Desde El Altiplano
Ricardo Ravelo
Desde que Mara Lezama asumió la gubernatura de Quintana Roo, el crimen organizado vive una etapa de jauja e impunidad. Dos cárteles –Jalisco Nueva Generación y Caborca — se disputan las plazas principales; asesinan, desaparecen, distribuyen drogas sin recato alguno, pues en la entidad todo está permitido para los grupos criminales ligados al poder político. Esta suerte de festín criminal no es nuevo. En Cancún el crimen operó con absoluta libertad cuando Lezama fue Alcaldesa. Su enriquecimiento descomunal fue investigado por la Fiscalía General de la República y por la Unidad de Inteligencia Financiera, que integraron varias carpetas para indagar a la entonces Edil de Benito Juárez por presuntos vínculos con la delincuencia. Pero dichas carpetas fueron archivadas extrañamente y luego Morena la lanzó como su candidata al Gobierno de Quintana Roo. El reciente asesinato del Secretario de Seguridad de Tulum, José Roberto Rodríguez Bautista, el pasado 24 de marzo, da cuenta de la guerra entre cárteles que enfrenta el estado y la impunidad con la que operan. Mara Lezama dio un mensaje luego del asesinato de Rodríguez Bautista: dijo que la lucha contra el crimen seguirá en el estado, pero lo cierto es que buena parte del problema radica en la protección oficial que gozan los cárteles. El verdadero problema está en el Gobierno que encabeza Mara Lezama, quien en su momento fue protegida por Andrés Manuel López Obrador cuando fue Presidente y cerró los ojos ante los presuntos vínculos criminales de la actual mandataria.
En Quintana Roo, el crimen organizado vive momentos de jauja desde que arribó a la gubernatura Mara Lezama Espinoza, pues dos cárteles –Jalisco y Caborca –se disputan el control del estado a sangre y fuego, mientras el narcomenudeo, los narcovuelos y las redes de lavado de dinero operan con total impunidad.
Ese ha sido el estilo que ha caracterizado a Lezama desde que era Alcaldesa de Benito Juárez, cuyo Gobierno estuvo bajo cuestionamiento precisamente por la libertad que la policía del municipio le otorgó al crimen para operar abiertamente.
Las drogas fluyen en todo el estado, pero hay municipios con mayor demanda, entre otros, Playa del Carmen, Cancún y Tulum. En esta última demarcación, explosiva por el auge turístico, los enervantes los ofrecen en las calles sin discreción alguna. Los turistas compran cocaína, crack, heroína, fentanilo y cualquier otra sustancia química porque los vendedores pagan sus respectivas cuotas a las policías y éstos, a su vez, le otorgan su “mochada” a los alcaldes y, así, los beneficios económicos llegan hasta la cúspide estatal.
Gran parte del narcomenudeo en Quintana Roo es controlado por los taxistas, tanto libres como de aplicación, que ofrecen drogas a sus clientes o bien los llevan a las “tienditas” que funcionan tanto de día como de noche con la protección de la policía.
Este libertinaje permitido oficialmente también ha desatado una guerra entre los cárteles de Caborca y Jalisco, dos de los más poderosos, que se disputan el territorio. El primer grupo criminal es operado por Gil Caro Quintero, sobrino de Rafael Caro, uno de los candidatos a la pena de muerte en Estados Unidos por el asesinado, en 1984, del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.
José Gil Caro Quintero, también conocido en el mundo de hampa como “El Pelo Chino”, fue detenido por la policía de Tulum cuando comía en un restaurante acompañado de una mujer y dos escoltas. El capo fue prácticamente levantado de la mesa del restaurante “Burrito Amor” y llevado a un lugar desconocido. Todo esto ocurrió la tarde del 11 de octubre de 2023.
Pero horas después, el narcotraficante que controla la zona sur del país –y a quien se le atribuyen buena parte de los llamados narco-vuelos en Quintana Roo –fue liberado. La versión extraoficial, que se investigó pero nunca hubo respuesta de las autoridades, establece que sobornó a los agentes con un cañonazo de 15 millones de pesos.
El caso, según se dijo entonces, originó que la Fiscalía del estado iniciara una investigación. Pero hasta ahora la respuesta es el silencio.
La guerra criminal es tan intensa que ya impacta a varias ciudades de Quintana Roo, entre ellas Tulum, donde el pasado 24 de marzo fue acribillado el secretario de seguridad de este municipio, José Roberto Rodríguez Bautista.
El jefe policiaco fue atacado a tiros en la colonia Veleta. Se asegura que los sicarios le dispararon en veinte ocasiones y le impactaron el rostro, el tórax, la cabeza y las piernas. Fue llevado a un hospital de emergencia pero murió al llegar al nosocomio. El caso se investiga. Una línea de investigación apunta que uno de los cárteles en guerra asesinó al jefe policiaco porque, presuntamente, favorecía a uno de los grupos criminales.
La Gobernadora Mara Lezama apareció en un video enviando un mensaje a la delincuencia. Dijo, enérgica, que el crimen no quedará impune y expuso que seguirá la batalla contra la delincuencia organizada. Lo que no se dijo es que la propia mandataria es parte del problema, pues desde que fue Alcaldesa de Benito Juárez se le ha relacionado con redes criminales y hasta con presuntas actividades de lavado de dinero.
Ninguna de las investigaciones en su contra prosperó mientras Andrés Manuel López Obrador era Presidente, pues la protegieron para que fuera la candidata de Morena al Gobierno de Quintana Roo.
La historia negra de Mara Lezama
Debido a un incremento descomunal de su fortuna, que es vista como desproporcionada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigaron a la exalcaldesa de Benito Juárez, Cancún, María Lezama Espinosa por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y presuntos vínculos con grupos locales del crimen organizado.
En dichas investigaciones hubo avances, tanto, que la FGR integró tres carpetas de investigación por la probable responsabilidad en los delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada y abuso de autoridad.
Las carpetas, que fueran archivadas, estaban en fase de integración y enumeradas de la siguiente manera: FED/SEIDO/UEIORPIFAM-QR/0000372/2020, FED/FECC/QR/634/2020 y FECC/FECC-QR/538/2020.
Las investigaciones incluían registros de transferencias bancarias millonarias, copias de escrituras públicas y declaraciones patrimoniales presuntamente falseadas con el objeto de ocultar el patrimonio amasado por la entonces alcaldesa de Cancún, quien además era una de las más fuertes aspirantes a la gubernatura de Quintana Roo, pues se afirmó en ese tiempo que contaba con el respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del entonces Gobernador Carlos Joaquín González, actual Embajador de México en Canadá.
De acuerdo con la indagatoria, las pesquisas se centraron en el análisis de los movimientos financieros de la empresa “Desarrolladora Cumpal”, la cual ha registrado actividades financieras atípicas en los últimos años.
La UIF sospechó, con base en datos y evidencias, que dicha compañía era utilizada para ocultar movimientos financieros. De igual forma, a la UIF le llamó la atención el desorbitante movimiento de dinero en efectivo por parte de la alcaldesa Lezama Espinosa y de su esposo, Omar Terrazas García.
Las sospechas se reforzaron porque Lezama Espinosa adquirió un vehículo Mercedes Benz modelo CLA 250 Sport con valor aproximado a los 700 mil pesos, el cual pagó en efectivo y en una sola exhibición.
No es todo: Su esposo, Omar Terrazas, hizo lo propio con un vehículo de la misma marca, clase GLE 43 Coupé, valuado en 1.4 millones de pesos, el cual también fue pagado en efectivo y en sólo pago.
El primer indicio que tuvo la autoridad federal de este inusual manejo de recursos y del incremento patrimonial de la pareja se tuvo el 8 de septiembre de 2020, cuando la alcaldesa fue denunciada por la activista Flor Pastrana.
La denuncia sirvió a la FGR para integrar las tres carpetas; fue ratificada el 14 de octubre de ese año. Las investigaciones continuaron también con informes aportados por la DEA, en la que se menciona que María Lezama presuntamente entró en negociaciones con grupos locales del crimen organizado, en particular con células del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que tienen controlado el mercado del narcomenudeo en ese municipio turístico y que pagan cuotas millonarias mensuales por operar libremente. Ese grupo criminal alcanzó mayor poder y control en Quintana Roo cuando Lezama asumió la gubernatura del estado.
Los reflectores se encendieron con mayor potencia contra Mara Lezama cuando se descubrió que cedió grandes extensiones de terrenos de alta plusvalía a una empresa. A cambio, recibió en donación una residencia, conocida como “La Casa Blanca”, valuada varios millones de pesos.
Según establecen las carpetas de investigación, sobre esta propiedad se realizó una permuta con la empresa Tarjetel del Sureste S.A de C.V, que la transfirió definitiva e irrevocablemente mediante el acta de cesión de derechos P.A112.433 e involucra también a Buró Inmobiliaria América S.A de C.V, ligada con la alcaldesa de Cancún en negocios. inmobiliarios.
En las investigaciones se explica que en ese tiempo el Ayuntamiento de Cancún solapó la anexión de 15 mil metros cuadrados de área protegida por Fonatur al terreno donde estaba el club con 18 mil metros cuadrados y esa propiedad de 33 mil metros lo permutó la autoridad municipal al Buró Inmobiliario América para la aprobación de Tarjetel del Sureste.
A cambio, la alcaldesa recibió la denominada “Casa Blanca”. Las escrituras públicas de ambos inmuebles, con número 4724 y 112403, formaron parte de las investigaciones que realiza tanto la UIF como la FGR.
La denuncia inicial contra la Alcaldesa de Cancún se presentó ante la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO), con el número 373/2020 y el 2 de julio de ese mismo año, de manera paralela, inició sus investigaciones la UIF.
Pero de pronto todo dio un giro. Extrañamente, en la UIF las investigaciones se detuvieron. Y es que Hugo Nieto, que era el secretario técnico del Ayuntamiento de Cancún y primo de Santiago Nieto, extitular de la UIF y quien originalmente inició las investigaciones contra María Lezama Espinosa, presuntamente metió las manos para favorecer a la entonces Alcaldesa.
Además de los presuntos sobornos de la delincuencia organizada que, según la FGR, explicarían el incremento cuantioso del patrimonio de la alcaldesa, la FGR y la UIF centraron sus pesquisas en el mecanismo de corrupción y lavado de dinero donde –aseguraban entonces –hay evidencia de la participación de la Alcaldesa María Elena Hermelinda Lezama Espinosa.
Las actividades que se investigaron implicaban también a la empresa Desarrolladora Cumpal, integrada por el esposo de la alcaldesa, Omar Terrazas García, el cuñado de éste –Miguel Ángel Lezama Espinosa –y los hijos de la alcaldesa: Daniel Barrón Lezama, Omar Terrazas Lezama y María Terrazas García, quienes presuntamente servían como instrumentos de la pareja para adquirir propiedades que suelen registrar con precios subvaluados.
La lista de propiedades que ya tiene acreditada la FGR y la UIF se enumeran en los expedientes integrados. Se trata de una propiedad en Cancún con valor de cuatro millones 800 mil pesos; otra ubicada en Yoxtlán, adquirida el 31 de agosto de 2016 por un valor de un millón 900 mil pesos, un terreno en Guayacán, comprado el 27 de abril de 2018, con valor de tres millones de pesos.
Además, los expedientes incluían diez propiedades más, cuyas ubicaciones no se mencionan, pero que en conjunto dan cuenta de una inversión de más de 200 millones de pesos.
El origen de los fondos para adquirir tantos inmuebles, según las investigaciones, se centraban en dos hipótesis: ventas de terrenos federales, negocios con contratistas, pagos del crimen organizado, en particular del CJNG, y el lavado de dinero.
Según la FGR, en todas las operaciones de compraventa de departamentos, edificios y residencias participó como valuador el síndico municipal Heyden Cebada Ramírez; para dar fe de la compraventa de propiedades, la alcaldesa recurría al notario 62 como su preferido, de apellidos Cebada Rivas, quien a su vez fungía como director municipal de Desarrollo Urbano.
El narco
De acuerdo con el mapa criminal diseñado por la FGR y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, en Benito Juárez –Cancún operan cuatro cárteles que tienen dominada la plaza. Se trata de Sinaloa, Cártel de Jalisco, Zetas, el legendario cártel del Golfo y el cártel de Caborca.
En las investigaciones que conjuntamente realizó la FGR, con la colaboración de la DEA, a la entonces Alcaldesa María Lezama Espinosa y actual Gobernadora de Quintana Roo se le relacionó con los dos primeros grupos criminales, quienes habrían establecido un pacto de no agresión a cambio de que les permitiera operar en el municipio, pero principalmente en la zona hotelera. Sin embargo, los tentáculos de estos grupos del crimen se extendieron a Playa del Carmen, Isma Mujeres, Cozumel, Tulum, entre otros puntos de auge turístico.
Los presuntos vínculos de Lezama con el crimen organizado, según las investigaciones que fueron canceladas, podría ser una de las fuentes de su enriquecimiento, aunque no se descartaron otras como la corrupción institucional con proveedores del Ayuntamiento de Benito Juárez en su etapa como alcaldesa; venta de terrenos de alta plusvalía y actividades de lavado de dinero. Todas estas hipótesis estaban consideradas en las carpetas de investigación que se integraron en contra de Lezama.
Sin embargo, los expedientes desaparecieron o fueron archivados durante el Gobierno de López Obrador. Así, sin investigaciones de por medio, Mara Lezama se convirtió en la candidata de Morena y Gobernadora de Quintana Roo.
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