Dime con quién
andas y te diré quién eres, reza el adagio popular. Y eso aplica como anillo al
dedo al Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, pues sus aliados, los
partidos del Trabajo y Verde Ecologista, no sólo son los institutos políticos
más beneficiados por su unión con la fuerza mayoritaria, sino los más tramposos
de acuerdo con la ley. En el último año y medio, ambos han desembolsado 191
millones 456 mil pesos por multas por violar la ley electoral, siendo de los
partidos más sancionados por la autoridad. El PT, encabezado por Alberto Anaya,
ha sido el más multado de la coalición, con 89 millones 578 mil pesos en 2023,
y 33 millones 263 mil de enero a agosto de 2024, es decir, más de 122 millones
de pesos.
De acuerdo con
datos del Instituto Nacional Electoral (INE), el Partido Verde tuvo una
reducción de 48 millones 479 mil pesos de sus prerrogativas de 2023, así como
20 millones 135 mil hasta agosto de este año por sanciones. Las prerrogativas
de los partidos políticos, administradas por el INE, son entregadas de forma
mensual para sus actividades ordinarias, específicas, franquicia postal, entre
otras. Sin embargo, a este monto se le restan las sanciones impuestas a los
partidos, por lo que mensualmente les pueden reducir hasta 25% de dichos
recursos. Los montos de las sanciones varían cada mes, dependiendo de las
multas y las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), ya que no pueden descontarse estos recursos hasta que esté
firme el caso.
Por ejemplo,
el PT destinó más de 16 millones de pesos en los meses de enero, febrero y
marzo de 2023 para este fin, pero en diciembre sólo le descontaron 442 mil 398
pesos. En el caso del Partido Verde, en marzo de este año tuvo una disminución
de 8 millones 908 mil pesos de sus prerrogativas mensuales, y en otros la
reducción fue de un millón o menos.
A pesar de que
el INE es el encargado de administrar las prerrogativas de los partidos, el
dinero de las multas no se lo queda el órgano electoral, sino que es enviado al
Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), como
establece la ley. Los aliados de la llamada Cuarta Transformación no han estado
exentos de escándalos por violaciones a la ley electoral, y uno de los casos
más recientes fue la promoción al Verde por medio de influencers durante la
veda, que intentó disfrazar como manifestaciones orgánicas de apoyo.
El TEPJF
determinó que el partido organizó una campaña con influencers para hablar a su
favor en redes sociales durante un periodo de veda electoral en los comicios
intermedios de 2021, por lo que le impuso una multa de 118 millones 507 mil 808
pesos y un año sin promocionales en radio y televisión. El Partido Verde peleó
esta sanción en tribunales, por lo que hasta un año después, en junio de 2022,
se determinó su responsabilidad y quedaron firmes las sanciones, no sólo contra
el partido, sino también contra las figuras públicas involucradas. En la
sentencia emitida por la Sala Superior se presentaron 80 mensajes de distintos
conductores, actores e influencers con mensajes similares invitando a conocer
las propuestas del partido e incluso haciendo un llamado al voto. “El
despliegue de una estrategia de comunicación o campaña propagandística pagada,
que tuvo como finalidad influir en el sentido del voto de los electores en
favor del partido denunciado es contraria a derecho, toda vez que el instituto
político transgredió la restricción relativa a la difusión de propaganda
electoral en el denominado periodo de reflexión, lo cual trastocó el principio
de equidad en la contienda”, sostuvo el TEPJF. Sin embargo, estas multas no se
cobran en un solo pago, sino que se van descontando según determine la
autoridad electoral, hasta que se liquiden por completo.
En 2021, la
Sala Superior del TEPJF confirmó una multa al Partido del Trabajo por
triangulación de recursos, por lo que ordenó pagar 119 millones 870 pesos. El
caso surgió de 2015 a 2017, cuando la directora general de los Centros de
Desarrollo Infantil (Cendis) le hizo diversos depósitos a un directivo del PT
por alrededor de 60 millones de pesos. Después, ese directivo transfirió esos
recursos en la cuenta de otra persona vinculada al PT. “Es decir, existió una
estrategia, diseño, organización, operación y flujo de los recursos con la
finalidad de ocultar el verdadero móvil, esto es que de manera velada o
indirecta se viera favorecido con los recursos que fueron dispuestos por María
Guadalupe Rodríguez Martínez”, determinó en su momento la Sala Superior.
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