Muhitat Shipping de México. El valor en libros de la plataforma que
establece Delta Al Muhitar es de 49 millones 600 mil dólares.
Ocean Marine es una empresa radicada
en Campeche. Mayra Jaber Ortiz y María Elena Juárez Gómez la constituyeron el 9
de enero de 2004 bajo el nombre de Biconsa, S.A. de C.V., y la vendieron el 12
de diciembre de 2006 a José Luis y José Antonio Zavala Solís. Éstos le
cambiaron la razón social el 27 de abril de 2015 a Ocean Marine, S.A. de C.V.,
según el portal de la Secretaría de Economía.
Tanto Ocean Marine como Proyectos y
Cimentaciones Industriales son asiduas concursantes en las licitaciones de PEP.
La segunda tiene por lo menos 32 contratos por el mismo servicio para el cual
se contrató a Delta Al Muhitat, según el ya citado portal de obligaciones de
transparencia.
Operación de
encubrimiento
El 3 de mayo la diputada Rocío Nahle
presentó ante la Comisión Permanente una denuncia por las irregularidades de la
renta de la plataforma, señalando la probable responsabilidad de Brindis
Álvarez por influir para que las empresas representadas por su cónyuge se
quedaran con el contrato de 567.5 millones de pesos.
El mismo día Nahle presentó un punto
de acuerdo en el que se demandaba que Brindis Álvarez fuera separada de su
cargo en tanto se hacían las indagaciones, que la PGR indagara el caso, que la
ASF revisara la legalidad del contrato y la SCT detallara cómo y hasta cuándo
se autorizó la permanencia en aguas nacionales de la plataforma Strategic
Excellence con bandera de la República de Vanuatú.
Pemex reaccionó. Para la siguiente
semana organizó una visita a plataformas petroleras en Campeche. Invitó
especialmente a Nahle y a 13 diputados del PRI, el PAN y el PVEM que forman
parte de la Comisión de Energía. Nahle confirmó su asistencia, pero no fue ni
avisó de la cancelación.
El periódico local Por Esto encabezó
la nota sobre dicha visita: “Pemex, saturado de payasos turísticos”. Asistieron
funcionarios que acostumbran evadir a los legisladores, quienes podrían
solicitarles apoyo para resolver asuntos energéticos.
En la lista oficial de visitantes que
tiene este semanario figura también Brindis Álvarez. Aunque sus allegados
relataron que evita esos encuentros, en esa ocasión hasta se tomó fotografías
con los asistentes.
Otro visitante clave fue Luis Alberto
Martínez Bravo, quien asumió el cargo de gerente de Desarrollo Social con la
llegada de José Antonio González Anaya a la dirección de Pemex y ahora maneja
la bolsa de dinero e hidrocarburos que se “donan” a municipios y estados, y que
muchas veces son gestionados por diputados federales.
Para enfatizar la buena disposición
de Pemex hacia los legisladores, a la visita del 8 de mayo acudieron al paseo
conjunto el jefe de la oficina de la Dirección General, René Curiel Obscura, y
el director jurídico de la petrolera, Jorge Kim Villatoro.
El PRI y el PAN se encargaron de
operar desde el Poder Legislativo. Empleados de Pemex señalan que Curiel
Obscura tomó en sus manos el caso del punto de acuerdo propuesto por la
diputada Nahle. Le dijo a Brindis Álvarez: “Yo mando gente al a cámara para
manejar esto”.
Trabajadores de la empresa que piden
el anonimato por temor a represalias comentaron: “En Pemex pensaban que podía
aprobarse tal cual el punto de acuerdo, de ser así se esperaba la renuncia de
Brindis Álvarez”.
En el Senado de la República, donde
se negociaba el punto de acuerdo, el PRI tenía una pieza fuerte: Emilio Gamboa
Patrón, coordinador de la bancada. Curiel Obscura y Gamboa Patrón fueron muy
cercanos en 2006; y según los trabajadores de Pemex consultados, hoy mantienen
esa buena comunicación los secretarios particulares de ambos: Víctor Manuel
Terán y Juan José Lecanda.
El presidente de la comisión en que
recayó la discusión del punto de acuerdo es el panista Ernesto Cordero, quien
como funcionario federal tuvo en su equipo de trabajo a Carlos Alberto Treviño
Medina, hoy coordinador de Procura y Abastecimiento para Exploración y
Producción en Pemex.
Durante la votación pública del punto
de acuerdo, el 16 de mayo, una de las opositoras al mismo y defensora de
Brindis Álvarez fue la senadora priista Diva Gastélum, quien dijo: “Los
legisladores no son Ministerio Público, y como la denuncia no ha sido resuelta,
es propicio sólo solicitar el informe a la SFP”.
La presencia de Gastélum sorprendió,
pues no forma parte de la comisión, pero se atribuyó a que conocía el tema pues
su hijo, Sergio Romero Gastélum, trabajó en licitaciones y adjudicación de
contratos de marzo de 2013 a diciembre de 2014.
Al igual que la senadora, el diputado
Vidal Llerenas no forma parte de la comisión y acudió a respaldar el punto de
acuerdo en los términos en que lo presentó su compañera de partido, Rocío
Nahle.
Finalmente, con 13 votos a favor de
PRI, PAN y PVEM y tres en contra de Morena y PRD, se aprobó únicamente pedir
información a la SFP del estado que guarda la indagatoria y que la haga llegar
en los próximos 15 días.
Mientras en el Poder Legislativo y en
Pemex se operaba para que la ASF, PGR y SCT no intervinieran, en la SFP la
denuncia se abría paso. El 17 de febrero se informó a los denunciantes: “Se
ordenó el inicio de las investigaciones de los servidores públicos de PEP” y se
exigió al Área de Quejas de Pemex que “determine lo que en derecho proceda”
respecto a Brindis Álvarez.
El pasado viernes 12 dicha área
conminó por escrito a los denunciantes a revelar cómo se enteraron de las
irregularidades y delatar a quienes se percataron de las mismas.
Les pidió informar “circunstancia de
modo, tiempo y lugar, de los hechos señalados, es decir, precisando, cómo,
cuándo y dónde sucedieron los hechos; remita el material probatorio que pudiera
tener en su poder; señale si tiene testigos de los hechos denunciados, por lo
que en caso de contar con testigos de los hechos, indique el nombre completo de
los mismos, su área de adscripción, precisando el evento del que fueron
testigos”.
Este
reportaje se publicó en la edición 2116 de la revista Proceso del 21 de mayo de
2017.
