Viernes 14 de marzo de 2025
Michoacán, a 14 de marzo de
2025
El descubrimiento del campo de exterminio en Jalisco por parte de colectivos de familiares de detenidos-desaparecidos puso en evidencia la omisión y aquiescencia del Estado Mexicano hacia el cometido de la detención-desaparición forzada. Los hechos levantaron la indignación del pueblo que demanda justicia y el cese de esta práctica deleznable, mientras que, políticos de oficio de diversa laya y la presidencia de la república insisten en deslindar su responsabilidad de tan cruento y horrible hecho que trastoca la sensibilidad humana.
Los testimonios y pruebas físicas confirman que desde el 2012 el rancho Rancho Izaguirre fue utilizado como campo de exterminio y adiestramiento para formar sujetos ideales para ejercer el paramilitarismo, en 2019 la Guardia Nacional encontró restos humanos incinerados en las cercanías del lugar, más tarde la misma corporación policiaca-castrense realizaría un operativo donde detuvo a varias personas y a pesar de contar con los recursos y herramientas suficientes, no encontraron indicios de los horrores que los colectivos de familiares (con recursos limitados) dieron a conocer ante la opinión pública. Por si fuera poco, varias denuncias públicas dan testimonio de las prácticas que se realizaban en este lugar.
Por ello no se puede decir que "no se sabía lo que estaba ocurriendo", con tal justificación el Estado Mexicano confiesa al pueblo de México que nunca quiso investigar ni enjuiciar a los responsables materiales e intelectuales, de tal manera que la responsabilidad alcanza al presidente municipal de Teuchitlán, el ex gobernador de Jalisco Enrique Alfaro y al ex presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, en medida que persiste la injusticia y por el carácter transexenal del fenómeno de la detención-desaparición forzada, también son responsables la presente administración federal y el actual gobierno de Jalisco, por lo que la presidente Claudia Sheinbaum Pardo tiene la obligación de garantizar la justicia ante los crímenes de lesa humanidad que comete el Estado Mexicano.
Pero desde un primer momento, la "presidente con A" y su fiscal general Gertz Manero adoptaron un discurso para deslindarse de sus obligaciones con el pueblo, negar la realidad a pesar de haber salido a la luz todas las evidencias, contradecir con "otros datos" las denuncias sobre la magnitud de las detenciones-desapariciones forzadas y sostener la impunidad para los diferentes actores que comparten responsabilidad en este hecho que destruye la narrativa oficial.
Para este gobierno que presume ser "humanista" las imágenes de cientos de zapatos, ropa, huesos, casquillos, cartas de víctimas, no son otra cosa que "especulaciones" e insiste en tenemos que esperar a que la FGR realice las respectivas investigaciones. Ante ello, el pueblo "bueno y sabio" con justa razón cuestiona tal posición en medida que la mentira y el engaño han sido los instrumentos históricos para mantener la impunidad y la injusticia, tal y como ocurre con el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya y cientos de miles de casos más que no han sido resueltos hasta la fecha.
No es necesario primero "plantear conclusiones" o "deslindar responsabilidades", por este hecho es innegable que se tiene que traer ante la justicia al ex gobernador Enrique Alfaro, pues de otra manera, se le garantiza impunidad tal y como lo hizo Andrés Manuel López Obrador hacia los expresidentes y mandos militares de anteriores administraciones. Si la presidente Claudia Sheinbaum sigue manteniendo la impunidad, entonces también ella es responsable de los cientos de miles de detenciones-desapariciones forzadas en el país.
De manera dolosa Claudia Sheinbaum intenta negar la realidad cuando declara que no se "tiene la información correcta" sobre la cifra de detenidos-desaparecidos en el país, sin embargo, reiteramos que "si tomamos la cifra conservadora que reporta la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación sobre la existencia de 123 mil 808 personas desaparecidas y no localizadas hasta este 11 de marzo del presente, en promedio hay un desaparecidos cada 40 minutos y el hecho que por cada caso de desaparición forzada, diez no son denunciadas, entonces las víctimas en México cifran en millones."
Por otro lado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) muestra nuevamente su servilismo con la representante del Poder Ejecutivo Federal, pues después de nueve días emite un pronunciamiento donde intenta quitar el carácter de la detención desaparición forzada, la cual tiene su génesis en la política Noche y Niebla del nazi-fascismo alemán, misma que comprende la existencia de crematorios y fosas clandestinas para realizar esta práctica que actualmente se ejerce contra el pueblo mexicano ya sea por motivos políticos o sociales.
Tales posturas reflejan que los políticos de oficio y el Estado Mexicano son insensibles e indolentes con el sufrimiento del pueblo, siguen haciendo oídos sordos o practican la simulación ante los reclamos de las víctimas directas e indirectas, por lo que el presumido "humanismo" no existe, o sea, el régimen mantiene su rostro profascista, máxime cuando la actual presidente de la república manifiesta abiertamente su convicción sionista y su nulo interés por el tema de las detenciones-desapariciones forzadas.
El Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar la justicia y castigar a los responsables del cometido de la detención-desaparición forzada, pero ha quedado demostrado que la denuncia y la movilización garantizan que este compromiso estatal se materialice y concretice. Por lo que debemos seguir levantando las consignas: ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!, ¡Detenidos-desaparecidos, Presentación!, ¡Juicio y castigo a los responsables!
Frente Nacional de Lucha por
el Socialismo FNLS
No hay comentarios:
Publicar un comentario