Este 28 de junio se cumplen 22 años de la masacre de 17 campesinos
en el Vado de Aguas Blancas, municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, donde además
21 resultaron heridos, por la policía Motorizada de la entidad, quienes
actuaron bajo las órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer. El
motivo de esta agresión fue castigar su pertenencia a una organización popular
independiente, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
Crimen
que expresa el terrorismo de Estado a través de ejecuciones extrajudiciales
tumultuarias que se convierten en masacres; es también política represiva de
gobiernos antipopulares a las que suman los casos de Acteal y el Bosque
Chiapas; el Charco Guerrero por sólo mencionar algunos ejemplos de estos
crímenes de lesa humanidad.
En
todo este tiempo no hay duda de que el autor material e intelectual es el
Estado mexicano, quien a 22 años no ha enjuiciado ni castigado a los
responsables, sólo impera una política: la impunidad e inmunidad total para los
perpetradores, única garante en este aberrante hecho.
La
impunidad es una política de Estado que impide el acceso a una investigación
pronta y expedita, no permite enjuiciar a los autores materiales e
intelectuales; Aguas Blancas es un ejemplo de lo que sucede a nivel nacional en
todos los casos de graves violaciones a los derechos humanos, donde el gobierno
mexicano participa en el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad,
sin embargo, con el paso de los años, desde las instituciones se le apuesta al
desgaste y al olvido.
Actualmente
los crímenes de esta naturaleza se mantienen como una política transexenal,
porque independientemente de quién esté en la silla presidencial, sexenio tras
sexenio se cometen contra el pueblo que esta organizado y con el que no lo
está, es con el propósito de intentar contener el avance del descontento
popular y acallar las voces de protesta.
El
gobierno mexicano le apuesta al olvido para no enjuiciar a los autores
materiales e intelectuales, sin embargo, por muchos años que pasen la herida
permanece y sanará hasta castigar a los responsables y no permitir más crímenes
de Estado y de lesa humanidad, porque hoy como ayer, las balas asesinas del
Estado tienen en la mira a los hijos del pueblo trabajador.
Este
aberrante crimen nos ilustra que en México se castiga con represión, cárcel,
ejecuciones extrajudiciales y detenciones desapariciones forzadas a quien se
organiza y ejerce sus derechos y libertades políticas como el derecho a
libertad de ideas, manifestación y a la protesta; se castiga con la acción
policíaca a campesinos e indígenas que exigen sus derechos económicos; se
encarcela a quien exige justicia social.
En
este tiempo el PRI gobierno se caracteriza por tener una larga historia de
represión, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas contra el
pueblo, política represiva a la que se suman los gobiernos que se dicen de
“oposición” y de “izquierda” al representar y defender los intereses de una
minoría en detrimento de la mayoría. En los hechos no están para resolver los
problemas de hambre y miseria que azotan el país, sino para garantizar los
intereses de una minoría oligárquica.
En
la actualidad esta política de Estado continúa a través del terrorismo de
Estado, el gobierno mexicano pretende infundir miedo y terror al pueblo para
contener las luchas de protesta, la expresión de esta política son los más de
300 mil detenidos-desaparecidos, más de 250 mil ejecuciones extrajudiciales,
más de un millón 200 mil desplazados de sus lugares de origen y cientos de
presos políticos y de conciencia.
En
todos perdura un común denominador, la impunidad e inmunidad a los
responsables. Las autoridades e instituciones alargan los procesos jurídicos,
actúan con negligencia, dilación y burocratismo para impedir juicio y castigo,
conocer la verdad de los hechos y la no repetición del crimen.
La
represión contra el pueblo es política de gobierno que de manera sistemática y
generalizada la cometen contra el pueblo; gobiernos van y vienen, y la esencia
no cambia, hay cientos de miles de detenidos desaparecidos, igual número de
ejecuciones extrajudiciales, cientos de miles de encarcelados; política que promueve
el despojo legalizado y los desplazamientos forzados, sobre todo ahí donde
existen riquezas naturales para la imposición de proyectos económicos
trasnacionales.
Ayer
como hoy se reprime a los trabajadores de la educación que luchan por el
derecho a la educación del pueblo; se reprime a los estudiantes por exigir el
derecho a la educación y al trabajo; se detiene desaparece a los normalistas
que se movilizan en torno a la masacre del 2 de Octubre de 1968; se reprime con
crímenes de Estado a organizaciones independientes; se cometen nuevos crímenes
de Estado, contra comunidades campesinas e indígenas por la defensa de la
tierra; se ejecuta extrajudicialmente a los trabajadores de la comunicación; se
encarcela a cualquiera que exige sus derechos. ¡Es la política de este gobierno
antipopular y represivo!
Aguas
Blancas significa para el pueblo una razón más de lucha, así como cada uno de
los detenidos desaparecidos son motivo de lucha, el recuerdo de los masacrados
es parte de la memoria histórica que exige a todos organizarnos y seguir
luchando para exigir juicio y castigo a los responsables materiales e
intelectuales de la represión.
¡AGUAS BLANCAS NO SE OLVIDA, ES DE LUCHA COMBATIVA!
¡EXIGIMOS LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE
GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ Y EDMUNDO REYES AMAYA!
¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE NUESTRO
COMPAÑERO FIDENCIO GÓMEZ SÁNTIZ!
¡PRESENTACION CON VIDA DE LOS MAS DE
TRESCIENTOS MIL DETENIDOS DESAPARECIDOS QUE HAY EN EL PAIS!
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE
LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DEL COMPAÑERO HUMBERTO MORALES SÁNTIZ!
¡POR LA UNIDAD OBRERO CAMPESINO Y
POPULAR!
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL
SOCIALISMO FNLS
